Chubut: Sesiona en Madryn la Unión de Asambleas Patagónicas

 

En la tarde del sábado 16 de junio dio comienzo el tercer encuentro de la Union de Asambleas Patagónicas (UAP) en la Escuela N° 219 de Puerto Madryn.

Organizaciones, vecinas y vecinos de las provincias de Chubut, Neuquén y Rio Negro se dieron cita para debatir y poner en común las distintas experiencias de luchas en defensa del agua y el territorio.

Reunidos por provincias confluyeron en reflexiones por espacio de dos horas, al término de las cuales quedaron propuestas para seguir en la jornada de hoy domingo.

En la comisión de Chubut, la megaminería y el agua fueron el eje principal y las voces de Esquel, Trelew y Puerto Madryn, entre otras, se hicieron escuchar en torno al “proceso de urbanización deshumanizante” que viven las ciudades de esta provincia y el riesgo que corre la Cuenca Sacanana si los proyectos megamineros avanzan. En ese sentido en la agenda pública marca que legisladores y funcionarios declaran públicamente la intención de modificar o derogar la ley 5001 .

La posición de los pueblos originarios fue manifestada por el lonko Lucas quien expresó que “no se terminó la conquista del desierto, hoy nos contaminan y matan”.

Mientras en la comisión de Rio Negro y Neuquén hablaron de “nacionalizar los conflictos y realizar una articulación regional en torno al agua como elemento unificador de las luchas”.

Marcha de antorchas

Al atardecer un centenar de personas se congregaron en cercanías de la terminal de ómnibus, en Loma Blanca, un lugar sagrado ya que fue un cementerio de la comunidad tehuelche – mapuche de la zona. Allí el fuego crecía leño a leño, a la espera de las antorchas para llevar a la marcha. Con cánticos los y las manifestantes amenizaban la espera.

Ya con la noche y las estrellas como cubierta partió la columna embanderada con la consigna “No a la megaminería”. Bajaron de Loma Blanca al grito de “vecino, vecina, no sea indiferente, la megaminería está matando a mucha gente” o “canta el pueblo canta, canta de corazón, sin megaminería en la meseta, vamos a vivir mejor” y se internaron en las calles del centro de Puerto Madryn. La ruta a seguir eran el mercado la anónima  y las oficinas de Pan American Silver y la comisaria, donde según denunciaron asambleístas locales los jóvenes que son llevados allí sufren apremios ilegales.

Una vez llegados al frente de las oficinas de Pan American Silver se llevó a cabo una “clausura” simbólica con una faja de grandes dimensiones, ante la mirada de policías que custodiaban la puerta y que luego siguieron de cerca los movimientos de la marcha. La movilización prosiguió su camino y concluyó en el mismo punto desde donde partió.

Cena y cine

Al desconcentrar los y las manifestantes regresaron a la escuela sede del encuentro, donde mientras degustaban la suculenta cena (fideos caseros y cordero) también disfrutaron de videos sobre las marchas y acciones realizadas en las provincias sureñas este verano.

La lucha continua

Para la jornada del domingo se prevé el trabajo en comisiones para cerrar las acciones a seguir.

 

Fuente: Prensa UAC y RNMA

Bs. As: El adiós a un niño muerto

Rodrigo Simonetti tenía 11 años y vivía en la calle, cuando fue encontrado muerto el 11 de junio en Tolosa a causa de una brutal golpiza. Docentes del niño hicieron pública una carta expresando su dolor por lo sucedido y denunciando la situación de abandono en la que se encontraba Rodrigo y así como  tantos otros niños y niñas.

En esta semana hubo pocos avances en la causa, poco se sabe de lo ocurrido. La única certeza es que el niño sufría una precaria situación desde hace tiempo. "Te recuerdo con tu sonrisa y tu dulzura en tus primeros años en la escuela, cuando tenías frio, cuando tenías hambre", recuerda la profesora Paula.

La docente concluye su carta "El adiós a un niño muerto", diciendo que "tengo en mi cabeza a tantos otros inocentes como vos que sufren el desamor, la desidia y la desigualdad social". Luego diez profesores y profesoras, se sumaron a la iniciativa y firmaron la carta "¿Y ellos que hicieron?", refiriendosé al incumplimiento de las póliticas estatales destinadas a la infancia.

La Ley 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, contiene políticas y programas para aquellas niñas y niños cuyos derechos se encuentren vulnerados. También se planea un acompañamiento a los nucleos familiares. Sin embargo, según los docentes, la Ley 13.298 no se está cumpliendo y la escuela se encuentra muy sola a la hora de cumplir con su mandato de "incluir". En este sentido, explican en el texto que "cuando ocurre un hecho grave que involucra a un niño, o que tiene a uno o más niños como víctimas, la pregunta de rigor es: ¿Y qué hizo la escuela? Y nuestra pregunta es; ¿Dónde están las autoridades de aplicación de la Ley, y qué están haciendo ellos?".
Al conocerse lo sucedido, los medios locales aseguraron que con la instalación de "cámaras de seguridad" el asesinato de Rodrigo podría haber sido evitado. Por otro lado, los docentes apuntan a las causas previas que llevan a cientos de niños y niñas a estar en la calle, se preguntan por qué "el Estado no da el apoyo económico que debe dar, en tiempo y cantidad necesaria a los Hogares y Centros de día?¿No ven o no quieren ver a cada vez más niños y adolescentes que sin proyectos de vida buscan desesperadamente en las drogas sensaciones de 'bienestar'?".

La carta finaliza criticando la "sociedad próspera que se empeñan en mostrar cuando gran parte de nuestros chicos vive una cotidianeidad dura y áspera, de exclusión y violencia". En este sentido explican que "la escuela no puede ser LA institución que serevierta esta terrible realidad".

 

Fuente: Indymedia

 

 

1° Congreso de Salud Mental, Cárceles y Drogas

 Organizado conjuntamente por Locos, Tumberos y Faloperos y el Centro de Estudiantes Universitario de la Unidad Penal 31, de Florencio Varela se realizará, este martes 19 desde las 10:00 horas el 1° Congreso de Salud Mental, Cárceles y Drogas. La casilla de recepción de datos es: pinssen@yahoo.com.ar. La jornada se llevará a cabo bajo el lema: "La implementación de políticas de inclusión social sustitutivas del encierro como alternativa materialmente posible".

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

De 10:00 a 10:15 hs.

Presentación a cargo de los organizadores: el Centro de Estudiantes de la U.31 y el Espacio de Libre Expresión, Arte y Militancia LTF.

De 10:30 a 12:30 hs. Panel 1: Salud Mental y Adicciones:

Expositores:

1) Leonardo Gorbacz, Psicólogo, Ex Diputado Nacional, Autor de la Ley Nacional de Salud Mental.

2) Alberto Calabrese, Sociólogo, Especialista en Adicciones.

3) Santiago Gómez, Psicoanalista, Periodista de la Revista Hamartia y miembro de LTF.

13:00 hs. Intervalo. Almuerzo

De 14:00 a 16:00 hs. Proyección de Película Fortalezas:

1) Proyección

2) Charla Debate con la participación especial del Director de la película Tomás Lipgot

Intervalo.

De 17:00 a 19:00. Panel 2: Cárceles

Expositores:

1) Maximiliano Postay, Abogado (UBA), Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal (UB-Barcelona) y miembro de LTF.

2) Sebastián Cabezas, Abogado (Universidad de Valparaíso), Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal (UB-Barcelona) y miembro de LTF

3) Florencia Pérez Lalli, Lic. en Comunicación Social (UNLP), Presidenta de GESEC (Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles).

De 19:00 a 19:15

Palabra de cierre a cargo de los organizadores: el Centro de Estudiantes de la U.31 y el Espacio de Libre Expresión, Arte y Militancia LTF

Aclaración: Todos los horarios, menos el de inicio, son aproximados.

 

Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

Córdoba: Una madre contra el glifosato.

En el juicio a dos ruralistas y un piloto por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó, de Córdoba, la madre que inició los reclamos en 2001 contó su lucha contra los agrotóxicos. Su bebé nació sin riñones. Y tiene otra hija afectada.

Sofía Gatica dio a luz un niño con una malformación que le causó la muerte en pocos minutos. Era 2001 y había poco conocimiento sobre la toxicidad de los agroquímicos, pero la cantidad de mujeres rapadas por la quimioterapia y los niños con leucemia cubiertos con barbijos aumentaba por las calles de la capital cordobesa donde vivía la mujer. Incansable, realizó encuestas por el pequeño poblado de cinco mil habitantes, descubrió que el número de patologías era superior a lo normal, sentó denuncias y conformó el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo. Ayer, declaró como querellante en la segunda jornada del primer juicio oral y público penal de Argentina por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud en zonas urbanas. El tribunal escuchó además otros tres testimonios.

