miércoles, 30 de marzo de 2011

Bs As: Torturadores al banquillo


Hoy se desarrolló el juicio oral por hechos de tortura perpetrados en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Unidad 2 de Devoto). La Audiencia tubo lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 y continuará el próximo 4 de abril. Los represores Maximiliano Carlos Barresi y Néstor Iñiguez en el banquillo.


En dicho debate se procesa a los agentes del Servicio Penitenciario Federal Maximiliano Carlos Barresi y Néstor Iñiguez por los hechos de la madrugada del 3 de julio de 2007, día en el que un grupo de detenidos ingresó a la unidad mencionada. En la ocasión, fueron sometidos a una "Bienvenida", práctica habitual por parte de los penitenciarios al momento en que una persona privada de la libertad ingresa a una cárcel.

La referida práctica consiste en una serie de golpes, patadas y diversos tratos humillantes, que configuran el delito de tortura. Las secuelas físicas de las víctimas de este caso fueron comprobadas mediante informes médicos, fotografías y otras constancias que constan en la causa. También se recogieron testimonios concordantes que resaltan el carácter habitual y sistemático del castigo asestado por el grupo de agentes que llevó a cabo el procedimiento de requisa a los recién llegados:



Testimonios contundentes

"Al ingresar a Devoto, (fui) derivado a un salón grande denominado "Leonera", junto con otros detenidos. Que la golpiza recibida es a manera de "bienvenida" empezaron a pegarme en todas partes del cuerpo, incluso con algún elemento como por ejemplo, el palo de goma que utilizan los del servicio, lo mismo que a las demás personas".

Otra de las víctimas manifestó que "recibió lo que se denomina "la bienvenida", esto es, una serie de golpes de mayor o menor intensidad que el personal del servicio penitenciario aplica a los internos que ingresan al centro de detención."

Un tercero declaró que ". nos hicieron salir de la "leonera" en donde estábamos esperando, para pasar a un pasillo, donde desnudos nos obligaron a ponernos contra la pared, oportunidad en la que varios integrantes del servicio penitenciario federal comenzaron a darnos la "bienvenida", esto es, a darnos golpes por todas partes del cuerpo. En mi caso dos integrantes me daban trompadas en la zona del tórax y el abdomen, patadas en los tobillos y cachetadas en la cara y cabeza. Esa golpiza duró aproximadamente quince minutos. Recuerdo que a algunos, como por ejemplo a un señor de mayor edad, le dieron más cantidad de golpes y de mayor intensidad, llegando a vomitar sangre por la boca. Luego de esos quince minutos, fuimos llevados a otra leonera interna, donde nos hicieron esperar, para luego hacernos pasar de a dos por vez a un escritorio que había al final de la leonera y allí un funcionario del Servicio que creo recordar llevaba una camisa blanca, tenía un papel que te obligaban a firmar antes de hacerte ingresar en el pabellón de destino. Mientras este funcionario te hacía firmar, había cuatro integrantes más del servicio que me daban golpes por todas partes del cuerpo, a la vez que me obligaban a contestar preguntas que me hacían, bajo la fórmula o expresión "si Señor, no Señor".

Un cuarto testigo señaló "Bajé solo hasta un lugar del que no recuerdo su denominación, pero que es donde se da la "bienvenida". Yo estuve ya detenido en otra oportunidad en Ezeiza y allí la "bienvenida" consiste en un leve cachetazo aplicado casi sin fuerza, en cambio, en devoto la cosa es mucho más violenta, sobre todo en los días en que hay un acontecimiento negativo, como ser por ejemplo, que pierda algún equipo de fútbol con el que simpatizan los integrantes del servicio. De la misma manera, si el detenido es extranjero, como en mi caso, la bienvenida en Devoto se pone más violenta. Además, el día de ingreso, varios de los integrantes del servicio tenían aliento a alcohol. En la leonera hay un escritorio de metal donde había una persona sentada de la que solo recuerdo que era gordito, el que hacía las preguntas y a quien había que contestarle con la fórmula "si señor, no señor". En cuanto a los golpes que se propinaban allí, son de distinta forma. Se aplican patadas "voladoras", golpes con los palos que utilizan y de puño en cualquier parte del cuerpo.

Cabe destacar que usualmente las causas en las que se denuncian delitos de tortura y malos tratos, son archivadas poco tiempo después de presentada la denuncia. De esta manera, se asegura la impunidad de los funcionarios públicos que cometen estos delitos aberrantes.

El hecho de que la causa en cuestión llegue a instancia de debate es de suma importancia, así como su difusión y la asistencia a dicha audiencia.

"Clarín no puede ponerse en víctima, viene incumpliendo la ley hace tiempo"


En el marco del viejo conflicto en Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), del Grupo Clarín, un grupo de trabajadores, acompañados por sus familias, protestaron frente a las plantas impresoras e impidieron la salida del diario. Según informaron, el reclamo es por la "persecución sindical que sufren los delegados".



Sin Libertad Sindical no hay Libertad de Expresión

El bloqueo que los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses, junto a su comisión interna, han realizado a Clarín el último domingo, cuya consecuencia fue que el diario no llegara a los kioscos en su día de mayor circulación, ha atraído a un coro de voces que se encargó de demonizar a quienes pelean por sus reivindicaciones gremiales. Algunos de ellos, incluso, son reconocidos periodistas.

Los trabajadores de AGR, que se desempeñan en la planta que imprime Clarín y el diario deportivo Olé, llevan seis años de lucha contra una patronal que desoyó cinco medidas judiciales en su contra, acostumbrada desde hace demasiado tiempo a la impunidad. Una situación similar ocurre para las redacciones de esos medios, donde está prohibida la actividad gremial desde hace más de diez años, cuando de un plumazo y bajo la mirada pasiva de la conducción de nuestro sindicato, el Grupo Clarín despidió a 117 personas, incluida toda la Comisión Interna.

En el Colectivo de Trabajadores de Prensa creemos que la libertad de expresión no existe cuando no existe la libertad sindical de quienes desarrollamos tareas en los medios. El Grupo Clarín, y los periodistas que salieron a solidarizarse con la empresa, acallaron la voz de los trabajadores al ocultar el conflicto gremial existente. Los hicieron invisibles. Los negaron. ¿Esa es la libertad de prensa que buscan?

Los conflictos, a veces por la supervivencia más elemental, que sacuden al gremio de prensa por estos días no sólo se dan en medios del grupo Clarín ni sólo en los enfrentados con el Gobierno, sino en los de todos los colores políticos.

Nos solidarizamos con los trabajadores de AGR, y los acompañamos en su lucha bajo los métodos que ellos decidan. Llamamos a todos los trabajadores de prensa a sumarse. Desde noviembre realizamos ya tres encuentros por los derechos y libertades sindicales en la Esquina Ana Ale, en Finocchieto y Tacuarí. Los periodistas también sufrimos la persecución patronal. Acompañar a quienes hoy luchan es no olvidarse de eso.

Colectivo de Trabajadores de Prensa

martes, 29 de marzo de 2011

Nuevo ataque a los hermanos QOM



Esta mañana la policía de la provincia de Formosa ingresó a la Comunidad La Primavera del Pueblo QOM. Negaron la orden judicial argumentando que era "confidencial".



Comunicado:

En la mañana de hoy,uniformados pertenecientes a la fuerza policial de la provincia de Formosa, ingresaron a la Comunidad Qom Navogoh (La Primavera).

Ante el pedido de los integrantes de la Comunidad solicitándoles exhiban la correspondiente orden judicial, los uniformados se negaron, aduciendo que era "confidencial".
Ilegalmente, entraron en la Comunidad portando escudos, amedrentando a los hermanos Qom.

Ante el atropello del Gobierno Provincial y la indiferencia del Gobierno Nacional, se continúan violando los derechos y garantías de los Pueblos Preexistentes al Estado Nacional.

Venezuela y Argentina firmaron doce convenios de cooperación

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su homóloga argentina, Cristina Fernández, firmaron este martes doce acuerdos de cooperación con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones, en el marco de la III Comisión Binacional de Alto Nivel (Coban) de ambas naciones suramericanas.

Los convenios que sellaron abarcan sectores como el alimenticio, el automotriz, de la industria naval, energético, aeroespacial, medicamentos, entre otros, con los que ambos gobiernos apuestan por el incremento del comercio bilateral.

La construcción de buques con la conformación de Fluvi-ALBA también forma parte de los acuerdos rubricados por ambos mandatarios.

Asimismo, el presidente venezolano y su par argentina rubricaron un convenio de cooperación en el área de vivienda, donde la nación austral prestará su contribución.

Tras la firma de los convenios, el presidente Chavéz expresó que “con estos acuerdos se busca la justicia social, basada en los principios de los grandes próceres” de estas dos naciones.

Durante su estancia en Argentina, Chávez también recibirá el Premio Rodolfo Walsh, el cual le será conferido por la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata, por impulsar la comunicación popular.

lunes, 28 de marzo de 2011

Mendoza: Trabajador golondrina muere atropellado por una camioneta que se dio la fuga

La víctima era oriunda de Tucumán y caminaba por las calles Molinari y Chimbas junto a otros trabajadores cuando el conductor de una camioneta blanca lo embistió, lo mato y después se dio a la fuga.

Así lo informaron a la policía los testigos que iban con él, que además fueron los que llamaron al 911 para pedir ayuda.

Sin embargo, el trabajador no resistió y cuando arribó la ambulancia del CEC ya era tarde y sólo constató el deceso.

BS AS: Definen protocolos para que la Policía actúe ante protestas

Lo acordarán ministros de Seguridad de todo el país. Es para definir cómo deben actuar las fuerzas de seguridad ante manifestaciones callejeras.

