Bs As: Masiva Movilización en reclamo de un salario mínimo para trabajadores cooperativistas

En reclamo de una mejora en las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y trabajadoras de los planes dependientes del Estado, se desarrolló una movilización masiva hasta el Ministerio de Desarrollo. Más de cincuenta organizaciones de sociales participaron de la actividad.

A partir de las 15 hs, más de 50 organizaciones sociales marcharon masivamente hacia las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, exigiendo un aumento del haber mensual igual al salario mínimo legal para todos los trabajadores del Programa Argentina Trabaja y demás programas de empleo dependientes del estado, nacionalización real y efectiva del Programa y de todas las políticas de empleo del gobierno nacional, reapertura del ingreso al programa y más puestos de trabajo, acceso a la tierra y construcción masiva de viviendas, trabajo en obras reales y de importancia que apunten a mejorar la infraestructura básica de los barrios y asentamientos mas postergados del país y condiciones dignas de trabajo,con acceso efectivo a obras sociales, aguinaldo, seguro, entrega de materiales, herramientas y elementos de trabajo en tiempo y forma.

Fuente: ANRed

Bs As: Los represores apuestan a la dilación

La renuncia del abogado que defendía a seis represores ya demoró una semana el juicio, cuyo veredicto estaba previsto para mediados de octubre. Los fiscales y los abogados querellantes revisarán los casos de Rodolfo Walsh y de María Cristina Lennie, entre otros.

El juicio oral por los crímenes cometidos en la ESMA entró en la lógica de una partida de ajedrez. La renuncia del abogado Alfredo Solari, a cargo de la defensa de seis marinos, desató un efecto en cadena que suspendió una semana el proceso. Faltan pocos días para el veredicto previsto para mediados de octubre, pero a la luz de los dos años de juicio aún esas dimensiones parecen eternas. Hoy comienzan las réplicas de la fiscalía y las querellas. Revisarán el caso Walsh y el de María Cristina Lennie, entre otros. La semana próxima responderá la defensa de los marinos que, de acá en adelante, seguramente intentará buscar todas las formas posibles para seguir retrasando el veredicto.

Acaso la intención de demorar el final del juicio pudo empezar a verse en los últimos días. El abogado Alfredo Solari representaba a seis marinos, entre ellos al represor Ricardo Cavallo. Su renuncia generó un dislate en la sala de audiencias. El Tribunal Oral Federal 5 ese día le había encargado además la representación de Julio César Coronel, otro imputado cuyo abogado (que además es su hijo) no estaba en la ciudad. En los últimos días, los seis marinos que eran representados por Solari nombraron a un nuevo abogado: Olmedo Barrios, con domicilio en La Plata, quien pidió un plazo de diez días para ponerse al tanto de la causa. Un plazo que puede hacer demorar nuevamente todos los plazos y que alguno se ocupará de pedir que quede reducido al mínimo legal disponible: tres días en total.

Barrios lleva adelante la defensa de otros represores en varias causas por delitos de lesa humanidad y una firma con su nombre aparece entre los abogados de la Agrupación por la Justicia y la Concordia, que en una carta abierta al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se quejan por el avance de los juicios. Su nombre aparece como autor de un blog que recientemente publicó la carta en la que Francisco Solari se define como perseguido político porque un alumno suyo de la Facultad de Derecho denunció sus posturas pro dictadura.

En ese contexto, el juicio oral hoy debería empezar con la etapa de réplicas. Primero hablará la fiscalía de Pablo Ouviña y Mirna Goransky durante unas tres horas, aunque no “replicarán”, sino que responderán “planteos de las defensas”. La diferencia entre uno y otro criterio no parece sólo semántica porque permitiría ganar días, pero la fiscalía dice que es por otra razón: “No hay réplicas porque realmente en este caso no corresponden”, explicaron. El planteo no va a discutir hechos o pruebas, sino ejes como el de “cosa juzgada” o la prescripción de las causas.

Luego será el turno de las querellas integradas por los organismos de derechos humanos. Volverán sobre algunas claves de los alegatos, entre ellos algunos tramos con los que intentaron avanzar sobre criterios duros y ortodoxos de la Justicia, cuestionados más tarde por las defensas. Pero retomados aun así en otros ámbitos judiciales, como sucedió por ejemplo con el caso de la violencia sexual.

Entre esos puntos más críticos volverán al caso Rodolfo Walsh. La defensa objetó que el caso haya empezado por “privación ilegal de la libertad y tormentos” y termine con una imputación extra por homicidio. Eso que para la lógica penal es un problema de “derecho”, para las querellas en cambio es un hecho habilitado porque el juicio arrojó pruebas claras de la presencia del cuerpo asesinado de Walsh dentro de la ESMA. Algo similar ocurre con el caso de María Cristina Lennie, que tomó cianuro cuando iba a ser secuestrada por una patota de la ESMA en 1977. La ingesta, hasta aquí leída como “suicidio”, el CELS la enmarcó como “homicidio”, por “una situación que en forma dolosa crea el autor mediato, que deviene penalmente responsable”. El caso Lennie es importante no sólo en el juicio ESMA, sino como lógica para revisar el modo en el que se investigan las hasta ahora muertes de otros militantes políticos.

Fuente: Pagina 12

La Pampa: Campesinos argentinos se manifestaron contra desalojos

Campesinos de la provincia argentina de La Pampa se manifestaron contra desalojos propiciados por la ampliación del cultivo de la soja. Reclaman la prórroga de una ley que impida dichos desalojos.

Los campesinos marcharon el domingo hasta el centro de la provincia de La Pampa. Fueron acompañados por organizaciones estudiantiles y sociales.

Además de la ley que impide los desalojos, los campesinos reclaman acceso al agua, salud, mejoras de caminos e insumos para fortalecer la producción.

Tras manifestarse, lograron que la Legislatura provincial extienda el freno a los desalojos hasta 2013. Sin embargo, no obtuvieron respuestas para el resto de sus reclamos.

Por estos motivos, el Movimiento de Apoyo a la Lucha por la Tierra (MALUT) manifestó que "la prórroga no constituye una solución de fondo a los reclamos planteados".

Asimismo, señalaron que "muchos de los desalojos se producen sin intervención del Poder Judicial por lo que la prórroga no evita la concentración de las tierras".

Por otra parte, los campesinos solicitaron al Gobierno provincial que implemente una política activa de titularización de tierras. La misma es posible en base a la legislación actual.

Según datos oficiales, la soja fue el primer cultivo en extensión en La Pampa en 2010, con 380 mil hectáreas cultivadas. De este modo, sobrepasó a los cultivos históricos de maíz y girasol en la provincia.

En La Pampa existen 3 mil 978 explotaciones agropecuarias familiares. Estas representan el 51 por ciento del total de las explotaciones. Sin embargo, solo tienen el 9 por ciento de la tierra de la provincia.

Fuente: Agencia Púlsar

Exigen agilizar juicios por crímenes de lesa humanidad en última dictadura argentina

La Comisión Interpoderes de Argentina denunció "injustificadas demoras" en la ejecución de los procesos judiciales contra altos funcionarios y militares vinculados a crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983).

Representantes de la Comisión para la Agilización de las causas por delitos de lesa humanidad (Comisión Interpoderes) consideraron que algunos jueces son responsables de que los procesos no "concluyan en un tiempo razonable".

La Comisión, integrada por representantes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo; se refirió a dos casos puntuales, que consideran han sufrido dilaciones: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario (centro-este argentino).

En el primer caso, se estima la muerte de miles de disidentes de la dictadura, y se registraron cientos de casos de desaparición de niños nacidos en cautiverio, que luego eran entregados a familias adoptivas.

El segundo ejemplo corresponde a la denominada Causa Feced, que tiene origen en el militar argentino Ramón Genaro Díaz Bessone, quien durante la dictadura participó en el mayor centro de detenciones clandestino de la ciudad de Rosario.

El juicio oral contra 17 "represores de la ESMA" inició a finales de noviembre del 2009 ante el Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires (capital) y, apenas, estima emitir sentencia en octubre próximo. En tanto, la causa Feced inició en julio del 2010 ante el Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad, y aún no se define cuándo podría concluir.

La Comisión argumentó que estos son "megacausas" por la cantidad de imputados y víctimas.

“Con sustento en la Acordada n° 42/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Comisión Interpoderes considera necesario exhortar a los jueces intervinientes en causas por delitos de lesa humanidad a impulsar con la mayor celeridad posible el trámite de dichos juicios”, declaró la instancia.

Exhortaron a los jueces a agilizar las investigaciones de los procesos que se adelantan actualmente, al tiempo que llamaron a iniciar los juicios orales y públicos que no tienen fecha de debate definida, “procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles, a los efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes”, en especial los testigos.

"Tales atrasos desvirtúan lo que los tres poderes han considerado como política de Estado", consideraron.

Fuente: Telesur

Bs As:Trabajadores de Siderar bloquearon la entrada de la fabrica para exigir la incorporación de seis despedidos

Trabajadores de Siderar bloquearon durante varios horas la entrada de la fábrica en Valentin Gomez al 200, Haedo, para denunciar la precarización y exigir la reincorporación de cinco personas que quedaron cesantes el pasado 29 de agosto.

Los delegados denunciaron la complicidad de la Unión Obrera Metalúrgica que, luego de negociar la reincorporación de varios de los empleados, aceptó que continuarán cesantes los trabajadores que venían impulsando la organización en el lugar. Además, ratificaron que evaluarán nuevas medidas de fuerza para lograr una respuesta de la empresa.

Siderar decidió despedir a 17 personas que se encontraban contratadas realizando tareas de limpieza. Eso ocurrió el 29 de junio pasado al terminarse el contrato con la empresa de limpieza industrial Sertec.

La primera reacción de los trabajadores fue movilizarse y pedir el pase a planta permanente de los 17 trabajadores, al mismo tiempo que denunciaban la precarización laboral de una empresa que percibe ganancias millonarias.

Representantes de la Unión Obrera Metalúrgica participan de las negociaciones con la empresa y el Ministerio de Trabajo y son reincorporados 11 de los 17 trabajadores. Sin embargo, desde entonces, las negociaciones quedaron congeladas y la UOM dio por cerrado el conflicto.

Marcelo Matioli, delegado de los trabajadores, dijo que la empresa se manejó con total impunidad y denunció el nivel de precarización que existe en la empresa: “Nosotros reclamamos el pase a planta permanente de todos los trabajadores, nos venimos organizando para dar esa pelea. Esta empresa tienen un nivel de precariedad, de contratos tercerizados que es alarmante. Y nosotros vamos a seguir peleando para cambiar eso", aseguró.

Los seis empleados que continúan cesantes son los delegados y los trabajadores que venían activando sindicalmente en la fábrica. Ante esta situación, los trabajadores realizaron la semana pasada una movilización a la cartera laboral, en donde se encadenaron y fueron recibidos por el jefe de Gabinete del ministro Carlos Tomada, Norberto Ciaravino. Los trabajadores continúan cesantes.