Tras la exposición de la situación sanitaria realizada ayer, la segunda jornada de audiencias tuvo como protagonistas a los pobladores de Ituzaingó Anexo, unas 30 manzanas ubicadas en la periferia de Córdoba Capital que limitan con áreas rurales al norte, este y sur. El juicio unifica dos demandas de 2004 y 2008 por contaminación producto de fumigaciones aéreas y terrestres de agroquímicos en detrimento de la salud de las 1200 familias que tiene aproximadamente el barrio. Los imputados por el delito de “contaminación dolosa” –cuya pena prevista es de tres a diez años de cárcel– son dos productores, Francisco Parra y Jorge Alberto Gabrielli, y el propietario y piloto del avión fumigador, Edgardo Jorge Pancelli. En caso de comprobarse la vinculación entre fumigaciones y muerte, la figura por la que se los acusa, podría ser agravada con penas de 10 a 25 años de prisión.

Gatica fue la primera testigo de la tarde. El 24 de febrero de 2004 denunció que en el “campo de Parra”, al este del barrio, aplicaban agroquímicos con un equipo terrestre, “mosquito”. En aquella ocasión, el allanamiento realizado por orden de la fiscalía local logró identificar los restos de los productos utilizados, pero la investigación quedó cajoneada. Su pelea, no obstante, había comenzado en 2001, cuando tuvo un hijo que murió a los minutos del parto por una malformación: nació sin riñones. Conmovida por la cantidad de casos de cáncer que había en el barrio y por la muerte de su bebé, hizo la primera encuesta sanitaria del barrio. Relevó dos manzanas, con la ayuda de quienes luego conformarían el espacio Madres de Ituzaingó.

“Desde entonces hasta 2010 encontramos 193 casos de cáncer entre los vecinos, además de otras malformaciones como púrpura o labio leporino”, explicó Gatica, galardonada este año con el premio Goldman por su defensa del medio ambiente. La mujer tuvo que mudarse hace más de un año para resguardar su salud y la de su hija de 17 años, que está en pleno tratamiento de desintoxicación, luego de que detectaran que su sangre convive con dos plaguicidas. Las madres denunciaron casos de alergias respiratorias y en la piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones y cánceres. “En el 2003 lograron una ordenanza que estableció la distancia mínima de fumigación de 200 metros, pero los sojeros preferían pagar las multas, lo hacían de noche o en feriados. Ellas siempre estaban ahí tratando de pararlos”, contó a Página/12 Medardo Avila Vázquez, el otro querellante.

La audiencia había comenzado a la mañana con la declaración de Marcela Ferreyra. La vecina tuvo en 2004 un chico que murió en el primer día de vida también por una malformación. “Había quedado embarazada a principios de octubre, en coincidencia con la época del año en que se fumiga intensamente en los campos. Al menos dos veces por semana, el embrión recibía directamente el veneno que era rociado vía aérea”, detalló Avila Vázquez, que es médico y fue subsecretario municipal de Salud. La mujer contó al tribunal de la Cámara 1ª del Crimen que la fumigación se hacía de noche y que el cielo quedaba tapado bajo una “nube blanca”. “El olor se sentía en el aire a la mañana siguiente”, dijo. Luego, declararon Pablo Vargas, un vecino que fotografió la fumigación del 11 de febrero de 2001, y Norma Herrera.

“Sabemos que los imputados son el eslabón más débil de este modelo de agricultura tóxica que se aplica en más del 50 por ciento del país”, apuntó Avila Vázquez. “Aquí intervienen grupos económicos, como Monsanto, y grandes productores. Sin embargo, los acusados sabían lo que hacían, actuaban a conciencia y por dinero. No tienen perdón.” Las audiencias continuarán hasta al menos el martes, cuando está prevista la declaración del investigador del Conicet Andrés Carrasco, que estudió el efecto letal del glifosato en embriones.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-196270-2012-06-13.html

La Pampa: Los médicos del hospital de General Pico se niegan a hacer abortos no punibles.

Los 9 médicos del Servicio de Tocoginecología del Hospital Gobernador Centeno de General Pico, La Pampa, decidieron negarse a realizar abortos a mujeres violadas, alegando razones de conciencia. Así lo confirmó el jefe de ese servicio, Hugo Gianssen, con lo que allí no se cumplirá con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en marzo de este año estableció que todas mujeres víctimas de violación tienen derecho a realizarse un aborto sin que se considere delito. El doctor Gianssen aseguró que “aquí en el hospital Centeno al menos no va a poder realizarse” los abortos no punibles.

El médico relató que “recibimos el acta del Ministerio de Salud, que es el protocolo del procedimiento para la atención del paciente, nos juntamos en el servicio el otro día, debatimos y después cada uno por su cuenta decidió qué hacer, se charló en conjunto pero después cada uno tomó su decisión y coincidió en que todos tuvimos la misma decisión”.

Gianssen argumentó que “nosotros como médicos en general fuimos formados, y sobre todo los que tenemos más edad, siempre se nos ha inculcado el concepto contrario, defender la vida y esas cosas, entonces yo creo que por ahí pasa la decisión de cada uno”.

En su fallo de marzo pasado, los jueces de la Corte establecieron que el aborto no es delito en cualquier caso de violación y que para realizarlo no se debe pedir autorización a la justicia. De este modo dejaron atrás las distintas interpretaciones que se hacían del artículo 86 del código penal que establece que la interrupción del embarazo no será sancionada “si corre peligro la vida o la salud de la madre” o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Muchos jueces interpretaban que el artículo sólo hablaba de la violación de una mujer con discapacidad mental, pero la Corte dejó en claro que se refiere a todos los casos de violación. Los jueces supremos exhortaron, entonces, al gobierno nacional y a las provincias a fijar protocolos hospitalarios para garantizar la realización de estos abortos no punibles y para la asistencia integral a las víctimas.

Fuente: http://www.farco.org.ar/index.php/es/actualidad/1526-los-medicos-del-hospital-de-general-pico-se-niegan-a-hacer-abortos-no-punibles.html

Bs. As: Vamos por la Ley Sanitaria, Vamos por la Vida

A nuestra redacción llegó el siguiente comunicado de los y las vecinas autoconvocadas de Berazategui, referente a la subestación Rigoulleau.
Berazategui, 30 de Mayo de 2012

 Los vecinos autoconvocados, por el traslado de la subestación Rigolleau, invitamos a toda la comunidad a sumarse a la  Audiencia Pública “Campos electromagnéticos y su impacto en la salud”, a realizarse el día Lunes 11 de Junio, a partir de las 14 hs. en el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, Riobamba y Rivadavia.

A pesar de la gran cantidad  de personas enfermas y fallecida, entre ellas  niños con leucemia infantil, en todo el país, no hay  una Ley Sanitaria que  proteja  a la población. de la emisión de campos CEM ( campos electromagnéticos) de subestaciones eléctricas, cableados de media y alta tensión y de antenas de telefonía celular.

El ENRE, organismo que debería regular y controlar  a las empresas en defensa de la vida y del bienestar de los ciudadanos,  nada controla  y además  se sigue rigiendo por una Resolución obsoleta, la 77/98, que se refiere al medio ambiente y no a la salud humana,  permitiendo  25 micro teslas, cuando organismos internacionales alertan desde hace muchos años sobre la electropolución y numerosos estudios científicos prueban que una exposición prolongada a una emisión mayor a  0,4 microteslas está asociada al  cáncer y a la leucemia infantil, entre otras enfermedades.

Los vecinos venimos informando y alertando desde hace 8 años sobre el peligro al que estamos expuestos, la única respuesta ha sido la represión y la continuación de estas obras sin importar la salud de los ciudadanos.

Por eso hoy más que nunca seguimos adelante luchando por la salud de todos e invitamos a sumarse en defensa de la vida.

 

No a las subestaciones eléctricas en zonas pobladas

No a los cables de alta tensión en las veredas de los vecinos

No a las antenas de telefonía celular

 

La contaminación no discrimina, enferma  y mata a todos por igual

Caminemos juntos por la salud de todos y por las generaciones futuras.

 

Fuente: Vecinos por la vida

Córdoba: Ya hay fecha para el juicio.

Será el 11 de junio. Se trata del primero en el país que pone en jaque el Córdoba: Ya hay fecha para el juicio para el cultivo de soja. La causa es la concreción judicial de una lucha emprendida desde hace diez años.