La Ministra de Seguridad, Nilda Garré, presidirá hoy la “I Reunión Plenaria 2011” del Consejo de Seguridad Interior, organismo que integra a todos los ministros provinciales con competencia en la materia, las Fuerzas de Seguridad federales y las policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Ministerio de Seguridad pondrá a consideración de los miembros permanentes de este Consejo distintos protocolos de políticas públicas en materia de seguridad, que fueron adelantados oportunamente a los gobiernos provinciales.

Entre ellos, propondrá la suscripción de un acta sobre los criterios de actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en caso de manifestaciones públicas.

Además, se estudiará la implementación de un protocolo de actuación para el rescate de víctimas del delito de trata de personas sometidas a explotación sexual, incluyendo principios de intervención a cargo de personal especializado para resguardar la integridad física y psicológica de las víctimas.

Los funcionarios también analizarán dos protocolos de “Preservación del lugar del hecho o escena del crimen” y de “Evaluación psicológica a los ingresantes a las fuerzas de seguridad”.

La agenda temática del encuentro también incluirá la confección de políticas de acción federales en materia de narcotráfico, con especial hincapié en la preservación, traslado y custodia de estupefacientes secuestrados en el marco de causas penales, el tratamiento de precursores químicos y el cruce de datos estadísticos relativos a los peritajes de pasta base y cocaína, entre otras sustancias.

miércoles, 23 de marzo de 2011

Cordoba: Soja y maíz ocultos, responsables a la sombra


La Justicia Federal de Córdoba ordenó ocho nuevas detenciones en una megacausa por evasión en la comercialización de granos iniciada por una denuncia de la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

Estos pedidos de prisión, informados ayer por el organismo recaudador, se suman a
otros ocho librados anteriormente en la misma causa, que alcanzaron a profesionales (contadores y abogados), productores y acopiadores que habrían montado una llamativa red de empresas fantasma para adquirir, acondicionar, transportar y vender soja y maíz, al mercado interno y al exterior, sin declararlo.

Catamarca: Gobernadora electa: “La minería es muy importante para Catamarca”

La gobernadora recientemente electa en Catamarca, candidata del Frente para la Victoria (PJ), Lucía Corpacci, reconoce que la actividad minera constituye una de las principales fuentes de ingreso en su provincia.

Con este hecho la gobernadora sigue la linea nacional a favor de la mineria, olvidandose de los pueblos que viven en los cerros de su provincia. “terminaremos contaminados” dijo un ambientalista.

martes, 22 de marzo de 2011

Neuquén: Policías y la UESPO amenazan con desalojar a Mapuche

La comunidad Huenctru Trawel Leufu denunció que un grupo de oficiales de la policía y las fuerzas especiales UESPO amenaza con desalojarlos de un predio ubicado cerca de Picún Leuufú que es reclamado por la empresa petrolera Piedra del Águila.

Existiendo un fallo judicial que reconoce a la comunidad Mapuche como dueños tradicionales de las tierras , sin embargo, alrededor de 25 efectivos intentan ingresar por la fuerza al predio desoyendo la resolución de la Justicia dictaminada el 16 de Febrero pasado.

En declaraciones el Longko Juan Carlos Curruhuinca informó que "ya tenemos la Uespo acá en el portón de entrada. Y ha venido un comisario y un sobcomisario de Cutral Co para negociar, cuando todos sabemos que ellos tienen que mantener el orden aquí". "Mientras esta comunidad es protegida por un fallo inédito que nos autoriza a tener estas tierras aparece esta gente mandada por el Gobierno de Neuquén para echarnos. Ellos hacen oídos sordos y sigue dando respaldo al saqueo de la petrolera", agregó. "Están amenazándonos preparados con sus cascos, con los perros, preparados para el desalojo. Hace una hora y media que llegaron".

El longko indicó que "vamos a resistir acá. No vamos a dejar que pongan un pie en nuestras tierras. Esto que hacen es ilegal, acá hay propietarios legítimos y derechos suprimidos. Tienen la orden de Sapag y los vamos a desenmascarar".
Consultado sobre si alguna autoridad se acercó al lugar en los últimos días, Curruhuinca dijo que "ayer vino gente de Desarrollo Social, pero nadie pudo tomar decisiones. Nosotros no queremos la plata de las petroleras".

En la zona hay policías en dos patrulleros y una camioneta traffic con personal de la Uespo. Según el longko son cerca de 25 efectivos. En tanto los Mapuche apostados en el predio son alrededor de 40.

lunes, 21 de marzo de 2011

Rio negro : Un juez ordena avanzar sobre el territorio de la comunidad Ancalao


La comunidad Mapuche Ancalao denunció que efectivos policiales demolieron un puesto y se quedaron con sus pertenencias, después de una resolución que adoptó el juez de Bariloche Ricardo Calcagno. Sobre esta nueva arremetida del poder judicial, Aldino Jaramillo, integrante de la comunidad, señaló en Radio El Arka (Bariloche) que no medió notificación alguna.

A continuación reproducimos parte del comunicado hecho por esta comunidad para el mundo.

La Comunidad Mapuche Ancalao, ancestralmente ubicada en lo que hoy es el Departamento Ñorquin-co, de la Provincia de Río Negro, quiere comunicar el injusto despojo de nuestro territorio y solicitar el acompañamiento de las comunidades del Pueblo Mapuche y de todos aquellos que puedan apoyar la defensa de nuestra posesión tradicional, actual y pública de nuestro territorio ancestral, que hoy se encuentra amenazado.

En la actualidad volvemos a ser víctimas del despojo territorial, como resultado de las ventas fraudulentas, mensuras y continuas enajenaciones que están avaladas por el poder político provincial.

En razón de ello denunciamos al Juez Calcagno, por no aplicar las leyes indígenas vigentes y dictar sentencias arbitrarias y discriminatorias en clara defensa de la propiedad privada del Código Civil, y en contra de la posesión tradicional y ancestral indígena reconocida en la Constitución Nacional.

Ante esta realidad, reafirmamos nuestro derecho al uso comunitario del territorio ancestral y remarcamos que nuestra intención no es el enfrentamiento sino tratar de resolver el conflicto por medios legales y pacíficos, no obstante, entendemos que es nuestro territorio y tenemos la obligación de defenderlo en nombre de nuestros ancestros y por el futuro de nuestros hijos.

Viendo de que lado esta “la justicia”, convocamos a los peñis y lagmien del Pueblo Mapuche a que nos acompañen en la defensa de nuestra posesión ancestral y tradicional. Al mismo tiempo solicitamos el acompañamiento de las distintas organizaciones y/o instituciones dedicadas a los derechos indígenas y derechos humanos, a fortalecer la lucha de la Comunidad que es la de todo el Pueblo Mapuche.

Por territorio, justicia y dignidad

Comunidad Mapuche Ancalao

Tres cerealeras sancionadas por irregularidades fiscales

La AFIP suspendió del Registro de Operadores de Granos a las agroexportadoras
Louis Dreyfus Argentina, Bunge Argentina y Oleaginosa Moreno, al detectar que
realizaban maniobras evasivas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos aplicó esta sanción tras detectar que las cerealeras realizaban "triangulaciones nocivas de operaciones, utilizaban paraísos fiscales y registraban maniobras financieras con el exterior".

En el caso de Bunge Argentina, también se la sancionó por la utilización de facturas apócrifas.

La AFIP ya había tomado medidas similares contra otras firmas agroexportadoras, como ADM Argentina, Cargill SA y Alfred C. Toepfer Int. Argentina.

Al ser excluidas del registro de operadores de granos, las ventas que realicen estas empresas en el mercado interno no tendrán más una retención del impuesto a las ganancias de sólo el 2 por ciento, sino que se les retendrá el 15 por ciento, más un 10,5 por ciento de IVA.

También se les limitará la cantidad de cartas de porte autorizadas por la AFIP. Este documento es indispensable para el traslado de los granos mediante el transporte automotor de carga del campo a centros de acopio y de éstos últimos a fábricas, puertos u otro destinos.

Las cerealeras deberán regularizar su situación ante el fisco. En caso de no hacerlo, serán excluidas definitivamente del Registro de Operadores de Granos.

viernes, 18 de marzo de 2011

Justicia argentina confirma la extracción de sangre a los hermanos Noble


La Cámara Federal de San Martín, en Argentina, confirmó la decisión de extraer muestras de
sangre o saliva a los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín "con o sin su consentimiento". Es para saber si son niños secuestrados durante la dictadura.

La Cámara rechazó el recurso de apelación que presentó la defensa de Felipe y Marcela Noble Herrera contra la resolución que tomó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en diciembre pasado.

El abogado de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, manifestó estar satisfecho con el fallo y dijo que harán los planteos para que el estudio se realice lo antes posible.

Sin embargo, adelantó que lo más probable es que la defensa lleve el caso a la Cámara Nacional de Casación, máximo tribunal penal del país.

Los hermanos Noble se oponen a que sus muestras sean comparadas con el ADN de centenares de familiares de víctimas de la dictadura que buscan bebés robados entre 1976 y 1983.



Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo

Mato por la espalda, lo condenaron… y sigue en el grupo halcon


El tribunal oral nº 2 de Mercedes condenó hoy a un teniente de la policía bonaerense a la pena
de 12 años de prisión por el delito de homicidio. Los jueces consideraron un atenuante "el buen concepto evidenciado por sus superiores, que lo conservaron en la fuerza a pesar de estar procesado por homicidio". Por eso ahora, y por orden de los mismos jueces, el policía condenado por haber fusilado un adolescente por la espalda, seguirá en libertad, y prestando servicios en el Grupo Halcón, la elite de la policía provincial.

