Río Negro: 6 represores fueron condenados en el primer juicio en la provincia

El Tribunal Oral Federal de la ciudad de General Roca condenó a 6 represores de la dictadura en el primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad que se realiza en Río Negro.

Fue por el secuestro y las torturas contra los dirigentes gremiales de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) Daniel Ávalos y Roberto Lima. Los condenados, dos militares y cuatro policías, recibieron penas que van desde los 5 años y 2 meses hasta los 8 años de cárcel. Daniel Ávalos, una de las víctimas y testigo en el juicio, aseguró que la condena “es para mi compañero que no está”, en referencia a Roberto Lima fallecido antes de que sus torturadores llegaran a juicio.

El coronel Raúl Pedernera, ex jefe policial de la provincia, recibió 8 años y medio de prisión. El general Néstor Castelli, ex interventor militar, recibió una pena de 5 años y 2 meses de prisión. Los 4 policías sentenciados fueron Rubén Codina (8 años de prisión), Víctor Lobos (7 años y 10 meses), Sixto Navarrete (7 años y 6 meses) y Elfio Navarrete (7 años). El tribunal absolvió por falta de mérito al comisario Alberto Marasco que dirigía la escuela de policía.

El juicio que finalizó en condena se había iniciado el 23 de junio pasado en la ciudad de Viedma.

Punta Querandí: maniobra de EIDICO para garantizar su "propiedad privada"

Son semanas de muchas actividades en Punta Querandí, pero muchos amigos y hermanos que acompañan y apoyan nuestra lucha nos preguntan en qué situación está el reclamo ante las autoridades políticas. Aquí les contamos.

Una cuestión delicada. La empresa EIDICO (vinculada al Opus Dei) busca garantizar su "propiedad privada" negociando un acuerdo con sectores ajenos a la lucha por Punta Querandí, utilizando a una delegada del Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires (dependiente del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas), quien no participa del reclamo e incluso se manifestó en contra en declaraciones periodísticas en noviembre pasado. Esta persona nos acompañó en una ceremonia, pero lamentablemente se pasó al lado de los que intentan justificar la dudosa propiedad de la empresa para evitar que quede liberado para todas las comunidades de pueblos originarios, vecinos, ambientalistas, estudiantes, docentes, entre otros.

El nexo entre la delegada y EIDICO está dado por Daniel Loponte, el arqueólogo contratado por la empresa del megaempresario Jorge O’Reilly. Es que Loponte, luego de un tiempo de estallado el conflicto de Punta Querandí, y ante las diversas críticas a su no-apoyo al reclamo, se acercó a esta delegada hasta el punto de ser hoy "padrino" de un espacio cultural recientemente abierto a 100 kilómetros de Punta Querandí. En concreto, el acuerdo con EIDICO consistiría en un camino de sirga (un limitado acceso al lugar, ya contemplado en el Código Civil) para realizar determinadas ceremonias, y que la empresa mantenga la propiedad.

Ante esta situación, desde el Movimiento en Defensa de la Pacha planteamos que nuestro reclamo fue siempre que el espacio de Punta Querandí, entre la calle Brasil, el Canal Villanueva y el arroyo Garín, sea propiedad pública y de total libre acceso para toda la población.

Nosotros lo reivindicamos como un lugar sagrado, por contener los restos de nuestros ancestros, y estar ubicado en una zona de enterratorios indígenas, como el que quedó debajo del country Santa Catalina, justo enfrente del campamento. Además es utilizado por toda la comunidad local, por vecinos del paraje, pescadores de distintas localidades, escuelas de la región que hacen visitas educativas, entre otras actividades comunitarias.

No tenemos nada que negociar con la empresa, sólo pedimos a las autoridades que mantengan el lugar como espacio público, en el marco de una pequeña reparación a las civilizaciones ancestrales del territorio que hoy ocupa el Gran Buenos Aires, y en defensa de los intereses colectivos por sobre los intereses privados.

Además es curioso que en este último tiempo, cuando la empresa comenzó a mostrarse como "dialoguista", fue cuando más veces nos mandaron a la policía denunciando "intrusión a la propiedad privada" por realizar ceremonias en Punta Querandí.

Por otro lado, sectores cercanos a quienes impulsan este acuerdo, como el arqueólogo Daniel Loponte, nos ha amenazado con un juicio por calumnias e injurias desconociendo nuestro reclamo.

La empresa EIDICO tiene un boleto de compra-venta emitido en el 2007 por el Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE), del Ministerio de Planificación Federal. Es una transferencia que involucró los 130 metros de largo de Punta Querandí (donde se asentaba la ex parada intermedia Punta Canal) y otro kilómetro y medio de tierras ferroviarias. No compró EIDICO, sino una sociedad anónima, Chilespa, a la que previamente la empresa inmobiliaria le había comprado sus tierras.

El boleto lo firmó el directivo de Chilespa, Daniel Mauro Burdman, un ex funcionario de la gestión de María Julia Alsogaray en la Secretaría de Medioambiente (Ver boletín oficial de 1994). Lo hizo como propietario lindero, requisito obligatorio para lograr la transferencia, pero: 1) ya había dejado de ser propietario lindero porque años atrás ya le había vendido a EIDICO; 2) del área delimitada por Punta Querandí nunca fue propietario lindero, su límite era la calle Brasil.

¿Entonces la única manera de mantener como públicas las tierras de Punta Querandí es anulando por irregular este boleto de compra-venta? Ni siquiera eso. Existe una cláusula de este boleto, donde dice que si por disposiciones locales un área de la tierra vendida tiene que ser utilizada como calle, plaza u otro destino de interés público, el lugar se puede desafectar de la transferencia. (Leer boleto de compra-venta).

Lo que le pedimos a los gobiernos de Tigre, al de la provincia de Buenos Aires o al que tenga jurisdicción en el asunto, es que pidan como espacio público las tierras de Punta Querandí, que corresponden sólo al 7.7% del total de la transferencia.

Pero que lo hagan rápido: la cláusula se puede utilizar mientras la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF - Planificación Federal) no le escriture las tierras a EIDICO. Y la empresa le está realizando un juicio desde hace meses por la demora en esta escrituración. Todavía se está a tiempo, si es que no se cae en las trampas tendidas por EIDICO para dilatar el conflicto.
El Gobierno de Tigre, finalmente, no tomó posesión municipal de las tierras, a pesar de la resolución votada por unanimidad en el Concejo Deliberante, el 10 de mayo pasado. La idea era que la medida descomprima la situación en el lugar, pero eso tampoco pasó. Recordemos que los abogados de EIDICO (defensores de militares presos por delitos de lesa humanidad) habían advertido al presidente del Concejo Deliberante, Dr. Julio Zamora, que iniciarían acciones legales si el Municipio cumplía con lo aprobado (Informe sobre abogados de EIDICO)

La resolución aprobada en el Concejo Deliberante, incluyó la consulta sobre la valoración cultural de Punta Querandí a dos organismos. Del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas - INAI (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) se espera con expectativa su definición, ya que en febrero funcionarios del organismo aseguraron a los manifestantes de Punta Querandí que respaldan la propuesta de resguardo del lugar. Además, el presidente del INAI, Daniel Fernández, cuando recién asumía en el 2009, aseguró que una de las líneas de su gestión era "visibilizar la presencia querandí en el Gran Buenos Aires". (Leer declaraciones).

Con respecto al Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires), fuimos allí a reunirnos con los funcionarios a cargo, para darle detalles de nuestro reclamo y nos plantearon que una delegada del Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de su área, tenía una "propuesta" para el lugar y que había que consensuar con ella.

Como ya dijimos antes, nuestro reclamo es claro y coherente desde un comienzo. No somos quienes para consensuar con alguien, sólo pedimos a las autoridades que actúen con sentido de Justicia.

Volviendo al Gobierno de Tigre, tal vez tengamos que realizar una nueva movilización al Municipio para recordarle y pedirle que cumpla con su promesa de rescatar el predio, dentro de los conceptos manifestados por el propio oficialismo y luego apoyados por todos los bloques políticos en el Concejo Deliberante.

Fuente: ANRed

Formosa: Desnutrición infantil en Formosa: denuncian nuevos aprietes para ocultarla

Por presiones recibidas para callar el estado de un bebé internado, se tensó el clima en comunidades wichíes del norte de Formosa. Denuncian coimas y amenazas en torno a este caso, dos muertes recientes y un panorama nutricional grave. Está pendiente una respuesta del gobierno provincial de Gildo Insfrán y del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que fueron instados por la Defensoría del Pueblo nacional a garantizar con urgencia salud, alimentación, fumigación de viviendas y acceso al agua potable.

Un chico de un año que pesa 3 kilos permanece internado en el Hospital de la Madre y el Niño de Formosa capital. Los wichíes de Barrio Obrero, Ingeniero Juárez, en el departamento Matacos, denuncian que policías, funcionarios y médicos los presionan para que no se difunda el estado de desnutrición severa de este niño oriundo de Potrillo, que fue derivado desde el hospital central de Juárez hasta la capital provincial y está internado hace dos meses.

“Si usted da información lo vamos a meter preso por no cuidar a su hijo”, le dijeron al padre en Formosa, según fuentes de la comunidad. A la madre, en tanto, buscan convencerla de que se vaya y deje al niño a disposición de algún servicio social. Los padres no leen ni escriben en español, y tienen otros cuatro hijos, que quedaron en Barrio Obrero.