Primero, se calculó que sería a mediados de febrero. Después, la causa del 2008 se unificó con otra del 2004, por ende la fecha se postergó para mediados de este año. Finalmente se concretó en una fecha: 11 de junio. Es el día que se pondrá en marcha el primer juicio contra las fumigaciones con agro-químicos y la que pondrá en vilo el negocio sojero.

Sofía Gatica, la vecina que puso en marcha el grupo Madres de Ituzaingó Anexo, confirmó a Ideas Casi Principales la fecha concreta del juicio. Se trata de la materialización judicial de una lucha que emprendió ella, junto con las vecinas del barrio, para poner fin a las actividades emprendidas en los campos sojeros que se encontraban apegados a las viviendas de la zona. En el banquillo de acusados, para la causa del 2008, estarán Francisco Parra, Jorge Gabriello (productores agropecuarios) y Edgardo Pancello (piloto fumigador). El primero es el único acusado en la causa del 2004.

En el caso del 2008, se los acusa por quebrantar el artículo 55 de la ley nacional de desechos peligrosos (24.501), donde hace enganche con el artículo 200 del Código Penal, que otorga penas de entre tres y diez años de prisión. La denuncia, emprendida por Medardo Ávila y Dario Avila, permitió el allanamiento de los campos por orden del fiscal Carlos Matheu, donde se descubrió que se utilizaron glisfosato y endosulfán. Mención aparte merece que la ley provincial 9.164 prohíbe el uso de este tipo de químicos dentro de un radio de 500 metros para el primero y 1500 metros para el segundo, del límite de las zonas urbanas.

La lucha de las Madres empezó en el 2001, con la aparición de casos de cáncer en el barrio, abortos prematuros y nacimiento de bebés con malformaciones. Se calcula que ha habido 200 casos de vecinxs con este tipo de problemas. Las apariciones de una avioneta, fumigando los campos, permitió que la sospecha cayera en los cultivos de soja.

Fuente: http://juicioalafumigacion.com.ar/ya-hay-fecha-para-el-juicio/

Bs As: Paro de actividades de la APJ GAS.

COMUNICADO DE PRENSA

Gas Natural BAN:

La APJ GAS (Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines - Personería Gremial 397) desea informar a los medios de comunicación y por su intermedio al público usuario del servicio de gas natural, que nos vemos en la obligación de iniciar medidas de fuerza en Gas Natural BAN S.A. (distribuidora de las zonas norte y oeste del Gran Buenos Aires) a partir de este lunes 28 de mayo de 2012.

 Llegamos a esta situación debido a no haber obtenido resultado positivo en la discusión paritaria por la pauta salarial para el año 2012 y a la evidente política de achique que viene llevando adelante la empresa y que coloca al servicio público y a los puestos de trabajo en serio riesgo.

Un sistema de tercerización extendido en áreas sensibles del servicio público que genera mayor erogación de la necesaria, fomenta la precarización de las relaciones laborales  y al mismo tiempo no garantiza la realización de las tareas en forma eficiente y segura.  La venta de activos, fundamentalmente Sucursales, lesionando las condiciones del Contrato de Transferencia y dejando a las comunidades de los municipios afectados sin la posibilidad de obtener una adecuada atención a los usuarios.  La manifiesta intención de Gas Natural BAN de llevarse fuera del país (España, Brasil y Colombia) bases de información y trabajo concreto.  Una dinámica de vaciamiento que coloca a los trabajadores en Alerta Máxima y al servicio público en el área más poblada de la Provincia de Buenos Aires en estado de debilidad tanto operativa como de planificación y control, de soberanía y de seguridad.

Defender nuestro salario, los puestos de trabajo y la soberanía energética es parte del mismo objetivo.

Por estas razones, los trabajadores/as de Gas Natural Ban iniciamos un plan de lucha a partir de las 06:00 horas del lunes 28 de mayo y nos movilizamos a la puerta de su sede central, ubicada en Isabel La Católica 939 - Barracas.

Dejamos constancia que los trabajadores sólo atenderemos emergencias graves que puedan poner en riesgo la integridad de los usuarios, y hacemos responsable a Gas Natural BAN por los inconvenientes que esta situación pueda generar.

Concentraremos a las 12 hs en Sede Central de Gas Natural BAN

Isabel La Católica 939 - Barracas

 Fuente: Otro Camino

Cordoba: 29 de mayo, El Cordobazo.

 

Se conoce como Cordobazo a un importante movimiento de protesta ocurrido en Argentina el 29 de mayo de 1969, en la ciudad de Córdoba, una de las ciudades industriales más importantes del país. Su consecuencia más inmediata fue la caída del gobierno de Juan Carlos Onganía, y cuatro años después, el retorno de la democracia.

Córdoba se había convertido en la capital industrial del interior. En ella estaban instaladas la mayoría de las fábricas de automotores del país, una industria moderna propiedad de poderosas sociedades extranjeras como Fíat y Renault. Esta última había adquirido las instalaciones de Industrias Kaiser Argentina, IKA, de origen estadounidense, radicada en Córdoba desde 1955 y dedicada a la producción de automóviles. Los obreros industriales que trabajaban en esas plantas recibían salarios más altos que el salario promedio industrial percibido en otras provincias. Como resultado de todos estos factores, en la ciudad de Córdoba se profundizó el proceso de urbanización.

En mayo de 1969, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto por el cual se derogaban los regímenes especiales sobre el descanso del sábado inglés en Mendoza, San Juan, Tucumán y Córdoba. Al mismo tiempo también anunció el congelamiento de los convenios colectivos y de los salarios.

En Córdoba, las regionales de SMATA - el Sindicato de los Mecánicos de Automotores y Transportes de la Argentina -, de Luz y Fuerza y la UTA - Unión de Tranviarios Automotor- convocaron a una asamblea general. Las conducciones de estos tres sindicatos, cuyos trabajadores recibían los salarios más altos del país, lideraron la protesta. La sesión de esa jornada terminó con un enfrentamiento con la policía y un llamado al paro general.

El 29 de mayo de 1969, obreros y estudiantes cordobeses y de otras provincias salieron unidos a las calles de Córdoba. Ante la magnitud de la movilización; Onganía ordenó que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la represión. La protesta fue un hecho localizado en la ciudad de Córdoba y como resultado de los enfrentamientos hubo presos, decenas de heridos y 16 muertos, algunos ajenos a la manifestación.

La protesta se extendió a otras provincias. Rosario fue declarada zona de emergencia y colocada bajo jurisdicción militar. También se profundizaron los conflictos en la provincia de Tucumán. El cordobazo fue el inicio de un proceso de agudización de la protesta social y la lucha armada que, desde entonces y por varios años, se desarrolló en la sociedad argentina.

Un rasgo original del movimiento estudiantil de 1969 fue el ejercicio de la crítica a la organización, los contenidos y la práctica de la enseñanza. Es cierto que esta línea de acción estudiantil fue uno de los argumentos centrales de la Reforma de 1918, y el movimiento estudiantil reformista siempre manifestó una genuina preocupación por lo que se denominaba la cuestión de la calidad de la enseñanza. Lo distintivo de 1969 fue la radicación de los planteamientos y el inicio de lo que podríamos llamar acción directa en muchas cátedras, escuelas y facultades, contra los profesores que eran considerados los representantes más evidentes del statu o la política de la dictadura en lo académico: mala calidad de sus conocimientos, desactualización, falta de pluralismo en los discursos, autoritarismo en la relación docente - alumno.

Lo novedoso respecto de la práctica anterior del movimiento reformista estuvo dado por la masividad de la participación y la generalización de los reclamos hasta constituirse en una demanda general que abarcó prácticamente a toda la universidad.

Además, los reclamos relacionados con la calidad de la enseñanza se convirtieron en el eje de una movilización activa e inmediata. (Tomado de Horacio Crespo y Dardo Alzogaray, Los estudiantes en el Mayo cordobés).

Luego de los sucesos del Cordobazo, los distintos sectores sociales analizaron los hechos con la intención de encontrar su significado.

Los empresarios de la Confederación General Económica y el sindicalismo participacionista y vandorista explicaron el Cordobazo como el resultado de la aplicación de una política económica y social liberal que, por no contemplar los costos sociales, generaba tensiones que se habían acumulado y que finalmente explotaron en aquel episodio. Frente a esta situación, proponían la conformación de una alianza social entre algunos sectores de las Fuerzas Armadas, los empresarios nacionales y los trabajadores. Reconocían la importancia de las inversiones de capital extranjero pero sostenían la necesidad de un mayor control sobre ellas.