Hoy nuevamente, los trabajadores realizaron una protesta en la puerta de Siderar para exigir la reincorporación de los seis despedidos. Allí, se encadenaron, reclamaron que los directivos de Siderar revean la decisión de dejar cesantes a los trabajadores y adelantaron que continuarán con las medidas de fuerza hasta obtener una respuesta favorable. Por otro lado, denunciaron la complicidad de la UOM, que no continuó la negociación por los cesantes. Aún sin respuesta, los trabajadores aseguraron que mantendrán la pelea, para que todos los despedidos sean reincorporados.

Fuente: Prensa de Frente

San Juan: Trabajadores con más de 15 años en Peñaflor piden pasar a planta permanente

65 obreros que trabajan, en muchos casos hace más de 15 años, para la bodega Peñaflor reclaman el pase a planta permanente.

El Grupo Peñaflor es líder en el país en producción vitivinícola, su último balance arrojó ventas por más de 1300 millones de pesos, ocupa una cuarta parte del mercado argentino y se jacta de su nivel de presencia internacional a través de las exportaciones y premios recibidos por la calidad de sus vinos. Sin embargo Sergio Jofré, un trabajador actualmente suspendido aseguró que desde la empresa les dijeron “que no los pueden regularizar porque los números no dan”.

Se trata de empleados del establecimiento ubicado en el departamento San Martín, al sur de la capital provincial. Entre las bodegas que controla el Grupo Peñaflor están Trapiche, Santa Ana y Michel Torino, entre otras. En la del departamento San Martín de San Juan se envasan 50 marcas de vinos varietales, que en muchos casos no se ven en las góndolas sanjuaninas.

El obrero relató que desde la empresa “vinieron con un ofrecimiento de dinero de 14 mil pesos para nosotros o seguir trabajando con la modalidad que tienen ellos porque de otra forma no podían dejarnos efectivos porque los números no daban”. Jofré expresó que “nosotros queremos una solución, lo que necesitamos es seguir laburando pero efectivos. Todos tenemos familias, son 65 familias, todos tienen chicos y esta gente siempre ha usado esa modalidad”.

Jofré contó que algunos llevan “15, 16 años, 17 años trabajando así con esa modalidad, que son contratados”.

Fuente: FARCO

Santa Fe: Huelga seca y con boca suturada

La protesta del Pabellón 8 completo se debe a la garroterapia, la falta de respuesta a los pedidos de traslados y las tremendas condiciones de vida, edilicias y sanitarias que se encarnizan con los más desvalidos. Toda nuestra solidaridad con los compañeros.

En el día de la fecha, martes 27, las personas privadas de la libertad, detenidas en el Pabellón 8 de la Unidad Penitenciaria Nº. 1 con asiento en la localidad de Coronda (Sta. Fe), han iniciado una HUELGA DE HAMBRE SECA y se han cocido las bocas, reclamando por las condiciones de inhabitabilidad del pabellón y el maltrato físico y psíquico que sufren por parte del personal penitenciario, al no obtener respuesta de las autoridades, pese a los constantes reclamos.

Los reclamantes solicitan traslado a otras unidades penitenciarias. Estos pedidos en la gran mayoría de los casos, llevan más de un mes, sin respuestas.

Transcribimos parte del petitorio que los internos han presentado, ante los Ministerios de Seguridad y el de Justicia y Derechos Humanos, y ante el Director y Subdirector de la Unidad Nro. 1:

Quienes suscriben y firman abajo de la misma, la población del pabellón 8 en común acuerdo previo, dependiente de dicho instituto nos dirigimos a UDs. con el debido respeto que sus personas y cargos merecen y exponemos lo siguiente: Que a partir del día de la fecha hemos decidido tomar la determinación de llevar a cabo una HUELGA SECA CON SUTURACION DE LABIOS, debido al "pesimo estado" del pabellón y sus condiciones edilicias. Además de los MALTRATOS SUFRIDOS PSICOLOGICA Y FISICAMENTE por parte del personal penitenciario, situaciones que se repiten a diario en el pabellón y que nadie da cuentas.

Queremos dejar constancia de que el reclamo aquí expuesto es de CARACTER PACIFICO y que no desistiremos de la medida tomada hasta obtener los traslados de los internos de la institución que conforman la siguiente lista: (...)

Asimismo, pedimos asistencia medica y psicológica durante la medida y que se acerquen las autoridades competentes y demás organismos de Derechos Humanos para constatar lo expuesto en este reclamo.

Esperamos que en forma URGENTE las autoridades resuelvan la situación descripta por los internos, realizando los arreglos edilicios que el pabellón requiere, y tomando las medidas necesarias para evitar el abuso y maltrato por parte del personal y ordenando el traslado de quienes lo solicitan, que generalmente se fundamenta en la imposibilidad de las familias de trasladarse hasta allí, negando de esta forma un de los derechos fundamentales de los detenidos a mantener contacto con sus familias.

Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

ONG y famosos lanzan campaña por una ley que prohiba la minería a cielo abierto

La organización Conciencia Solidaria, junto a varios famosos, lanza hoy la campaña por una ley nacional que prohiba la minería a cielo abierto. La idea es impulsar un proyecto para prohibir esa actividad con utilización de sustancias tóxicas y también la extracción de material radiactivo en todo el país. La campaña denominada Basta Ya está acompañada por personalidades como la actriz Julieta Díaz, el cantante Axel, la actriz Nacha Guevara, la cantante Soledad y el locutor Lalo Mir. Mariela Silvestein integrante de la organización aseguró que “estamos pidiendo que se prohiba la megaminería a cielo abierto con uso de tóxicos que ya está prohibida en tantos otros países del mundo”.

El lanzamiento de la campaña coincide con la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental. La presentación será hoy a las 19 en el Eco Hostel Pampa, ubicado en Guatemala 4778 en el barrio porteño de Palermo. Silvestein explicó que no se oponen a toda la minería ya que “la megaminería no es la minería tradicional, no estamos diciendo que se prohiba toda la minería porque la minería tradicional, la de canteras, a través de la cual se obtienen los materiales para la construcción, no es la minería que Conciencia Solidaria ni todas las asambleas a lo largo del país estamos pidiendo que se prohiba”. Y recalcó que “eso tiene que quedar bien claro para soslayar todo tipo de argumentos promineros que dicen que nosotros somos carvenícolas y ‘de qué forma vamos a vivir’”, sin minería.

El lanzamiento de la campaña incluirá la presentación de un videoclip con la participación de 22 artistas. Según relató Silvestein participarán de la convocatoria de hoy Julieta Díaz, Axel, Nacha Guevara, Lalo Mir, Los Tipitos, Los Pericos, Suna Rocha, Soledad Pastorutti, Soledad Villamil, Marcelo Corvalán del grupo Carajo, entre otros.

Fuente. FARCO

Río Gallego: Más de 150 familias usurparon terrenos en 28 de Noviembre

A las 6 de la madrugada del domingo unas 26 familias usurparon terrenos a metros del acceso de 28 de Noviembre. Esto se generó cuando la semana pasada una vecina de la localidad había usurpado un terreno para su hijo. Según el testimonio de varias familias, decidieron tomar estos terrenos porque en el verano pasado unas 24 familias oriundas de otras provincias tomaron tierras fiscales de esta ciudad levantando sus viviendas y hace unas semanas atrás la justicia habría dictaminado que se les de los servicios básicos. Esto causó un gran malestar al punto de que por la tarde del domingo después de las 18:00 se empezaron a tomar otros puntos del distrito de esta ciudad.

Se tomaron lugares privados, terrenos ya adjudicados como el de la Asociación de Ciclismo, el Vivero Municipal, la Reserva del Cerro de la cruz que este sábado fue reforestado.

Durante el mediodía de ayer se reunieron en varios sectores de la ciudad designándose delegados por zona para realizar un reconto de la totalidad de las familias que tomaron terrenos con el fin de organizarse. El 90% de las familias que usurparon terrenos son nacidos y criados en 28 de Noviembre, la mayoría manifestó que se cansó de esperar una respuesta por parte del ejecutivo municipal. Muchos de ellos cuentan con su carpeta presentada en el área Tierras de aquella comuna.

El Intendente Oscar Alfredo López dijo: “ Estamos trabajando realmente para dar una solución en mi gestión nos quedaron pocos terrenos, hay lugares en donde hay que llevar los servicios y eso no es tan fácil. Teníamos para entregar unos 120 terrenos pero sucedió esto con lo que nos vemos retrasados. Hablamos con algunos vecinos que ocuparon los predios explicándoles que a su debido tiempo cada uno tendrá su terreno. No podemos estar tomando por la fuerza. No hay código de convivencia, hay que tener paciencia. Hay que respetar las leyes acatar a la justicia. Estamos trabajando”

Fuente: TiempoSur

Bs As: Encuentro sindical

Delegados y activistas sindicales llegados desde Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Santa Fe, Mendoza, de Capital Federal, de la Provincia de Buenos Aires (de las localidades de Mar del Plata, La Plata y el Gran Bs. As.) analizaron en primer lugar la situación nacional y en particular la del movimiento obrero, debatiendo también la situación internacional y la crisis en los países imperialistas, su afectación en nuestro país, no solo en lo económico, sino fundamentalmente en lo político.

Se hizo un balance positivo en cuanto a la participación de las organizaciones presentes en el conflicto de los docentes de Santa Cruz, fundamentalmente por el apoyo de la caravana hacia esa provincia, que llevó la solidaridad y el aporte efectivo al fondo de huelga a los cientos de docentes que estaban luchando por sus derechos contra el gobierno provincial y nacional y su propio gremio, CTERA.

Intervinieron dando su informe, entre otros, Pedro Muñoz, de ADOSAC (docentes de Santa Cruz), sobre el largo y difícil conflicto; Gonzalo Pérez Álvarez, Secretario General de ADUN (docentes universitarios de la UN de la Patagonia) e integrantes de la AGTCAP, (Asociación Gremial de trabajadores cooperativas Autogestionados y Precarizados).

El análisis estuvo centrado en la situación de la clase trabajadora en los lugares de trabajo, la precarización y flexibilización laboral, y las condiciones de trabajo con exigentes ritmos de producción.

Este reagrupamiento de las distintas organizaciones que estuvieron presentes sintetizó algunos puntos en común para desarrollar en los lugares de trabajo, destacando asimismo que no sólo la pelea a llevar adelante debe ser reivindicativa en lo sindical, sino que debe llevarse al debate político desde la independencia de clase de los trabajadores.

Se resolvió realizar una campaña contra la precarización laboral, editando un folleto conjunto entre las organizaciones presentes, que dé cuenta principalmente de esta situación.