Tampoco pueden acercarse al Hospital de la Madre y el Niño otros miembros de la comunidad, porque los médicos los echan, les dicen que no se metan, que no tienen nada que hacer ahí, y llaman a la Policía. “Y arman papeles”, agregan, al tiempo que confiesan el miedo de los padres del menor “a que les vendan el chico”, y enumeran otros casos de desnutrición recientes.

Por un lado, mencionan a un chico desnutrido que murió hace dos meses en la comunidad y cuyo caso fue “tapado”. “Los médicos no nos dicen nada, tapan todo”, expresan.

Por otro, hablan de la muerte, ocurrida hace un mes, en el hospital Eva Perón de Juárez, de otro bebé de la comunidad con edad y peso similares a los del chico internado en Formosa. En este caso denuncian además que “a la mamá le dieron $600 para que no diga nada”, y responsabilizan a Diego Kaplan, director del hospital. Esta mujer, madre de otros niños, recibió el dinero pero luego lo contó llorando, aseguran en la comunidad.

Las muertes de chicos que en los certificados de defunción figuran como “paro cardíaco” o “accidente” sin referencias a su estado de desnutrición venían siendo denunciadas por el dirigente Félix Díaz, de la comunidad qom formoseña La Primavera. En Barrio Obrero, fuentes con acceso a los registros hospitalarios de peso y talla de los niños denuncian una situación análoga. Concretamente, afirman: “Sabemos bien de la desnutrición en Juárez. Hay muchos chicos desnutridos”, y extienden la situación al departamento aledaño Ramón Lista.

La situación expuesta coincide con un diagnóstico realizado por la Defensoría del Pueblo de la nación, que a fines del año pasado recorrió en dos oportunidades comunidades qom, pilagás y wichíes de los departamentos de Patiño, Laishi, Pilcomayo, Pilagás y Matacos, de la provincia de Formosa. “Ellos vinieron personalmente a recorrer los barrios, sacaron fotos y nos preguntaron”, confirman desde Barrio Obrero, que fue incluido en la segunda de estas visitas. Allí viven 1.800 de los 40.000 wichíes de nuestro país que estima el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina, publicado por Unicef en 2009.

El diagnóstico de la Defensoría que surge de su trabajo en el territorio fue remitido al Ministerio de Desarrollo de la Nación y al gobierno de Insfrán y forma parte de los fundamentos de la “Exhortación Nº 107/11”, cuya respuesta está pendiente. Según este texto, en poder de la Defensoría obran testimonios, fotografías y videos que, aunque no están disponibles en la web oficial, habrían sido remitidos a las autoridades interpeladas.

Allí, los agentes públicos señalan que en estas comunidades poblacionales asentadas en zonas rurales hay pocos puestos y agentes sanitarios; además, advierten graves dificultades como la falta de medicación, inexistencia de ambulancia para traslados, así como una provisión insuficiente e inaccesible al agua potable. Y el mal de chagas surge como un dato preocupante ya que “la mayoría de las viviendas de los aborígenes NUNCA han sido fumigadas contra la vinchuca”.

En cuanto a la provisión de alimentos por parte de las autoridades provinciales indican que “hay comunidades que reciben una caja alimentaria por familia cada tres o cuatro meses” y que “la caja recibida resulta absolutamente insuficiente para la alimentación del grupo familiar”. Incluso algunas comunidades manifestaron a la Defensoría no recibir ninguna caja, salvo en época electoral y que, “para que ello suceda, se los obligó a entregar sus documentos de identidad”.

Esta práctica punteril es confirmada por las comunidades, que además expresaron: “Hay familias que no cobran planes aunque hacen trámites, hay mucho desempleo, desnutrición, y no tenemos médico”. En la sala ubicada en Barrio Obrero, dijeron, “atienden solamente a criollos. Si sos aborigen no te atienden de la misma forma y te dicen andá”.

Hay que reclacar que las cajas alimentarias que son entregadas a los pobres contienen productos de tercera. A los pobres nos dan lo peor que puede haber en cuanto a alimentos, asi que estas cajas no estan nutriendonos en lo absoluto, no se puede decir que el gobierno nos este ayudando, solo ayuda a que el pueblo muera cada dia mas.

Semanas pasadas, agentes de la policía provincial salieron a recorrer casas de Barrio Obrero para averiguar si alguien había denunciado algo vinculado a la situación de desnutrición en la comunidad. “Ellos tienen miedo al corte de ruta”, aseguran los wichíes.

Es que las condiciones inhumanas en que viven suelen exponerlas en el único lugar que los hace visibles: la ruta. Por eso hay muchos dirigentes con causas abiertas en la Justicia Federal por haber participado en piquetes, como los que suelen hacer sobre la 81 para reclamar por vivienda, trabajo, salud y educación.

El armado de causas para reprimir la protesta y las amenazas para evitar que se haga público el estado nutricional de los chicos indígenas o sus muertes (que suelen estar subregistradas, encubiertas bajo causas que no dan cuenta del estado general) son estrategias frecuentes para meter miedo. La otra estrategia es la represión en manos de las fuerzas de seguridad. El último episodio que tomó estado público es el de La Primavera, donde a fines del año pasado hubo muertos, heridos graves e incendio intencional de viviendas.

A pesar del impacto mediático que tuvo la difusión de un video en el que se muestra el violento desalojo del piquete indígena, la Justicia sólo citó a los policías como testigos.

Fuente: Indymedia Argentina

Chubut: Confirman gigantesco acuífero disputado por las mineras

Está en la meseta chubutense y puede abastecer a 3 millones de habitantes durante 1 año, y se encuentra en las cercanias del cuestionado Proyecto Navidad, que pretende mediante la actividad minera explotar plata y plomo. Ya que la region padece una profunda sequia el Gobernador de la provincia, Mario Das Neves utilizó el hecho como uno de los argumentos para justificar la apertura a la explotación de minerales a gran escala.

El acuífero tiene más de 3.000 hectómetros cúbicos de reserva y es agua de buena calidad. El reservorio va de los 5 metros hasta los 200 metros de profundidad en la amplia zona de la cuenca y su volumen podría abastecer de agua a 3 millones de habitantes.

La confirmación llega tras un estudio de suelo que demandó 6 años de análisis y ensayos en la Cuenca del Arroyo Sacanana.

Escatiza brindó las conclusiones del trabajo ante técnicos de organismos provinciales en una reunión en Rawson con el Instituto Provincial del Agua, ministerios de Ambiente y de Agricultura y Ganadería, Dirección de Minas y representantes de la empresa Minera Argenta.

Hidroar SA comenzó en 2005 los primeros trabajos de hidrogeología en la zona próxima al Proyecto Navidad. Hubo campañas de geofísica, perforaciones y ensayos para delimitar los recursos de agua en esa zona de la Meseta. "El estudio comenzó en 2005 y luego de innumerables análisis y ensayos se descubrió un acuífero aluvional de grandes dimensiones. Tiene una dimensión de 3.000 hectómetros cúbicos y es agua de buena calidad. La reserva tiene un excelente volumen. También se evaluó la recarga de agua del acuífero que dio muy buenos resultados", dijo.

Fuente: Agencia Walsh

“El problema no somos nosotros sino el empresariado que no está acostumbrado a dialogar”

Los trabajadores del Ingenio Ledesma suspendieron el paro por 72 horas.

Decidieron, tal como afirma el secretario general del gremio, Ariel Vargas, “pasar a un cuarto intermedio, estar en alerta y movilización y no aceptar la conciliación obligatoria”, que, si bien fue dictada por el Ministerio de Trabajo, será impugnada por los obreros.

En este sentido, Vargas asevera: “Esa paz social que ellos pretenden durante 15 días (porque la conciliación está dictada por 15 días) para seguramente dilatar la situación, para ponerle paños fríos, para que el compañero cese en su ambición de poder tener un salario digno, nosotros, a través de este recurso jerárquico, le estamos poniendo bien en claro que no lo aceptamos pero que sí le damos la oportunidad de poder presentar propuestas concretas”.

A Continuacion transcribimos la entrevista realizada por Radio Pueblo ayer a Ariel Vargas, secretario general del Sindicato Empleados y Obreros del Ingenio Ledesma.

Radio Pueblo: Nos encontramos al aire con Ariel Vargas, del gremio de trabajadores y trabajadoras del Ingenio Ledesma. Contános, Ariel, tenemos la noticia de que se ha suspendido el paro.

Ariel Vargas: Buen día. Durante la jornada del lunes por la tarde, los compañeros nos hemos reunido en asamblea porque habíamos estado en alerta y movilización. Habíamos pasado a cuarto intermedio y necesitábamos saber cuáles iban a ser las directivas porque hoy tendríamos que haber empezado desde las 5 de la mañana una jornada de 72 horas con medidas de fuerza dictadas por la asamblea, ya que no habíamos encontrado respuesta a nuestro petitorio con respecto al salario y condiciones de trabajo. Al ver que cuatro de los ingenios del norte habíamos entrado en esta situación de conflicto y dos ya tienen solución, habíamos puesto a consideración cómo seguíamos el plan de lucha y sobre todo porque se le agregaba el condimento de que habíamos recibido una conciliación obligatoria de parte del Ministerio de Trabajo, seguramente pedida por la empresa Ledesma. La asamblea decidió en primer lugar impugnar la conciliación obligatoria y se ha hecho un recurso jerárquico para que esto no nos afecte y, por otro lado, ha mostrado un gesto de grandeza, ya que la empresa aún no lo ha tenido. La asamblea ha levantado la medida de fuerza para darle la oportunidad de ofrecer, de dar a conocer propuestas serias, que permitan levantar la medida de fuerza.

Radio Pueblo: ¿Qué efecto tiene una conciliación obligatoria?

