La entidad civil, en un crítico documento, sostiene que el proyecto de entendimiento de Chaco con la empresa saudí Al-Khora yef, constituye "una auténtica situación de emergencia por las locuras de un gobierno que está de paso y que acosa el ambiente".
Con el título "Por más concentración y extranjerización del uso de la tierra pública de Chaco", firmado este martes 17 de enero por el Centro de Estudios "Nelson Mandela" de Resistencia sostiene:
"En octubre de 2010 Capitanich insinúo que proyectaría una millonaria inversión en El Impenetrable, bajo un sistema de arrendamientos que comprendería 221.000 hectáreas de tierras públicas para desarrollar un proyecto agroalimentario con el grupo saudí Al-Khora yef, que en la primera etapa invertiría 400 millones de dólares. El anuncio comprendió la posible localización del emprendimiento en el triángulo constituido por Comandancias Frías, Fuerte Esperanza y Taco Pozo.
El 22 de febrero de 2011 el gobernador firmó un memorándum de entendimiento con la firma Al-Khora yef Group Company (AGC), representada por José F. Tomas y Siasa latinoamericana (SIASA), encabezada por Daniel Tardito, CEO de Eduardo Eurnekian, uno de los grandes terratenientes del Chaco, con aceitadas relaciones con el actual y con los anteriores gobiernos. AGC figuró como empresa diversificada, aunque sin experiencia ni antecedentes en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Pese a ello, sería el desarrollador del emprendimiento.
Fijó su domicilio en la Caja 305 del Correo de la ciudad de Riad, Arabia Saudita. SIASA se presentó como agrupadora managers, recientemente inscripta en el registro de comercio de Tigre, sin movimiento comercial para entonces. El objetivo del emprendimiento consistiría en desarrollar, llave en mano, una explotación agrícola en aproximadamente 40 mil hectáreas de tierras públicas. La producción se entregaría monopólicamente al Reino de Arabia Saudita, para la seguridad alimentaria de su población. A través de un préstamo a la provincia del Chaco, que debería ser garantizado por la República Argentina, se financiaría la realización del estudio de viabilidad del proyecto, cuya ejecución se costearía con fondos que se obtendrían del Banco Saudí de Desarrollo. Estos fueron los puntos más salientes del memorándum de entendimiento.
De concretarse el proyecto inevitablemente se desvirtuarán y se desnaturalizarán las pautas de administración de tierras fiscales previstas por la Constitución Provincial (CP), por la ley 2913 y su modificatoria 4133. El art. 42 de la CP regula todo lo relacionado con la propiedad, el uso y la explotación de las tierras fiscales, incluso las ociosas, estableciendo las unidades económicas de tipo familiar, la explotación directa y racional de la tierra a exclusivo cargo del propio adjudicatario, la entrega y adjudicación preferencial a los aborígenes, a ocupantes, a pequeños productores y a sus descendientes, como también a cooperativas y entidades intermedias sin fines de lucro. O sea que la Constitución descarta la entrega del uso y de la explotación de las tierras en latifundios.
El art. 43 regula todo lo relacionado con las adjudicaciones, como también las excepciones, destacándose que no se deben adjudicar tierras públicas a las sociedades mercantiles. Desde este postulado es que el arrendamiento latifundista de tierras públicas al grupo saudí, si se concretara, significará lisa y llanamente una grave contradicción ante la letra muy clara y al espíritu muy preciso de nuestra Constitución, aún cuando en el futuro se quiera usar avales en leyes y decretos a sancionarse.
A su vez, el art. 44 protege el bosque nativo chaqueño, que es lo mismo que decir que protege el suelo y la biodiversidad, que en buen romance implica defender las tierras públicas bajo un concepto integral. Por lo tanto, el proyecto de inversión del fideicomiso árabe tampoco parece sustentable si tomamos en cuenta que para su ejecución se deben desmontar miles de hectáreas en una zona de biodiversidad extremadamente frágil, además de que por su futura localización afectará a muchas familias que habitan desde hace décadas en tales territorios, que resisten en base a una economía de subsistencia.
Extranjerización del uso de las tierras públicas por adjudicaciones encubiertas.