Asimismo efectuar una declaración apoyando la lucha de los trabajadores de la línea 60; contra las sanciones a periodistas de la Provincia de Mendoza; solicitar la libertad de los presos políticos; por libertad y democracia sindical; rechazar cualquier intento de sanción a los docentes de ADOSAC.

Se resolvió avanzar en las tareas de formación con talleres, cursos y charlas en los sectores donde se requiera la necesidad de aportar conocimiento respecto a las problemáticas en las que tienen que sortear los trabajadores en sus tareas cotidianas.

Por último se determinó que a principios del año próximo se realice un nuevo Encuentro para seguir desarrollando e impulsando este espacio de lucha clasista, independiente del gobierno, los patrones y la burocracia sindical.

Participaron de este encuentro, entre otros, miembros de la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, El Mortero, El Roble, de estatales la Agrupación Víctor Choque y ATE Desde Abajo, delegados de fabricas metalúrgicas y siderúrgicas, delegados de comisiones directivas docentes de ADOSAC, de ATEN Neuquén, AMSAFE Rosario, SUTEBA Bahía Blanca, miembros del Encuentro Colectivo Docente de Buenos Aires, la AGTCAP, el Frente Popular Darío Santillán y el FOL.



Fuente: ANRed

Tucumán: finalizó la audiencia por el juicio ético a las trasnacionales

Luego de tres dias de exposición de pruebas y testimonios, el Tribunal Popular compartió su sentencia acerca de los casos Minera Alumbrera, Agua Rica, Monsanto, Barrick Gold, Repsol y Ledesma. La próxima audiencia del Juicio Ético será en la Triple Frontera, para llegar a una audiencia final en Buenos Aires entre los días 28 y 30 de octubre.


Juicio Ético Popular a las empresas transnacionales y nacionales megaextractivas del NOA.

Sentencia.

A más de 500 años de colonización y recolonización del continente, este Tribunal dice que no es lo mismo vivir de la naturaleza que vivir con y en la naturaleza. El Juicio Ético Popular a las empresas transnacionales y nacionales megaextractivas acusadas, tiene para este tribunal un sentido preciso y profundamente humano, la salvaguarda de la vida y su reproducción actual y futura en todas sus dimensiones e implicancias. El criterio de discernimiento de lo más ético o lo menos ético radica en la vida. Anti-ético es lo que puede a la corta o a la larga, liquidar la vida. Ético es lo que va por la vida. Por la vida en integridad. El objeto de este Juicio Ético Popular es que desde la ética exija al orden jurídico situarse en lo ético y que exija a todos los niveles de responsabilidad política y cualquier otro tipo de responsabilidad en incidencia en lo comunitario, sea público o privado a actuar eficazmente de modo ético o cada vez más ético. En la situación actual de la humanidad globalizada, las condiciones de posibilidad de vida sobre el planeta son convertibles con respecto a la responsabilidad ética por la tierra y por la vida en todas sus dimensiones. La separación entre lo útil y lo ético, producto del positivismo científico moderno, se torna actualmente imposible.

La única utilidad viable es la que respeta la ética. La persistencia de la separación en que se basan los modelos mega extractivos convierte a sus actividades en necesariamente anti-éticas. Atentan contra la vida. Lo ético se torna decisivo en todos los planos y tipos de la actividad humana. Su criterio valorativo final puede sintetizarse del siguiente modo: si el obrar humano defiende, sostiene y promueve la vida de la naturaleza, de las personas y de los pueblos, salvaguardando su dignidad o si por el contrario los pone en peligro sea en parte o en su totalidad, no se trata sólo de una generalidad, la responsabilidad ética incide en la posibilidad de la convivencia humana. Quien, o quienes, por razones de poder o intereses particulares, creen y actúan sin responsabilidad por la vida de la tierra y de las personas, se convierten en violentos saboteadores de la convivencia humana y de la vida de la tierra. La no responsabilidad por la vida y la convivencia conlleva la destrucción de ambas. No es posible asegurar la propia vida, destruyendo la vida del otro. Lo ético y lo útil se unen y entran en contradicción con el cálculo de utilidad y del interés propio. El peligro mayor para la supervivencia humana está hoy en la globalización fundamentalista de los mercados, preparado por las sangrientas dictaduras militares y de las cuales son continuidad. Para este modelo productivo las condiciones que hacen posible la vida aparecen como distorsión de los mercados. Los mercados neoliberales se convierten en totalitarios del sistema social y destructores de la fuente de la vida a causa de la inversión antropológica y cosmológica que los sustenta. En efecto, tal inversión consiste en una reducción de la persona humana a mero recurso humano y del cosmos, de la naturaleza a mero recurso natural. Lo que hace posible toda violación de sus respectivos derechos de vida. Estas reducciones entitativas del ser de la madre tierra y del ser de la persona humana convierten a ambos en recursos, es decir, en recurribles, en meros instrumentos utilizables, transformables o desechables, se trate de la tierra, del animal, de la planta, de la persona humana o de las comunidades. La degradación del ser de la realidad natural y la degradación del ser humano como mero individuo poderoso es la raiz de la ausencia de ética, es la raiz de toda criminalidad. Sostiene este Tribunal Ético Popular que estas acciones de saqueo de las empresas multinacionales y nacionales megaextractivas en nuestros pueblos oprimidos deben ser incluidas como delitos de lesa humanidad y de lesa naturaleza, es decir, la ética, sin negar el orden jurídico, exige a éste que se humanice más y por ello asegure el resguardo de modo decidido, de los ciclos vitales de la naturaleza y de la vida de las personas y comunidades. Las poderosas empresas testigo denunciadas por las fiscalías populares absorben los derechos humanos porque han sido convertidas en sujetos de derecho, en personas jurídicas con derechos casi absolutos, ya que se trata de un contexto conformado por, desde y para la empresa, para el mítico emprendimiento convertido en fetiche intocable.

En defensa de los cometidos insaciables de una empresa se puede liquidar el medio ambiente y se pueden liquidar pueblos enteros y comunidades indígenas y criollas campesinas que parecen haber sido reducidas a lo último de la sociedad. Estas “empresas sucias” como las llamó un afectado testigo, son unos de los signos de la barbarie de esta civilización. La misma consiste en desacreditar hasta negar el valor territorial y natural de los espacios donde van a hacer su explotación y con ello desmerecer globalmente a las personas, los grupos, las culturas, los países. Se trata en efecto de una nueva y más acentuada dimensión de colonización y recolonización de todo el país, el continente y el mundo. Grave responsabilidad ética recae sobre la actividad universitaria y de los demás institutos de formación superior. Normalmente sus graduados conducen los estados como presidentes, gobernadores, jefes comunales, concejales, legisladores, jueces, presidentes de comisiones, asesores políticos, proyectistas de emprendimientos, etc. Por ello, de prescindir de tal responsabilidad ética frente a la vida, las universidades e institutos superiores se pueden convertir en agentes de esta neocolonización y en semilleros de la muerte por acción u omisión desde su consciente o inconsciente sometimiento al coloniaje productivo y su implícito control epistemológico del mundo de cuño eurocéntrico. La formación profesional o es agente gnoseológico de esa colonización o de lo contrario sujeto de la urgente y necesaria desconolonización del saber y del hacer. Los medios de comunicación tienen idéntica responsabilidad ética por su masiva incidencia en la opinión pública y en el manejo de la información de los temas que afectan directamente a la vida de la comunidad, de los pueblos y de la madre tierra. También entiende este Tribunal de Juicio Ético Popular que mayor y más grave responsabilidad ética aun recae sobre las religiones y sus iglesias, por la innegable conexión de lo espiritual con las responsabilidades éticas humanas. Especialmente son más responsables las que pueden ejercer más influencia en los pueblos, en las personas, y hasta en los poderes públicos. Su legitimidad ética sólo puede justificarse en la medida en que explícitamente acompañan a la madre tierra y a sus hijos desde la denuncia anticipada, desde la condena clara y firme de todos los atropellos y abusos violatorios de sus respectivos derechos o de los proyectos cuya incidencia pueden afectarlos. El derecho positivo argentino y los de todos los sistemas jurídicos de los estados de nuestro continente tienen el deber moral de comprender que o se sitúan en la inmoralidad de un funcionalismo frente a esta barbarie o bien en la moralidad de denunciar y pronunciarse definitivamente y poner en el banquillo de los acusados a todos los responsables de los desastres ambientales, muertes y aumento de las cuotas de enfermedades evitables y otros ingentes daños que aumentan escandalosamente, los que bastarían para decidir desde la justicia ejercida con ética, que este tipo de actividad de muerte no se permite más. Durante el desarrollo de este Juicio Ético Popular NOA contra las transnacionales y una gran empresa nacional que opera al modo de las transnacionales, este Tribunal ha oído en audiencia pública a las Fiscalías Populares y los casos testigo constituidos por miembros de organizaciones sociales e integrantes de pueblos originarios, todos ellos víctimas de la presencia y las formas de operar de las corporaciones transnacionales en nuestros territorios. A su vez, ha analizado las denuncias y testimonios presentados y ha constatado que el modelo productivo provoca la explotación económica de los bienes comunes naturales y de los territorios por parte de las empresas transnacionales en las comunidades en cuyo entorno se desarrollan sus actividades, perjuicios directos como la privación del acceso de los recursos básicos, la destrucción de los territorios y las limitaciones a sus derechos humanos, incluido el derecho intrínseco a la vida. En esta audiencia en la que han sido enjuiciadas las empresas transnacionales Minera La Alumbrera-YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold Corporation, Grupo Monsanto, Grupo Repsol y Ledesma S.A. este Tribunal ha podido constatar los siguientes impactos provocados por la forma de operar de las empresas transnacionales y la empresa nacional enjuiciada y las proyecciones de esas consecuencias en los casos que se trata de proyectos de explotación: este modelo mega-extractivista genera el saqueo de los bienes comunes, la destrucción de los territorios donde operan las empresas y serios impactos negativos en el medio ambiente, incidiendo en la profundización del cambio climático y generando desertificación, deforestación, escasez y degradación de aguas superficiales y subterráneas, contaminación, extinción de especies, desmonte y pérdida de ecosistema y biodiversidad. Imponentes volúmenes de energía y agua, son los insumos imprescindibles de las actividades mineras y petroleras, para efectuar dicho saqueo. Alimentan esta destrucción territorial los laxos controles estatales y las malas prácticas de las empresas, entre las cuales podemos mencionar en la explotación petrolera las averías de los poliductos y oleoductos por falta de mantenimiento y/o violación de normas de seguridad; vertido de aguas de producción, incorrecta disposición de desechos de producción que han contaminado ríos, espejos de agua, glaciares, etc.