Ariel Vargas: La conciliación obligatoria nos obliga a nosotros a estar en una situación de paz social que nosotros no adherimos porque es inentendible, no razonable, ver que dentro de la provincia el ingenio más chico de Jujuy -que es el Ingenio de Río Grande, La Mendieta- haya modificado la tabla tucumana, por la cual nosotros venimos luchando de que nos se nos imponga y que la empresa Ledesma se ha encargado de salir por todos los medios a decir que era un acuerdo homologado, que era nacional, que no se podía modificar. El ingenio más chico ha podido ser el actor principal dentro de esta disputa, que ha demostrado, no tan solo acá en la provincia ni tan sólo en Ledesma sino a toda la República Argentina, que ese salario sí podía ser modificado y, de hecho, ellos lo han concretado y han llegado a los 3500 pesos sobre la categoría 1, que nosotros también estamos luchando.
Entonces, esa demostración nosotros queremos también hacerla, esa demostración de diálogo nosotros también queremos alcanzarla pero la empresa Ledesma está muy acostumbrada a dictar órdenes y a que se le obedezca pero lamentablemente ha chocado contra una pared, que no está dispuesta a seguir esa línea sino más bien a través del consenso, de que ellos entiendan la situación del trabajador, que empiecen a obtener y a dar compromisos para la resolución de todos los problemas que tenemos, que ya se ha resuelto en otros ingenios del país pero lamentablemente acá se siguen poniendo obstáculos, se siguen dando excusas, en lugar de buscar soluciones concretas que nos permitan seguir trabajando de una manera normal y que ellos sigan teniendo las ganancias que tengan que tener.

Radio Pueblo: ¿Qué hubiese significado realizar un paro bajo conciliación obligatoria?

Ariel Vargas: En primero lugar, si no se hubiese impugnado de la manera en que lo hicimos nosotros porque nosotros no acatamos, le repito, que quede bien claro, no acatamos esa conciliación obligatoria, hemos realizado una impugnación, un recurso jerárquico, porque hay todo un tecnicismo que está funcionando allí porque nosotros ya venimos de una declaración de un conflicto, ya habíamos tenido una declaración de ese tipo, una conciliación previa, y los tiempos que se están manejando no condicen con la situación. Entonces, con nuestros asesores legales, hemos puesto en funcionamiento este recurso jerárquico para que no tenga aplicación sobre nosotros. Entonces, esa paz social que ellos pretenden durante 15 días -porque la conciliación está dictada por 15 días- para seguramente dilatar la situación, para ponerle paños fríos, para que el compañero cese en su ambición de poder tener un salario digno, nosotros a través de este recurso jerárquico le estamos poniendo bien en claro que no lo aceptamos. Pero que sí le damos la oportunidad de poder presentar propuestas concretas, porque otra de las situaciones que se decían era que ellos no pueden negociar con un paro encima, que nosotros los estamos presionando y entonces el trabajador en asamblea ha tenido un gesto enorme, un gesto de grandeza. El trabajador le da la oportunidad a la empresa de que dé las respuestas concretas que permitan solucionar esta situación, porque la intención no es entrar en la medida de fuerza sino que son ellos: esa actitud soberbia deben dejarla de costado y adoptar un poquito la humildad que se necesita para que esto pueda solucionarse.

Radio Pueblo: Esta conciliación ha surgido de una forma repentina, ¿no?

Ariel Vargas: Usted sabe, o por lo menos puede intuir, cómo es la situación a nivel político y empresarial. Cuando a nosotros se nos está intentando imponer la tabla tucumana es una connivencia entre el Ministerio de Trabajo y el empresario. ¿De qué otra manera el Ministerio de Trabajo va a propiciar estrategias que existen dentro de lo que se refiere al Ministerio para poder solucionar y esto lo usan para perjudicar a los distintos ingenios? Cada uno de los ingenios tiene la autonomía de elegir su salario y poderlo discutir. Acá se nos ha intentado imponer de manera injusta algo que no aceptamos, que no pasamos por asamblea. Si hubiésemos tenido la dirigencia corrupta que ha salido hace poco, seguramente esto ya hubiese sido pactado, cerrado, firmado, y todos estaríamos trabajando nuevamente en silencio, como siempre sucedía. Pero la gente ha confiado en esta nueva dirigencia, hace muy poco hemos asumido y le hemos dado la participación que merecen los trabajadores. Hemos hecho asambleas, las venimos haciendo constantemente. El protagonista no somos nosotros sino el compañero que por primera vez, de hace muchísimo tiempo, puede ejercitar su libre pensamiento pero no para provocar un libertinaje sino más bien para poder encauzarlo dentro del pensamiento del trabajador y que eso se pueda efectivizar a través de los canales correspondientes, que son el diálogo, la predisposición a encontrarle solución a las cosas. Pero lamentablemente aquí el problema no somos nosotros, es el empresariado que no está acostumbrado a dialogar de esta manera, que está acostumbrado a imponer las cosas, a hacer lo que se le da la gana. Esta situación no se le va a dar así porque el trabajador hoy ha despertado y hoy le está diciendo que le estamos dando una oportunidad más. No la desaprovechen, porque al no aceptar la conciliación obligatoria le estamos diciendo no queremos paz social hasta que ustedes no se decidan a hacer las cosas como corresponde.

Radio Pueblo: Recién comentabas que la empresa manifestaba que realizar un paro era presionarla. Dando vuelta la interpretación, ¿ustedes han sentido algún tipo de presiones por parte de la empresa?

Ariel Vargas: Todo el tiempo. Todo el tiempo ha sido de presión para el trabajador. Antes, durante y después del paro del 7 de julio la gente ha sido presionada. Cuando, desde la parte administrativa, legal de Ledesma, que es la figura del Licenciado Gatti, se encarga de andar por los medios de comunicación, de hacer una puesta en escena de que la empresa garantizaba y le daba la posibilidad al trabajador para que actúe haciendo uso de su derecho de la medida de fuerza, por otro lado internamente se encargaba de apretarlo, de amenazarlo con su estabilidad laboral, con que el año que viene no le iban a dar el nuevo fichaje al personal temporario, pero nosotros los hemos denunciado. Públicamente hemos salido a todos los medios a que cesen con esta actividad. Lo hemos hecho por escrito pero en lugar de querer solucionarlo siguen apañando a este tipo de personal jerárquico que ellos disponen y eso no ayuda a que esto se solucione. Al contrario, esto perjudica las relaciones pero el trabajador siempre, a veces, debe tener este tipo de gestos como el que hemos tenido anoche y creo que esto va a seguir hablando bien de nosotros no de ellos y estamos esperando a que quieran negociar como corresponde. Sobre todo partiendo de la base de que hay dos ingenios dentro de la provincia de Jujuy que ya han arreglado, que ya han modificado esta situación de los empresarios, caprichosa, de no querer tocar el salario porque Tucumán lo había arreglado así, pero la situación de Tucumán es propia de ellos. Nosotros no estamos federados ni pertenecemos a la FOTIA; de otra manera deberíamos decir que ellos vengan acá y nosotros nos retiramos y no vamos a trabajar. Respetamos a la FOTIA, pero nosotros tenemos una institución autónoma y hemos decidido a través de asamblea pelear por nuestros salarios.
Ver que el ingenio más chico de la provincia, no sé si del país, pero por lo menos de la provincia es el más chico, haya tenido la posibilidad de negociar como lo ha hecho, porque también ha conseguido condiciones de trabajo importante para los compañeros de campo, fábrica y la parte de los delegados. Constantemente ellos han avanzado y dando demostración del verdadero diálogo y la verdadera negociación que se debe tener siempre, en constante ascenso para obtener cosas buenas para los trabajadores. Nosotros queremos negociar de esa manera, pero la empresa sigue poniendo obstáculos y cuestionamientos para poder alcanzar algo básico y resolver la ley agraria que es un cáncer para la gente de campo, porque es lo que le permite al empleador tenerlos los días domingo, los días sábados por la tarde, los días feriados y pagarle lo mismo que un día común. Eso ha quedado resultado en este mismo ingenio chico. O los días de lluvia, cuando el compañero vuelve a la casa con las manos vacías, durante una quincena pierde hasta diez días y no cobra nada.
En otros lugares están teniendo soluciones y les aseguran la quincena y el trabajador va devolviendo las horas con trabajo porque acá nadie está pidiendo que se le regale nada. Acá uno quiere trabajar pero quiere encontrar una mejor manera, que nosotros también tengamos la posibilidad de tener los ingresos asegurados y tener la estabilidad que la gente necesita. Entonces este tipo de situaciones que no están resultas en torno a Ledesma y que Ledesma se resista a no encontrar una buena solución porque se ha podido avanzar pero siempre se han encontrado peros y eso no ayuda, porque ellos saben muy bien y ellos conocen lo que ha pasado en las otras negociaciones. Entonces, querés poner trabas para siempre, tirar abajo el consenso, no va a durar.
Esperemos que cambien de actitud y que podamos mantener las cosas para nuestros compañeros de campo y fábrica. En fábrica también hay un problema grande que le ha significado el cuarto turno. En ningún ingenio del país existe el cuarto turno, que le significa al compañero de fábrica haber perdido una diferencia económica que antes venía ganando. Ellos argumentan que ha entrado a trabajar mucha gente y eso es relativo, no lo pueden comprobar, porque también es un pedido de balance social para conocer los estados de la empresa, las ganancias, su situación económica patrimonial. Ellos han quedado en que nos lo van a dar a conocer para poder entender por qué es tanta la negatividad a situaciones que nosotros vemos que acá en la región y a nivel del país tienen solución y sólo en Ledesma no se le puede dar solución.