Tanto la CGE como la CGT propusieron la sustitución de Krieger Vasena. Ambas entidades entendían que las movilizaciones populares que se habían extendido en todo el país después del Cordobazo, podían servir como elemento para presionar al gobierno y lograr cambios en la orientación de las políticas que favorecieran sus intereses.

Los principales medios periodísticos y amplios sectores de la gran burguesía industrial tenían una lectura diferente de la situación. Desde el punto de vista de estos sectores, los acontecimientos ocurridos en el interior fueron el resultado de la falta de autoridad del gobierno frente a lo que entendían era el avance del comunismo internacional. Criticaron que el gobierno no hubiera desmantelado la capacidad de organización de los sindicatos y que no hubiera ordenado reprimir con mayor dureza los desbordes sociales.

Desde el punto de vista de las organizaciones de la izquierda peronista y los partidos y agrupaciones de izquierda no peronista, el Cordobazo significaba el comienzo de la revolución social que conducía al país hacia el socialismo.

Por su parte, los partidos políticos tradicionales, el peronismo y el radicalismo pensaban que la violencia social tenía que tener como objetivo la recuperación de la democracia. Sostenían que la vida política del país debía reencauzarse en las instituciones del sistema republicano.

Para los sectores liberales más tradicionales, el Cordobazo representaba la pérdida del orden y la confirmación de la imposibilidad de consolidar un modelo económico de crecimiento y de estabilidad sobre la base de los valores nacionales.

El Cordobazo provocó varias renuncias en el gobierno. Fueron reemplazados el general Imaz, ministro de Interior y hombre de confianza de Onganía, y el ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena.

Krieger Vasena fue reemplazado por Dagnino Pastore, un técnico alejado de las expectativas de la CGE y la CGT pero que tampoco contaba con la confianza de la gran burguesía industrial. Rápidamente disminuyeron las inversiones y se aceleró la inflación.

Los sectores militares liberales comenzaron a planear el desplazamiento de Onganía del gobierno. Para la gran burguesía industrial y la mayoría de las Fuerzas Armadas, los tiempos de Onganía al frente del gobierno habían llegado a su fin.

Hacia 1970, estos sectores no tenían muy claro qué tipo de sistema iba a reemplazar al instaurado por Onganía. No estaban de acuerdo con la política negociadora de Onganía con los sindicatos, pero consideraban necesario encontrar una salida política que contuviera la presión social y obtuviera cierto consenso entre algunos sectores de la sociedad.

También para los sectores más conservadores, el Cordobazo había puesto en evidencia las limitaciones del Estado burocrático autoritario implantado en 1966.

Después del Cordobazo, el clima de violencia social se agravó. El 30 de junio de 1969, el gobierno declaró el estado de sitio en todo el país. Esta medida, que significaba la suspensión de las garantías constitucionales de los ciudadanos fue justificada para "dotar al gobierno del instrumento legal adecuado para asegurar la paz y el orden en todo el territorio de la república".

Sin embargo, entre junio de 1969 y mayo de 1970 se produjo una serie de acontecimientos violentos y movilizaciones sociales que tuvieron profunda repercusión en toda la sociedad y que terminaron de debilitar la posición de Onganía.

Sin duda, el hecho decisivo que precipitó la caída de Onganía fue el secuestro del general retirado y ex presidente Pedro Eugenio Aramburu por los Montoneros en el mes de mayo de 1970. Aramburu fue asesinado el 1 de junio y su cadáver fue encontrado unos días después.

El 8 de junio, la Junta de Comandantes dio a conocer un comunicado en el que anunciaba que "las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a otorgar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo Nacional". Finalmente, esa noche, Onganía presentó su renuncia.

Fuente: Otro Camino

Entre Ríos: Procesamiento de compañeros por defender el medio ambiente.

Llegó a nuestra redacción el comunicado de la Asamblea ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, referente al procesamiento de cuatro compañeros que luchan contra la instalación de Botnia-UPM.
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, ONG creada por vecinos y vecinas que se oponen a la construcción de un polo industrial productor de pasta de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, argumenta que dichas industrias producirán un efecto negativo en el medio ambiente de la zona, que se trasladaría al turismo, motor de la economía de Gualeguaychú.


Comunicado de Prensa:

    El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay nos ha sorprendido con el procesamiento de cuatro ciudadanos, por el lamentable accidente ocurrido el 26 de abril de 2009, en ocasión de la realización de la 6º Marcha al Puente Internacional ante la instalación ilegal y clandestina de la empresa “Botnia” hoy “UPM”, la “ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL DE GUALEGUAYCHÚ”, se solidariza con nuestros compañeros de lucha expresando lo siguiente:
 
        •Seguimos cautivos de una persecución judicial donde permanentemente se lleva a los estrados hechos y acciones relacionados con la defensa del medio ambiente y la lucha contra la instalación de Botnia-UPM. Mientras tanto, no existe el mismo interés en impulsar la Causa “Busti”, abierta contra “Botnia” por tentativa de contaminación, donde ni siquiera se ejecuta la citación a indagatoria de los directivos de la empresa.
        •Se endilga responsabilidades (presuntas “omisiones”) a cuatro vecinos elegidos al azar quienes no tuvieron intervención alguna en lo ocurrido. Se los culpa de una situación que fue producto de las malas condiciones climáticas y responsabilidad de las autoridades del Estado que tenían a su cargo el control y cuidado de la ruta.
        •No vemos la misma correspondencia del Poder judicial ni del Estado nacional en requerir, informar y cumplir lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto de los monitoreos constantes impuestos para la preservación del Río Uruguay.
        •El Estado nos deja en situación de “abandono” al no ejercer los derechos soberanos frente al avasallamiento de la empresa finlandesa descontrolada y con plena facultades para incumplir ordenes judiciales, violar tratados y burlar los parámetros y normas ambientales, incluso las establecidas por la propia R.O.U.
        • Afirmamos que es injusto e ilegal reprochar “omisiones” a vecinos inocentes, que se preocupan y ocupan de deberes que están a cargo de organismos del Estado, como la “CARU”, que se ha desentendido de sus obligaciones básicas y de lo resuelto por la CIJ. de La Haya. Ahí existe una “omisión” y no en los compañeros “asambleístas” injustamente procesados.
        •Por esos motivos, condenamos el fallo judicial dictado por el Juez Federal, reclamamos el sobreseimiento o la absolución las personas procesadas y seguimos insistiendo para que se tomen las medidas dirigidas a confirmar la afectación de nuestros recursos por parte de “Botnia”, hasta lograr que se vaya del río Uruguay, dónde ha sido ilegalmente instalada.
SI A LA VIDA!!! NO A LAS PAPELERAS!!!

Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú
San José de Gualeguaychú 19 de mayo de 2012

                                                                                  Fuente: Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas

Bs As: Repudio a la visita de Álvaro Uribe.