El Dr. Bustos Berrondo, autor del voto preopinante, desestimó la versión del policía, quien dijo, apoyado por su hermano y el hombre que los acompañaba, que el chico (Christopher Torres) le disparó con un arma que portaba. "Todos los testigos, excepto ellos, oyeron un solo tiro", afirmó el juez. "El joven no esgrimió arma alguna, y el disparo fue por la espalda, cuando intentaba huir". Sus colegas Barski y Larroque adhirieron al primer voto, por ser su "sincera convicción". También por unanimidad, los jueces rechazaron la acusación por "homicidio calificado" por ser cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad estatales (art. 80 inc. 9º del código penal) que habían propiciado en sus alegatos la fiscalía y los abogados de la familia Torres, Ismael Jalil y María del Carmen Verdú, ambos de CORREPI. Finalmente, condenaron a Ayunta por homicidio simple (art. 79 CP) a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación, accesorias legales y costas.

Pero, a pesar de la condena, y de las agravantes (el uso de arma de fuego y la "drástica forma de resolver el conflicto") los jueces decidieron que el policía, que llegó en libertad al juicio, continúe sin ir preso, fundados en "su apego al proceso".

Los abogados Verdú y Jalil anticiparon que apelarán ante el Tribunal de Casación penal bonaerense la decisión de dejar en libertad al fusilador condenado, "situación nunca vista, ni siquiera con condenas infinitamente menores, cuando en lugar de un policía, es un pibe de un barrio. Ese va preso, por más ’apego al proceso’ que pudiera tener".

jueves, 17 de marzo de 2011

Quince obreros del SITRAIC fueron detenidos por frenar una obra


En el marco de su campaña contra el trabajo en negro, los trabajadores de la construcción enfrentados a la UOCRA “pararon” el lunes 14 una obra en Loria al 1100. Fuentes policiales informaron que intervinieron por orden de la UFI Nº2 y que los manifestantes fueron “reprendidos” y trasladados a diferentes dependencias. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC) dijeron que fueron “reprimidos” y que tienen “compañeros heridos”. Se realizó un acto en repudio de lo sucedido.


Por su parte, desde la Jefatura Departamental Lomas 1º, el comisario inspector Vchi explicó: “Cuando el SITRAIC paró la obra, el dueño de la empresa constructora y el capataz hicieron la denuncia en la comisaría diciendo que no dejaban entrar a los trabajadores a sus lugares de trabajo”. Inmediatamente, “intervino la UFI Nº 2 de Lomas de Zamora y ordenó a los manifestantes que depusieran de su actitud y dejaran entrar a los obreros o, en caso contrario, que se los reprendiera.”

Paro de estatales en el Ministerio de Trabajo por... trabajo digno

Los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) realizan hoy, jueves 17, un paro de 24 horas que cortará la avenida Alem, por aumento salarial y contra el trabajo precario.

Convocado por la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores(ATE) en el MTEySS, los trabajadores reclaman un 40 por ciento en la suba de sueldos y el fin del trabajo precario en el organismo público que regula las relaciones laborales aunque en su cartera laboral más de 3000 empleados (el 70 por ciento) tienen contratos anuales y no gozan de la estabilidad laboral del empleo público que ordena la Constitución Nacional.

Para hacer visibles estos reclamos, los trabajadores del Ministerio de Trabajo se concentrarán a partir de las 12 horas en la puerta del organismo (Alem 650) y cortarán Alem, donde recibirán el apoyo de delegaciones estatales de ATE de otros organismos públicos de Ciudad de Buenos Aires y Nación, que también se movilizarán hasta la puerta del Ministerio que preside Carlos Tomada.

Los principales reclamos

En la administración pública las “paritarias” están muy lejos de ser una verdadera negociación. Año a año, el Estado empleador y su sindicato afín (UPCN) acuerdan una cifra que imponen unilateralmente y que siempre se ubica por debajo del alza del costo de vida. Durante el 2010, la pauta fue de sólo el 20%, desdoblada en dos cuotas, con lo que se convirtió en la más baja de todas las negociaciones sectoriales. Por esta razón, y para revertir el defasaje salarial acumulado durante años, los trabajadores del Ministerio de Trabajo reclamarán un aumento del 40%, piso salarial de $5000 y un pago de emergencia de $1500.

Otro punto crítico es el estado de precariedad laboral en el organismo. En la cartera laboral unos 3000 trabajadores (más del 70%) están contratados a través de un convenio temporario (precario). De este modo, el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social incumple flagrantemente con el convenio colectivo sectorial, que indica que sólo un 15% de los empleados puede desempeñarse bajo dicha modalidad de contratación. Esta situación de precariedad se agrava con algunos casos de renovaciones trimestrales de contrato y amenazas de no renovación, entre otras prácticas arbitrarias. Por estos motivos, uno de los principales reclamos de la jornada será el pase a planta permanente de todos los trabajadores contratados.

En el Año del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores, los trabajadores del Ministerio de Trabajo exigen salario, estabilidad y condiciones laborales dignas. Porque el trabajo decente debe empezar por casa.

miércoles, 16 de marzo de 2011

El diputado Olmedo fue citado a indagatoria por "trabajo esclavo"


El diputado nacional y empresario sojero de Salta Alfredo Olmedo deberá presentarse mañana ante el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, para prestar declaración indagatoria por los cargos de "reducción a la servidumbre".


El también candidato a gobernador de su provincia por el PRO, cuya citación se anticipó ya que debía comparecer el viernes, tendrá que dar explicaciones en el marco de la causa abierta en su contra por presunto trabajo esclavo de unos 400 trabajadores golondrinas, descubierto durante una inspección realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El operativo se realizó en una plantación de olivares propiedad del legislador, denominada como finca ‘AHO’ y ubicada en la zona rural de la Capital riojana.

En la verificación, los inspectores de la AFIP detectaron a unos 400 empleados temporales trabajando en condiciones de semiesclavitud y viviendo en condiciones paupérrimas ya que dormían sobre tarimas de madera y contaban con un solo inodoro para todos, incluidos tres menores de edad, agregaron las fuentes.

La finca de Olmedo fue clausurada por la secretaría de Trabajo de La Rioja el pasado 12 de febrero.

Punta Querandí se moviliza al centro de Buenos Aires


El jueves 17 de marzo a las 13:00hs, el Movimiento en Defensa de la Pacha convoca a una
concentración en la sede de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, para luego marchar hasta la Secretaría de Cultura de la Nación. La movilización se da en el marco del ataque intimidatorio al campamento mediante el cual se protege el sitio arqueológico milenario Punta Querandí.

A dos semanas del ataque intimidatorio a nuestro campamento, mediante el cual protegemos el sitio arqueológico milenario Punta Querandí y denunciamos la venta ilegal de tierras públicas para beneficiar a dos barrios privados, nos movilizamos a las sedes de las autoridades políticas responsables de haber generado este conflicto.

Elevaremos nuestros reclamos al organismo ferroviario que malvendió las tierras del "camino de la vía muerta" y de Punta Canal y a la Secretaría de Cultura de la Nación, de la cual depende el organismo de aplicación de la ley de protección del patrimonio arqueológico.

Exigiremos a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), dependiente del Ministerio de Planificación Federal, que anule la venta ilegal de 3 kilómetros de tierras que eran de uso público para toda la comunidad, en beneficio de los barrios privados San Marco y San Benito, del Complejo Villa Nueva de la empresa EIDICO.

Esta operación, efectuada en abril de 2007, privatiza uno de los últimos espacios públicos con acceso al agua en el norte de Tigre y sur de Escobar. Pero todavía se puede frenar debido a que el Estado sigue siendo el titular de la tierras, ya que dicha venta aún no fue perfeccionada a través de la escrituración.

Además plantearemos a la Secretaría de Cultura de la Nación nuestra disconformidad con la conducción del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, debido a que ésta es cómplice del desarrollo inmobiliario que arrasa con el patrimonio ambiental y arqueológico en el Gran Buenos Aires. Este organismo no acompaña nuestra propuesta de un Punta Querandí protegido, público y para todos, lo que sería la primera reivindicación a un lugar de ocupación ancestral indígena en Buenos Aires, política más acorde con los tiempos que se viven en toda la región sudamericana.

martes, 15 de marzo de 2011

Forman a militares para combatir al EPP

De acuerdo a las declaraciones de Fernando Lugo, el Ejército Argentino estaría formando, a partir de un acuerdo de sus respectivos ministerios de defensa, a militares paraguayos para combatir al Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) y junto con ellos a toda la resistencia campesina.

"El objetivo es preparar, capacitar y especializar los recursos humanos necesarios para hacer frente a las amenazas emergentes", expresó en su discurso el director del Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), Gral. Cecilio Ramón Lezcano Dávalos.

El curso de Inteligencia Estratégica es uno de los cuatro cursos que lanza este año el Ministerio de Defensa junto a la maestría de Planificación y conducción estratégica nacional, Liderazgo estratégico y Planificación estratégica con énfasis en desarrollo.

El programa de Inteligencia está dirigido a oficiales superiores diplomados de Estado Mayor y será de carácter intensivo de 12 semanas de duración. Sus docentes son de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército de la República Argentina, informó el Gral. Lezcano Dávalos.

El ministro de Defensa, Gral. (SR) Cecilio Pérez Bordón, informó también ayer a los periodistas que los civiles se podrán inscribir en el curso de Inteligencia en una próxima oportunidad, pero en esta primera parte se habilita exclusivamente a los militares.

A continuación reproducimos parte del comunicado de la Gremial de Abogados

En su oportunidad repudiamos al Gobierno Paraguayo del presidente Lugo por la militarización de las zonas donde más ha arreciado las luchas de los campesinos paraguayos por sus derechos y su dignidad.- Casualmente son las zonas sobre las cuales se cierne la amenaza de los grandes pooles sojeros que arrasan no sólo con los pequeños campesinos cultivadores sino con todo el ecosistema; pooles que ya se han apoderado de gran parte de las mejores tierras del Paraguay.