Radio Pueblo: ¿Cómo continúa el plan de lucha?

Ariel Vargas: La asamblea ha decidido pasar a un cuarto intermedio y estar en alerta y movilización, no aceptar la conciliación obligatoria y permitirle a la empresa un tiempo prudencial para que pueda hacer la oferta que corresponda, nosotros tendremos que hacerlo pasar por asamblea y no estamos obligados a la paz social que han pretendido imponer con esa conciliación obligatoria. Ahí uno se va dando cuenta que en lugar de usar imposiciones, que en lugar de apretar a la gente, de amenazarla, de meterle miedo, deberían pensar estrategias para ir mejorando y negociando como corresponde. Nosotros apelamos a eso. Lo denunciamos públicamente en todos los medios de comunicación lo que está pasando acá en Ledesma, que es el prestigio que ellos quieren darse a costillas del trabajador. Eso no tiene que pasar más. Nosotros ya no nos callamos la boca, no tenemos por qué tener miedo, no estamos en la época de la dictadura militar. Esto ya es democracia, es un estado democrático, y creemos que la gente debe empezar a expresarse, a decir lo que pasa acá en Ledesma, acá en Jujuy, y lo tiene que hacer no para crear un estado de anarquía sino que se entienda que el trabajador debe ser valorado y que en la misma provincia, en el mismo Jujuy, dos ingenios tienen distintas posturas para cuidar a su gente. No podemos creer que esta empresa con la magnitud, con la enorme envergadura que tiene, siga poniendo trabas y peros para que los compañeros puedan acceder a un salario digno y condiciones dignas de trabajo.

Fuente: ANRed

Bs As: Continúa la toma de Chacarita

A pesar de la lluvia y la tormenta, la toma se sostiene porque la necesidad humana es enorme.

El Movimiento Popular La Dignidad denuncia públicamente el accionar del Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires frente a la situación de 60 familias quienes tomaron tierras linderas a fraga al 900 (conocido como villa barrio Chino o playón de Chacarita) desde el día domingo 17 de julio.

El gobierno ofreció deplorables subsidios de alquiler y la Asamblea de vecinos los rechazó debido a que en la práctica no alcanza.

El pasado viernes, vecinos y vecinas que se encuentran en la toma del "playón de Chacarita" decidieron en asamblea rechazar los subsidios ofrecidos por el gobierno y continuar la toma del terreno hasta que el Gobierno de la Ciudad tenga una propuesta seria.

Después de la pesada tormenta del lunes por la tarde, los compañeros continuaron firmes en la toma ya que la necesidad de una vivienda es enorme.

Frente a este reclamo justo de vivienda digna, hacemos responsable al Gobierno de Macri, al juez, y a las fuerzas policiales intervinientes de cualquier desalojo que vulnere la integridad de estos vecinos y familias con sus niños.

¡Vivienda digna para todos y todas!

Fuente: Red Latina Sin Fronteras

Bs As: Civiles al servicio de la dictadura

El Archivo Nacional de la Memoria publicó el listado completo del personal civil que realizó trabajos de inteligencia durante los años 1976-1983.

El ANM fue creado el 16 de diciembre de 2003 a través del Decreto Nº 1259/03 modificado por Decreto Nº 1852/07 como organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, para obtener, analizar y preservar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones.

Desde noviembre del 2007 el ANM funciona en el Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA), en la Ciudad de Buenos Aires.

El acervo que integra el ANM está constituido por el fondo documental de la Secretaría de Medios de la Presidencia de la Nación desde 1940 hasta 1983; los archivos CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) y SDH (Secretaría de Derechos Humanos); la documentación relacionada con las leyes de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, y otros fondos documentales.

A su vez, se encuentra en marcha un relevamiento orientado a la búsqueda y recuperación de documentos dispersos en diversas esferas de la Administración Pública (tanto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad como en los distintos ministerios y agencias gubernamentales), e igualmente se recupera la información producida en las causas judiciales, con el objetivo de esclarecer el funcionamiento de la represión ilegal del Estado para exterminar la resistencia y disciplinar a la sociedad. Existen acuerdos de cooperación con otros poderes del Estado y con instituciones no gubernamentales como medios de comunicación, asociaciones políticas, gremiales, profesionales y empresarias, que permitan acceder y/o duplicar material gráfico y audiovisual que se encuentre en sus respectivos archivos.

A partir de convenios con países latinoamericanos se promueve el intercambio de documentación relacionada con acciones represivas coordinadas internacionalmente con el objetivo de avanzar en la conformación de un archivo regional de derechos humanos.

Podés leer el listado completo del personal civil que realizó trabajos de inteligencia durante los años 1976-1983, en la página web www.derhuman.jus.gov.ar

Fuente: Agencia Walsh

Santa Cruz: familiares de trabajadores petroleros presos reclaman por la libertad de los detenidos

Familiares de trabajadores petroleros santacruceños solicitan urgente audiencia a la Presidenta Cristina Kirchner y reclaman la libertad de los detenidos.

Victor Oñate y Juan José Acosta, delegados gremiales de los trabajadores petroleros de Las Heras, Santa Cruz, se encuentran detenidos luego del conflicto que protagonizaron en la provincia durante más de 100 días.

La AGD UBA ha recibido a los familiares de uno de los detenidos y a amigos, a quienes ha acompañado a la Casa de Gobierno para entregar una carta a la Presidenta.

Familiares de los trabajadores petroleros detenidos en Las Heras, desde hace veinte días, se hicieron presentes en la Casa de Gobierno para solicitar una audiencia a la Presidenta y reclamar la libertad de Víctor Manuel Oñate y Juan José Acosta. Hasta el momento, no han tenido respuesta por parte de la presidenta, ni de ninguno de sus ministros.

En las Heras, el 5 de julio, se llevaron adelante allanamientos y detenciones de todos aquellos petroleros que denunciaban la falta de pagos, los centenares de despidos y suspensiones llevados adelante en los últimos meses en distintas empresas petroleras.

Ambos protagonizaron el último conflicto en la provincia de Santa Cruz, cuando tomaron junto a otros trabajadores del sector la planta de almacenamiento del petróleo LH3 de Repsol YPF, reclamando el pago de los aumentos salariales que habían sido acordados con las empresas multinacionales. Para garantizar el triunfo de la lucha, los petroleros ocuparon la planta de Repsol y realizaron varios piquetes.

La detención de los compañeros fue ordenada por el juez Eduardo Quelín, adicto y servil al poder político santacruceño, quien además procesó a 70 docentes de ADOSAC en la reciente huelga.

El gobernador Daniel Peralta, con la complicidad de la intervención de la burocracia de la Federación Nacional de Petroleros, busca amedrentar a los obreros para que disminuyan los conflictos y no se vuelvan a tomar las plantas de las petroleras. Repsol, Sinopec y Pan American se ponen como locas cuando eso ocurre y le reclaman que “ponga orden” en los yacimientos. Ellas presionaron para que Oñate y Acosta estén presos, como ya lo habían hecho antes en la zona norte de Santa Cruz.

Otra prueba más que la Policía, Gendarmería y jueces, de la mano del gobernador Peralta y el gobierno nacional, están al servicio de las petroleras y criminalizan a los trabajadores que luchar.

Al firmarse el acta por las partes, los trabajadores deben ser liberados inmediatamente, la Sra Presidente debe recibir a los familiares de las víctimas de esta ilegal detención que pasa en su propia Provincia.

Fuente: Agencias de noticias

Entre Ríos: Muere víctima de agrotóxicos

Luego de un prolongado padecimiento, el viernes pasado por la noche, falleció Daniel Ortiz, un ex fumigador de San José con serias dolencias de salud quien sufrió intoxicación con agrotóxicos.

Ortiz murió por intoxicación con agrotóxicos aplicados en forestaciones ubicadas en predios propiedad de la empresa Iberpapel Argentina S.A.

Luego de un prolongado padecimiento, sin que Salud Pública de San José, Colón y Concepción del Uruguay pudiera dar respuesta al cuadro clínico presentado, falleció en su humilde vivienda ubicada en el barrio El Brillante.

Misionero de origen, es una víctima anónima más de la explotación irresponsable por el uso desmedido de químicos utilizados en las producciones agropecuarias, en este caso en particular, en la forestación.

Actualmente, la Legislatura provincial se encuentra tratando la modificación a la ley de aplicación de agroquímicos, donde se discuten tecnicismos desconociendo la realidad socioambiental que padecemos los habitantes de esta tierra.

"Este caso es la punta de un iceberg, hay muchos en su situación que están siendo reenviados a Misiones", aseguró la integrante de la Asociación Civil Vida, Liliana Quinodoz. También remarcó que el hombre seguía postrado (hasta su muerte) "porque el agroquímico atravesó la barrera de la piel".

Hace dos años se denunciaba lo siguinte:

Un hombre mayor de edad de Barrio El Brillante padece serios problemas de salud a raíz de haber tenido contacto con herbicidas aplicados sin control en forestaciones del Departamento Colón.

Su salud ha disminuido notoriamente, se encuentra en cama desde abril, no puede levantarse, ha perdido peso, ha disminuido su audición, está anémico, y con graves heridas en su piel como puede verse en la fotografía que ilustra esta noticia.

Los diagnósticos médicos en general no develan las causas que derivaron en este estado, sino más bien apuntan a aminorar los síntomas, parcializando los tratamientos que han sido poco efectivos para este tipo de intoxicaciones.