El ex mandatario genocida asistirá el 23 de mayo próximo al teatro Gran Rex para participar del WON Leadership, evento que responde a una estrategia política de intereses neoliberales contra los pueblos que luchan en América.
Álvaro Uribe Vélez (quien antes de ser presidente fue declarado por el Pentágono como el No.82 en el ranking de los narcotraficantes más peligrosos del mundo) dejó un país con cerca de 5 millones de desplazados/as internos, 62.000 desaparecidos/as, 3.000 ejecuciones extrajudiciales, 70% de la población en condición de pobreza y miseria, el tercer puesto mundial en desigualdad económica, 12% de niños/as en condición de desnutrición crónica, 11% de desempleo, más de 7.500 prisioneros/as políticos, 6,5 millones de hectáreas despojadas al campesinado, el 52% de la tierra en manos del 1% de los propietarios, el país más peligroso del mundo para la organización sindical y uno de los más peligrosos para ejercer el  periodismo. Cerca del 6% del Producto Interno Bruto del país se destinó a la guerra, mientras la educación y la salud fueron fatalmente desfinanciadas y privatizadas.
Denunciamos que su Política de Seguridad Democrática, mostrada como ejemplo a seguir por otros gobiernos de la región, responde a lineamientos impuestos por Estados Unidos en el marco de la "lucha contra el narcotráfico y el terrorismo". Entre 2001 y 2010, a través del Plan Colombia (que se transformó en el Plan Patriota), Estados Unidos destinó más de 5.000 millones de dólares a las Fuerzas Militares colombianas, posicionando al país como el tercer receptor en el mundo de ayuda militar estadounidense, además de operar desde siete bases en territorio colombiano. En el mismo periodo se negoció la firma del Tratado de Libre Comercio, que lo único que hace es acentuar las asimetrías sociales y legalizar la usurpación de los recursos naturales que pertenecen al pueblo.
Durante toda su vida política, Álvaro Uribe Vélez ha tenido nexos comprobados con grupos paramilitares, y como producto de ello, hoy por hoy varios de los miembros de su gabinete están procesados judicialmente. Sínicamente, en su calidad de expresidente, creó una fundación vinculada a la derecha más recalcitrante del hemisferio, mediante la que se promueve la impunidad y la desarticulación de los procesos de transformación social en América.
Aunque compañeros/as han sido arrestados/as y criminalizados/as, madres siguen buscando a sus hijos/as  desaparecidos, niños/as han visto masacrar sus familias y pueblos enteros han sido convertidos en fosas comunes, el pueblo colombiano resiste dignamente. Hacemos un llamado a la solidaridad de los pueblos del mundo, entendiendo que el modelo impulsado por Uribe no es asunto del pasado, por el contrario se sigue profundizando con el gobierno de Juan Manuel Santos y se convierte en amenaza latente para toda la región.
Las cifras que el ex presidente colombiano ha dejado en su país, tras su doble mandato, son escalofriantes: cerca de 5 millones de desplazados internos, 62.000 desaparecidos y desaparecidas, 3.000 ejecuciones extrajudiciales, 70% de la población en condición de pobreza y miseria, 12% de niños en condición de desnutrición crónica, y más de 7.500 presos políticos. En ese marco, cerca del 6% del Producto Interno Bruto del país se destina a la guerra, mientras la educación y la salud fueron desfinanciadas y privatizadas. A su vez, Colombia es hoy el país más peligroso del mundo para la organización sindical y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.
En su intento de “asesorar” a la derecha continental, Uribe llega a Buenos Aires justo luego de un vendaval de declaraciones contra Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, y en apoyo al candidato del imperialismo en las próximas elecciones venezolanas: Henrique Capriles Radonski. Incluso su arribo, justamente, se da en el marco del WON Leadership, evento que responde a una estrategia política de intereses neoliberales contra los pueblos que luchan en Nuestra América.
Por ello,  el ALBA de los Movimientos Sociales Capitulo Argentina acompañará a las organizaciones sociales colombianas que se movilizarán el miércoles próximo en repudio a la llegada de tan nefasto personaje.
Repudio a la visita de Álvaro Uribe Velez a Buenos Aires
Miércoles 23 de Mayo, 14 hs, Obelisco.

 

                                                       Fuente: ALBA de los Movimientos Sociales Capitulo Argentina
                            http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=8529:repudio&catid=46:a-l&Itemid=76

Formosa: Atropello de domicilio y amenazas de muerte

A continuación un breve informe, que llega a nuestra redacción, de los acontecimientos ocurridos el pasado domingo en Formosa.  

El día domingo 13 de mayo, del presente año, siendo las 06 horas de la mañana, como es de costumbre mi mamá (Limpia Romero) se encontraba en su domicilio, en el barrio San Miguel de la localidad de Gral. M. Belgrano, provincia de Formosa. Ella estaba acompañada de mi hermana (Lina), mi hermano (Ale) y 4 nietitos absolutamente indefensos.  Todos se estaban preparando para ir a la chacra (campo). En ese momento un grupo de más 10 personas, en aparente estado de ebriedad, quienes portaban armas como cuchillos, machetes, palos y botellas empezaron a pedir plata, insultar y a amenazar de muerte a mi mamá, a los niños, a mi hermana Lina y a mi hermano Ale, además nombraban a los demás miembros de la familia López. Acto seguido atacaron la casa a botellazos y ladrillazos. Alrededor 07:00 hs se hicieron presente 2 efectivos policiales de la comisaría local mientras los agresores se dispersaban por la zona.

 El domingo 13 y luego el lunes 14 de mayo respectivamente,  mi mamá se hizo presente a la comisaria de Gral. Belgrano a radicar la denuncia correspondiente.

 En esta oportunidad deseo denunciar que es la tercera (3) vez que personas con conductas violenta, con auspicio y protección política local, atacan el domicilio de mi madre y de mi hermana. Mi mamá está cansada de recurrir a las autoridades sin que hasta la fecha logre ninguna garantía a su seguridad personal y la de su familia.

Estamos extremadamente preocupados por la impunidad de la que gozan las personas violentas en Gral. Belgrano; esperamos que de una vez por todas las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y se pongan a trabajar por la convivencia pacífica y armónica de la comunidad.

 Atentamente

 Benigno López

Movimiento Campesino de Formosa.

Fuente: Militancia comunista

G.B.A: Gobierno extendió por 30 días proceso de nacionalización de YPF.

Ante la falta de inversión por parte de la española Repsol en YPF, Argentina se vio obligada a importar hidrocarburos por la suma de nueve mil 300 millones de dólares durante el 2011 generando un importante gasto a la nación suramericana.

El Gobierno extendió este miércoles por 30 días el proceso de nacionalización del 51 por ciento de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) por la "magnitud y complejidad de las tareas para la intervención" de la empresa. Asimismo, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof fueron ratificados al frente de esta labor.

En el decreto 732, publicado en el Boletín Oficial y firmado por la presidenta argentina, Cristina Fernández, y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se indica que la medida "determina la necesidad de continuar con la intervención (...) Prorrógase, desde su vencimiento, la intervención de YPF Sociedad Anónima y de Repsol YPF Gas S.A. que fuera dispuesta por los decretos 530 del 16 de abril de 2012 y 557 del 18 de abril de 2012, por un plazo de 30 días".

La resolución oficial también ordena prorrogar por 30 días "la designación como Interventor de YPF Sociedad Anónima y de Repsol YPF GAS S.A. del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido" quien deberá "continuar en el ejercicio de las funciones y facultades conferidas en los decretos referidos en el artículo procedente".

Asimismo, el Gobierno argentino extiende por igual plazo "la designación como subinterventor de YPF Sociedad Anónima y de Repsol YPF GAS S.A. del secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof" para que continúe en el ejercicio de las funciones y facultades conferidas en los decretos referidos".

El pasado mes de abril, el Senado aprobó el proyecto de nacionalización del 51 por ciento de YPF ante el hecho de que la española Repsol no invirtió lo suficiente en la empresa de crudo. Esta situación obligó a la importación de hidrocarburos por nueve mil 300 millones de dólares en 2011.

La presidenta Cristina Fernández había argumentado frente a este gasto, que se estima para este año en 12 mil millones de dólares, que es necesario el autoabastecimiento del combustible, como ocurría antes de la privatización de YPF en la gestión del expresidente Carlos Menem (1989-1999).

Fuente: http://www.telesurtv.net/articulos/2012/05/16/gobierno-de-argentina-extendio-por-30-dias-proceso-de-nacionalizacion-de-ypf

Bs As: Acampe estudiantil contra el cierre de cursos.

Desde el martes 15 de mayo los y las estudiantes del Comercial 5 de Buenos Aires realizan un acampe frente al edificio, en Entre Ríos e Independencia, junto a padres, madres y docentes que se mantienen en Asamblea Permanente en protesta por el cierre de 5° Año 2° División. Hoy a las 8 de la mañana se hará una Asamblea para evaluar la continuidad de las medidas.

A continuación el comunicado:

Acampe en el Comercial Nº5 - CABA

Los estudiantes del colegio Comercial Nº5 nos encontramos realizando un acampe en reclamo por el cierre del 5to año de nuestro colegio. Esta medida que impulsamos está apoyada fuertemente por docentes de nuestro colegio y creemos también que es una forma de solidarizarnos con los demás establecimientos educativos que se encuentran en la misma situación.

Esta medida que decidimos tomar, está enmarcada luego de tres fracasadas reuniones con representantes del Ministerio de Educación, en las cuales claramente se nos ha tomado el pelo en vez de darnos respuestas.

A pesar de las instancias de diálogo y propuestas se nos ha comunicado el lunes 14 de mayo, que los estudiantes debemos agruparnos en un solo curso, dando por oficial el cierre total del 5to año, sin darnos alguna explicación mayor y sin tener en cuenta de los derechos que como estudiantes tenemos.


Por este motivo, reunidxs en Asamblea todos los estudiantes, decidimos como plan de lucha realizar este acampe con Asamblea de por medio y comunicando a todos los vecinos la situación que estamos atravesando.


Convocamos a Estudiantes, Agrupaciones Sociales, vecinos/as a solidarizarse haciendo presencia en nuestro acampe de Entre Ríos e Independencia.