Si esta información, avalada y sostenida aparentemente por el propio presidente del Paraguay, resultara cierta, exigimos al Gobierno Argentino que reflexione acerca de que no se puede colaborar en la represión a un pueblo hermano como el Paraguayo, tal como hicieron las dictaduras militares en el pasado, estando aún fresca en la memoria de todos el nefasto "Plan Cóndor", algunas de cuyas prácticas hoy son juzgadas en nuestro tribunales. Estos juicios, precisamente, se convertirían en ceremonias vacías si, modificando las formas y los discursos, se incurriera en prácticas semejantes.

Dejemos de ser cómplices de las grandes oligarquías terratenientes sojeras que se ensañan contra los mas débiles campesinos y sus organizaciones.- El combate a la organización campesina Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) es una simple excusa para reprimir, invadir pequeños asentamientos agrarios y permitir la expansión de los conglomerados sojeros.

Exigimos repudio absoluto y presión y pedidos de informes a los Poderes Ejecutivos y Legislativos argentinos a fin de que cese la situación que aquí denunciamos.

GREMIAL DE ABOGADOS
Buenos Aires, Argentina



"(...) Ya paso el tiempo en que los terratenientes asesinan impunemente a indefensos campesinos. El protector del pueblo, el EPP, tomara' represalias, cuantas veces sean necesarias, contra los responsables de la represion de nuestro pueblo. Instamos al pueblo a organizarse y a levantarse contra los terratenientes extranjeros y sus representantes, Fernando Lugo y su ministro Filizzola."
EPP

Alerta por desalojo Comunidad Mapuche-Tehuelche en Chubut


Las comunidades Mapuche-Tehuelche están nuevamente en alerta a raíz de la orden de desalojo hacia la Comunidad Santa Rosa Leleque .

Recordemos que la Familias Nahuelquir- Curiñanco hace nueve años que sostinen un conflicto con la trasnacional italiana Benetton y la semana pasada, el juez Omar Magalles dictaminó un nuevo desalojo, a pesar la vigencia de una ley nacional 26.160 que suspende esas medidas para comunidades indígenas.


En el mes de febrero, el juez Magallanes había realizado la orden de desalojo, basándose en el argumento de la defensa de la propiedad privada, para una empresa que obtiene sus ganancias a costa del sufrimiento y la miseria de las comunidades Mapuche-Tehuelche en la Cordillera. Cabe aclarar, que se trata de un imperio que posee comercios en 120 países y una facturación anual de 2000 millones de euros.

Para las comunidades Mapuche-Tehuelche, no existe la propiedad privada sino la ocupación comunitaria del territorio que habitan ancestralmente. En base al principio de volver a las raíces, lograr la comunión con la tierra y recuperar la historia y la cultura ancestrales, Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir recuperaron el territorio de Santa Rosa en agosto de 2002.

En octubre del mismo año sufrieron un desalojo violento de parte de las autoridades que sólo responden a los intereses de las grandes corporaciones, en este caso del grupo empresario Compañía Tierras del Sud Argentino S.A de Benetton, ejerciendo un acto de total injusticia y discriminación.

El conflicto llegó a tribunales, siendo realizados dos juicios, uno penal y otro civil. En el primero fueron absueltos, el segundo decidió que las 535 hectáreas le pertenecían a la empresa. El sustento del fallo fue un título de donación de 1896, en el cual, el entonces presidente José Evaristo Uriburu cedió 900 mil hectáreas a diez estancieros ingleses.

A pesar del desalojo, el 14 de febrero de 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque decidió volver a su territorio. “Ellos insisten en que tienen un papel, escritura le llaman, con eso dicen ser dueños. Nosotros mostramos nuestra sangre originaria, ancestral poseedora del lugar, ésa es nuestra prueba de posesión”, retrucaba Atilio Curiñanco.

Durante los últimos cuatro años, diferentes profesionales dieron cuenta de la posesión ancestral mapuche, además de aclarar que los derechos indígenas están vigentes en la Constitución Nacional, y en el Convenio 169 de la OIT.

A finales de febrero, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia realizaron el relevamiento territorial en la comunidad, de acuerdo a la aplicación de la Ley Nacional 26.160. Esta normativa frena los desalojos y ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la realización del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.

Sin embargo, el juez Magallanes priorizó una norma inferior, el Código Civil, y dictaminó: “(Condenar a la comunidad) A restituir la posesión, libre de personas y/o cosas puestas por ellos en el plazo de diez días”.

Esto claramente demuestra de qué lado se encuentra la “justicia”, y el gobierno provincial y nacional, ya que desde estos espacios de poder se niega completamente la legítima reivindicación del pueblo Mapuche con respecto al territorio, amparando a los grandes terratenientes y las multinacionales explotadoras y saqueadoras.

Ante este panorama, las distintas organizaciones del campo popular seguiremos resistiendo en contra del avasallamiento hacia nuestros hermanos/as del pueblo Mapuche-Tehuelche y en solidaridad con otras comunidades que sufren las mismas vejaciones a lo largo y ancho del wallmapu.


WIÑOMULEAIÑ TAIÑ MAPU MEU (Volveremos a nuestros territorios)

lunes, 14 de marzo de 2011

UBA: Autoridades quieren desalojar el comedor La Barbarie de la sede Ramos


Estudiantes participantes del autogestionado comedor "La Barbarie", que funciona en la Facultad de Ciencias Sociales (sede Ramos Mejía), denuncian que las autoridades impusieron un plazo de una semana para desalojar el espacio.

El motivo sería la mudanza del CBC que funciona actualmente en la sede Bulnes de la facultad. "Se trata de un comedor que fue ganado por estudiantes en lucha ante la ausencia de comedores populares que la universidad estatal debería proveer".



COMUNICADO

Desde La Barbarie queremos contarles que ante la mudanza del CBC de Bulnes a la ex sede de la Facultad de Sociales de la calle Ramos Mejía (donde se encuentra el comedor), que se está realizando en estos días, entramos en conversaciones con autoridades del CBC para explicitar nuestra posición en torno a la continuidad del espacio. Las autoridades se opusieron rotundamente a la posibilidad de que el comedor siga funcionando en Ramos ya que, según manifestaron, es pólítica de los CBC no tener comedores estudiantiles en sus sedes. De esta manera, las autoridades quieren avanzar en el desalojo inmediato del comedor, e impusieron un plazo de una semana para desocupar el espacio recuperado hace más de 8 años por estudiantes.

Debido a que la lucha por comedores estudiantiles que garanticen un plato de comida a precios populares se inscribe en una lucha más amplia por el libre acceso a la educación gratuita, universal, digna, pública y popular, entendemos esta situación como un verdadero ataque a la universidad pública y fundamentalmente como un retroceso en esta misma lucha, ya que se trata de un comedor que fue ganado por estudiantes en lucha ante la ausencia de comedores populares que la universidad estatal debería proveer. Así mismo implica también un ataque a los derechos de los estudiantes y a los trabajadores del espacio que estamos ante la pérdida de nuestros puestos de trabajo.

Trabajadorxs autogestionados del Comedor Estudiantil La Barbarie.

A propósito del reclamo de los trabajadores tercerizados y el asesinato de Mariano Ferreyra


En octubre de 2010, trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca, con apoyo de militantes de organizaciones sociales y políticas, intentaron realizar un corte de vías en reclamo de su reconocimiento como personal de planta y encuadramiento en el convenio ferroviario. Atacados por gente armada llevada al lugar por dirigentes de la Unión Ferroviaria, un joven militante del Partido Obrero fue cobardemente asesinado y otros militantes heridos, una de ellos de gravedad.

Algunas acciones llevadas a cabo por el oficialismo como consecuencia directa de los hechos narrados fueron la intervención del Ministerio de Trabajo para garantizar el pase de los subcontratados del Ferrocarril Roca a planta permanente, incluyendo la reincorporación de despedidos, y la reactivación de varios proyectos legislativos sobre regulación de los derechos de los trabajadores en similar situación (de reforma del actual art. 30 de la ley de contrato de trabajo).

Más allá de la rápida respuesta del Ministerio de Trabajo, en realidad la misma es apenas sí un intento de cerrar un conflicto en particular pero en modo alguno un paso hacia la solución integral de la situación precaria de decenas de miles de trabajadores subcontratados en todo el país. Solución integral que por otra parte está fuera de las posibilidades del ámbito ministerial, aunque es innegable que desde ahí se podría aportar hacia la misma con bastante más eficacia que la expuesta hasta ahora.

Es que ya desde hace varias décadas la fragmentación empresaria viene constituyendo, a la par de las nuevas formas de gestión del trabajo y de la expulsión del régimen de protección laboral de amplios sectores trabajadores identificados falsamente como “autónomos” o “cuentapropistas”, estrategia esencial al desarrollo del capital a nivel mundial.

Se trata de una estrategia masiva y globalizada del capital en la totalidad de las regiones y ante la cual las asociaciones sindicales (y políticas) han carecido hasta el momento de respuesta eficaz.

Esta estrategia se ha impuesto sin distinción y con similar profundidad en todos los países, desarrollados o dependientes, golpeando eficazmente en una de las debilidades históricas de los sindicatos a nivel internacional.

La política de fragmentar la situación laboral de la clase trabajadora como mecanismo de división y forma de dominación de la misma no es original sino que se puede decir que apareció ya en el período temprano de acumulación originaria del capital, pero distintas condiciones históricas (relacionadas especialmente con el acelerado avance tecnológico y la profundización del fenómeno de la denominada globalización del mercado) a la par de necesidades de respuesta a problemas de producción y a los reclamos de los trabajadores en el período de posguerra (especial-mente en la década del sesenta), le permitieron encontrar nuevas formas de instrumentación que fueron desarmando las respuestas ensayadas inicialmente por las asociaciones de trabajadores a nivel mundial.
Esta estrategia de división le permite al capital abaratar mano de obra, regular los reclamos laborales de unos y otros trabajadores y un fuerte disciplinamiento al interior de los lugares de trabajo.