Hace tres semanas, personas allegadas a este vecino se pusieron en contacto con miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental Colón, acercando su preocupación por la desmejora que el vecino presentaba, aún con el tratamiento médico al que se estaba sometiendo.

Desde la misma ONG se contactaron con profesionales especializados y lograron que reciba un nuevo tratamiento, frente al cual ha demostrado una mejoría considerable.

Aún queda pendiente un tratamiento más profundo de desintoxicación, basado en la administración de medicamentos importados desde Alemania, pues, no se producen en Argentina.

Fuente: Red Latina Sin Fronteras

Bs As: Organización ambiental pide estudios del aire en cercanías de la destilería de YPF en Ensenada

La organización Nuevo Ambiente pidió a la provincia de Buenos Aires que realice durante dos meses un monitoreo integral de la calidad del aire en las emisiones de la destilería de YPF en Ensenada. La presentación se hizo ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la máxima autoridad ambiental de la provincia, en la que se describió la reiteración de emisiones altamente tóxicas atribuidas a YPF.

El referente de la organización Marcelo Martínez relató que en cercanías de la destilería se detectaron “problemas de asma y problemas de irritación de los ojos que esto provoca. También hay problemas respiratorios de niños que viven cerca de esta destilería”.

En la refinería de YPF hay áreas de procesamiento de petróleo y elaboración de combustibles, un complejo de lubricantes y asfaltos, y múltiples plantas químicas. La denuncia apunta a los efectos de las emanaciones de las dos antorchas que queman permanentemente y que estarían perjudicando a los barrios Mosconi y El Dique de Ensenada, y Universitario y Villanueva de Berisso.

“No es simplemente porque nos molesten los olores. Decimos, ‘uy que olor’. Estos olores son altamente perjudiciales para la salud. Algunos con efectos cancerígenos. Nosotros pretendemos que esto sea controlado, que sea analizado, y que sean castigados los responsables de esto, no solamente con una simple multa sino que se exija la puesta en marcha de la infraestructura necesaria y las inversiones necesarias”, afirmó el ambientalista.

Fuente: FARCO

Argentina: Televisión Digital, ¿Para quién es la democratización?

Siguen las adhesiones a la carta entregada al AFSCA el día 19 de julio de 2011: son casi 300 las organizaciones, medios y referentes de la política y la cultura los que nos acompañan en este reclamo. Luego de dos pedidos de reunión telefónicos, la entrega de la carta en el AFSCA y el pedido de reunión por correo electrónico se sigue a la espera de una pronta respuesta: no se bajaran los brazos en la búsqueda de una verdadera comunicación popular, alternativa y comunitaria.

Recientemente la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual AFSCA dio a conocer las resoluciones 685/2011 y 686/2011 (http://www.afsca.gov.ar/web/blog/?p=4432) por las cuales se llama a concurso público y se aprueba el pliego de bases y condiciones para la adjudicación de licencias de televisión digital terrestre (TDT) en todo el país. Luego de leerlas y preocupados por esta situación, canales de televisión, programas y realizadores comunitarios y/o alternativos que venimos produciendo sostenidamente desde hace años en profunda articulación con el movimiento social, los trabajadores y nuestro pueblo, nos reunimos para intercambiar y discutir nuestras primeras impresiones.

No podemos hacer otra cosa que oponernos a estas resoluciones que dejan afuera directamente a todos los que venimos produciendo desde medios comunitarios y/o alternativos; al mismo tiempo que se destina a las “organizaciones sin fines de lucro” valores de pliegos impagables. En la CABA, el valor del pliego para ONGs es de 70 mil y 140 mil pesos (en tanto en el caso de los medios con fines de lucro es de 100 mil y 200 mil, una diferencia bastante inexistente si tenemos en cuenta que se trata de canales comerciales). En la provincia de Buenos Aires, los pliegos para las “organizaciones sin fines de lucro” son de 42 mil, 70 mil y 105 mil pesos según la zona y cantidad de habitantes, lo mismo para otras provincias.

Estos valores, sumados a la exigencia de depósito de una garantía de mantenimiento de la oferta por el monto de un pliego y medio, y a la suma de 24 mil pesos mensuales en caso de ganar, no se ajusta en lo absoluto a las posibilidades de los medios alternativos (que sostenemos producción constante la mayoría de las veces con trabajo voluntario), ni tampoco para organismos de DDHH y organizaciones sindicales que no manejen esos montos.

Esto sin contar los requisitos de admisibilidad y el plan de inversiones que se detallan en dichas resoluciones como condiciones excluyentes para concursar. Nos oponemos por completo a cualquiera de estos condicionantes como a cualquier otro sea de índole económica y/o política.

Desde que comenzó el debate por una nueva ley de medios se ha sostenido que la 26.522 es una ley democratizadora, garante de la pluralidad y defensora de la diversidad. Sin embargo estas resoluciones no hacen más que condenar a la marginalidad a los actuales canales de TV alternativos, comunitarios e independientes, aún cuando expresamos las voces silenciadas o tergiversadas por los multimedios, a los que dice contraponerse el espiritu de esta ley. Llamamos a todos los medios alternativos y comunitarios, periodistas, artistas, trabajadores de la cultura a rechazar estas normas restrictivas y adherir a esta declaración.

Por todo ello, solicitamos a las autoridades del AFSCA una reunión donde podamos interiorizarnos sobre el futuro real que espera a nuestros medios en lo que hace al tan postergado reclamo de reconocimiento legal por parte del Estado.
Esperamos este encuentro a la mayor brevedad posible.

Fuente: ANMCLA

El MOCASE denunció nuevos ataques de grupos armados a familias campesinas

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) volvió a denunciar ataques a tiros de grupos armados que buscan sacarles sus tierras. Ante estos nuevos hechos los dirigentes de la organización llevaron su reclamo ante el gobierno provincial y lograron una reunión con el jefe de Gabinete Elías Suárez. El presidente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Guido Corvalán explicó que detrás de los ataques están empresarios agrícolas “que tienen intereses en las tierras” y que “arman estos grupos, se instalan en los campos”.

Corvalán confirmó que en las últimas horas hicieron denuncias por la presencia de grupos armados que amedrentan a familias campesinas “en las comisarías de la zona del departamento Alberdi, en la comisaría de Santos Lugares y Campos Gallo”.

Ayer Corvalán estuvo acompañado por el dirigente histórico del MOCASE – Vía Campesina Roque Acuña. Tras la reunión con el jefe de gabinete Elías Suárez se acordó, a propuesta del funcionario, que representantes campesinos y de la policía provincial vayan a recorrer los distintos lugares en conflicto para recoger información y testimonios que puedan servir para que la justicia actúe contra estos grupos armados.

Consultado sobre la actitud del gobierno provincial Corvalán explicó que “no se ve esa decisión política firme pero somos optimistas” y estamos “esperando en esta semana traer ese informe para ver si se toman esas decisiones que él promete”.

El dirigente campesino alertó que lo preocupante es que estos grupos armados creados por empresarios logran instalarse en los campos y allí “ya meten el miedo y entonces cualquiera no se anima a denunciar”. Corvalán pidió mayor compromiso de algunas instituciones como escuelas o iglesias que “sienten que no existe ese problema para ellos”.

Fuente: FARCO

Buenos Aires: Se abren nuevos centros para denunciar casos de tortura

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires inauguró en Olavarría una delegación de su Comité contra la Tortura y este viernes 15 de julio abrirá otra en La Matanza. Es parte del proyecto “Hacia la visibilización y prevención de la tortura: una asignatura pendiente y acuciante de la democracia argentina” que tiene por objetivo fortalecer los sistemas de prevención y sanción de la tortura en nuestro país. El abogado Mariano López encargado de la delegación Olavarría explicó que se atenderán dos veces por semana “denuncias de víctimas o familiares de víctimas en todo lo que tenga que ver con torturas o malos tratos por funcionarios policiales o penitenciarios”.

La delegación se presentó el 7 de julio en la sede del Archivo de la Memoria de Olavarría. El 15 de julio se pondrá en marcha junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos una delegación en el partido de La Matanza que se presentará a las 14.30 en la sede del Colegio de Abogados, Entre Ríos 2942 de la localidad de San Justo.

Estos espacios se integran al sistema de control y monitoreo de lugares de detención y del desempeño de las fuerzas de seguridad que lleva a cabo la Comisión por la Memoria en todo el territorio bonaerense a través del Comité contra la Tortura.

En junio se presentó el informe Anual del Comité contra la Tortura con el diagnóstico de situación de todas las cárceles, comisarías e institutos de menores de la provincia.

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, el sindicalismo, el ámbito judicial y universitario, legisladores y religiosos de distintos credos.

Fuente: FARCO

La rutina de la tortura

En las semanas pasadas, tres casos que tuvieron algo de difusión nos muestran que la tortura es cuestión de rutina para la policía y que la justicia recorre siempre el mismo camino para garantizar la impunidad de los torturadores.

En la madrugada del 25 de junio pasado, en La Plata , Felipe Ayala Gamboa se retiraba de una fiesta junto a un amigo. Iban en busca de sus bicicletas, atadas en la esquina, cuando se les acercó un patrullero. Bajaron dos oficiales al grito de "arriba las manos". Los jóvenes entregaron sus DNI, pero uno de los policías puso de espaldas a Felipe para palparlo. Felipe se resistió, pues ya le había mostrado los documentos. El policía comenzó a pegarle patadas vociferando "no digas nada más porque te mato". En su desesperación, Felipe gritó que era hermano de Sandra Ayala Gamboa (joven violada y asesinada que se convirtió en un símbolo de lucha contra el femicidio, y un caso más en el que la policía entorpeció la investigación). Lejos de detenerse, lo golpeó aún más fuerte. Subieron raudos al móvil policial y se fueron. Tras la golpiza, y luego de ser atendido en el hospital, Felipe hizo la denuncia en la UFI N ° 1.