Llamamos a todos los medios a una conferencia de prensa a las 20hs en el lugar del corte

 ¡¡No al cierre de cursos en la Ciudad de Buenos Aires!!


CENTRO DE ESTUDIANTES COMERCIAL Nº5

Fuente: http://www.anred.org/article.php3?id_article=5038

Buenos Aires: Tinogasta Resiste Bs As

Grupos no identificados realizaron pintadas durante esta madrugada en la Casa de la Prov. de Catamarca en la Ciudad de Bs. As. en repudio a la represion ocurrida ayer por la tarde en la localidad de Tinogasta, en la que ambientalistas que participan de la asamblea fueron brutalmente golpeados y desalojados para garantizar el paso de camiones por la ruta. El saldo de la jornada fueron 3 detenidos y procesados y multiples heridos. Se realizaron jornadas de protestas en distintos puntos del pais y de aqui en Bs. As. nos llegaron estas fotos.

Tinogasta Resiste!

Basta de reprimir a lxs q luchan!

Abajo la megamineria!
 

Desde ATEN CAPITAL  repudiamos la represión y detención de miembros de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua de  Tinogasta.

Queda demostrado una vez más, como los intereses de las multinacionales están por encima de los intereses de las comunidades que defienden sus derechos.

Responsabilizamos al gobierno provincial y nacional por estos hechos, y exigimos que cesen estas acciones represivas.

Toda la solidaridad con el pueblo de Tinogasta que mantiene su lucha contra estas empresas mineras que se enriquecen, contaminando nuestros territorios.

Fuera “Bajo La Alumbrera” y todas las mineras contaminantes.

 

 

Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), con la consigna que siempre nos reune, tocan a uno tocan a todos, convoca para este  lunes 14 de mayo a las 18hs. a escrachar la Casa de la Provincia de Catamarca, Córdoba 2080.

En el día de ayer la policía de Fiambalá reprimió a los asambleístas de Tinogasta que sostienen el corte selectivo e informativo sobre la ruta Nacional 60, impidiendo el paso de camiones con insumos para las megamineras transnacionales, desde el 29 de enero de este año.

Tres asambleístas fueron detenidos por fuerzas represivas que escoltaban camiones de la empresa La Alumbrera. Los compañeros fueron brutalmente golpeados y reducidos con gas pimienta, y su paradero fue oculto por más de una hora.

Estos hechos se suman a la permanente embestida del poder político y judicial, provincial y nacional, que en las últimas semanas ha imputado a 51 luchadores de esta asamblea con causas inventadas en un intento por levantar el corte, medida legitimada por los vecinos de Tinogasta y por todos los pueblos en lucha de Argentina.

Repudiamos las acciones llevadas adelante por las fuerzas represivas, rechazamos la instalación y funcionamiento de las empresas megamineras en nuestro país, y exigimos a los gobiernos municipal, provincial y nacional que cesen las agresiones y el hostigamiento hacia el pueblo de Tinogasta, y escuche la voz de nuestros reclamos.

Por todo esto, convocamos a realizar un escrache en la Casa de la Provincia de Catamarca, el día lunes 14 de mayo a las 18hs, en Córdoba 2080 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Marchan el lunes a 10,30 hs al juzgado federal de Tucumán, donde presentaran un escrito formal pues tienen jurisdicción en Catamarca, de ahí marcharán a la casa de gobierno en la Plaza Independencia para visibilizar lo que esta ocurriendo en Tinogasta.

 

El pasado sábado 12 de mayo, la policía de Fiambalá que escoltaba a tres camiones de transporte vacíos de la empresa Bajo de la Alumbrera en camino hacia Chile, reprimió salvajemente a miembros de la Asamblea de Ciudadanos por el Agua y por la Vida, de Tinogasta, que cumplían sus guardias en la ruta nacional 60 con el fin de evitar el paso de los camiones con explosivos, químicos y maquinaria para ser utilizados por la megaminera. En este acto, la policía detuvo a tres compañeros: Darío Moreno de Tinogasta,  Ezequiel Koch de Chilecito y Eduardo Argañaráz de San Fernando del Valle de Catamarca, que se encontraban acompañando la lucha de la asamblea. Los asambleístas no fueron trasladados a la comisaría de Tinogasta, sino que fueron llevados, incomunicados, al pueblo de Fiambalá, a más de 50km, golpeándolos durante el camino. Por aproximadamente dos horas no se supo el paradero de los compañeros, siendo virtualmente secuestrados por las fuerzas represivas.

El pueblo de Tinogasta respondió rápidamente ante estos hechos. Además de mantenerse activos en la ruta, llevaron adelante un escrache a la comisaría, exigiendo la aparición de los compañeros detenidos. También se llevaron a cabo concentraciones, radios abiertas y conferencias de prensa en distintos lugares del país, entre otros, San Salvador de Jujuy, Departamentos de Quebracho y Villa Ojo de Agua (Santiago del Estero), Andalgalá (Catamarca), San Miguel de Tucumán, Mendoza capital, Chilecito (La Rioja), La Rioja capital, Córdoba capital y Ciudad de Buenos Aires.

Lejos de amedrentar a quienes luchan contra le megaminería, la represión y persecución fortalecieron el bloqueo selectivo e informativo, el cual se mantiene en pie desde el 29 de enero de este año.

Luego de varias horas de presión popular en todo el país, los luchadores fueron liberados.

Estos sucesos se enmarcan en una serie de acciones por parte de todas las aristas gubernamentales. Los gobiernos no proponen ningún tipo de diálogo a la asamblea, sólo hay represión, presiones de todo tipo que intentan comprar voluntades y acusaciones infundadas.

Por un lado, el intendente municipal Hugo “grillo” Ávila, siguiendo los lineamientos de “su” gobernadora y “su” presidenta, lleva adelante una campaña mediática para desprestigiar y quitar legitimidad  la lucha de los compañeros y compañeras que, por más de 100 días, vienen sosteniendo el bloqueo selectivo e informativo sobre la ruta nacional 60.

Por el otro, el gobierno provincial de Lucía Corpacci, del Frente para la Victoria, avanza con el desarrollo de la megaminería, conformando la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), y desoyendo los reclamos de quienes hace años se encuentran exigiendo por el cierre de las empresas megamineras en la provincia. Al mismo tiempo, reprime y judicializa a todas las asambleas en lucha de la provincia, además de avalar las patotas promineras gestadas por las empresas transnacionales. En este sentido, no alcanzó con las amenazas del presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, José Ricardo Cáceres, quien llegó a plantear que se iba a levantar los cortes así fuera usando "perros, camiones hidrantes, gases y balas de goma". Las palabras se hicieron acciones a través de la imputación de 51 asambleístas de Tinogasta con argumentos inventados como desobediencia judicial, el entorpecimiento del tránsito terrestre e incluso la figura de atentado.

Finalmente, el gobierno nacional se embarca en una campaña permanente por desacreditar las luchas contra la megaminería. La creación de falsos argumentos, acompañados por el ya conocido intento maniqueísta de desviar los conflictos a posturas de blanco sobre negro, no hacen más que confundir los puntos centrales del conflicto. Intentan esconder lo evidente: la sociedad de este gobierno con las empresas transnacionales, en detrimento de los intereses del pueblo. Cristina Fernández impulsa un falso debate que no ha calado en la población: “minería sí o minería no”.

 

¡Tinogasta resiste!

¡Ni una megaminera más en Argentina!

¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!

¡Derogación de las Leyes mineras!

¡Desprocesamiento YA de los luchadores y luchadoras!

¡Derogación de la Ley Antiterrorista!

¡Paren de reprimir!

¡Respeto a la Autodeterminación de los Pueblos!

¡Cuidado del agua, derecho fundamental para la vida de todos y todas!

 

Fuente: RNMA

Mendoza: Nuevo caso de gatillo fácil.

 La madrugada del sábado 5 de mayo de 2012 en el barrio Palumbo de Godoy Cruz fue asesinado por la policia provincial Franco Diaz, de 19 años. Familiares y amigos/as realizaron una marcha para exigir Justicia.
Amigos y amigas, familiares y jóvenes marcharon por las calles de la ciudad de Mendoza exigiendo Justicia por el asesinato de Franco Díaz.
El joven se encontraba en una fiesta, cuando llegó la policía y le dispararon a quemarropa.

Fuente: Anred

Alarma por la Propiedad Comunitaria Indígena en el nuevo Código Civil

Para modificar el Código Civil Argentino presentado por el gobierno nacional. La situación de alarma es porque los Derechos constitucionales ganados en décadas de lucha, pueden quedar reducidos a un Código Civil que "no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas" señalan en un documento. En este proyecto se quiere regular de manera inconsulta y arbitraria: el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales de los Pueblos Originarios.
 