Y es tan esencial al actual modelo de acumulación que difícilmente la resistencia a la misma pueda resultar realmente eficaz a nivel de un solo país. Y menos aún si esa resistencia no tiene sustento en los propios trabajadores, con un importante grado de conciencia y organización.

A su vez algunos fuertes sectores sindicales salieron a ejercer presión en un intento de fijar límites a la investigación y a la incorporación masiva de los contratados a la empresa que es titular de la concesión de este servicio ferroviario (Ugofe, en realidad una unión de empresas que recibió la adjudicación del mismo cuando fue separado por diversos incumplimientos el grupo económico dirigido por Taselli).

Otros agrupamientos gremiales (seccionales de la Unión Ferroviaria correspon-dientes a las líneas Sarmiento y Belgrano sur, Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, varios sindicatos de la CTA y de la CGT, comisiones y cuerpos de delegados de distintos establecimientos) realizaron diferentes acciones de protesta por lo ocurrido y se unieron al reclamo de investigación y condena a los culpables, y varias organizaciones sociales y políticas llevaron a cabo marchas y actos en igual sentido.

La investigación judicial, llevada en principio con bastante eficacia, permitió comprobar que el bando de los atacantes estaba integrado por algunos dirigentes de la UF, varios de ellos de importancia y con subordinación directa a su secretario general Pedraza, delegados gremiales y otros trabajadores de la línea, y varios matones identificados como “barras bravas” de distintos clubes de fútbol de la zona .

viernes, 11 de marzo de 2011

Pedraza fue procesado como instigador del crimen de Ferreyra

La jueza sostuvo que el gremialista impulsó el accionar de la patota para garantizarse “el poder económico y político” por la vía de la contratación de personal tercerizado, que en teoría debía defender desde la Unión Ferroviaria.

El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, quedó más complicado por el crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra: la jueza de instrucción Wilma López lo procesó ayer como “instigador” del homicidio y dispuso que siga detenido.

Para la jueza, Pedraza instigó el accionar de la patota para “asegurar el poder económico y político” que tiene desde 1994 en la UF a través de la contratación de personal tercerizado mediante empresas ligadas a él mismo.

“Es condición necesaria e indispensable, para mantener ese poder, conservar su cargo dentro del gremio, circunstancia esta que se encontraría asegurada mientras la Unión Ferroviaria continúe determinando el ingreso de personal a las distintas empresas ferroviarias. De esta forma se asegura la fidelidad política de quienes ingresan y su afiliación a la lista verde, que él encabeza”, sostuvo López.

Así la jueza avaló la hipótesis económica del crimen ya que resaltó que Pedraza tiene participación en Belgrano Cargas SA y la Cooperativa de Trabajo Unión del Personal Limitada, que presta servicios para UGOFE SA, ALL Mesopotámica, Viluco y S.O.E S.A., que decide el ingreso de personal.

“Al impedir la incorporación de los trabajadores tercerizados se evitaba el ingreso de un número importante de obreros potencialmente contrarios” a sus intereses, ya que en su mayoría eran empleados que no respondían a la conducción del gremio y podrían formar listas opositoras. “De esta forma ponen en peligro el resto de las prerrogativas que tienen en su rol de dirigente sindical”, advirtió la jueza, y marcó así la doble condición de empresario y gremialista de Pedraza.

La magistrada ratificó la existencia de un “plan común” entre los diez detenidos que hay en la causa para evitar el reclamo de los empleados ferroviarios tercerizados tras su despedido. El 20 de octubre pasado, los trabajadores cesanteados intentaron reclamar sobre las vías del ferrocarril Roca, pero fueron agredidos por la patota en Barracas. Pedraza fue procesado por el delito de homicidio calificado de Ferreyra y de homicidio calificado en grado de tentativa por las heridas de bala que recibieron Nelson Aguirre, Ariel Pintos y Elsa Rodríguez.

También fue procesado como instigador del crimen el secretario administrativo de la UF, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y el delegado gremial Claudio Alcorcel, al que se le adjudicó un rol de partícipe necesario en el hecho.

Chubut: Con movilización Mapuche-Tehuelche presentaron apelacion al fallo que favorece a Benetton



Ayer, jueves 10 de marzo, distintas Comunidades Mapuche-Tehuelche y organizaciones sociales marcharon por la ciudad de Esquel hacia tribunales, para acompañar a la Comunidad Santa Rosa Leleque, que presentaba la apelación a la cámara del noroeste del Chubut, ante la orden de desalojo dictada por el juez Omar Magallanes a favor de Benetton.


Durante la jornada se rechazó públicamente el fallo, ya que se considera que es una sentencia con errores de hecho y de derecho, porque se ignoró completamente la orden de la Corte Suprema que obliga aplicar el derecho indígena ante estos conflictos.

Un juez ordenó esta semana que la comunidad mapuche tehuelche Santa Rosa tiene que abandonar las tierras del empresario Luciano Benetton que ocuparon hace cuatro años en el paraje Leleque y que reivindican como propias. El magistrado, Omar Magallanes, dio un plazo de diez días para que se cumpla la orden.

Por su parte, la ocupante Rosa Nahuelquir dijo que "más allá de que la justicia huinca diga que le pertenece a Benetton, nosotros vamos a seguir ahí, porque es una tierra ancestral de nuestros antepasados y ahí viviremos. Esperamos que una vez en su vida la justicia determine que es una causa justa para el pueblo mapuche. Si dicen lo contrario una vez más vamos a seguir creyendo que la justicia no existe, porque lamentablemente si llegaran a fallar en contra, existe la injusticia".

Se trata de un campo de 534 hectáreas ubicado sobre la ruta nacional 40, a unos 90 kilómetros al sur de El Bolsón, donde permanece una familia que ha construido una vivienda, corrales y mantiene algunos animales para su consumo.

A finales de febrero, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia realizaron un relevamiento territorial, de acuerdo a la aplicación de la Ley Nacional 26.160, normativa que frena los desalojos y ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la realización del relevamiento territorial de comunidades indígenas.


Benetton no respeta las disposiciones contenidas en los Códigos de Conducta de la Unión Europea sobre las operaciones de empresas europeas que invierten en los países en vía de desarrollo (Resolución 15/11/99). Los abogados que defienden a los mapuches han corroborado, mediante documentación legal, las persistentes denuncias de comunidades mapuche sobre la arbitraria e ilegal usurpación de sus tierras por latifundistas, sociedades anónimas, y el Estado Argentino.

miércoles, 9 de marzo de 2011

Vecinos toman viviendas en el Bajo Flores Bajo el lema “ni gente sin casas. ni casas sin gente”


Se trata de 60 familias de la manzana 7 del asentamiento Perito Moreno y la 1 - 11 – 14. Ante
la alta precariedad habitacional que se vive en la zona, en la madrugada del sábado 5 de marzo tomaron un conglomerado de siete edificios con alrededor de 90 viviendas.

Hay una realidad que es la exclusión que existe en esta zona, problemática que se incrementa día a día, la pobreza esta en carne viva. Para algunos es política del gobierno de la Ciudad, otros dicen que viene de parte del gobierno nacional.

Están los que comen de la basura, tras pelearse con las moscas después de horas de almacenaje en cajas de cartón y llevar ese alimento a su boca. Los vecinos que están en ´La vereda´ de la calle Portella sobre el paredón viven en viviendas híper precarias "no hay luz ni agua", algunos hacen unas cuadras para beber un poco y regresan con el miedo a que les quemen o lleven lo poco que tienen. La mayoría vive del cartoneo otros son empleados en alguna empresa de limpieza y dicen ´no nos toma nadie cuando decimos que vivimos en esta zona, por eso tenemos que mentir´. Se viene la noche, la toma de viviendas continua, ahora son unas 150 familias las que ocupan. Los funcionarios solicitan el ingreso de personal para un censo de Acción Social. Algunos vecinos se niegan, ya que en otras oportunidades se les ha iniciado una causa una vez brindada su identidad”.

Mendoza salió a las calles


Una vez más el pueblo mendocino salió a las calles para hacer visible su rechazo al proyecto megaminero San Jorge. Más de 7000 manifestantes fueron parte del carrusel de vendimia, marcharon por el recorrido establecido recibiendo el apoyo de mendocinos/as y turistas que esperaban el paso de los carros que forman parte del festejo oficial.

Hicieron presencia en esta manifestación, las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP), Asamblea de Andalgalá, Catamarca, Gualeguaychu, San Juan y La Rioja, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, feministas, partidos y amplios sectores de la sociedad mendocina.

En el recorrido, por un lado, se denunció la complicidad de los medios de comunicación empresariales, quienes cumplen con su rol de des-informar e intentan legitimar la instalación de la megaminera y, por otro, la estrecha vinculación entre funcionarios y funcionarias del gobierno provincial con el grupo empresario de San Jorge.

El proyecto San Jorge está plagado de fallas que no consideró el Poder Ejecutivo a la hora de aprobarlo, el Poder Legislativo sabe que no hay licencia social de los mendocinos y mendocinas para la instalación de la minera. En la audiencia pública el 75% de las personas dijeron NO al emprendimiento, el pasado 22 de febrero alrededor 3000 personas en la Legislatura y hoy más de 7000 manifestantes en el carrusel volvieron a ratificar esa decisión. Es claro que ellos ya decidieron qué hacer con nuestra tierra, nuestra agua y nuestra vida; pero también es claro que el pueblo argentino ya decidió que NO pasarán sobre nuestra dignidad y decisión de seguir defendiendo nuestros bienes comunes.