Por otro lado, el 20 de julio de 2010, un cabo de la comisaría 23ª del barrio porteño de Palermo detuvo a tres menores de 16 y 17 años porque se le antojó que habían roto el vidrio de una camioneta estacionada. Y ese vidrio valió más que la integridad y la dignidad de los chicos. El policía de la Federal pidió refuerzos por radio y llegaron otro policía que estaba cerca, tres patrulleros, con la subinspectora jefa de servicio externo, Natalia Verón (33), el sargento Sergio Coronel (37), el sargento primero Juan Villegas (45), el agente Ricardo Coria (33), el cabo Mariano Cerrillo (31) y el agente Guillermo Villán (27) ¡ocho policías y tres móviles para tres pibes!

Los chicos fueron golpeados en la cara y el estómago para que confesaran quién había roto el vidrio. Los subieron a cada uno a un patrullero y ahí empezaron a picanearlos. Una vez en la seccional 23ª, siguieron golpeándolos en boca y estómago y aplicándoles picana hasta que los chicos se desvanecieron. Los tres jóvenes reconocieron también al sargento primero Juan Morales (50) quien vio todo y no hizo nada por detener las torturas.

La fiscal Estela Andrade pidió someter a juicio oral a Verón, Cerrillo y Villegas por "torturas reiteradas"; a Coria, Coronel y Villán por "apremios ilegales agravados"; a Morales, al jefe de servicio a cargo de la seccional, Cristian Bejarano (33), y al guardia que lo secundaba, Leandro Bruschi (23), por "omisión de denunciar la comisión de torturas".

Otro caso es el del 12 de julio de 2005; el subinspector Diego Alfredo Fernández, y dos sargentos, Víctor Huanca y Claudio Mingorance, llegaron al departamento de Mauricio N. Godoy con una orden de allanamiento dispuesta en una causa en su contra por amenazas. Mauricio se negó a abrir la puerta, por lo tanto, los policías la forzaron. Luego, se abalanzaron sobre él, aún teniendo a una niña en brazos, y comenzaron a golpearlo hasta reducirlo y esposarlo en presencia de su familia. Mauricio sufrió hematomas en ambos ojos, antebrazos, rodillas y tobillos, escoriaciones y golpes en la cabeza.

Los policías fueron sometidos a juicio y condenados a un año de prisión en suspenso por "vejámenes" y "lesiones", pero la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, a cargo de Gustavo Mitchell, Liliana Catucci y Ángela Lesdesma, revocó el fallo y absolvió a los policías por dos votos (los de Mitchell y Catucci) contra uno.

MÁS MUERTES EN CÁRCELES

El 28 de junio de este año, algunos diarios informaron, en apenas unas breves líneas, que dos presos murieron en el penal de Florencio Varela. Con la habitual escasez de datos, sólo mencionan que Oscar Jiménez Barreiro, de 28 años, y Víctor Hugo Andrade, de 25, “murieron durante una pelea”.

En 1992, cuando Fito Ríos, preso en la cárcel de Caseros, fue torturado hasta morir, apaleado a garrotazo limpio por el cuerpo de requisa, que lo golpeó con tal fiereza que los azulejos verdosos quedaron salpicados con partes de su materia cerebral, también los diarios informaron “murió un preso en una pelea”. Y fueron necesarios diez años de pelea de su madre, nuestra compañera Delia Garcilazo, para que los jueces, tardíamente y cuando ya no se podía castigar a nadie, reconocieran que no fue una pelea entre presos, sino un asesinato cometido por los de uniforme.

La cantidad real de muertes intramuros es uno de los datos que más cuesta desentrañar, cuando intentamos contabilizar los casos que incluimos en el Archivo de Casos que publicamos cada fin de año. Así como el fusilamiento en un barrio de un pibe pobre por un policía es siempre “un acto de servicio”, como dijeron los defensores del policía federal Luciano Cruz (policías ellos también, de la Dirección de Asuntos Judiciales de la PFA – Ministerio de Seguridad de la Nación ) en sus alegatos, la muerte de un preso apenas si cuenta como uno menos en el recuento diario de la población penitenciaria.

La policía cuenta con las herramientas, el poder y la impunidad que les da el estado. Herramientas para torturarnos y matarnos; poder para someternos; e impunidad para que descarguen todo su desprecio por nuestra vida.

Fuente: CORREPI/Radio Minka

Bs As: Denuncian que el titular de la UOCRA hacía inteligencia para la Dictadura

Organizaciones de derechos humanos pidieron que la justicia investigue al actual líder del gremio de la construcción Gerardo Martínez por su posible rol de colaborador civil de la última dictadura. Según la presentación, Martínez figura en la "nómina del personal civil de inteligencia" del Batallón 601 difundida el año pasado.

Gerardo Martínez, secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y uno de los que sonó fuerte para reemplazar a Hugo Moyano al frente de la CGT, figura en los archivos desclasificados del Ejército como miembro civil del Batallón 601 de Inteligencia, función que ejerció durante la Dictadura. Los mismos años que estuvo como servicio de inteligencia desaparecieron, por lo menos, 105 obreros del gremio de la construcción, según denunció la CONADEP.

Los datos acerca del personal civil que prestó servicios al Batallón 601 de Inteligencia, publicado por Plazademayo.com, son públicos y están disponibles en la página del Archivo Nacional de la Memoria. En la lista aparece el nombre de Gerardo Alberto Martínez y su documento 11.934.882. Ese listado fue entregado por el General de Brigada César Gerardo Milani, Director General de Inteligencia-EMGE a la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, el 5 de febrero de 2010. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), fue quien radicó la denuncia.

Según los registros de la Anses, Martínez comenzó a prestar servicios en la UOCRA a partir de diciembre de 1978. En 1990 fue elegido como secretario general de la UOCRA. En 1995, secretario general de la CGT. Luego de la caída del menemismo, el sindicalista siguió ejerciendo su rol directivo en la UOCRA. Con la llegada del kirchnerismo, se transformó a la nueva fe.

Enrique Furman es uno de los que impulsa la denuncia. En declaraciones dijo: "Martínez aparece en la UOCRA en esa época. El documento del Ejército es el que le entrega la fuerza a Nilda Garré por decreto de la Presidenta. No sabemos qué hacía en el 601 Martínez, por eso lo denunciamos. Queremos que se investigue si tuvo que ver con la desaparicion de los 105 trabajadores de la UOCRA".

Las organizaciones de derechos humanos relataron en un comunicado de prensa que “el Batallón 601 se especializaba en hacer inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas ‘subversivas’, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos”.

Los denunciantes son el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos, la organización LIBERPUEBLO, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, el Movimiento Territorial Liberación, el sector de la Central de Trabajadores de la Argentina que conduce Pablo Micheli, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad y el Colectivo Popular por los Derechos Humanos del Movimiento Popular La Dignidad.

Fuente: Agencias de noticias

Chaco: Legislatura realiza mañana una audiencia pública para modificar la ley de agrotóxicos

La legislatura de la provincia de Chaco realizará mañana una audiencia pública para escuchar opiniones acerca de la modificación de la ley de Biocidas, que regula el uso de agrotóxicos en la provincia. La audiencia se realiza por reclamo de las organizaciones ecologistas ante el impulso desde el oficialismo de modificaciones a la actual ley y la posibilidad de que se achique la distancia permitida entre el poblado y el área a fumigar.

El corresponsal del Instituto de Cultura Popular, Jorge Pope Solari, explicó que “la provincia de Chaco tiene una buena ley de Biocidas, que entre otras cosas propone que la distancia de un poblado al área donde va a ser fumigada sea superior a los mil metros”. Haciendo un repaso de la situación en la provincia, explicó que desde el oficialismo del Frente para la Victoria y los diputados radicales comenzaron a impulsar un proyecto de reforma de la actual ley de Biocidas buscando achicar la distancia entre el poblado y las fumigaciones. Las organizaciones ambientalistas advirtieron la situación y promovieron la audiencia pública para que se debata la posible reforma proponiendo “que no se toque esta distancia de los mil metros de la posible fumigación y que se derogue la posibilidad de fumigación aérea, teniendo en cuenta los argumentos que han surgido de los últimos dos encuentros de Médicos de Pueblos Fumigados que fundamentan el por qué esto debe ser prohibido”. En esos encuentros fueron revelados numerosos casos de graves problemas a la salud en poblaciones chaqueñas que sufren las fumigaciones con agrotóxicos.

“Esta discusión sería que si se quiere priorizar el negociado de las grandes empresas o la salud de las poblaciones”, resumió el corresponsal.

Fuente: FARCO

Bs As: Violencia sin límites

Un guardia de la penitenciaria 48 de gral san martin golpeo y apunto con su arma a un recluso frente a sus familiares y otros presos. "¡A mí no me contestés! ¡La concha de tu madre! ¡Vos no sabés quién soy yo! ¡Yo me recontra paro de manos! Gritó el guardia Dorrego, -¡Viste que me paro de manos! ¡Yo banco guacho! estas Fueron las últimas palabras pronunciadas por Dorrego antes de subirse a su auto Ford Escort gris” denuncio pablo hot.

El hecho se dio el pasado miércoles 6 de julio en horas de la mañana, Actualmente la Fiscalía General del Departamento Judicial San Martín investiga el hecho en el que Hop fue golpeado y luego simularon fusilarlo en la cárcel de San Martín.