En la cuestión relacionada con los anuncios que efectuó el gobernador para avanzar en el emprendimiento agrícola-ganadero-forestal con la empresa saudí, la duda más concreta se concentra en la localización del referido megaproyecto. Hasta hace poco se manejaba la idea de que se ubicaría en cercanías de Las Hacheras, 30 Km. al norte de Miraflores, aguas debajo de La Fidelidad. Sin embargo, ahora se baraja la posibilidad de que se localice en el Interfluvio, luego de la punta norte-oeste de La Fidelidad, aguas arriba de esa legendaria Estancia que tiene destino de parque nacional, de manera que el proyecto -si se concretara- afectará ambientalmente cualquier programa de preservación del extraordinario e inigualable capital de biodiversidad allí existente, además de perjudicar a los pobladores de la zona que están arraigados allí desde hace varias décadas. Son los norteños, minifundistas y pequeños productores, dedicados fundamentalmente a la cría de ganado caprino, con majadas de ochenta a cien madres en cada caso y pocos animales altos.
La segunda duda consiste en la extensión del posible emprendimiento, repitiéndose el gobierno en la estrategia de difundir información con impresiones o vagamente, violando el deber de certeza que debieran respetar todos los gobiernos. Así fue que manejaron distintas superficies, como expresión concreta de una forma poco seria de comunicación institucional. Últimamente el gobernador señaló una proyección de 400 mil hectáreas de tierras fiscales que entregaría a la empresa saudí, que en el caso de ser cierto pondrá en evidencia la alocada política que confusamente pretenden implementar para desarrollar la producción primaria. Entonces, y suponiendo que la información fuera cierta, el mega emprendimiento se extendería desde La Fidelidad hasta la localidad llamada Wichí. Un claro disparate con el pretexto de fomentar la política de expansión de la frontera agropecuaria, ganadera y forestal.
Es una verdadera locura. Para ponerlo al descubierto, basta con tener en cuenta el mapa de uso de suelos del Chaco, inconcluso pero revelador. En la zona que se habría escogido predomina los suelos Clases VI y VII, que no son aptos para la agricultura. A este factor determinante, se suma la extrema heterogeneidad de los suelos en cortas distancias. Una de las personas que más ha trabajado este tema da un ejemplo magnífico que refleja apropiadamente la heterogeneidad de estas tierras; siempre menciona que se ven simbólicamente reflejadas a través de "una feta de mortadela". Esta falta de homogeneidad de los suelos desanimó a australianos, israelíes, franceses y grupos económicos de varias nacionalidades que vinieron a evaluar el territorio y volvieron a sus lugares convencidos de que no se puede realizar producción agrícola a escala en El Impenetrable.
A las limitaciones de los suelos, se agregan las altas temperaturas de los períodos de campañas agrícolas, que en los días más cálidos implican temperaturas superiores a los 60º, cuando el sol está a pique, que cocina cualquier vegetal. A su vez, las lluvias anualizadas se concentran dos veces durante un par de semanas, con un promedio anual muy bajo en los últimos cincuenta años. Por último, las ondulaciones o desniveles existentes en toda la zona que se habría escogido, por el predominio de albardones y madrejones también se oponen a cualquier práctica agrícola a gran escala, además de impedir o dificultar la implementación de un sistema de riego artificial para la explotación proyectada. Es absolutamente impensado que se realice una tarea de nivelación en miles y miles de hectáreas de las 400 mil que anunció el gobernador, que además de ser casi imposible por los costos económicos, implicaría no solamente desmontes masivos sino un desarrollo ambiental fuertemente negativo e irreversible porque el Interfluvio tiene un funcionamiento muy particular, sobretodo en su red hídrica estacional, que se vería absolutamente dañada, con lo que el gobierno efectuaría aportes sustanciales para el cambio climático negativo que se encuentra en plena marcha, que ya no niegan ni discuten aquellos que militan en el productivismo a escala, con grandes inversiones.