A pesar de las amenazas, el amedrentamiento y la judicialización de la protesta, hoy en Mendoza se dio una prueba contundente de que la organización y la lucha popular son el camino que a lo largo de nuestro continente se está dando para defender el agua, la tierra y la vida.

lunes, 7 de marzo de 2011

¿Seguriqué?

Mientras Scioli respaldaba en la Legislatura al alcaide mayor Casal, un preso entregaba a la Justicia fotos suyas con uniforme del SPB. Tres detenidos contaron a distintos magistrados que los sacan a robar entre la noche y el alba, con ropa y armas del Servicio, que los desarmaderos funcionan en las propias cárceles, donde también se venden estupefacientes. A quien se niega le violan la mujer o lo asesinan. Fiestas nocturnas con alcohol y prostitutas y tiro al blanco sobre los detenidos.

Por Horacio Verbitsky

El martes 1º Daniel Scioli leyó un excelente discurso ante la Legislatura de Buenos Aires, en el que respaldó a su cuestionado ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense Ricardo Blas Casal. Scioli explicó que no hay contradicción entre seguridad y derechos humanos y ratificó su indeclinable compromiso con el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. A la misma hora, un detenido en la Unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense sorprendió al fiscal Germán Martínez al quitarse la zapatilla izquierda, donde escondía el chip de un teléfono celular. Allí había seis fotografías del detenido y de otras personas privadas de su libertad en la misma unidad. Todos lucían piezas de uniformes del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un video en el que uno de los funcionarios de seguridad entrega un pequeño sobre a uno de los detenidos. El detenido, a quien aquí llamaremos Erre Jota, tiene 32 años y purga una condena por robo. Martínez es el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 16 de San Martín, a cargo de estupefacientes.
La denuncia inicial la había hecho el 28 de febrero una tía de Erre Jota, quien contó que su sobrino le había dado el chip para que bajara las imágenes y le había pedido que se lo devolviera en la siguiente visita. Erre Jota contó que temía por su seguridad y la de su familia, ya que en 2008 se negó a matar a un hombre, como le exigían los penitenciarios, y su mujer recibió amenazas que se cumplieron cuando fue violada como advertencia para él. Desde entonces aceptó “realizar los trabajos que ellos me pedían, ya que mi familia se halla constantemente amenazada”. Dijo que el director y el subdirector del penal y el jefe de complejo en ese momento, prefecto mayor Mario Aranda, prefecto Horacio Ruiz e inspector mayor Claudio Molina lo pusieron al frente de un grupo que ya integraban otros detenidos y les señalaron los modelos de autos que debían robar: Peugeot 307 y 405. La excepción fue un Clio 2, para reponer una parte rayada de la carrocería del vehículo del oficial Lavallén. El turno de robar para el Servicio iba de las 23 a las 6 del día siguiente, hora en que las personas decentes que claman por más seguridad se encierran en sus casas para protegerse de los delincuentes. Si no regresaban antes de esa hora se denunciaría la evasión. Para llegar a la salida del penal les suministraban partes de uniformes del Servicio Penitenciario Bonaerense, armas y teléfonos celulares. Una vez en la calle usaban esos teléfonos para llamar a conductores de remises que formaban parte de la combinación. El fiscal le mostró las fotos, impresas desde el CD que había entregado su tía, y Erre Jota reconoció en ellas al oficial penitenciario Guerra, a otros dos detenidos y a sí mismo, todos vestidos con piezas del uniforme oficial: una campera de camuflaje, una gorra, un chaleco antibalas y un escudo protector, con la sigla SPB. Dijo que Guerra les proveía armas, marihuana, pasta base, cocaína y pastillas de Ribotril. El fiscal también recibió el testimonio del detenido que aparecía en la foto con el penitenciario Guerra, a quien llamaremos Ge Be. Dijo que salía a robar para el SPB y que otro preso que se negó, al que llamaban Víctor Murgueño, fue asesinado. Mencionó al actual director, prefecto mayor Raúl Galeano, al jefe de penal Saravia, al de taller Bumarelli y al de contaduría Pozo, aunque no explicitó qué habría hecho cada uno.

¿Dónde iban a robar? –le preguntó el fiscal.
–Por José León Suárez, Boulogne, San Isidro. Robamos autos modelo 307, 405 y 406.
–¿Y qué hacen con ellos?
–Los llevamos al penal. Ahí hay un taller, donde un grupo de internos que saben de mecánica, manejados por el director y el jefe de penal, los desarman para la venta de autopartes.
Dijo que les pagaban 1000 o 1500 pesos, según los autos y les anotaban concepto favorable en los legajos, imprescindible para aspirar a la libertad anticipada. Contó que salieron cinco o seis veces en lo que va del año y mencionó algunos de los robos: un 405 a pocas cuadras de una panchería en José León Suárez, un Clío 2 cree que en la calle San Lorenzo, llegando a Tres de Febrero, donde hay una pollería. El oficial Lavallén, el jefe de requisa Marresi y el jefe de turno Nicolás Aquesta los llevaban a hablar con el director antes de salir, dijo. También Ge Be contó del turno de 23 a 6 y que les entregaban ropas del Servicio, armas y celulares. Dijo que con uno de ellos Erre Jota lo había filmado con el Oficial al que conoce sólo como Anteojito, quien le entregó drogas a cambio de sus zapatillas.
–¿Es habitual que les entreguen drogas? –quiso saber el fiscal.
–Sí, cualquier oficial se las da –contestó el hombre.

El acta judicial consigna que “como prueba de sus dichos extrae de su boca una bolsita transparente de polietileno. Dice que contiene una piedra de marihuana”. El fiscal la agregó al expediente, debidamente ensobrada y firmada. Ge Be explicó que comenzaron a grabar con los celulares luego de que otro detenido matara al Murgueño, quien “no quería trabajar más para el Servicio”. Contó el robo de un Renault Megane verde una madrugada de la primera quincena de enero, a cuatro cuadras de la Plaza Roca de Villa Ballester, apuntando al hombre que bajó del coche. Dijo que en la UP48 había de diez a quince autos con la patente cambiada, estacionados entre los del personal.
Un tercer detenido pidió hablar con el juez de ejecución que entiende en su legajo, Alejandro David. Dijo que en la primera semana de febrero los oficiales Lavallén, Mohame y Aquesta, le ofrecieron 1500 pesos para salir a robar. Aceptó y esa noche lo buscaron en su celda, lo vistieron con indumentaria del Servicio Penitenciario, lo sacaron del penal por la puerta trasera en un automóvil Fiat Palio de color plateado. Le señalaron una casa donde había un auto Renault Kangoo de color bordó, para que lo robara. Pero en cuanto intentó saltar el portón de entrada “se prendieron unas luces y tuvo que salir corriendo hasta el auto del personal del Servicio, que lo estaban esperando”. De regreso al penal le sacaron el uniforme y lo devolvieron a su celda. Declaró que su familia tenía una foto suya con el atuendo del Servicio y que “los autos que se roban, entran al sector de Talleres de la Unidad, que funciona como desarmadero”. Agregó que recibía los autos el jefe de talleres Edgardo Gumarelli, quien hace 15 días fue ascendido a Jefe del Penal. “Siempre se trabajó en connivencia con Galeano, el Director de la Unidad, y Ruiz, el Subdirector”. Además, le solicitó al juez David que comprobara los golpes en la cabeza y en la espalda y los cortes en el abdomen, provocados por agentes penitenciarios debido a un no expresado “problema interno” del Servicio.

Los universitarios
A fines de noviembre de 2010 el Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, presentó un hábeas corpus a favor de un grupo de detenidos en la misma Unidad 48 pero en el sector denominado de régimen abierto, donde se alojan los internos que estudian en la Universidad Nacional de San Martín, quienes habían sido agredidos a tiros por el subalcaide Walter Ontiveros, que estaba borracho. Otros oficiales disuadieron a Ontiveros pero luego amenazaron a los detenidos para que no denunciaran lo sucedido. Casolatti acompañó un escrito de las víctimas. Uno de ellos estaba llevando los residuos hacia los containers de basura cuando Ontiveros lo increpó:
–¡Eh Ñaca, sí, a vos, gato, te hablo, tomate el palo pa dentro negro de mierda, salí la concha de tu madre, te voy a meter un tiro, denunciero!
Era la noche del sábado 20 de noviembre. Según la denuncia, Ontiveros “desenfunda su pistola como puede, dado que se tambaleaba de un lado a otro (casi cayéndose debido a la borrachera), la carga subiendo la escalera del muro perimetral del régimen cerrado y una vez arriba comienza a disparar con su pistola reglamentaria 9mm contra Hache Ce”. Otros estudiantes universitarios se tiraron al piso “ante los disparos que emanaban del arma de guerra del funcionario ebrio”, mientras su blanco “huía corriendo por su vida hacia el sector de alojamiento”. Minutos después Ontiveros se acercó junto a otros penitenciarios y llamó a los jóvenes: “¿Qué onda, queda todo acá o van a denunciar? Ustedes saben que si se denuncia esto tiene vuelto, digo, porque los universitarios acostumbran mandar en cana”. Todos prometieron que no lo harían: en agosto había ocurrido otro ataque a balazos por parte de la misma guardia penitenciaria. Lo denunciaron y desde entonces fueron víctimas de amenazas y agresiones por parte de los funcionarios y de otros internos.