Tucuman: Los médicos van a la Justicia por las agresiones sufridas

Los golpes que, según denunciaron les fueron propinados por patotas oficiales y policías de civil durante las primeras horas del 9 de Julio, mientras manifestaban en la plaza Independencia, despertaron el malestar de los Autoconvocados de la Salud, quienes decidieron doblar la apuesta en el marco del conflicto salarial y laboral con el Gobierno. Además de realizar presentaciones judiciales por los ataques sufridos durante el “Festival de la Independencia” realizado el viernes por la noche en la Plaza, los disidentes de la salud amenazan con interrumpir la atención en las guardias y salas de terapia intensiva.

Según confirmó la titular del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS), Adriana Bueno, desde el sector denunciaron el ataque sufrido ante las autoridades policiales provinciales y en las próximas horas tienen previsto hacer lo propio en la Justicia Federal. "Queremos que la Justicia investigue quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de esta lamentable agresión de la que fuimos víctimas mientras protestábamos pacíficamente en la carpa de la dignidad de la plaza Independencia", explicó la profesional.

Por su parte, el abogado de SITAS, Raúl Moreno, precisó que el domingo se hizo una presentación en la Comisaría Primera "por los incidentes ocurridos antes de la medianoche del viernes 8 de julio". En tanto que hoy, agregó el letrado, se elevará una demanda "ante la Policía Federal, para que luego la causa sigua su curso y sea investigada por la Justicia Federal, por la agresión que tuvo lugar en las primeras horas del 9 de Julio, cuando Tucumán ya era Capital de la República y, por lo tanto, los incidentes se produjeron en jurisdicción federal".

El abogado dijo que "hay dos mujeres que resultaron heridas durante los incidentes, una con una ruptura de clavícula y otra con un corte en la mandíbula. Estas son las pruebas más contundentes del ataque cobarde, que no diferenció entre varones y mujeres, perpetrado por patotas mandadas por el Gobierno", sentenció.

A su turno, la doctora Bueno acotó que "las agresiones físicas están filmadas en un video que ya está en Internet y también hay una filmación realizada por un colega de La Rioja, quien vino en representación de la FESPROSA, que serán utilizados como prueba en la denuncia contra el Poder Ejecutivo. Estas agresiones físicas no pueden quedar impunes y se pedirá que investigue la Justicia Federal para desenmascarar a los autores materiales e intelectuales del ataque", señaló.

Fuente: Periodico Lea

MOCASE solicita solidaridad urgente

En "La Overa", Departamento Alberdi a 250 Km. de la ciudad capital de la Provincia de Santiago del Estero, el 08 de Julio los vecinos de la comunidad fueron atacados a tiros por una banda reconocida armada liderada por "Líto Padilla" que intenta instalarse en la zona para realizar trabajos de desmonte y alambrado.

Esto ocurrió en hora del mediodía cuando los niños de la escuela de Overa salían de clases.

La misma banda atacó violentamente a la Comunidad del Simbolar- Alberdi a fin del año 2010.

Son aproximadamente 10 (diez) personas armadas que se trasladan en un camión.

Estos responden al empresario SUAREZ, conocido abogado Santiagueño, hermano de un alto funcionario del INTA local, Ing. Agr. Adrián Suárez.

Son 20 familias afectadas directamente por la usurpación de estos territorios.

Seguiremos DEFENDIENDO NUESTRAS TIERRAS QUE POR DERECHO ANCESTRAL NOS CORRESPONDEN y exigimos que las AUTORIDADES Provinciales y Nacionales asuman la responsabilidad de resolver los Problemas del Campesinado Santiagueño.

Fuente: Red Latina Sin Fronteras

Fabián Sampietro cumple tres días de huelga seca sin recibir respuesta

El militante de La Cantora se cosió los labios exigiendo que la justicia resuelva su situación, dado que se encuentra encerrado sin condena firme. Actualmente se encuentra detenido en la Unidad 29 de Melchor Romero en manos de sus torturadores, ya que lleva adelante una importante causa contra tres oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense por torturas. En el cierre del tercer día sin ingerir alimentos ni líquidos, la justicia sigue sin responder.

Sampietro es vícitma de una deliberada inacción judicial, ya que casación aun no resolvió la pena que debe pagar. Sea cual sea la condena resuelta, esta implicaría la libertad inmediata, dado que acorde al computo de la pena, ha cumplido la máxima otorgable. La paciencia del militante de La Cantora venció el jueves. Dando inició a una huelga seca, decidió coserse la boca, y dar inicio a una huelga seca.

Roberto Cipriano, Coordinador del Comité Contra la Tortura, señaló que dicha institución junto a la Asociación La Cantora realizaron la presentación de un Habeas Corpus el viernes por la mañana. En el escrito presentado se solicitó la urgente resolución de la causa judicial. El abogado también señaló que la resolución judicial debe ser rapida, ya que en caso de no resolverse durante la semana, la vida del militante correrá riesgo. En el mismo sentido habló Oscar Rodríguez, abogado de la APDH, señalando que la justicia debe resolver "no con los tiempos procesados que normalmente se tienen en la justicia y que poco tienen que ver con los tiempos humanos".

Por otro lado, Cipriano recordó que el inició de esto se produjo en noviembre del 2010. En aquel entonces, la denuncia que lleva adelante Sampietro contra tres oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense, llegaba a juicio. Sin embargo, la sorpresa invadió la primera audicencia cuando los jueces decidieron cambiar la carátula de la causa por vejaciones, a torturas. El tribunal se declaró incompetente, y recien pocas semanas atrás nuevos jueces recibieron la causa, encontrándose hoy la misma en una instancia de presentación de pruebas. El Coordinador del Comité Contra la Tortura señaló que a partir aquel día en que se realizó el cambio de caratula, Sampietro que contaba con arresto domiciliario empezó a ser víctima de un fuerte hostigamiento por partel del SPB. Finalmente, el servicio logró cumplir su objetivo cuando a principios de marzo presentó un informe que provocó la revocación de las salidas laborales y la vuelta a la vida de encierro.

A lo largo de su militancia en la carcel, Sampietro se desenvolvió en un extenso marco de estrategias en la lucha por los derechos de las personas privadas de su libertad, sin embargo, es esta la primera vez que se decide a realizar una medida de autoagresión. En este sentido, Oscar Rodríguez manifestó que "es una medida gravísima, porque además de lo que significa coserse la boca, de alguna manera una autoagresión muy fuerte, significa inmediatamente entrar en una huelga seca, es decir, no sólo no ingerir alimentos, lo que es grave, sino lo que es más grave aun no ingerir líquidos".

Por su parte, Azucena Racosta, integrante de La Cantora, dijo que los motivos que llevan a Sampietro a realizar esta medida, son los mismos que padece más del 80% de los presos.

Fuente: Indymedia Argentina

Mientras los médicos denunciaron agresiones, el poder ejecutivo dijo respetar a las protesta

Los recientes antecedentes hacían presagiar la peor de las convivencias, sin embargo, la cordura dijo presente durante las celebraciones patrias que se concretaron en zona de plaza Independencia, más precisamente en el "camping de la dignidad". Ese mismo que en la madrugada del sábado fue escenario de serios incidentes y un clima de máxima tensión cuando se intentó desalojar de forma violenta a los Autoconvocados de la salud, quienes realizaban su vigilia de manera pacífica.

Con una disposición especial del vallado que circundaba el sector donde se encontraban las carpas, lo que posibilitó la separación de los lugares reservados para los seguidores del oficialismo, se desarrolló sin contratiempos el izamiento de la bandera nacional. La única diferencia radicó en que, mientras las barras que respondían a diversos funcionarios y figuras políticas del oficialismo solicitaban la reelección del Gobernador José Alperovich, los galenos se limitaron a manifestar al unísono una expresión alegórica a la fecha: ¡Viva la Patria!, fue la única forma a través de la cual lograron ser escuchados por el Primer mandatario, quien presidió el acto oficial.

Al ser consultada sobre una suerte de explicación que hayan obtenido por parte de la administración comarcana en relación a los lamentables acontecimientos acaecidos en las primeras horas de ayer, Adriana Bueno (Secretaria General del SITAS), destacó que: "Las respuestas son evasivas, intentan sacarse todo tipo de responsabilidades, es el Gobierno el encargado de velar por la seguridad de los ciudadanos, lo cual no lo ha hecho".

Asimismo, denunció la existencia de una zona liberada que permitió el accionar de "patotas rentadas que causaron un desastre donde dejaron heridos y golpeados a varios de nuestros compañeros", refirió.

En tanto, el ministro del Interior Osvaldo Jaldo, se diferenció de la actitud asumida por los médicos en torno a esta situación y resaltó que: "Anoche (viernes) fue una hermosa jornada. Nosotros respetamos el reclamo de la gente, siempre y cuando no lesionen la organización (del festival musical que se realizó en la plaza). Ellos dicen que nosotros enviamos a las patotas, pero habría que preguntarles quién llevó a los del Polo Obrero". Esto último ya que una de las carpas que fueron desalojadas correspondía a esta agrupación política y no a los sanitaristas.

Fuente: Periodico Lea

Rosario: Jóvenes originarias de todo el país participan de un encuentro por sus derechos

En la ciudad de Rosario mujeres jóvenes de pueblos originarios de todo el país participan de un encuentro nacional por sus derechos. Comenzó el lunes 4 de julio, finaliza este viernes 8, está organizado por el Instituto de Género Derecho y Desarrollo (INSGENAR) y tiene el auspicio de la Municipalidad de Rosario y el apoyo de ONU Mujeres. La intención del encuentro es dar herramientas para que puedan conocer y hacer valer sus derechos.