Por las pruebas presentadas por las diferentes fiscalías y los testimonios con que las acompañaron y que integran los antecedentes en auto este Tribunal integrado por la señora Mirta Acuña de Baravalle (Madre Línea Fundadora de Plaza de Mayo), Luz María Díaz (Médicos del Mundo – Argentina), Profesor Dr. Carlos María Pagano Fernández (Universidad Nacional de Salta), Eva Gamboa (Observatorio Contra la Discriminación y el Racismo de las Mujeres y los Pueblos Indígenas) y el Dr. Eduardo Rosenzvaig (Universidad Nacional de Tucumán) resuelve de forma unánime, definitiva, inapelable y habida cuenta de la solicitud de condena presentada por la Fiscalía Audiencia NOA condenar a las empresas transnacionales aquí enjuiciadas Minera La Alumbrera – YMAD, Minera Agua Rica, Barrick Gold, Monsanto, Repsol-YPF, Ledesma S.A., a sus dueños, accionistas y socios, y a su planta gerencial; a Carlos Saúl Menem, Domingo Felipe Cavallo, José Luis Gioja, Ángel Mazza, Felipe Solá, Fernando De La Rúa, Eduardo Duhalde, Nestor Kirchner, Cristina Fernandez de Kirchner, Jorge Mayoral y a todos los demás presidentes, diputados y senadores de la Nación, gobernadores y funcionarios de las distintas áreas de gobiernos provinciales y municipales, directa o indirectamente implicados en la implementación del perverso sistema neocolonial de saqueo y destrucción y contaminación de los territorios de nuestros pueblos aquí enjuiciados por violación sistemática de toda ética, de los derechos humanos inalienables y de los derechos de la naturaleza.

Por responsables de los delitos de: genocidio, ecocidio y epistemocidio, crímenes de Lesa Humanidad y de Lesa Naturaleza, violación a la soberanía territorial de los pueblos, violación a la Constitución Nacional, a la legislación general y del orden jurídico, político, constitucional, y leyes y tratados internacionales. Crímenes de lesa humanidad y de lesa naturaleza a todos los funcionarios que durante la dictadura usurparon las funciones de gobierno del estado y a los grupos de poder civiles y económicos, concentrados a través del terrorismo de Estado de los años ’70, construyeron las condiciones históricas de posibilidad del actual modelo neocolonial. Hacer extensiva esta condena a todas las empresas y organismos que participan y promueven este modelo neocolonial de saqueo, destrucción y contaminación de los territorios y bienes comunes. Declarar al sistema judicial de la Nación y de las provincias culpable del delito de corrupción, moral e institucional y expropiación del derecho de nuestros pueblos del acceso a la justicia. Declarar a funcionarios del gobierno Nacional y Provincial, legisladores, jueces e intendentes; rectores, decanos y concejeros superiores de las Universidades Nacionales; a autoridades y funcionarios de Salud y Educación; a obispos y párrocos; a los dueños de los medios de comunicación, sus jefes de redacción; a organizaciones no gubernamentales que por su acción y/u omisión colaboraron, promovieron, facilitaron o pretendieron justificar las acciones de las empresas aquí enjuiciadas; culpables del delito de complicidad, corrupción y participación necesaria, directa o indirecta en actos de genocidio y ecocidio, saqueo, destrucción y contaminación de los bienes comunes. Sostenemos que no hay pena, ni resarcimiento social ni penal posible que sea proporcional o equivalente a la gravedad de estos aberrantes crímenes cometidos. Ello no obstante planteamos que es imprescindible y urgente que el Estado Nacional arbitre los medios necesarios para detener inmediatamente el perverso sistema productivo genocida y ecocida de saqueo neocolonial; la impunidad y corrupción generalizada instalada que les son inherentes. En esa dirección, este Tribunal declara el reconocimiento del territorio como derecho fundamental de los pueblos. Somos territorio, pertenecemos al territorio y éste es la base de nuestra existencia y del derecho a la vida. Los derechos de la naturaleza, del derecho al territorio son derechos fundamentales que están por encima de todo derecho positivo. La nulidad de todas las leyes, tratados, convenios, decretos y demás actos normativos y administrativos que posibilitaron la implementación y vigencia de este modelo; la justicia y necesidad urgente de detener la usurpación y emprender la restitución de las tierras y fuentes de agua usurpadas y expropiadas a sus pobladores legítimos: pueblos originarios, comunidades campesinas y pobladores de nuestros campos y localidades; la inviabilidad e insostenibilidad del actual patrón energético, la minería a gran escala y del modelo de agricultura industrial ligado a los transgénicos y a los agronegocios de exportación. Declara la falsedad manifiesta de la biotecnología como respuesta a las necesidades alimentarias de los pueblos. Declara el rechazo al Plan Nuclear Nacional; al Plan Estratégico Alimentario y al IIRSA.

La legitimidad y el deber moral y social de las poblaciones que resisten los actos de violación de los derechos territoriales y humanos básicos. Declara la falacia del discurso del desarrollo, fundado en un modelo extractivista como arma ideológica que produce y legitima el avasallamiento de los derechos territoriales de nuestros pueblos; rechaza el discurso falaz que sostiene que tenemos que entregar nuestros bienes comunes al capital concentrado nacional y extranjero para lograr adecuadas condiciones de vida. Declara el derecho fundamental de los pueblos al buen vivir. Como pueblo tenemos el derecho, la responsabilidad y capacidades para administrar con responsabilidad y dignidad los bienes comunes de nuestros territorios. Exige el cese inmediato y la expulsión de estas empresas de nuestros territorios; el cese inmediato de la represión, y la criminalización de la legítima protesta social; el esclarecimiento y justicia para los crímenes históricamente cometidos y aun impunes. Este Tribunal condena moralmente la vigencia, continuidad y profundización del colonialismo histórico, ahora bajo las armas de la globalización neoliberal hegemónica en curso. Este Tribunal falla en el día de la fecha, 25 de Septiembre de 2011 en la ciudad de San Miguel de Tucumán a favor de los derechos de los pueblos oprimidos de este territorio. Los firmantes del Tribunal quedan a disposición para futuros requerimientos de las comunidades que así lo soliciten.

Fuente: ContraPunto

Neuquén: La justicia avaló la expropiación de la ex Zanón que podría concretarse en 3 meses

la justicia convalidó la expropiación de la ex Cerámica Zanón a favor de la cooperativa de trabajadores que la gestionan desde 2001. La ley de expropiación fue aprobada hace 2 años por la legislatura provincial pero no se concretó todavía. En la justicia había un reclamo en contra de ex empleados que no integran la cooperativa y de familiares de los antiguos dueños. Sin embargo la jueza Valeria Pérez Cazado declaró que la ley es válida y constitucional.

El abogado de los obreros, Mariano Pedrero explicó que la decisión de la jueza “significa que la justicia nos ha dado la razón, en el sentido de que no había ninguna traba para que se avanzase con el trámite expropiatorio” ya que “el gobierno provincial venía insistiendo con que el planteo de inconstitucionalidad que habían hecho un grupo de ex trabajadores que no pertenecen a la gestión obrera, e incluso la hermana de Luis Zanón, que se oponían a esta expropiación, constituía una traba para avanzar con el trámite expropiatorio”.

El abogado de los obreros de la ex Zanón actual FASINPAT (Fábrica Sin Patrones) relató que “este planteo de inconstitucionalidad fue rechazado por la jueza de la quiebra que dijo que no hay ningún elemento para considerar que la ley es inconstitucional, todo lo contrario, la ley es constitucional, es válida, incluso acepta ella el precio que ofreció pagar la provincia de Neuquén a los acreedores y que no hay ningún obstáculo entonces para avanzar”.

En concreto “una vez que el gobierno de la provincia de Neuquén deposite el dinero que el propio gobierno se comprometió a depositar, ella en tres meses resuelve esta situación y entrega la fábrica a los trabajadores y trabajadoras”.

Fuente: FARCO

Santiago del Estero: Encuentro de campesinos con eje en el derecho a la tierra

En Santiago del Estero, campesinos de esa provincia, Santa Fe y Tucumán se encuentran hoy y mañana para intercambiar saberes y experiencias. El eje del encuentro está puesto en el reclamo por la tierra y frenar el avance de los empresarios supuestos dueños de las tierras donde trabajan y viven comunidades y familias desde hace décadas y hasta ancestralmente en muchos casos.

El encuentro se realiza en el paraje La India, a unos 200 kilómetros de la capital santiagueña y están participando alrededor de 100 campesinos y campesinas de Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe. Silvia Chávez, quien participa del encuentro, relató que “es inmensa la alegría que tenemos de estar reunidos con la gente de Tucumán, de Santa Fe, de aquí de Santiago mismo porque hay familias que no conocíamos del Salado por ejemplo. Y bueno, estamos reunidos para intercambiar ideas, saberes y todo lo que uno tiene, con toda la expectativa de llevarse de los compañeros que están presentes”. Acerca del tema central de cada encuentro campesino, la productora relató que “el principal problema es la tierra, por esto es que cada día nos juntamos más, nos agrupamos, nos organizamos para poder conseguir la escrituración de las tierras. Y defender el monte, las tierras”. Además aseguró que en el encuentro se trabajará “todo lo que es sanidad animal, todo eso porque tenemos problemas con los animales también”.

Fuente: FARCO

El Bolson: Denuncian a comisario por filmar a estudiantes en manifestación

El Comisario Carlos Cabrera, Jefe de Unidad de la Comisaría Nro. 12, fue denunciado por la directora de una escuela porque filmó y fotografió a estudiantes que realizaron una manifestación frente al edificio de la Delegación de Educación, el pasado 8 de setiembre.

En respuesta el comisario argumento que los militantes de izquierda representan una amenaza a la seguridad pública.

El INADI ya se expidió en contra de las prácticas de esta comisario, mientras los docentes esperan que se manifieste el ministerio de educación.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo se expresó solicitando al Minsiterio de Gobierno intervenga "para que estas prácticas no se sigan consolidando en la Fuerza policial bajo su mando".

La Delegación Río Negro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, solicitó al Ministro de Gobierno de la Provincia Diego Larreguy, que adopte medidas en función del contenido de una nota que el Comisario Carlos Cabrera, Jefe de Unidad de la Comisaría Nro. 12, dirigiera a la Directora de un establecimiento educativo de nivel medio en la localidad de El Bolsón.

La nota del Comisario fue en respuesta a la enviada el pasado 12 de setiembre por los directivos del CEM 30 y CEM 48, solicitando a la autoridad policial una explicación, dado que se habría filmado y fotografiado a estudiantes que realizaron una manifestación frente al edificio de la Delegación de Educación, el día 8 de setiembre del corriente.

La intervención del INADI se sustenta en relación a un párrafo donde el Comisario expresa que: "...toda manifestación pública en un espacio público de la ciudad debe ser informada a la autoridad municipal competente a los fines de tomar las medidas pertinentes de control del tránsito y demás aspectos que hacen a la seguridad pública, con la antelación suficiente que permita la planificación de las diferentes medidas de prevención a instrumentar, además conforme se visualiza en diferentes medios en la manifestación del día 7 predominaba presencia de personas mayores de edad que militan en partidos de izquierda, sin mencionar que varios de los participantes salieron del interior de la Unidad Básica del candidato a intendente por el PJ, conforme surge de comentarios de público conocimiento".