Comunicado publico
La Presidenta Cristina Kirchner presentó en marzo ante el Congreso de la Nación una propuesta para modificar el Código Civil Argentino. El título V de ese Código reglamenta cuestiones relativas a los Pueblos Indígenas y sus derechos reconocidos.

Queremos señalar el alerta, porque se quiere regular el tema más sentido por los Pueblos Indígenas en el país: el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Es urgente revisar esta situación. Derechos constitucionales ganados en décadas de lucha, pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas. Estas son algunas de las razones:

- Falta de Consulta: la ley obliga al Estado a consultar a los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas, cuando se legisla sobre aspectos que puedan afectar los intereses del conjunto de pueblos y culturas. En este caso, la inclusión del titulo V en el anteproyecto de ley, no se consulto ni siquiera al Consejo de Participación Indígena (CPI), creado en el marco del mismo INAI.

- Tierra, no territorio: el derecho de los PUEBLOS a administrar y controlar sus TERRITORIOS, es ya derecho reconocido y aplicado. El proyecto habla de inmueble, concepto relacionado de manera directa con el concepto de TIERRA. No utiliza el término constitucional de territorio que es más adecuado para describir el espacio o hábitat en que habitan y desarrollan su vida comunitaria los pueblos indígenas. El borrador de nuevo Código no solo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución y los Convenios internacionales como el 169, sino que además pretende interpretar la relación que los Pueblos tenemos con nuestros Territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural.

- Tierras rurales: el borrador relaciona y reduce la existencia cultural indígena a la ruralidad o campesinado. Se determina el derecho a la propiedad comunitaria únicamente sobre los inmuebles rurales (art. 2028). Se dejan afuera los espacios urbanos que en muchos casos son ocupados por grupos indígenas que han sido forzados a migrar a las ciudades y/o generaciones enteras que han nacido en la urbe, que en procesos de recuperación de la identidad se han constituido como Comunidades. Por último obliga a que el inmueble tenga como destino la preservación cultural y el hábitat comunitario, no como una forma de reconocer esos conceptos como integrantes de espacios indígenas, sino utilizándolos como limitante del derecho, inmiscuyéndose en la autonomía indígena.

- Persona Jurídica de derecho privado: el artículo 148 del borrador establece la calidad de persona jurídica de derecho privado a las Comunidades Indígenas. Esto significa que se sitúa a las Comunidades Indígenas al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, etc, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de PUEBLOS preexistentes al Estado Nacional. De este modo se niega la realidad jurídica previa que tienen las comunidades indígenas y se tiende a desconocer el carácter declarativo de las resoluciones de inscripción, ya que al introducir a aquellas dentro de la categoría de personas de derecho privado se las equipara a las otras personas jurídicas que constituye el Estado. Nuestras normas y sistemas de justicia, nuestros criterios de convivencia o de administración de nuestra economía, educación y salud, queda reducido y controlado en una “personería jurídica de derecho privado”, cuando el marco legal superior indica que debemos avanzar hacia una Personalidad Jurídica de Derecho Publico no estatal. Esto último implica que el Estado y sus organismos de control no pueden intervenir nuestra vida interna y procesos organizativos, que es la práctica común hasta hoy. Las direcciones de personerías jurídicas son hoy verdaderos órganos de intervención y de control sobre nuestras vidas autónomas.

- Pueblos, no Comunidades: la propuesta de nuevo Código Civil reconoce a la COMUNIDAD. No se refiere a los PUEBLOS INDÍGENAS como lo señala la Constitución Nacional que:”...reconoce la PREEXISTENCIA de los Pueblos Indígenas...” a la conformación del mismo estado argentino, como también lo reconoce el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas. La comunidad es la célula sobe la cual se organizan los pueblos indígenas; los pueblos indígenas están integrados por comunidades. Pero no se debe confundir el comunitarismo indígena que promueve el estado, para mantener control y dominio, con la defensa de la comunidad que hacemos los pueblos indígenas. La garantía mínima para que la vida comunitaria pueda desarrollarse y ser viable en medio de un ambiente hostil y de permanente invasión cultural, es consolidar formas de organización y nuestra institucionalidad política como Pueblos. De esa forma la comunidad se constituye en el nivel básico, la célula vital, la piedra fundamental de nuestro desarrollo como Pueblos Preexistentes.

- Derecho a la Consulta/Recursos Naturales: La incorporación del derecho a la Consulta en el borrador es de una gravedad alarmante. Es un derecho que está costando hasta vidas humanas (en el país y en otras regiones del continente), por la importancia estratégica para defendernos del avance de la explotación irracional sobre nuestros territorios. Que hayan incluido el derecho a la Consulta, en este borrador de nuevo código, en un artículo, el 2038, que dice: la explotación de nuestros recursos naturales: “...está sujeto a previa información y consulta a las comunidades...” es violatoria de todos los avances sobre el tema. El derecho ya reconocido (art. 6 y 15 del Convenio 169 y art. 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas) es la necesidad de obtener el Libre Consentimiento Fundamentado Previo de los Pueblos afectados ante medidas u actos que puedan afectar sus intereses. Este avance conseguido en la última década, queda reducido en el borrador a un mero trámite administrativo de “información y consulta”.

En este caso lo grave de la situación es que van a encorsetar al derecho indígena que es un derecho CONSTITUCIONAL, dentro del Título de un Código Civil. Creemos que no es un descuido, porque el derecho indígena va tomando tal dimensión, al punto de ser el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que como decimos siempre, es un proyecto de muerte para nuestros territorios.

Actualizar un Código Civil que hoy es obsoleto y contradice la realidad que pretende regular, es sumamente necesario. Lo que es inadecuado a todas luces, es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un titulo especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no solo son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino muchas veces, hasta incompatibles. La Propiedad Comunitaria no puede quedar encorsetado en un Código Civil y debe ser reglamentado en una Ley Especial, como lo prometió la Presidenta en la reunión que mantuvo con el Consejo Plurinacional Indígena, en el marco de los festejos del Bicentenario, luego de la histórica Marcha a Plaza de mayo que reunió a casi 30.000 hermanos de todo el país.

Jallalla – Marici Weu – Yasurupai – Takiñiwe – Muranta!!!


Fuente: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8535

Tucuman: Piletones con vinaza

COMUNICADO DE PRENSA

En el marco del Procedimiento de Participación Ciudadana organizado por la Defensoría del Pueblo de Tucumán en virtud del Convenio de Prevención de la Contaminación Industrial de la Cuenca Salí – Dulce, la ONG Ecológica Ave Fénix, preocupada por los efectos colaterales dentro del la Provincia de Tucumán por el proyecto gubernamental e industrial VINAZA CERO en la cuenca Salí Dulce, pone en conocimiento de la sociedad tucumana en general y de los habitantes de las localidades de León Rouges y de Concepción en particular, de las conclusiones y medidas que tomara la Defensoría del Pueblo de Tucumán a cargo del Arq. Hugo Cabral, como resultado de los reclamos planteados por Ave Fénix en la reunión, a los representantes del Ingenio y Destilería Santa Rosa (León Rouges) y del Ingenio y Destilería La Corona (Concepción).

Conclusiones y medidas: La Defensoría del Pueblo de Tucumán, en el marco de la Actuación de Oficio N 6461/11 s/intervención ante la SEMA por monitoreo del cumplimiento del CRI suscripto por el Ingenio y Destilería Santa Rosa, analizara las acciones y metas propuestas en relación al tratamiento de la vinaza, en especial la desactivación de las 5 lagunas, y requerirá a la SEMA informes en relación a la laguna de pulmón o almacenamiento, su ubicación y todas las adecuaciones y/o modificaciones que se hubieren hecho en relación al CRI originariamente firmado. Asimismo se solicitara la remisión de copia de los informes de avance presentados por la Industria y las certificaciones de cumplimiento otorgadas.
 

Miércoles 02 de mayo de 2012


Fuente: http://boletinmovidaambiental.blogspot.com.ar/2012/05/comunicado-de-prensa-ave-fenix.html

Qom: la impunidad que no cesa

El juez formoseño Santos Garzón sobreseyó a qom y policías por las muertes de Roberto López y Eber Falcón durante la violenta represión de noviembre de 2010. El video de los hechos.

