Las comunidades Mapuche-Tehuelche están nuevamente en alerta a raíz de la orden de desalojo hacia la Comunidad Santa Rosa Leleque .
Recordemos que la Familias Nahuelquir- Curiñanco hace nueve años que sostinen un conflicto con la trasnacional italiana Benetton y la semana pasada, el juez Omar Magalles dictaminó un nuevo desalojo, a pesar la vigencia de una ley nacional 26.160 que suspende esas medidas para comunidades indígenas.
En el mes de febrero, el juez Magallanes había realizado la orden de desalojo, basándose en el argumento de la defensa de la propiedad privada, para una empresa que obtiene sus ganancias a costa del sufrimiento y la miseria de las comunidades Mapuche-Tehuelche en la Cordillera. Cabe aclarar, que se trata de un imperio que posee comercios en 120 países y una facturación anual de 2000 millones de euros.
Para las comunidades Mapuche-Tehuelche, no existe la propiedad privada sino la ocupación comunitaria del territorio que habitan ancestralmente. En base al principio de volver a las raíces, lograr la comunión con la tierra y recuperar la historia y la cultura ancestrales, Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir recuperaron el territorio de Santa Rosa en agosto de 2002.
En octubre del mismo año sufrieron un desalojo violento de parte de las autoridades que sólo responden a los intereses de las grandes corporaciones, en este caso del grupo empresario Compañía Tierras del Sud Argentino S.A de Benetton, ejerciendo un acto de total injusticia y discriminación.
El conflicto llegó a tribunales, siendo realizados dos juicios, uno penal y otro civil. En el primero fueron absueltos, el segundo decidió que las 535 hectáreas le pertenecían a la empresa. El sustento del fallo fue un título de donación de 1896, en el cual, el entonces presidente José Evaristo Uriburu cedió 900 mil hectáreas a diez estancieros ingleses.
A pesar del desalojo, el 14 de febrero de 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque decidió volver a su territorio. “Ellos insisten en que tienen un papel, escritura le llaman, con eso dicen ser dueños. Nosotros mostramos nuestra sangre originaria, ancestral poseedora del lugar, ésa es nuestra prueba de posesión”, retrucaba Atilio Curiñanco.
Durante los últimos cuatro años, diferentes profesionales dieron cuenta de la posesión ancestral mapuche, además de aclarar que los derechos indígenas están vigentes en la Constitución Nacional, y en el Convenio 169 de la OIT.
A finales de febrero, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia realizaron el relevamiento territorial en la comunidad, de acuerdo a la aplicación de la Ley Nacional 26.160. Esta normativa frena los desalojos y ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la realización del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
Sin embargo, el juez Magallanes priorizó una norma inferior, el Código Civil, y dictaminó: “(Condenar a la comunidad) A restituir la posesión, libre de personas y/o cosas puestas por ellos en el plazo de diez días”.
Esto claramente demuestra de qué lado se encuentra la “justicia”, y el gobierno provincial y nacional, ya que desde estos espacios de poder se niega completamente la legítima reivindicación del pueblo Mapuche con respecto al territorio, amparando a los grandes terratenientes y las multinacionales explotadoras y saqueadoras.
Ante este panorama, las distintas organizaciones del campo popular seguiremos resistiendo en contra del avasallamiento hacia nuestros hermanos/as del pueblo Mapuche-Tehuelche y en solidaridad con otras comunidades que sufren las mismas vejaciones a lo largo y ancho del wallmapu.
WIÑOMULEAIÑ TAIÑ MAPU MEU (Volveremos a nuestros territorios)
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