El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, se convirtió en el primer organismo gubernamental en respaldar el reclamo del Movimiento en Defensa de la Pacha en su lucha por proteger tierras que quieren ser anexadas a un complejo de barrios privados por parte de la desarrolladora EIDICO.
El informe entra en contradicción con el informe arqueológico privado de la empresa, realizado por Daniel Loponte, quien a su vez fue desacreditado por el Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires.
El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas respondió a una solicitud del Municipio de Tigre por el conflicto que enfrenta a indígenas y a diversos sectores sociales con la empresa EIDICO, ligada al Opus Dei.
Recordemos que el 10 de mayo el Consejo Deliberante de Tigre votó por unanimidad una resolución donde se le pedía informes sobre la valoración cultural y arqueológica de las tierras en conflicto al organismo indigenista provincial y a su par nacional, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que aún no respondió.
En un documento girado al Municipio de Tigre hace dos semanas, que hoy ingresó al Consejo Deliberante local, el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas consideró que "Punta Querandí tiene interés cultural y arqueológico", destacando su importancia no sólo para los pueblos indígenas sino para toda la comunidad, al ser un espacio utilizado por las escuelas y las familias de pescadores de la zona, entre otros sectores sociales.
La respuesta enviada al Gobierno de Tigre incluye un informe realizado por arqueólogos y una recopilación de las leyes nacionales e internacionales que avalan los derechos de los pueblos originarios.
EIDICO cuenta a su favor con un informe contratado al equipo de arqueólogos que coordinan Daniel Loponte y Alejandro Acosta (CONICET-INAPL), en el que se concluye que el sitio arqueológico está "agotado" y se recomienda liberar el terreno al "propietario". Dicho informe fue aprobado por el Centro de Registro Arqueológico, del Instituto Cultural Bonaerense.
En tanto, el Movimiento en Defensa de la Pacha logró durante el 2010 el reconocimiento de un fragmento de cráneo en el Museo Etnográfico de la UBA y la certificación de restos arqueológicos por parte de un especialista independiente. Pero el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas es el primer organismo gubernamental en respaldar sus reclamos sobre el lugar.
El 19 de febrero de 2010, el Movimiento en Defensa de la Pacha inició un campamento para defender Punta Querandí luego de que la empresa destruyera con máquinarias casi toda la vegetación del lugar. La protesta de mantiene todavía hoy en el terreno con actividades culturales, talleres, visitas de escuelas, encuentros y ceremonias, garantizando el acceso público al predio por parte de familias de pescadores de toda la región.
Sobre la respuesta del organismo del Gobierno bonaerense, Valentín Palma Callamullo, vecino del paraje Punta Canal y uno de los integrantes de la protesta, manifestó: "Esta es una herramienta muy importante que puede permitir al Municipio destrabar este conflicto en favor de las voluntades populares".
Por otra parte, el 19 de septiembre, el Movimiento en Defensa de la Pacha invita a acompañar la presentación de documentaciones en el Juzgado Civil y Comercial n°11 de Capital Federal (Libertad 571, Tribunales), que realizará el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), del Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y la Fundación EcoSur. En dicha sede judicial se tramita el juicio que la empresa inmobiliaria EIDICO le inició a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), del Ministerio de Planificación Federal, para lograr que se le reconozca la propiedad privada de las tierras sagradas indígenas de Punta Querandí y el ex "camino de la vía muerta".
Las ONG de derechos humanos y ambientales se presentarán en este juicio en calidad de "Amicus Curiae" (Amigo de la Corte) para facilitarle al Tribunal documentaciones que prueban la importancia cultural y arqueológica de las tierras en peligro de ser privatizadas, así como determinadas irregularidades detectadas en la transferencia. El "Amicus Curiae" es una presentación realizada por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen su opinión para colaborar con el Tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso. El Juzgado no está obligado a darle admisibilidad a la presentación.
Fuente: ANRed
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