Una rara lectura de la realidad se produjo en el despacho del juez de Instrucción y Correccional 2 de Clorinda, en Formosa en las últimas horas. En ese juzgado se debía investigar qué había sucedido realmente el 23 de noviembre de 2010, cuando la policía provincial del gobernador kirchnerista Gildo Insfrán acometió contra los manifestantes de la comunidad qom, que permanecían cortando la ruta desde hacía cuatro meses, y dejó tendido en el camino el cadáver de Roberto López, miembro de la comunidad “La Primavera”. También yacía allí el cadáver de Eber Falcón, policía. Luego del fatídico saldo de la represión, la policía persiguió con saña a los aborígenes, llegando al punto de prender fuego las casas más cercanas a la ruta nacional 86. Veinticuatro qom fueron imputados por “instigación a cometer delitos, atentado a las autoridades y lesiones”.

Diecisiete meses después de los acontecimientos, Santos Gabriel Garzón, juez designado para seguir el caso, dictó el sobreseimiento “total y definitivo” de los acusados. También absolvió a los policías Gustavo Coronel y Orlando Paredes, sospechados de haber asesinado a Roberto López. En el despacho del juez se había producido en algún momento una ecuación que tendía a cero: no sólo no se investigaría quiénes habían ordenado desde el Estado formoseño la represión fatal, sino que nadie irá preso por las muertes ocasionadas.

El dictamen adopta la versión del supuesto “enfrentamiento” entre policías provinciales y miembros de la comunidad qom, que se encontraban en la ruta reclamando por sus tierras. El juez Garzón encontró “fehacientemente comprobado” que el policía Gustavo Coronel no participó del hecho que le costara la vida a López; en cuanto al policía Orlando Paredes, el magistrado sostuvo que disparó su arma en un acto de “legítima defensa”. A los qom, en cambio, el juez les atribuye el haber iniciado las agresiones, en la creencia supuestamente errónea de que la policía se aprestaba a desalojarlos por la fuerza, cuando en realidad –siempre según el juez- los policías se dirigían a allanar el campo de la familia Celia. “Es así, que la conducta de los veinticuatro aborígenes imputados corresponde encuadrarla en la figura del artículo 34 inciso 1º del Código Penal, ya que existió en su accionar un error indirecto de prohibición, el que impide exclusivamente la comprensión del carácter y entidad del injusto del acto”, señala el fallo. De acuerdo a Garzón, los qom atacaron a los policías en la creencia de que actuaban en una “situación objetiva de justificación”. En cuanto a la actuación policial, el juez entiende que fue “legítima” aunque “se excedió en el mandato judicial al verse sobrepasada por la situación”, lo cual habría provocando “la confusión de los aborígenes que estaban sobre la ruta acerca de su deber jurídico, ya que ellos estaban realizando una protesta con corte de ruta nacional, cuyo desalojo de haberse ordenado, correspondía disponerlo el juez Federal y no el juez Provincial”.

En resumidas cuentas: según el juez Garzón, la policía se dirigía a allanar el campo de los Celia, los qom malinterpretaron su presencia, agredieron a los policías, los policías se defendieron, López mató a Falcón, Paredes mató a López en defensa propia. Todos resultaron sobreseídos.

La versión de los qom, sin embargo, es completamente distinta. Plazademayo.com habló con Félix Díaz, referente de la comunidad La Primavera, quien por un lado se manifestó aliviado por su sobreseimiento y el de sus compañeros, pero no oculta su indignación ante el fallo de Garzón.

–¿Qué opina de los argumentos que la justicia alegó para sobreseer a los dos policías?

–Nosotros somos conscientes de que Roberto fue asesinado por mano de la policía y también Falcón, entonces el argumento que ellos han usado de que a Roberto lo mataron en defensa propia no es cierto. Los informes que se están realizando no coinciden con la versión oficial. No hubo orden de la policía, el juez que actuó en la causa nunca se acercó a hablar con nosotros y la policía nunca dijo quién fue el que autorizó a reprimir a los indígenas. La Gendarmería dejó la zona liberada y la ruta es zona federal, por lo tanto la Gendarmería tenía que defender la postura de la comunidad de no ser avasallados por la policía. Los policías fueron organizadamente a matar, según la versión de muchos hermanos y la mía. Yo mismo escuché la voz de la policía diciendo que había una orden para que me mataran. Estamos estudiando con nuestros abogados la posibilidad de presentar una querella contra el Estado provincial y la policía. En la comunidad hay mucha bronca por el sobreseimiento de los policías y porque el conflicto central que es el de las tierras no se toca, de eso no se habla. Sienten que esto se puede utilizar para que los indígenas dejen de reclamar.

“De la autopsia de Falcón surge que la mayoría de los proyectiles que ingresan a su cuerpo lo hacen por su espalda. Si la hipótesis es que un indígena mata a un policía y hubo un enfrentamiento, los proyectiles deberían ingresar por la parte delantera del cuerpo -explica el abogado Federico Efrón, miembro del Cels, quien junto a Marina Morales Ríos asumieron la defensa de los qom–. Sin embargo, el juzgado entendió que Roberto López disparó a Eber Falcón y por eso Paredes le disparó en legítima defensa a Roberto López, porque podía volver a hacerlo”.

–En el video que se difundió por TN, se daba a entender que la policía le había plantado un arma a López ¿este material se usó como prueba?

–Ni el video de TN ni los videos que nosotros aportamos fueron tomados como prueba fehaciente por el juzgado. No sé si podemos afirmar a partir de ese video que se plantó el arma, pero sí surgen cuestiones que llaman la atención, que nosotros aún no pudimos indagar y que el juez o el fiscal tampoco tuvieron interés en echar luz sobre esta cuestión. Hay muchas inconsistencias en la causa: se afirma que el cuerpo de Roberto López quedó protegido hasta tal hora y después surge en un acta que el arma que supuestamente tenía fue secuestrada mucho antes. Su cuerpo quedó muchas horas tendido al costado de la ruta, hay una foto de eso, y en uno de los videos se ve a un policía esgrimiendo una escopeta, que aparentemente era de Roberto López, a los pocos minutos de que terminara la peor parte. Después aparece la escopeta al lado de él. Entonces, uno no sabe si esa arma se plantó o si se sacó del lado de López y se volvió a poner. Creo que son cuestiones que merecen investigarse, que desde lo que tiene que ver con el juzgado o la fiscalía no hubo interés o no consideraron que correspondía investigarse.

–¿Se aclaró en el juicio lo que ocurrió con las casas que fueron quemadas por la policía?

–En el juicio, a través de los testigos que llevamos y de la mujer de Félix que también estaba imputada, surgieron de los relatos varias precisiones como, por ejemplo, que se vio que venían unas personas desde afuera del corte de ruta, civiles que traían bidones de gasolina; incluso hay testimonios que afirman haber visto cómo los policías utilizaban la gasolina para quemar las casas. Esto me parece consistente desde el momento que había llovido todo el día, entonces es difícil que una casilla se prenda fuego tan fácilmente y se queme por completo. Sobre esto también tenés un montón de policías declarando que no saben cómo llegó ahí la gasolina y también hay en la causa algo que nosotros no conocíamos y que surgió por otra prueba: en el mismo momento en que esto sucedía, Félix pedía ayuda y la Defensora oficial federal termina haciendo la denuncia a la justicia de Formosa. Cuando llega esta denuncia, el juzgado le pide un informe a Gendarmería, que presentan al día siguiente. En ese informe, hay un párrafo que afirma que fue el juez que estaba en ese momento el que dio la orden de quemar las casas. Hay muchas cosas sobre las que se podía investigar, pero todavía quedaron ahí.

–Felix Díaz dice que está la posibilidad de presentar una querella, ¿cree que esto es viable?

–Yo creo que sí. Hay una cuestión técnica de la legislación de Formosa, que para el caso de una asociación como La Primavera, hay toda una discusión que no está resuelta, pero sí me parece que desde los indígenas a los que se quemó las casas o que fueron seriamente lesionados (hay algunos que todavía están en silla de ruedas, hay señoras que no pueden caminar bien por golpes que recibieron), está la posibilidad de presentarse como querellantes y es una posibilidad que estamos evaluando. Después está la cuestión de que puede entenderse que la comunidad fue reprimida, habrá que ver si eso se traduce en una querella.

En la comunidad La Primavera se respira una atmósfera de sentimientos encontrados. Por un lado, el alivio por haber sido sobreseídos de una acusación injusta. Por el otro, el ansia de justicia una vez más postergada: ni se aclara el crimen de López ni se atiende el reclamo por sus territorios. Un estado de las cosas en el que sigue todo igual.

Fuente: http://www.plazademayo.com/2012/04/qom-la-impunidad-que-no-cesa/