De fiesta
Aquella vez el penitenciario ebrio que “efectuó disparos de fuego a mansalva” fue el guardia Javier Armando Ruiz. Luego el estudiante de sociología Eme Erre fue retirado a punta de escopeta de su celda por penitenciaros que lo intimaron a no denunciar lo sucedido. Los universitarios lo hicieron de todos modos. Uno de ellos, Abelardo Jesús Cabral, fue despertado por el oficial Lavallén, quien lo llevó a Control, “donde se encontraba la Comisión Directiva de la Unidad”. Comenzaron a empujarlo y el subdirector Pantoja le ordenó a Lavallén que “me hincara con una cuchilla tipo carnicero”. Mientras le colocaban la punta afilada en la pierna y el abdomen, el director Aranda y los subdirectores Pantoja y Ruiz le dijeron que parara con las denuncias. De regreso a su celda lo rodearon sus cuatro compañeros, que lo golpearon a puñetazos y con una varilla finita mientras le decían “denunciero y ortiba”. Las heridas fueron filmadas por el secretario de ejecución penal Casolati, quien presentó un hábeas corpus por su vida. Cabral fue el testigo decisivo en la investigación del homicidio del matrimonio de Nancy Nolasco y Angel Marcos. El hombre trabajaba con el senador del PJ provincial José Manuel Molina y entre los condenados hubo policías. Uno de ellos, Hernán Ricardo Argüello, trabaja ahora en la U9 para el Servicio Penitenciario. Otra de las exigencias era que Cabral rectificara su testimonio para beneficiar a Argüello. La semana pasada fue amenazado una vez más, por el oficial Fantosi, quien le gatilló tres veces un arma descargada en la cabeza. Los detenidos en el régimen abierto también revelaron las “fiestas penitenciarias” que se realizan los fines de semana con abundante consumo de alcohol. “Concurren tanto personal masculino como femenino y grupos de prostitutas contratadas por la oficialidad superior del lugar, quienes mencionan que las mismas son procedentes de distintos prostíbulos de la zona y son traídas en las camionetas del SPB, marca Chevrolet, modelo LUV, patentes CYI-239 y ASF-630, que han sido observadas en la puerta del prostíbulo sito frente al Policlínico local”.

La negación
Ni la fiscalía ni el juzgado aceptaron informar sobre el resultado de estas actuaciones. El único que respondió a la consulta para este artículo fue el secretario general de la Fiscalía de Cámara, Alejandro Porthé. Su llamativa respuesta fue que sólo hay un video con una filmación muy precaria de un diálogo entre el detenido Erre Jota y un penitenciario de bajo rango, del que “se deduciría” que el agente le ofrece tres porros a cambio de una campera. La denuncia es remitida al fiscal Raúl Germán Martínez al juez Nicolás Schiavo, titular del Juzgado de Garantías N 5 de San Martín, quien ordenó un allanamiento en la unidad y otro en la casa del agente penitenciario, “de los cuales no surge ninguna prueba”. Según Porthé no hay fotos ni se confirmó la versión que “en un principio llegó a la fiscalía de que aparecería el detenido con ropas del Servicio Penitenciario Bonaerense. Fue sólo una versión que no se desprende del material de prueba”. Todo lo contrario: las fotos están entre las fojas 10 y 14 de la Investigación Penal Preparatoria 15-00-007158-11, y el CD del que provienen, en las fojas 7 y 8. Una fuente próxima a Schiavo dijo que el detenido denunció “un sin fin de delitos”, pero que el juez se limitó a cumplir las medidas solicitadas por el fiscal Martínez en relación a ingreso de droga al penal, con allanamientos que dieron resultado negativo. Es decir que se ignoró la gravísima denuncia sobre el robo y desarmado de autos. El allanamiento se limitó a la UP 48 y no se extendió a las unidades 46 y 47, que forman parte del mismo complejo, en Camino del Buen Ayre y Camino De Benedetti, en José León Suárez. Fueron concebidas como alcaidías, se construyeron sobre el basural del CEAMSE por lo que el agua está contaminada y se inauguraron hace cuatro años. Schiavo es el juez que investiga los asesinatos de José León Suárez en la villa De la Cárcova, donde su desempeño hasta ahora ha sido correcto. En 2008 fue satanizado por haber concedido la prisión domiciliaria con control satelital a un detenido que salió de su casa y mató a cuatro personas, en Los Cardales. Aunque se demostró que su decisión era legítima y que la falla estuvo en el sistema de control porque el detenido se sacó la pulsera y el Departamento de Monitoreo Electrónico no lo informó, Casal promovió su juicio político, que no prosperó porque ni la Procuración General ni la Comisión Bicameral lo acusaron. Pero el caso fue utilizado para restringir la prisión domiciliaria y las excarcelaciones y también sirvió para ablandar al juez.

viernes, 4 de marzo de 2011

Barras bravas, los tercerizados de la represión

"Hasta ahora, los barras eran vistos como algo folklórico, cuasi romántico, ¡el tener aguante!, pero el poder que muchos barras tienen en sus barrios, y la impunidad que logran con esto, hacen que el sistema los busque (...)".

Los barras se diversifican y salen a reprimir contratados por el estado y los patrones que manejan el estado, y cumplen también un rol paraestatal para las burocracias sindicales o para los punteros y dirigentes, o directamente como rompehuelgas".

Tres cerealeras multinacionales fueron sancionadas por la AFIP


Las maniobras denunciadas también involucraban triangulaciones por Uruguay, Suiza y Singapur. Subfacturación y especulaciones para transferir los fondos. Cargill y ADM-Toepfer, suspendidas del registro de granos por 60 días.

Tres grandes multinacionales de cereales fueron sancionadas por la AFIP bajo el cargo de “triangulaciones nocivas, utilización de paraísos fiscales y maniobras financieras con el exterior” en las operaciones de exportaciones de granos que realizan desde la Argentina. A partir de hoy, Cargill SA, ADM Argentina SA y Alfred C. Toepfer International Argentina quedarán suspendidas por 60 días del Registro de Operadores de Granos, que de acuerdo con lo informado por fuentes oficiales les limitará el uso de cartas de porte (permisos de transporte de granos a puerto) y la pérdida de alícuotas diferenciales de retenciones. Desde la AFIP apuntaron que, de no regularizar su situación en los 60 días de suspensión, las firmas mencionadas quedarán excluidas del registro, lo que implicaría la inhabilitación para seguir exportando.

Fuentes del organismo aseguran que estas sanciones no están relacionadas con los 117 allanamientos simultáneos realizados esta semana en oficinas pertenecientes o supuestamente vinculadas con cerealeras exportadoras.

Además, los fondos así evadidos al subfacturar exportaciones, cuya diferencia terminaba cobrándose en el exterior, volvían al país provenientes de paraísos fiscales o jurisdicciones con escaso control, lo cual constituiría las maniobras financieras ahora denunciadas.

De las tres firmas sancionadas, Cargill, de origen estadounidense, es por lejos la más conocida. Lidera las exportaciones de granos en la Argentina pero, además, cuenta con una extendida red de firmas acopiadoras bajo su control en toda la pampa húmeda, que le permiten abastecerse tanto para cumplir sus contratos con el exterior como para abastecer sus plantas procesadoras. Posee, además, instalaciones propias en el puerto San Martín, aledaño al de Rosario.

Las otras dos firmas, aunque menos conocidas, también revistan entre las transnacionales que controlan el negocio mundial en la materia.

jueves, 3 de marzo de 2011

“La reglamentación de la ley de glaciares es una burla, está escrita por la Barrick Gold”


La nueva ley de Glaciares quedó promulgada ayer, por decreto publicado en el Boletín Oficial, a través del cual se aprobó la reglamentación de la norma 26.639.

De esta manera, el Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, y ordenó que el C
onsejo Nacional de Investigaciones Científicas y técnicas (CONICET) inicie un relevamiento de estas zonas para conocer cuáles son los recursos que existen en ellas.

Se reglamentó la ley de Glaciares, si; y se ordenó al CONICET que inicie un relevamiento de estas zonas, tambien. Pero faltó un detalle: establecer plazos para ese inventario.

Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Amigos de la Tierra Argentina y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas insistieron en que la reglamentación no define qué áreas serán prioritarias para iniciar de inmediato el Inventario Nacional de Glaciares.

“En lugar de vetarla como hizo en 2008, el gobierno nacional decidió quebrar la ley, primero cajoneándola y finalmente con la reglamentación. Corpacci, que votó en contra de la ley de glaciares, celebrará esta burla, al igual que Brizuela, que mandó un proyecto a la legislatura provincial a favor de la explotación minera en la zona de los periglaciares, todo ello dictado por Agua Rica. Por el contrario, nuestra campaña está planteando una salida popular a la depredación ambiental: nacionalización sin indemnización de la minería y del agua de consumo y de riego, ¡no a Agua Rica!, rechazo al proyecto de Brizuela. Esto es lo que defenderemos en la legislatura y los concejos”, concluyó
Enrique Traverso, candidato a diputado por el Partido Obrero.

“La reglamentación de la ley de glaciares es una burla y pone en peligro lo que la ley debía
proteger. El gobierno piensa tomarse ¡5 años! para hacer un inventario de los glaciares, incluso este año ya está perdido, porque debía empezar a hacerse en la época de verano”, declaró el candidato a diputado y militante del partido obrero.

El regreso de un juez Represor y corrupto


El sábado 15 de marzo de 2003, mientras casi toda la población de la Comarca Andina se encontraba pendiente del inminente Plebiscito que decidiría la suerte del emprendimiento minero aurífero que impulsaban el Gobierno Provincial de Chubut y el Municipio de Esquel, conjuntamente con la Empresa anglo-canadiense Meridian Gold en el Cordón Esquel, un fuerte destacamento de la policía Provincial, integrado por más de veinticinco efectivos, fuertemente armados y provistos de herramientas, camionetas, caballos y equipos de comunicación se hacía presente en el corazón de la Comunidad Mapuche "Vuelta del Río", en la precordillera de Cushamen, en el asentamiento Mapuche Tehuelche con mayor población de la Provincia.