María José Astorga, una de las participantes, de la comunidad de Amaicha del Valle de Tucumán, expresó que encontrarse con mujeres indígenas de otros puntos del país “tiene mucho valor cultural para nosotras porque vemos que lo que le pasa a una nos pasa a todas”.

Beatriz Pérez de la comunidad Kolla de Angosto del Perchel de Jujuy contó que en el caso de esa provincia “lo que nos falta es el protagonismo de la mujer porque está muy ausente, tanto en lo que es el nivel del estado como en las mismas comunidades” porque “es una sociedad machista”.

Karina Paniagua de la comunidad de La Banda de Humahuaca Jujuy contó que “estamos acá para ver cómo se puede alzar la bandera de las mujeres y ver de qué manera podemos lograr o ir por un objetivo común”. Según relató, las participantes coinciden “en que la mujer no tiene el protagonismo de estar al frente de una comunidad, por ejemplo. Solamente hay dos mujeres que están al frente de una comunidad y 40 son varones”, en las 42 comunidades originarias de Humahuaca.

Cintia Ocampo de la comunidad qom de Formosa dijo que “es la primera vez que vengo a participar y venimos a enriquecer nuestros saberes”.

Chabeli Duarte del pueblo Mbya Guaraní de Puerto Iguazú expresó que “me sorprendió mucho, me encantó el taller porque puedo conocer a distintas mujeres de cada pueblo originario” ya que así “podemos conocernos más entre pueblos”. La joven dijo que “hoy en día las mujeres de mi comunidad ya saben cómo defenderse, saben sus derechos y a quien recurrir”.

Sandra del barrio toba de Roullión y Maradona en la zona sudoeste de Rosario expresó que los indígenas llegados de Chaco “acá por lo menos salen a cirujear, a cartonear y se ganan su moneda para comer, pero allá no hay nada”.

Noelia Moreno del pueblo Wichí de Ingeniero Juárez en Formosa contó que allí hay discriminación cuando las mujeres indígenas buscan atención de salud. “En el hospital de Juárez no hay buena atención de parte de los médicos, de los enfermeros y hasta las mucamas maltratan a las mujeres aborígenes. Especialmente a nosotras que somos de pueblos originarios nos discriminan mucho”, dijo. Allí, según Noelia Moreno“hay un grupo de mujeres que están en esta lucha y ellas ya se capacitaron sobre los derechos de las mujeres y las que son discriminadas, maltratadas recurren a ese grupo para que ellas las puedan orientar”.

El Instituto de Género Derecho y Desarrollo con sede en Rosario es una organización de prestigio internacional en la promoción de los derechos de las mujeres y trabaja en articulación con el Comité Latinoamericano y del Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).

Fuente: FARCO

San Rafael: Piden la detención de intendente de la dictadura y la policía todavía no lo encontró

El Juzgado Federal de San Rafael pidió la detención del ex intendente durante la dictadura, Luis Stuhldreher y en las primeras requisas de la policía federal esta mañana no dieron con su paradero. Durante el juicio que se llevó adelante a represores en San Rafael la Cámara de Apelaciones de Mendoza lo había separado de la causa pero ahora se pide la detención, tal como lo había solicitado la querella. Esta mañana el referente de HIJOS San Rafael, Martín Tripiana, relató que “en este momento ya se ha pedido la detención, la policía federal es la que se ha dirigido al lugar y a la casa en la que él tendría que estar y no se encuentra”.

“Habíamos hecho un pedido los querellantes, desde HIJOS y Familiares hicimos un escrito para pedir la detención inmediata ya que Stuhldreher está imputado en 20 causas, 11 por desaparición y 9 por tormentos. En este momento ya se ha pedido la detención, la policía federal es la que se ha dirigido al lugar y a la casa en la que él tendría que estar y no se encuentra, según informaciones que nos han dado. Esperemos que lo encuentren”, dijo Mariano Tripiana, de HIJOS San Rafael.

Stuhldreher, además de intendente de San Rafael en la dictadura, fue también director de Logística del ministerio de Seguridad durante la gobernación de Julio Cesar Cleto Cobos, actual vicepresidente de la Nación. Stuhldreher no solo ocupó el cargo de intendente en el inicio de la dictadura en San Rafael sino que en el mismo edificio donde ejercía el cargo funcionaba un centro clandestino de torturas: “En el lugar donde él estaba de intendente, actualmente la Municipalidad de San Rafael era un centro clandestino de torturas. Estaba en el primer piso, en la radio, él estaba ahí. Estaba prácticamente todo el día. No es que transitaban solamente ellos en ese lugar, había un centro clandestino de torturas. Hay testimonios que a los compañeros cuando los sacaban de la municipalidad salían con los mechones arrancados de la cabeza, todos golpeados, atados con alambre”, contó Tripiana.

Fuente: FARCO

Formosa: Ocultamiento sistemático de la desnutrición

Este niño tiene un año y pesa 3 kilos, la asistente social Raquel amenaza a los padres con quitarle la tenencia si hacen pública la situación, de ese modo con la complicidad de funcionarios y médicos ya se apropió de dos niños

Amenazas a los padres por parte de una asistente social, de sacarle la tenencia de sus hijos desnutridos si hacen pública la situación, hasta ofrecimiento de pago por callar las muertes por parte de médicos, dan cuenta del esfuerzo por parte del Gobierno de Formosa, a través de sus empleados en Salud y Acción Social, por ocultar el horror que hacen padecer a las comunidades indígenas.

Hasta hace unos días las Comunidades Wichí de la zona de Potrillos llevaban a cabo tres cortes de ruta en reclamo, entre otras cosas, de salud. Mientras, desde el gobierno de Insfrán minimizaban la situación y los descalificaban diciendo que era un exceso de reclamo, y que ya la salud está atendida en esa zona.

Pero cómo atienden la situación es algo de lo que da cuenta el accionar de la asistente social Raquel, de parte de la cual los padres de niños desnutridos, que los llevan desesperados a atender, reciben amenazas como que les quitará la tenencia si hacen pública su situación. Esta persecución están padeciendo tres familias, al día de hoy, cuanto menos, con sus tres hijos desnutridos en el hospital de Potrillos, uno de ellos tiene un año de edad y pesa tres kilos. Aumenta el terror de los padres por el antecedente de que esta asistente social ya se apropió anteriormente de dos niños, con la ayuda de los médicos y funcionarios.

En el caso de un niño muerto por desnutrición en Ingeniero Juárez recibimos el testimonio de que los médicos intervinientes le ofrecieron dinero a la madre para ocultar el hecho.

Los casos se avisan a la Defensoría del Pueblo de la nación, no solo son intentados comprar los padres de los niños para callar, sino también los medios, y es muy triste que teniendo opción cedan a eso.

Hay organismos de derechos humanos, hay ONG’s, organizaciones de todo tipo que manejan recursos en nombre de ocuparse de este tipo de situaciones, programas internacionales, y la supuesta justicia institucional y profesionales en torno y al tanto de la situación, sin embargo si los perseguidos no se animan ellos mismos a realizar las denuncias estas cuestiones son invisibilizadas.

Es un reclamo de solidaridad urgente, a todos quienes trabajan al fin de hacer respetar los derechos y leyes ocuparse urgente de esta situación, y no dejarla pasar más. Muchos tienen forma de hacer algo, pero esto sigue pasando ¿si quienes están en esa situación no se dignan a hacer algo qué le queda al niño desnutrido y sus padres por hacer? Pero sin embargo dan el ejemplo, tanto como ponen en evidencia la corrupción e inoperancia de quienes pueden pero no quieren.

Otro medio más del Estado argentino, que sostienen los sucesivos gobiernos, del plan sistemático de exterminio vigente contra una clase que muy poco le importa a los que selectivamente le duelen los genocidios, parece. Debe haber quien tenga voz pública que pueda ser atendida que se digne a hacerse eco por lo muy poco que se puede llegar a conseguir algo del Gobierno, que es el escándalo público, que quieren evitar, silenciando en vez de solucionar la situación, que no lo hacen no porque no lo sepan, sino porque no quieren.

Campesinos argentinos finalizaron caminata contra los desalojos

La caminata del Frente Nacional Campesino llegó ayer al Congreso argentino y ya tiene previstas para mañana reuniones con legisladores de distintos bloques.

Fue el cierre de un recorrido de mil 700 kilómetros por varias provincias del norte del país. Denunciaron desalojos en el campo y exigieron títulos para campesinos.

Las organizaciones de campesinos e indígenas expresaron que "otro campo es posible". Fue durante la conferencia de prensa que brindaron ayer en Buenos Aires.

Fue en el cierre de una caminata que llevó sus reclamos por ciudades de las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe y Buenos aires.

La principal denuncia es el avance de los desalojos a campesinos en el campo argentino.

Exigieron titulaciones sociales de la tierra para afectados por el modelo agrario.

Las organizaciones señalan que los desalojos se producen porque no cuentan con títulos de propiedad. Sin embargo, se trata de campesinos y comunidades que trabajan los territorios que habitan hace más de 20 años.

El Frente Nacional Campesino elaboró un proyecto de ley para presentar en el Congreso. El texto busca frenar los desalojos a campesinos y regular las formas de tenencia de la tierra.

Los referentes de la marcha campesina estarán alrededor de una semana en Buenos Aires y esperan reunirse con legisladores de todos los bloques políticos para plantear su reclamo y con autoridades del gobierno nacional.