En apariencia, el proyecto viene impulsado con una prédica bastante bien organizada porque difunden que los capitales saudíes efectuarían grandes inversiones en obras de infraestructura, no solamente camineras y energéticas, sino también para la provisión de aguas para dotar de riego artificial a la producción agrícola. Esto encaja y entusiasma al gobierno en la tarea de impulsar la alocada política del gobierno en materia de producción a escala, con supuestas grandes inversiones, sin importar el origen de los recursos, la mecánica y consecuencias de los procesos de producción, el trabajo, el destino de los bienes y, por último, de las riquezas generadas que terminan por quedar en muy pocas manos porque no se distribuirán entre los chaqueños dado que se trata de un negocio integrado, que excluye la mano de obra, salvo el trabajo menos calificado, tradicionalmente muy mal pagos en nuestra provincia, en mayor medida en El Impenetrable, donde predomina el trabajo esclavo.
Sin embargo, debemos comprender que este proyecto financiero, económico y productivo será de corto plazo, de carácter netamente extractivo y predador, con costos sociales y ambientales irreversibles, de tal modo que no nos beneficiaremos con el prometido proceso de capitalización que se ha anunciado y los chaqueños no seremos favorecidos porque el modelo agrotecnológico que se aplicará no contempla la contratación de mano de obra calificada e intensiva. Además, cuando la empresa saudí nos devuelva los predios fiscales, en realidad nos restituirán lo que queda de las tierras sobre explotadas, sin la protección del monte nativo, de manera que inevitablemente se degradarán aún más hasta la desertificación del territorio, salvo que en el futuro se encaren procesos muy costosos de remediación, con recursos públicos.
Retomando el tema de La Fidelidad, que por cierto no viste de verde al gobierno local, debemos señalar que de concretarse el emprendimiento saudí también afectará el ecosistema de la Estancia, o sea que ésta quedará afectada salvo que miremos el fenómeno desde la visión cerrada que tiene el gobierno chaqueño, que predica las externalidades liberales y no entienden o niegan los riesgos y daños en los entornos ambientales.
Si al mega emprendimiento saudí sumamos la ubicación geográfica del saldo maderable que el gobierno perfiló a través del anunciado Inventario Forestal 2011, que resumidamente significa que la madera que queda para explotar se encuentra en El Impenetrable, debemos necesariamente concluir que en pocos años colapsará el sistema existente en el zona, que en realidad es definidamente frágil por sus condiciones naturales. Todo esto permitiría plantear la hipótesis de una situación concreta de expropiación ambiental, de jerarquía superior al saqueo porque supone el ejercicio pleno del dominio del ecosistema, que incluye la tierra pública y la privada. Así ingresaríamos a una autentica situación de emergencia por las locuras de un gobierno que está de paso, que acosa el ambiente y ataca y hostiga el saldo existente de biodiversidad.
Por si fuera poco, los explotadores forestales cuentan con los privilegios derivados del decreto 2249, de contenido absolutamente irregular, que permite a cualquier ocupante explotar el monte nativo chaqueño en tierras fiscales, sin ningún tipo de control por parte del Instituto de Colonización. Por este decreto se están cometiendo verdaderos desastres ambientales. Si sumamos los desmontes truchos autorizados por la Dirección de Bosques con el pretexto de combatir las invasoras (fachinales), más los cambios de usos de suelos que se han autorizado como un verdadero festival durante el 2011, que han involucrado suelos Clase VI, de la serie Capdevila, fundamentalmente en el eje Charata y Pinedo, componemos un cuadro de situación que antecede inmediatamente a los ambientes estragados, producto de la descontrolada expansión de las fronteras agropecuaria y ganadera. Es que toda la estructura del Ministerio de la Producción está atravesada por la corrupción y actúa como comercializadora de los recursos naturales, abierta y desembozadamente.
Los diputados chaqueños tienen la palabra. De nuestros legisladores depende que se avance o no en el temerario proyecto que puede general el colapso del frágil ecosistema existente en El Impenetrable. Esta vez se trata del Interfluvio, que es el único gran humedal de la región. Si fracasan, será la hora de los jueces. En todos los casos dependerá de la presión social. Así ocurrió en Río Negro con el proyecto de entendimiento celebrado entre el gobernador Miguel Ángel Saiz y los chinos, frenado por la decisión de un juez que hizo valer las leyes y la Constitución".
Fuente: Chaco dia por dia
