En las semanas pasadas, tres casos que tuvieron algo de difusión nos muestran que la tortura es cuestión de rutina para la policía y que la justicia recorre siempre el mismo camino para garantizar la impunidad de los torturadores.
En la madrugada del 25 de junio pasado, en La Plata , Felipe Ayala Gamboa se retiraba de una fiesta junto a un amigo. Iban en busca de sus bicicletas, atadas en la esquina, cuando se les acercó un patrullero. Bajaron dos oficiales al grito de "arriba las manos". Los jóvenes entregaron sus DNI, pero uno de los policías puso de espaldas a Felipe para palparlo. Felipe se resistió, pues ya le había mostrado los documentos. El policía comenzó a pegarle patadas vociferando "no digas nada más porque te mato". En su desesperación, Felipe gritó que era hermano de Sandra Ayala Gamboa (joven violada y asesinada que se convirtió en un símbolo de lucha contra el femicidio, y un caso más en el que la policía entorpeció la investigación). Lejos de detenerse, lo golpeó aún más fuerte. Subieron raudos al móvil policial y se fueron. Tras la golpiza, y luego de ser atendido en el hospital, Felipe hizo la denuncia en la UFI N ° 1.
Por otro lado, el 20 de julio de 2010, un cabo de la comisaría 23ª del barrio porteño de Palermo detuvo a tres menores de 16 y 17 años porque se le antojó que habían roto el vidrio de una camioneta estacionada. Y ese vidrio valió más que la integridad y la dignidad de los chicos. El policía de la Federal pidió refuerzos por radio y llegaron otro policía que estaba cerca, tres patrulleros, con la subinspectora jefa de servicio externo, Natalia Verón (33), el sargento Sergio Coronel (37), el sargento primero Juan Villegas (45), el agente Ricardo Coria (33), el cabo Mariano Cerrillo (31) y el agente Guillermo Villán (27) ¡ocho policías y tres móviles para tres pibes!
Los chicos fueron golpeados en la cara y el estómago para que confesaran quién había roto el vidrio. Los subieron a cada uno a un patrullero y ahí empezaron a picanearlos. Una vez en la seccional 23ª, siguieron golpeándolos en boca y estómago y aplicándoles picana hasta que los chicos se desvanecieron. Los tres jóvenes reconocieron también al sargento primero Juan Morales (50) quien vio todo y no hizo nada por detener las torturas.
La fiscal Estela Andrade pidió someter a juicio oral a Verón, Cerrillo y Villegas por "torturas reiteradas"; a Coria, Coronel y Villán por "apremios ilegales agravados"; a Morales, al jefe de servicio a cargo de la seccional, Cristian Bejarano (33), y al guardia que lo secundaba, Leandro Bruschi (23), por "omisión de denunciar la comisión de torturas".
Otro caso es el del 12 de julio de 2005; el subinspector Diego Alfredo Fernández, y dos sargentos, Víctor Huanca y Claudio Mingorance, llegaron al departamento de Mauricio N. Godoy con una orden de allanamiento dispuesta en una causa en su contra por amenazas. Mauricio se negó a abrir la puerta, por lo tanto, los policías la forzaron. Luego, se abalanzaron sobre él, aún teniendo a una niña en brazos, y comenzaron a golpearlo hasta reducirlo y esposarlo en presencia de su familia. Mauricio sufrió hematomas en ambos ojos, antebrazos, rodillas y tobillos, escoriaciones y golpes en la cabeza.
Los policías fueron sometidos a juicio y condenados a un año de prisión en suspenso por "vejámenes" y "lesiones", pero la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, a cargo de Gustavo Mitchell, Liliana Catucci y Ángela Lesdesma, revocó el fallo y absolvió a los policías por dos votos (los de Mitchell y Catucci) contra uno.
MÁS MUERTES EN CÁRCELES
El 28 de junio de este año, algunos diarios informaron, en apenas unas breves líneas, que dos presos murieron en el penal de Florencio Varela. Con la habitual escasez de datos, sólo mencionan que Oscar Jiménez Barreiro, de 28 años, y Víctor Hugo Andrade, de 25, “murieron durante una pelea”.
En 1992, cuando Fito Ríos, preso en la cárcel de Caseros, fue torturado hasta morir, apaleado a garrotazo limpio por el cuerpo de requisa, que lo golpeó con tal fiereza que los azulejos verdosos quedaron salpicados con partes de su materia cerebral, también los diarios informaron “murió un preso en una pelea”. Y fueron necesarios diez años de pelea de su madre, nuestra compañera Delia Garcilazo, para que los jueces, tardíamente y cuando ya no se podía castigar a nadie, reconocieran que no fue una pelea entre presos, sino un asesinato cometido por los de uniforme.
La cantidad real de muertes intramuros es uno de los datos que más cuesta desentrañar, cuando intentamos contabilizar los casos que incluimos en el Archivo de Casos que publicamos cada fin de año. Así como el fusilamiento en un barrio de un pibe pobre por un policía es siempre “un acto de servicio”, como dijeron los defensores del policía federal Luciano Cruz (policías ellos también, de la Dirección de Asuntos Judiciales de la PFA – Ministerio de Seguridad de la Nación ) en sus alegatos, la muerte de un preso apenas si cuenta como uno menos en el recuento diario de la población penitenciaria.
La policía cuenta con las herramientas, el poder y la impunidad que les da el estado. Herramientas para torturarnos y matarnos; poder para someternos; e impunidad para que descarguen todo su desprecio por nuestra vida.
Fuente: CORREPI/Radio Minka
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