El Delegado del INADI, Julio Accavallo, señaló en la comunicación al Ministro que "es sumamente grave que en el marco de un Estado de Derecho, un funcionario considere una amenaza a la seguridad pública la presencia de militantes de partidos de izquierda o del partido Justicialista en una manifestación, justificando, de este modo, el despliegue de medidas de seguridad especiales".

"Este tipo de expresiones explicita o implícitamente estigmatizantes sobre la participación política de los habitantes de nuestro país, nos remiten a las épocas de autoritarismo y de terrorismo de estado" agregó el Delegado.

"Los señalamientos ciertamente anacrónicos planteados por este funcionario policial no se condicen con la política de Derechos Humanos propiciada e impulsada en los últimos años en nuestro país y por lo tanto merecen su intervención política para que estas prácticas no se sigan consolidando en la Fuerza policial bajo su mando" finalizó Accavallo.

Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

Bs As: Acto de solidaridad con el pueblo vasco

El viernes 23 de septiembre a las 19 horas se realizará en el Local de las Asambleas del Pueblo (Chacabuco y México) un acto de solidaridad con el pueblo vasco, con sus organizaciones independentistas y en repudio al accionar represivo español organizado por Euskal Herriaren Lagunak (Argentina).

Frente a las nuevas condenas impuestas a la dirigencia independentista vasca intentando romper el Proceso de vía política hacia la paz. A los más de 700 presos y presas políticas vascas, se suman las recientes condenas a los dirigentes Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto.

"Ayer persecución y prisión a José Martí. Hoy, condenas a los luchadores independentistas vascos: la esencia represiva del Imperio español".

Hablarán: Atilio Borón (politólogo, sociólogo, Premio Internacional de la Unesco José Martí), Nestor Kohan (escritor y Coordinador de la Cátedra Che Guevara), Roberto Perdía (abogado y luchador social) y Vicente Zito Lema (poeta, periodista y escritor que leerá poemas de Joseba Sarrionandia). Modera: Carlos Aznárez

Se proyectará la película "Nuestro día llegará" (Sobre la represión y la dispersión de las presas y presos políticos vascos) y después del acto, a partir de las 21:30 hs en la Taberna Popular concierto de la trovadora chilena Evelyn Cornejo.

A continuacion el comunicado de Euskal Herriaren Lagunak.

ANTE LA CONDENA A LOS COMPAÑEROS OTEGI, DIEZ, RODRIGUEZ, JACINTO Y ZABALETA

FRENTE A LA SIN RAZÓN EL PUEBLO VASCO SEGUIRÁ APOSTANDO A CAMINAR HACIA SU INDEPENDENCIA

Nuevamente el régimen fascistoide español ha sacado a relucir lo peor de su esencia al intentar quebrar con cárcel y más represión las ansias de libertad e independencia del pueblo vasco.

La Audiencia Nacional franquista cree que condenando a los portadores de un mensaje de paz, a los hacedores -junto con la gran mayoría de Euskal Herria- del camino que paso a paso se está recorriendo hoy, se puede quebrar esa iniciativa. En ese sentido, Zapatero y Rajoy, el Ejército y la Corona borbónica heredada del dictador Franco, no son distintos a Netanyahu y los uniformados sionistas que aterrorizan -pero no vencen- con sus bombas al pueblo palestino.

Unos en Medio Oriente y otros en la Europa del capital, pretenden tapar el bosque con un dedo autoritario, pero no se dan cuenta que ni enviando a todos y todas las vascas al calabozo lograrán ahogar el grito libertario que reclama Independencia y Socialismo para sacudirse las cadenas de la intolerancia.

Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto, son junto a los más de 700 presos políticos vascos de hoy, igual a lo que fue el inolvidable independentista cubano José Martí, al que este mismo autoritarismo español quiso sacar de su camino de lucha enviándolo a prisión. Martí con su gesto heroico de no doblegarse frente al invasor, ganó la gloria. Cuba años después obtuvo su libertad para siempre.

Euskal Herria, no lo dudemos, es un aluvión imparable que arrasará a su paso con quienes traten de impedir que su pueblo se autodetermine y derrote a quienes durante tantos años lo han oprimido.

EUSKAL HERRIAREN LAGUNAK
(AMIGAS Y AMIGOS DEL PUEBLO VASCO, ARGENTINA)

Buenos Aires, 16 septiembre 2011

Fuente: Auskapena

Los medios comunitarios nos movilizamos al AFSCA

La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) junto a otros medios de comunicación y organizaciones sociales exigiremos al AFSCA que nos reconozcan como protagonistas de la comunicación de nuestro país, para eso nos manifestaremos, este viernes a las 17hs, en Suipacha 765 sede de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual).

COMUNICADO DE PRENSA

MOVILIZACION AL AFSCA

Con la consigna "Más derechos, menos obligaciones" la Coordinadora en defensa de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (CoorDeCCAP) se movilizará el próximo viernes 23 a partir de las 17 hs. a las puertas del AFSCA (Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual), Suipacha 765, Capital Federal, donde se realizará una transmision de radio y TV abierta.

En un documento firmado cientos de organizaciones se manifestó que: "Desde la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (CoorDeCCAP) , que reúne a organizaciones sociales, políticas, de trabajadores/as, estudiantiles y universitarias de derechos humanos y medios alternativos, creemos que los medios comunitarios siguen sin ser reconocidos por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), contrariamente al espíritu democratizador que proponía la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA 26.522) al momento de su promoción y sanción."

Esta Coordinadora manifiesta que la libertad de expresión y el derecho a la comunicación se garantizan no sólo evitando cualquier tipo de monopolio (privado o estatal) sino resguardando los derechos de todos los sectores, y, sobre todo, de aquellos que día a día construyen una comunicación solidaria, participativa y plural para defender los intereses de los/las trabajadores/as y los sectores populares.

Los medios alternativos, comunitarios y populares cumplen un papel importante para el ejercicio pleno de la democracia comunicacional. Por su construcción y concepción de la comunicación como un espacio de participación social, se gestan desde y con la comunidad formando parte de los procesos de organización, debate y decisión de sectores sociales a los cuales el sistema margina de diversas formas (económicas, sociales y políticas). Esto se refleja tanto en la propiedad social del medio, como en la construcción de su programación y gestión.

Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

Nuevas querellas en la Causa Campo de Mayo

Los familiares de desaparecidos de Campana y Zárate unirán su causa a la que investiga los crímenes ocurridos en Campo de Mayo; entre ellos, se encuentra la llamada "Noche de los tubos", ocurrida el 22 de septiembre de 1976, en la que fueron secuestrados 4 obreros de la siderúrgica Dalmine-Siderca.

La comisión por los desaparecidos de Campana y de Zárate que se han nucleado en el Espacio Cultural La Pachamama, ha conformado un listado de al menos 169 casos de víctimas del terrorismo de estado y hoy a las 10:00 varios familiares presentaron querellas conjuntas ante el juzgado Federal 2 de San Martín (Carlos Pellegrini 121) del Juez Juan Yalj.

Estas querellas pasarán a formar parte de la Causa Campo de Mayo cuyo sistema represivo incluye las localidades de Zárate- Campana, llamada en los años del Terror Área 400.

Entre los casos se encuentran los correspondientes a ‘La noche de los tubos' ocurrida el 22 de septiembre de 1976, en la que fueron secuestrados 4 obreros de la siderúrgica Dalmine- Siderca en el lapso de 2 horas. La fábrica Dálmine fue inaugurada en 1954 por el Ing. Agustín Rocca (titular de Techint) como el mayor emprendimiento siderúrgico privado en el país, para la fabricación de tubos sin costura, destinados fundamentalmente a la explotación petrolera. Hoy bajo el nombre Tenaris Siderca integra una de las tantas empresas del grupo Techint que dirige el Ing. Paolo Rocca.

La presentación que se realizó con el patrocinio de los abogados María Bedia y Pablo Llonto se sumó de este modo a la presentación realizada el 13/09/11 por Trabajadores y Delegados de los 70 por Juicio y Castigo a los Responsables del Golpe Cívico Militar quienes presentaron documentación probatoria que demuestra el grado de participación de los integrantes del directorio de las empresa Mercedes Benz , Ford, Astarsa y Techint en el finaciamiento de los servicios de Inteligencia del Ejército.

¡Juicio y Castigo a todos los genocidas!

Por otro lado, en Junín provincia de Buenos Aires se espera que la justicia federal confirme el procesamiento de dos represores de la dictadura para que se pueda avanzar hacia el primer juicio oral en la zona.

La abogada Abogada Griselda de Antoni, Asesora del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación y patrocinante de los familiares de víctimas en Junín aseguró que “quedan dos procesamientos todavía” por revisar por parte de la Cámara Federal y a partir de allí se podría elevar la causa a juicio oral y público.

Entre los represores investigados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Junín en 1976 y 1977 están el ex jefe militar de la zona Angel Gómez Pola, los comisarios Abel Bracken, Julio Esterlich y Edgardo Mastrandrea, el policía Miguel Angel Almirón y el médico policial Aldo Chiachetta. La investigación por el terrorismo de estado en esa zona de la provincia de Buenos Aires está bastante avanzada aunque restan varias instancias para un futuro juicio oral y público como los que se llevan adelante en distintos puntos del país. La abogada Grisela de Antoni explicó que de los procesamientos que fueron apelados “se resolvieron 5, quedan todavía 2 en Cámara que suponemos que van a seguir la misma suerte de confirmarlos”.

De todos modos aclaró que el posterior ofrecimiento de pruebas, los testimonios y las posibles apelaciones “nos van a demorar año, año y pico para que lleguemos a una instancia de juicio oral”.

De Antoni aclaró que “con esto no cierra la investigación” y que toda “aquella persona que haya sido víctima de la represión en los circuitos clandestinos de Junín y zona y que no haya declarado en estos últimos años su caso no está incorporado, por lo tanto podemos hacerlo y estamos a tiempo”.

Fuente: Agencias de noticias

350 familias sin techo propio resisten su desalojo

Unas 350 familias de la localidad bonaerense de Melchor Romero, cerca de La Plata, resisten el desalojo del terreno que ocupan ante la falta de una vivienda propia.

Teresa Flores, explicó “hace 4 meses que estamos y dos meses que estamos viviendo” y ante, como 10 años que no está poblado”. Los vecinos también denunciaron que un funcionario municipal les dijo que no los iban a ayudar porque la mayoría son extranjeros.