La sorpresiva presencia policial tenía un objetivo muy claro: desalojar a la familia de Don Mauricio Fermín, expulsarlos del predio comunitario e impedirles su regreso al lugar en forma definitiva. La orden había sido dada con fecha 12 de marzo por el entonces Juez de Instrucción José Colabelli.

Pese al ensañamiento de los efectivos, que siguiendo las órdenes de El Khazen, presente en el operativo, prácticamente destruyeron íntegramente la vivienda, huerta, instalaciones de agua, corrales, plantaciones de álamos, y casi todos los bienes de Don Mauricio Fermín, su esposa, sus hijos y nietos (incluso algunos juguetes de las niñas quedaron entre los escombros), la familia resistió al desalojo y permaneció en el lugar, asistida por el resto de la Comunidad Mapuche y pobladores de diferentes comunidades y localidades vecinas que se acercaron a solidarizarse. Inclusive, la acción arrojada de dos ancianas de la Comunidad, que a caballo cortaron el arreo de los policías, impidió que se llevaran los animales de los Fermín. Cabe señalar que reinaba en el momento una condición climática extrema, con temperaturas muy bajas; los Mapuches tuvieron que enfrentar varias noches acampados sin poder abrigarse ya que no se les permitió utilizar frazadas y otras pertenencias para guarecerse del frío. Finalmente el día lunes 17 de marzo el procedimiento fue suspendido por el juez Correccional Jorge Eyo, ya que el juez de Instrucción Colabelli se había tomado licencia después de ordenar el lanzamiento.

Lo más increíble es que la orden judicial de lanzamiento se había otorgado en el marco de una denuncia penal impulsada por el comerciante de El Maitén José Vicente El Khazen, la que contaba con un doble dictamen del Ministerio Público Fiscal recomendando el sobreseimiento de Fermín y el archivo de las actuaciones. El Juez Colabelli, en vez de seguir el dictamen Fiscal, obligatorio para él por imperio de la normativa Procesal en vigencia, elevó la causa a juicio Oral y Público y ordenó el lanzamiento como Medida Cautelar, a pedido del denunciante, que además estaba constituido en la causa como actor civil.

El violento procedimiento, que fue calificado por diversos sectores como un inaceptable retroceso a la Conquista del Desierto del Siglo XIX, provocó una gran movilización y protesta de los sectores indígenas y también del resto de la sociedad que se solidarizó con los Mapuche. Incluso hubo una ocupación pacífica del edificio de Tribunales de Esquel por más de dos días, hasta que finalmente se descomprimió la situación, al iniciar el Ministerio Público Fiscal una investigación contra el personal policial que había ejecutado la orden de lanzamiento con notorios excesos. Después de siete años, todavía no hay ningún policía condenado por estos hechos.

La Comunidad planteó la revocatoria de la orden de desalojo ante la Cámara de Apelaciones, y denunció el accionar de Colabelli ante el Consejo de la Magistratura, lo que motivó que se iniciara un sumario en su contra.
El 1º de octubre de 2003 la Cámara de Apelaciones confirmó la orden de desalojo emitida por Colabelli, dejando a la Comunidad en una situación extrema: tener que resistir un nuevo desalojo que podría ordenarse en cualquier momento por el mismo juez. Con un criterio totalmente opuesto, el 16 de octubre del mismo año el Consejo de la Magistratura envió el sumario de Colabelli al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, por haberse constatado graves irregularidades en el desempeño del juez. Esta situación de apreciar de manera tan opuesta los mismos hechos por la Cámara y por el Consejo de la Magistratura, fue calificada por diversos sectores tribunalicios como un verdadero escándalo judicial.

El 17 de diciembre de 2003 el Tribunal de Enjuiciamiento suspendió a Colabelli en su función de Juez de Instrucción, y después de una persistente movilización de diversos sectores de la sociedad, especialmente de las Comunidades y Organizaciones Mapuche-Tehuelches, incluyendo movilizaciones, juntadas de firmas y pintadas, el 4 de mayo de 2004, en un juicio Oral y Público, el juez fue destituido por mal desempeño en su cargo y desconocimiento inexcusable del derecho en un fallo unánime. El Ministerio Fiscal y la Querella, ejercida por la Comunidad Vuelta del Río habían reunido innumerables pruebas documentales y testimonios que no pudieron ser rebatidos por la defensa de Colabelli, ejercida por el abogado Alejandro Korn. La audiencia duró un día entero y tuvo gran presencia de público; la decisión causó un gran impacto en toda la sociedad chubutense. A todo esto, es oportuno recordar que el juez destituido se había hecho muy conocido en toda la región como un hombre de mano dura, y los principales afectados por sus polémicas decisiones eran justamente las Comunidades Indígenas y las poblaciones más desprotegidas y vulnerables.

No obstante, a través de un recurso de Queja presentado ante la Corte Suprema, la defensa de Colabelli consiguió que el fallo destitutorio sea revisado por el Superior Tribunal de Rawson, quien en noviembre del año 2010 anuló todo lo actuado por el Tribunal de Enjuiciamiento en 2004, teniendo en cuenta que uno de los jueces que conformaron ese Tribunal no contaba con la antigüedad suficiente (12 años) en la profesión de abogado para integrarlo. Cabe señalar que en vez de disponer la conformación de un nuevo Tribunal, para poder evaluar los graves cargos que existen en contra del magistrado (los que nunca fueron desmentidos), el STJ de Chubut ordenó la incorporación de Colabelli al cargo de Juez Penal, como parte integrante del Colegio de Jueces Penales de la jurisdicción de Esquel, ya que el cargo original de juez de instrucción ya no existe.

Pese a que la querella ejercida por la Comunidad Mapuche presentó un Recurso Extraordinario para que esta sorprendente decisión sea revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mismo fue declarado inadmisible por el STJ de Chubut, quien ordenó la inmediata incorporación de Colabelli, la que se llevó adelante el 27 de diciembre de 2010, pese a la persistente protesta de las Comunidades Mapuches quienes manifestaron su repudio frente al Edificio de Tribunales de Esquel, y a través de diferentes comunicados en los medios de difusión.

Lo cierto es que el cargo de juez Penal que ocupa hoy Colabelli sólo es accesible mediante un concurso público ante el Consejo de la Magistratura; de hecho el cuestionado magistrado no concursó, ahora ni antes, ya que su cargo original de juez de instrucción lo había alcanzado sin concurso, por ser anterior a la creación del Consejo de la Magistratura. Es de destacar que el proceso que llevó a la destitución de Colabelli en 2004 costó un enorme esfuerzo de las Comunidades Mapuche - Tehuelches, sin contar el incontable gasto jurisdiccional que significó el proceso, incluyendo viajes de testigos, traslados de funcionarios, audiograbación, y demás producción de pruebas generadas.

También es oportuno señalar que según lo ordenado por la justicia provincial, el juez deberá percibir todos los salarios que no cobró durante los siete años que estuvo alejado de la función, los que, indudablemente, saldrán del bolsillo de toda la comunidad que sostiene el gasto público provincial con sus impuestos. Pero lo más grave es el deterioro para la imagen de la justicia que significa el regreso de un funcionario tan cuestionado. En una provincia donde se encuentra tan desdibujada la división republicana de los poderes públicos, es imposible desvincular tan lamentable decisión de la justicia con la Administración Provincial, ya que el principal Ministro de Das Neves, Pablo Korn, es hijo del abogado Alejandro Korn, defensor de Colabelli.


(Artículo del Dr. Gustavo Macayo de Esquel. En él se refiere al irregular retorno del juez José Colabelli, amigo de Das Neves y mentor de numerosos desalojos ilegales contra mapuches y sectores desprotegidos)

miércoles, 2 de marzo de 2011

Se escondió las verdades que la gente reclama

El diputado radical habló del discurso de la presidente realizado ayer en la Asamblea Legislativa.

“Es lamentable que la Presidente de la Nación haya perdido la oportunidad de hablar sobre los verdaderos problemas de la gente”, enfatizó el diputado nacional de la UCR por Jujuy, Miguel Ángel Giubergia, tras la Asamblea Legislativa llevada a cabo hoy. “La titular del Poder Ejecutivo no habló de la inflación, ni de inseguridad, ni narcotráfico y, lamentablemente, no propuso ningún plan a futuro”.

Cristina acusó de evasión al campo y la AFIP allanó a 48 cerealeras

Las acusan de maniobras con firmas fantasmas.

Unos 740 inspectores fueron a 117 domicilios.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó ayer las oficinas de 48 compañías vinculadas a la exportación de granos.

No hubo detalles sobre qué compañías fueron allanadas, si bien el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo a través de un comunicado que la acción fue dirigida contra los domicilios de “firmas cerealeras multinacionales”, a las que acusó de presunta evasión impositiva por 150 millones de pesos en operaciones de compra y venta de granos.

Prácticamente a la misma hora en que comenzaba el enorme operativo, la presidente Cristina Fernández se hacía eco de las denuncias por presunta evasión ante las dos cámaras del Congreso. En su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento, la Presidente dijo que el campo “solamente ha participado en la recaudación en 2,8 por ciento ”, un porcentaje de participación en la recaudación que equiparó a lo que aportan los colegios privados .

El sector exportador de granos es encabezado por Cargill y Bunge, seguidas en volumen por Nidera, Aceitera General Deheza y Dreyfus. Ayer no hubo información oficial, ni tampoco pudo ser determinado por fuentes del sector privado, sobre cuáles fueron las empresas allanadas por la AFIP. Dentro de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), sus voceros aseguraron que no contaban con información fidedigna. Pero fuentes vinculadas con las principales firmas del mercado aseguraron que “la mayoría” de las grandes exportadoras fueron allanadas. entre ellas están las principales del mundo.