Las familias sin vivienda desmintieron lo publicado en medios locales sobre la situación del predio ocupado. Flores aclaró que “en el diario dijeron que en el 2006, supuestamente, estaba todo alambrado, había animales. Yo vine en el 2003 y no, estaba desahabitado. Por eso nosotros como necesitamos nos metimos ahí”.

La mujer contó también que alguien de la municipalidad fue hasta el lugar y les “dijo que ‘no le vamos a ayudar porque son todos extranjeros’. Hay paraguayos, bolivianos, de todo, acá nosotros no nos fijamos en la nacionalidad”. La vecina aseguró que el propietario del terreno nunca se presentó y “no quiere dar la cara, no. Siempre vinieron policías o vinieron otra gente”.

Teresa Flores aclaró también que detrás de los vecinos “no hay ningún político, somos todos vecinos que queremos un terreno. Acá no hay nada político, nosotros somos todos vecinos, familias con chicos, no hay ningún político que nos represente. Somos un grupo de personas, de vecinos que nos juntamos. La mayoría tiene chicos, hay como 120 chicos acá”. Y en el predio que ocupan “no hay luz, no hay agua y seguimos resistiendo por el terreno, por un pedazo de tierra y vamos a seguir hasta lo último si no tenemos ayuda”.

Fuente: FARCO

Cordoba: Madres contra el modelo sojero

Gracias a las exportaciones de soja, Argentina experimentó ocho años de crecimiento económico. Un colectivo de madres del barrio de la ciudad de Córdoba consiguió mostrar al país las nefastas consecuencias que traía aparejado ese modelo.

Sofía Gática comenzó a darse cuenta de que algo iba mal en Ituzaingó Anexo, un barrio obrero de la ciudad de Córdoba, rodeado de plantaciones de soja y fábricas contaminantes. Pañuelos blancos en la cabeza de las mujeres, niños con mascarillas, bebés con malformaciones… Algo les estaba enfermando. Su propia hija había muerto al nacer por una rara malformación en el riñón.

Como ninguna autoridad iba a hacerlo, Sofía comenzó en 2001 a investigar el origen del problema. “Empece a llamar casa por casa y las madres me contaban su situación. Nos conocimos así, llamando puerta por puerta. Poco a poco se fueron sumando”. No necesitaban ser médicas para saber lo que estaba pasando. “Era el saber común”, dice Corina Barbosa. “Yo empecé por defender a mi hijo, que estuvo internado. Ahora todavía tiene cuatro agroquímicos en la sangre”. Pero entonces no sabían qué estaba provocando esa epidemia.

La encuesta reveló 60 casos de cáncer, bebés con malformaciones de riñón, de intestinos, sin maxilares, 14 casos de leucemias, enfermedades respiratorias y dermatológicas, entre una larga lista de afecciones, cuenta Sofía. Tiempo después, cuando se elaboró una cartografía completa del barrio, los casos de cáncer entre una población de 5.000 habitantes ascendían a 200.

A principios de 2002, con un mapa del barrio donde se detallaban los nombres y las enfermedades de cada vecino, las Madres de Ituzaingó, llamadas así en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, consiguieron que el municipio realizara una serie de análisis ambientales para encontrar el origen de la contaminación. Los resultados revelaron la causa: los agroquímicos que los productores sojeros fumigaban por tierra y aire a escasos metros del barrio.

“Nosotros vivimos enfrente del campo”, cuenta Corina Barbosa, “pasaban las avionetas y bañaban con agroquímicos a nuestros chicos”. El enemigo al que se enfrentaban no podía ser más poderoso: un modelo económico basado en la producción de soja transgénica.

En 1996 el Gobierno aprobó la introducción de la soja transgénica, diseñada para resistir la acción de herbicidas como el glifosato o plaguicidas como el endosulfán. Desde entonces, se ha convertido en el principal cultivo del país.

Según un informe del Grupo de Reflexión Rural (GRR), 22 millones de héctareas están sembradas con soja, el 50% de las tierras cultivadas. En la provincia de Córdoba, la principal productora de Argentina, estos cultivos transgénicos destinados a la exportación ocupan entre el 80% y el 85% de la superficie agrícola.

Cuando las Madres empezaron a denunciar los efectos secundarios de las fumigaciones, no existían en Argentina estudios médicos ni ningún tipo de desarrollo jurídico ni control sobre agrotóxicos. Eran pioneras en terreno desconocido. “Al principio nos llamaban las locas”, recuerda Sofía Gática. Actualmente cada vez son más los informes de científicos, médicos y genetistas, tanto en Argentina como en el resto del mundo, que confirman la relación entre agroquímicos, cánceres, leucemias, enfermedades respiratorias, malformaciones y daños en el material genético. En agosto de 2010 se produjo el Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, con representación de todas las provincias afectadas. Multitud de profesionales de la salud confirmaron sobre el terreno y con análisis médicos el “saber común” de las Madres. “El Gobierno sabe lo que está pasando, pero no le interesa, únicamente se preocupa por sus negocios”, denuncia María Godoy.

A mediados de 2002, entre cortes de ruta, marchas al centro de la ciudad y plantes frente a las máquinas mosquito que fumigaban cerca de las viviendas, la lucha de las Madres comenzó a dar sus primeros frutos. “Éramos pocas, pero hacíamos mucho ruido. Llamaba la atención que mujeres comunes salieran a la calle a hacer tanto barullo”, recuerda Corina Barbosa. Hasta la CNN retrasmitió alguna de sus marchas.

Después de que se encontrara en el agua restos de endosulfán, las Madres lograron que Ituzaingó Anexo fuera conectado con la red de agua corriente. Poco después las autoridades declaraban el barrio en emergencia sanitaria ante la “altísima tasa de casos de leucemia” y prohibían con una ordenanza la fumigación aérea a una distancia de 2.500 metros de Ituzaingó Anexo mientras durara la emergencia. Otra ordenanza establecía la prohibición de fumigar en toda el área urbana de la ciudad de Córdoba.

Y los frutos seguían cayendo. Entre querellas, cortes y petitorios, las Madres consiguieron que en la provincia de Córdoba se debatiera y aprobara a mediados de 2004 la Ley de Agroquímicos, que establece la frontera de las fumigaciones en 500 metros para las terrestres y 1.500 para las aéras. Unas distancias, sin embargo, muy inferiores a las solicitadas por las Madres.

Pero las fumigaciones continuaban. Y los vecinos seguían enfermando. Ese mismo año las Madres comenzaron un interminable recorrido por las instituciones del Gobierno nacional, sin obtener respuesta. “Pareciera que los derechos humanos son sólo los de la dictadura militar”, denuncia María Godoy.

La lucha de las Madres visibilizó un conflicto silenciado que afectaba a miles de localidades de la Argentina sojera. “Diez años después podemos hablar de múltiples focos de resistencia y de colectivos de pueblos fumigados”, señala Berger. Como coordinadoras en Córdoba de la campaña Paren de Fumigar, las Madres comenzaron a recorrer en 2006 los pueblos fumigados de la provincia. Al igual que Ituzaingó Anexo, ante la falta de controles de la administración, multitud de pueblos fumigados y movimientos campesinos comenzaban a realizar sus propios “relevamientos”, sus propias encuestas epidemiológicas. Decenas de pueblos conseguían después de prolongados conflictos declarar sus municipios libres de agrotóxicos o adherirse a la ley de agrotóxicos de 2004 ante la oposición de los alcaldes. “Muchos intendentes son productores sojeros o trabajan directamente para los productores sojeros”, afirma Berger. La lucha de los pueblos fumigados no se limitó a Córdoba, sino que se propagó a otras provincias sojeras como Santa Fe, Buenos Aires o Entre Ríos, y a provincias con gran presencia de cultivos transgénicos de arroz, como el Chaco.

En febrero de 2008, la ley de agroquímicos de la provincia de Córdoba volvió a dar de que hablar. Tras ser avistado un avión fumigando sobre las viviendas de Ituzaingó Anexo, la Secretaría de Salud de la municipalidad de Córdoba denunció por envenenamiento a dos productores de soja y a un fumigador. Los tres acusados fueron detenidos y procesados. En marzo de 2011 deben comparecer en un juicio oral y público, el primero en Argentina por fumigaciones ilegales.

“Lo importante es que esto sea el principio”, dice Corina Barbosa, “que al menos uno sea juzgado y condenado por evenenar a la gente”. Para María Godoy las responsabilidades no se limitan a los sojeros. “Los que tendrían que ir también presos son los funcionarios que permitieron que esto pase y los que implementaron la soja en el país”, denuncia.

“Ahora todos dicen lo bueno que era Kirchner y resulta que nos dejó Argentina llena de soja y un montón de gente peleando y defendiéndose como puede”, dice Sofía Gática. Las Madres de Ituzaingó, al igual que las Madres de Plaza de Mayo, hablan de genocidio, de un “genocidio silencioso”. Ellas no han conseguido frenarlo, pero han sido las primeras en darle un nombre, el primer paso para lograrlo.

Fuente: Albatv

Chubut: Juicio popular coloca a transnacionales en el banquillo de los acusados

La Patagonia fue la primera región en realizar el juicio, los días 16 y 17. La programación tuvo lugar en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, en las instalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia. Fueron juzgados los casos de las petroleras Repsol y Pan American Energy y de las empresas mineras Proyecto Potasio Río Colorado y Pan American Silver, propietaria del proyecto Navidad, de extracción de plata.

Con el juicio, las entidades pretenden sistematizar y difundir argumentos, materiales y herramientas, presentados por medio de denuncias y testimonios, para fortalecer la defensa jurídica y política del medio ambiente y a las comunidades impactadas por las transnacionales.

"Tomamos como casos emblemáticos algunas de las corporaciones que operan en la Argentina, con la certeza de que su accionar está respaldado por la garantía de los poderes políticos locales, que diseñan políticas que las favorecen y/o desconocen leyes que protegen los derechos de las poblaciones”, denuncian.

Durante las audiencias se analizaron el perfil corporativo de la empresa, características del territorio donde se instaló el proyecto, perfil de explotación realizada e impactos generados, así como el surgimiento de resistencias populares.

Las comunidades tradicionales de Chubut destacan como lucha prioritaria la defensa de la Ley 5001, que prohíbe la minería de metales a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas en la provincia. Con la presión de las transnacionales, la norma está amenazada de sufrir modificaciones o hasta incluso ser revocada. También denuncian la contaminación de las aguas por petróleo, señalando la omisión del Estado.

Los próximos juicios se realizarán en el Noroeste Argentino, entre los días 23 y 25 de septiembre, y en la región de la Triple Frontera, los días 30 de septiembre y 1º de octubre. Los casos a ser juzgados son los de Barrick Gold y La Alumbrera, Agua Rica, Ledesma, Monsanto, Cargill, Alto Paraná, Microsoft, Telefónica y Google.

Además en octubre se realizarán audiencias sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la legitimación de la actuación de las transnacionales, el día 18, y sobre los impactos de las transnacionales en la vida de las mujeres, el día 20.

Los días 28 y 30 de octubre, tendrá lugar la audiencia final del Juicio ético y popular a las transnacionales, en la capital argentina, Buenos Aires. Una vez emitida la sentencia, los organizadores la enviarán a los medios de comunicación e instancias políticas y jurídicas que puedan hacer frente a los impactos causados por las transnacionales en la Argentina.

Fuente: Albatv

Soho: los obreros ganaron el primer round

Desde hace meses, los trabajadores de Soho denuncian que en la empresa (propiedad de Nelson Alejandro Sánchez Anterino) se viene produciendo un vaciamiento de la fábrica, librando cheques sin fondo a todos sus proveedores, dejando de pagar los aportes correspondientes, la ART, los impuestos y acumulando pedidos de quiebra.

Ante la posibilidad del cierre de la fábrica y el despido de 400 empleados, los trabajadores decidieron ocupar la planta hasta tanto el Ministerio de Trabajo obligue a la patronal a mantener la continuidad laboral y hacer los aportes correspondientes.

Luego de una durísima negociación en el Ministerio de Trabajo, la patronal de Soho se vió obligada a retroceder. A cambio del levantamiento de la ocupación pacífica que los obreros llevaban en la empresa hace una semana, tuvo que firmar que no despediría, ni sancionaría a nadie, que pagaría los sueldos inmediatamente y que se comprometía a hacer inmediatamente un inventario junto a los delegados de todos los bienes que hay en la fábrica, en prevención a un vaciamiento fraudulento.

Fuente: Indymedia argentina

Organismo oficial reconoce la "importancia cultural y arqueológica" de Punta Querandí

El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, se convirtió en el primer organismo gubernamental en respaldar el reclamo del Movimiento en Defensa de la Pacha en su lucha por proteger tierras que quieren ser anexadas a un complejo de barrios privados por parte de la desarrolladora EIDICO.

El informe entra en contradicción con el informe arqueológico privado de la empresa, realizado por Daniel Loponte, quien a su vez fue desacreditado por el Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires.

El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas respondió a una solicitud del Municipio de Tigre por el conflicto que enfrenta a indígenas y a diversos sectores sociales con la empresa EIDICO, ligada al Opus Dei.

Recordemos que el 10 de mayo el Consejo Deliberante de Tigre votó por unanimidad una resolución donde se le pedía informes sobre la valoración cultural y arqueológica de las tierras en conflicto al organismo indigenista provincial y a su par nacional, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que aún no respondió.

En un documento girado al Municipio de Tigre hace dos semanas, que hoy ingresó al Consejo Deliberante local, el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas consideró que "Punta Querandí tiene interés cultural y arqueológico", destacando su importancia no sólo para los pueblos indígenas sino para toda la comunidad, al ser un espacio utilizado por las escuelas y las familias de pescadores de la zona, entre otros sectores sociales.

La respuesta enviada al Gobierno de Tigre incluye un informe realizado por arqueólogos y una recopilación de las leyes nacionales e internacionales que avalan los derechos de los pueblos originarios.

EIDICO cuenta a su favor con un informe contratado al equipo de arqueólogos que coordinan Daniel Loponte y Alejandro Acosta (CONICET-INAPL), en el que se concluye que el sitio arqueológico está "agotado" y se recomienda liberar el terreno al "propietario". Dicho informe fue aprobado por el Centro de Registro Arqueológico, del Instituto Cultural Bonaerense.

En tanto, el Movimiento en Defensa de la Pacha logró durante el 2010 el reconocimiento de un fragmento de cráneo en el Museo Etnográfico de la UBA y la certificación de restos arqueológicos por parte de un especialista independiente. Pero el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas es el primer organismo gubernamental en respaldar sus reclamos sobre el lugar.

El 19 de febrero de 2010, el Movimiento en Defensa de la Pacha inició un campamento para defender Punta Querandí luego de que la empresa destruyera con máquinarias casi toda la vegetación del lugar. La protesta de mantiene todavía hoy en el terreno con actividades culturales, talleres, visitas de escuelas, encuentros y ceremonias, garantizando el acceso público al predio por parte de familias de pescadores de toda la región.

Sobre la respuesta del organismo del Gobierno bonaerense, Valentín Palma Callamullo, vecino del paraje Punta Canal y uno de los integrantes de la protesta, manifestó: "Esta es una herramienta muy importante que puede permitir al Municipio destrabar este conflicto en favor de las voluntades populares".

Por otra parte, el 19 de septiembre, el Movimiento en Defensa de la Pacha invita a acompañar la presentación de documentaciones en el Juzgado Civil y Comercial n°11 de Capital Federal (Libertad 571, Tribunales), que realizará el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), del Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y la Fundación EcoSur. En dicha sede judicial se tramita el juicio que la empresa inmobiliaria EIDICO le inició a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), del Ministerio de Planificación Federal, para lograr que se le reconozca la propiedad privada de las tierras sagradas indígenas de Punta Querandí y el ex "camino de la vía muerta".

Las ONG de derechos humanos y ambientales se presentarán en este juicio en calidad de "Amicus Curiae" (Amigo de la Corte) para facilitarle al Tribunal documentaciones que prueban la importancia cultural y arqueológica de las tierras en peligro de ser privatizadas, así como determinadas irregularidades detectadas en la transferencia. El "Amicus Curiae" es una presentación realizada por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen su opinión para colaborar con el Tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso. El Juzgado no está obligado a darle admisibilidad a la presentación.

Fuente: ANRed

Movilización a cinco años de la desaparición de Julio López

Como cada 18 de septiembre de los últimos cinco años, Avenida de Mayo fue copada por las columnas de organizaciones y partidos convocados por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, alrededor de tres mil personas exigieron justicia, aparición con vida y castigo a los responsables de la desaparición de Jorge Julio López.

Las actividades por el quinto aniversario de la desaparición de Julio López se replicaron a lo largo del país, con una convocatoria importante en la ciudad de La Plata, organizada por Justicia Ya e HIJOS, entre otras organizaciones.

El espacio Memoria Verdad y Justicia denuncia la responsabilidad del gobierno nacional y provincial como parte del aparato corrupto y cómplice responsable de la desaparición de Julio López, del asesinato de Silvia Suppo y las amenazas a testigos querellantes en los juicios contra los genocidas de la última dictadura cívico militar.

Actualmente la causa por la desaparición de Julio López continúa sin avances, olvidada y gracias al trabajo de Justicia Ya, se movió la carátula del caso de “averiguación de antecedentes” a “desaparición forzada de personas”, significando esta situación un ejemplo más del discurso descarado de derechos humanos del gobierno Kirchnerista que encubre a los principales responsables de la desaparición de Julio López, la policía bonaerense y jueces y fiscales involucrados en la causa.

Fuente: ANRed

Chaco: “Decidimos decir basta, ya NO MAS”

Gritaron el pasado miércoles comunidades Qom y Wichi nucleadas dentro de la Organización Toba Qompi (OTQ) del Impenetrable Chaco, quienes sostuvieron un corte de ruta para pedir que no les cobren un recurso tan esencial como es el agua. Luego de algunas horas y de haber retenido en el corte al dueño de Samep, la empresa distribuidora de agua, lograron que camiones comenzaran a suministrar agua a las familias de la comunidad. Dicen queremos “mostrar que en Argentina hay más de una Nación, como hay más de una realidad, de un modelo y de una alternativa”.

Reproducimos comunicado OTQ, MTW



Desde la mañana del miércoles 14 de septiembre comunidades qom y wichi del impenetrable Chaco, sostenemos un corte de ruta pidiendo algo tan esencial, vital y simple como el Agua.

Pedimos agua. En nuestro impenetrable este recurso es escaso y se nos cobra por mil litros de agua la suma de 60 pesos. No estamos dispuestos a pagar por un recurso que de por si es nuestro, porque el remanso de donde proviene el agua que la empresa Samep utiliza para comercializar está dentro de nuestras tierras.

Por eso salimos a la ruta comunidades qom y wichi, nucleadas dentro de la organización OTQ, realizando cortes en las localidades de Miraflores, Juan José Castelli y Techat.

Estuvimos hasta el mediodía con corte total de ruta, cuando se hizo presente el presidente de la Empresa Samep, el cual se comprometió a dar solución al problema en las próximas dos horas. Decidimos no dejarlo avanzar y retenerlo con su vehículo en el corte hasta que los camiones de agua no estén ya distribuyendo el agua en nuestras comunas.

Así fue que a las 14 hs, levantamos el corte cuando los camiones empezaron a suministrar agua a nuestras familias, y se liberó a Benítez, presidente de la Empresa Samep.

Comunicado de la OTQ (Organización Toba Qompi), y OTW (Organización T’haipo Wichi)

Visitaron nuestras casas los hombres de camisa y corbata, llegaron con boletas que decían ser la solución para todos nuestros males. Cuando sabemos que el mal está en pensar que ellos y sus boletas van a dar solución a algo.

Nosotros pueblos indígenas qom y wichi del impenetrable Chaco solo creemos en nosotros, en nuestra lucha, nuestra resistencia de siglos por permanecer con vida. Nuestra lucha es por la vida, por seguir existiendo. Y salimos a la ruta a decirle a este gobierno, a este gobernador, a la actual presidenta de la Nación, que los pueblos indígenas del impenetrable seguimos sin ver que Nuestra Nación Crezca, como indican algunos de sus cartelones.

Nuestra Nación lejos de crecer es marginada de sus tierras, privada de sus recursos, y silenciada para no mostrar que en Argentina hay más de una Nación, como hay más de una realidad, de un modelo y de una alternativa.

Hoy 14 de septiembre salimos a pedir agua. Salimos a pedir lo que es moneda corriente en la casa de millones de Argentinos. Aquí el agua es oro, y vemos como carabelas del siglo veintiuno hacen negocios con ese recurso, tal como lo hicieron antes.

Decidimos decir basta, ya NO MÁS. Y a la ruta salimos, para que esas carabelas detengan su andar, o nos lleven por delante como tiempo atrás lo hicieron. Porque hoy como hace 500 años los pueblos indios seguimos en lucha y resistencia.

Esperamos se conozca nuestra palabra, se haga eco nuestro dolor, y se comprendan así nuestras demandas.

Hoy miércoles 14 de septiembre salimos a decir: el agua es nuestra para que así pueda ser de todos.

Miércoles 14 septiembre, Impenetrable Chaco

Fuente:Agencia Rodolfo Walsh

La plata: "Hoy estamos acá luchando, recordando"

Las organizaciones nucleadas en la Multisectorial Chau Pozo marcharon ayer hasta el centro clandestino de detención conocido como "Pozo de Banfield".

Decenas de personas participaron de la manifestación al cumplirse 35 años de "La Noche de los lápices", cuando los grupos de tareas de la última dictadura secuestraron en La Plata a un grupo de estudiantes secundarios. Las organizaciones también reclamaron por la aparición con vida de Jorge Julio López, desaparecido hace ya cinco años.

La marcha partió después de las 18 de la placita ubicada en 12 de Octubre y Larroque, a un par de cuadras del Pozo de Banfield, ese campo de concentración que empezó a funcionar durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y que durante la dictadura genocida (1976-1983) ofició como centro clandestino de detención, tortura y como una de las sedes del Plan Cóndor, la coordinación represiva que pergeñaron las dictaduras de la región junto a los Estados Unidos. En la larga lista del horror, el Pozo de Banfield será recordado siempre por haber funcionado como una "maternidad clandestina", a la que eran llevadas las secuestradas embarazadas para que dieran a luz a sus hijos, como fue el caso de Adriana Calvo, fundadora de la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos (AEDD).

Adriana estaba detenida en la comisaría quinta de La Plata cuando el 15 de abril de 1977 empezó con dolores de parto. Después de mucha espera y de los gritos de los compañeros, los represores llegaron y subieron a la militante a un patrullero para trasladarla hasta el Pozo de Banfield. Teresa nació antes de que llegaran a ese centro de detención. Ya en el Pozo de Banfield, el médico genocida Jorge Bergés cortó el cordón que unía a la madre y la hija y obligó a Adriana a limpiar la camilla y el piso. Allí miró a los represores a la cara y juró que, si sobrevivían, dedicaría a cada uno de sus días a conseguir justicia. Así lo hizo. Adriana falleció en diciembre pasado. Pero aún así estuvo presente en la marcha de la Chau Pozo, como lo hizo en 2006 cuando la Multisectorial Chau Pozo logró arrancar a la Policía Bonaerense del lugar.

"Hace exactamente cinco años Adriana estaba acá; dos días después secuestraban a Julio López", recordó Margarita Cruz, integrante de la AEDD. "Por eso, hoy estamos acá luchando, recordando. Cuando Adriana salió de acá juró que estos genocidas se pudrirían en la cárcel. Hoy Adriana no está y muchos de ellos están libres. Eso quiere decir que hay mucha impunidad", completó. Pero remarcó: "Queremos decirte, Adriana, donde estés que seguimos luchando".

Sergio Smietniansky, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), leyó el documento consensuado por las organizaciones. Después, un grito de "30 mil compañeros detenidos- desaparecidos: ¡Presentes!" brotó de las gargantas de los presentes y una nueva convocatoria para tomar las calles: el domingo a las 15.30 para marchar desde Congreso a Plaza de Mayo para exigirle al gobierno la aparición de Jorge Julio López.


A continuación reproducimos el documento:

A 35 AÑOS DE LA NOCHE DE LOS LÁPICES

A 5 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ

Cada 16 de setiembre aquí, en el Pozo de Banfield, decimos que no podemos recordar el pasado sin luchar por modificar las consecuencias del proyecto económico y político gestado durante el gobierno de "Isabel" Perón y consolidado durante la dictadura cívico-militar, que padece el pueblo en el presente.

Y este nuevo aniversario de la Noche de los Lápices llega en medio del estudiantazo por parte de nuestros compañeros chilenos que reclaman que la educación deje de ser un privilegio para quienes pueden "comprarla". Los jóvenes chilenos, apoyados por los trabajadores y el pueblo, vienen hace meses tomando las calles para romper las cadenas de marginación con las que el genocida Augusto Pinochet ató al pueblo chileno, legado que supieron administrar los gobiernos "progresistas" de La Concertación y que, hoy por el hoy, el gobierno reaccionario de Sebastián Piñera pretende profundizar. A los compañeros chilenos en lucha, nuestra solidaridad, porque su lucha es nuestra lucha por una sociedad justa. Como lo es la batalla de cada estudiante y cada docente argentino por el derecho a la educación.

Estos reclamos, como aquel del boleto estudiantil en el 76, hablan claramente de la continuidad de un proyecto que, lejos de ser nacional y popular, persiste en la entrega y la explotación, en la concentración de la riqueza, para beneficiar a los monopolios y los grupos concentrados de poder.

El gobierno nacional y sus discípulos provinciales necesitan cada vez más dedos para sostener la desteñida careta de defensa de los derechos humanos.

En 5 años Cristina Fernández no mencionó una sola vez el nombre de Jorge Julio López convirtiéndose en cómplice de su desaparición. Persiste la impunidad del secuestro y la desaparición facilitando las amenazas y agresiones a los testigos vinculados a los juicios a los genocidas y a todos aquellos que luchamos por derribar el muro de impunidad.

¡EXIGIMOS QUE EL GOBIERNO NACIONAL ABRA LOS ARCHIVOS DE LA REPRESIÓN!

¡JUICIO A TODOS LOS GENOCIDAS!

¡CONDENAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS!

La nueva estrategia represiva desplegada por el gobierno nacional bajo la forma legal de judicializar las luchas intenta, en vano, frenar las luchas obreras y descabezar sus nuevas conducciones combativas; acallar las protestas de los trabajadores ocupados y desocupados, de los estudiantes y los movimiento populares; disciplinar y amedrentar a quienes cuestionan este sistema de hambre, miseria y opresión y perseguir a quienes sostienen posturas antiimperialistas.

Así como denunciamos la Ley Antiterrorista aprobada por el Congreso y promovida por el gobierno de los Kirchner, también repudiamos el nuevo proyecto presentado por sectores de la oposición. Los dos responden a las exigencias del Departamento de Estado Norteamericano.

¡EXIGIMOS LA IMMEDIATA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS: CARINA GERMANO LÓPEZ, JOSÉ VILLALBA Y CARLOS OLIVERA!

¡EXIGIMOS EL CIERRE DE LAS CAUSAS Y LA ANULACIÓN DE LAS CONDENAS DE LOS LUCHADORES POPULARES!

¡EXIGIMOS JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS DE CARLOS “PETETE” ALMIRÓN, CARLOS FUENTEALBA, LÁZARO DUARTE, MARIANO FERREYRA, de SILVIA SUPPO, ex detenida desaparecida y testigo en los juicios a los genocidas, Y DE TODOS LOS MILITANTES ASESINADOS EN TODO EL PAÍS!

Repudiamos las políticas de criminalización de la pobreza, de represión policial y tortura, como en el caso de Rubén Carvallo y de cientos de pibes de los barrios pobres.

¡EXIGIMOS CASTIGO A LOS FUSILADORES DE LOS JÓVENES DEL ALTO BARILOCHE (DIEGO BONEFOI, NICOLÁS CARRASCO, SERGIO CÁRDENAS) Y ALOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN DE LUCIANO ARRUGA. También reclamamos castigo para los asesinos:
De los QOM de FORMOSA: ROBERTO LÓPEZ, MARIO LÓPEZ
De los compañeros del INDOAMERICANO: BERNARDO SALGUEIRO, ROSEMARY CHURA PUNA, EMILIO CARRAIRRI ÁLVAREZ
Y de los compañeros de LEDESMA, JUJUY: FÉLIX REYES, ARIEL FARTÁN, JUAN JOSÉ VELÁZQUEZ

Hemos denunciado pública y judicialmente hace exactamente un año, que la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia realizó una serie de obras en el Pozo de Banfield que constituyen una violación a la orden de no innovar dictada por el juez Arnaldo Corazza, que entiende en la causa.

También denunciamos que la misma secretaría descolgó uno de los dos carteles identificatorios del lugar que colocó la Multisectorial Chau Pozo en 2006, cuando conseguimos expulsar a la policía bonaerense y cerrar el Pozo. Exigimos la restitución de nuestro cartel, que informaban que el Pozo se cerró gracias a la lucha popular.

Asimismo volvemos a reiterar nuestro repudio al anuncio que realizaron el Gobierno Provincial y Municipal el año pasado, mediante el cual hicieron pública su intención de instalar aquí, en el Pozo de Banfield, un Sitio de Memoria y un "Centro Materno Infantil" destinado a la salud de las mujeres embarazadas durante el parto y también en el período de lactancia, en honor a las madres secuestradas.

¡REPUDIAMOS ESE MACABRO PROYECTO¡ Más aun cuando uno de los dos únicos represores condenados por delitos cometidos en el Pozo de Banfield, el médico torturador Jorge Bergés, está gozando de prisión domiciliaria.

¡EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ESTE PERVERSO PROYECTO!

Denunciamos que la Municipalidad de Lomas de Zamora en el marco de la campaña por los festejos de los 150 años de la fundación del municipio, tapó recientemente el mural que recordaba a las víctimas del Pozo de Banfield, realizado en el año 2006 por la Multisectorail Chau Pozo en las intersecciones de las calles Siciliano y Timoteo Gordillo, de Banfield. Repudiamos este hecho que atenta directamente contra la memoria colectiva y la lucha de los vecinos de la zona por: MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. La Multisectorial Chau Pozo volverá a pintar el mural, todas las veces que sea necesario, al mismo tiempo que denuncia públicamente que el siniestro Pozo de Banfield forma parte de los 150 años de historia del Municipio, siendo una cabal muestra del Terrorismo de Estado y de la impunidad de ayer y de hoy.

Compañeros, con esta provocación, vuelven a quebrar, una vez más el precario marco de acuerdo, establecido a través de la lucha, para definir el destino que se le debe dar al Pozo de Banfield. Este es el único ex centro clandestino sobre el que no pueden avanzar para instalar un museo de la memoria encriptada, esa memoria que muestre “lo que no hay que hacer” porque mirá “lo que te puede pasar”.

Y no pueden porque estamos nosotros, la CHAU POZO, ejemplo de unidad y lucha, que no permitirá ningún plan del gobierno destinado a falsear la historia de los 30000 compañeros y que seguirá luchando para que ese ejemplo impregne de principios revolucionarios y de fuerza transformadora, las luchas de hoy, camino a una sociedad sin explotadores ni explotados. Esa sociedad por la que luchó Jorge Julio López, nuestro compañero desaparecido hace cinco años, y por la que luchó nuestra compañera Adriana Calvo, fallecida meses atrás. Adriana fue secuestrada por los grupos de tareas de la dictadura genocida, pasó por varios campos de concentración de los que integraban el tristemente célebre "Circuito Camps", que hoy está siendo juzgado en La Plata gracias a la incansable lucha de compañeros como Adriana. Dio a luz a su hija Teresa en este Pozo. Las dos sobrevivieron y Adriana nunca cejó en su promesa de hacer justicia. Seguimos y seguiremos en tu lucha, querida compañera.

Hoy más que nunca, Pozo de Banfield:

¡NI BAÚL DE LOS RECUERDOS NI LAVADA DE CARA DEL GOBIERNO!

¡SI CON LUCHA LO CERRAMOS QUE QUEDE EN MANOS DE LOS QUE LUCHAN!

Fuente: Agencia Rodolfo Walsh