La Rioja: Abrazo simbólico al Famatina

Hoy Martes 27 de diciembre se realizará un abrazo simbólico al Famatina desde las 10hs en la Plaza Principal de la localidad de Famatina .

El gobernador Beder Herrera arribará por la mañana a Famatina acompañado de algunos representantes de la empresa minera Osisko Mining Corporation (los mismos que fueron echados por los vecinos hace unos días), funcionarios, varios colectivos pagados para trasladar gente de la Capital de La Rioja y Chilecito y las fuerzas de seguridad de ambos Departamentos, tanto policía como Infanteria para reunirse en una finca con el objetivo de lanzar el proyecto megaminero en el Famatina.

Ante esta situación que aun no ha sido confirmada y otros hechos de gravedad sucedidos en estas ultimas semanas, como la elaboración de listas negras con datos personales de los vecinos, la presencia de infantería el domingo pasado en Santa Florentina, nuestro pueblo elije responder pacíficamente con una actividad que tiene por objetivo la unión en estos tiempos tan difíciles para seguir defendiendo nuestros bienes comunes.

Por eso, desde la Asamblea de Chilecito responsabilizamos desde ya al aparato represivo y a las patotas pagadas que responden a las órdenes de este gobierno provincial de cualquier situación de violencia, zona liberada, provocaciones que pudieran ocurrir en Famatina en contra de nuestros vecinos.

Estamos alertas y deseando que todo se desarrolle con total normalidad.

Fuente: CONTRAPUNTO

Bs As: TORTURAS Y TORMENTOS

Siguen las torturas y los tormentos por parte del personal penitenciario, y en este caso en perjuicio de quien escribe estas líneas.

Las autoridades del Penal se mostraron muy molestas ante las últimas crónicas que han publicado algunas agencias, dejando al descubierto todos los delitos en contra de las personas, que ocurren en este lugar.

El torso de Jesus Cabral da cuenta de las torturas sufridas en otra oportunidad.Sus denuncias le valieron golpes, hostigamiento y amenazas de muerte sin interrupciones. Ahora volvieron a la carga. Año nuevo, costumbres viejas en las cárceles argentinas.

Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

Buenos Aires: "Repudio al proyecto de ley antiterrorista"

Ayer la cooperativa La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, movilizaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Sarmiento 329) para repudiar el proyecto de ley antiterrorista que se halla para su tratamiento en el Congreso de la Nación.

La protesta se hizo en la esquina de Sarmiento y Reconquista, junto al vallado policial que no permitió a los manifestantes llegar hasta el edificio oficial. Tras un acto en el que se remarcaron las consignas "Con esta ley todos somos terroristas"; "Luchar no es un acto terrorista"; "Abajo la ley antiterrorista" se dio por finalizada la acción.

Comunicado de Prensa

Ley antiterrorista: A pedido de las multinacionales y para criminalizar la protesta social

Una de las últimas acciones como Jefe de Gabinete de Aníbal Fernández fue enviar al Congreso la ley antiterrorista que ya tiene media sanción en diputados y está a punto de ser convalidada en el Senado. Lo hizo a pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con esa ley, se lesiona gravemente la soberanía nacional siguiendo los dictados del imperialismo y se criminaliza gravemente la protesta social.

El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) es un organismo multilateral que funciona en las mismas oficinas que la OCDE, una organización económica internacional que agrupa únicamente a los países ricos. No depende de la ONU sino que es un ente directamente dominado por los gobiernos de las principales potencias. Es como el FMI pero en vez de imponer políticas macroeconómicas impone legislación penal a tono con los intereses estratégicos del imperialismo en los distintos países del mundo. En su último reporte del GAFI, fechado el 28 de octubre de 2011, de GAFI sobre Argentina indica que "en junio de 2011 Argentina realizó un compromiso político de alto nivel para trabajar en forma conjunta con GAFI para superar sus deficiencias en lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Desde entonces, ha tomado medidas para mejorar su régimen, entre otros...enviar un proyecto de ley contra el financiamiento del terrorismo al congreso nacional".

La norma, que ya cuenta con media sanción de la cámara de Diputados con 134 votos a favor, incorpora al Código Penal el artículo 41 quinques, que establece:

"Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala, siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional".

Si bien la primera proposición del artículo es oscura por la amplitud de la voz "aterrorizar", la segunda oración no es ambigua, es clarísima: cualquier acción que se cometa con la finalidad de "obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo", podría ser considerado un delito "terrorista". La escala penal para ese delito se duplica tanto en su mínimo como en su máximo.

Este aumento en la escala penal, además de ser un claro disuasivo para las luchas populares, trae aparejado un riesgo grave y efectivo: el de prisión preventiva para los supuestos terroristas, es decir, cárcel sin condena firme para los luchadores sociales que sean procesados. No olvidemos que en la argentina hay más de 4000 procesados por supuestos delitos cometidos en protestas sociales, generalmente delitos leves y excarcelables que terminan en sobreseimientos, pero que con la nueva legislación se agravan a punto tal que muchas situaciones los compañeros serían pasibles de sufrir prisión preventiva.
El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados es similar en su redacción a la derogada Ley 20.840 de Seguridad Nacional sancionada a instancias de López Rega, derogada con el retorno de la democracia. Solo se diferencia en que no establece los supuestos de "subversión económica" que eventualmente podrían afectar intereses de grupos económicos concentrados y se limita exclusivamente a criminalizar la protesta social. También es dable destacar que el proyecto nada tiene que ver con los compromisos asumidos por nuestro país ante las convenciones de la ONU.

Si se compara con la redacción del actual proyecto con la convención de la ONU se verá que claramente la muerte, la lesión corporal, el conflicto armado desaparecen del texto y sólo se alude a cualquier presión en general hacia el gobierno o autoridad estatal a que desista de aplicar tal o cual política, con lo cual se pasa a criminalizar abiertamente la protesta social. De este modo, con la nueva ley un piquete por alimentos y planes sociales, la ocupación de un edificio para exigir la homologación de una Convención Colectiva de Trabajo, el corte de una ruta para defender los recursos naturales contra la mega-minería o las privatizaciones o un escrache para exigir la remoción de un funcionario corrupto entre otras demandas, serían pasibles de ser caratulados como actos terroristas.

Lo más patético es que en nada se avanza en la lucha contra la corrupción, evasión fiscal o el crimen trasnacional organizado, verdadero azote de los Pueblos que se utiliza como excusa para aprobar esta legislación anti-popular y colonial. Más aún, en la ley de lavado se elimina la figura de lavado agravado cuando es cometido por un funcionario público, con lo cual se encubren a los amigos que se siguen llevando vueltos aprovechando lugares estratégicos en el Estado mientras se prepara leña contra las organizaciones sociales y sindicales.

Todo este conjunto de normas, medidas y declaraciones del oficialismo no tienen nada que ver con las exigencias de la ONU, sino con la de los países imperialistas y con los apetitos locales de acallar y criminalizar la protesta social contra el saqueo de los recursos y los futuros ajustes.

Se trata de una traición por doble partida: porque introduce el disciplinamiento social exigido por las grandes multinacionales que saquean nuestros recursos como la Barrick Gold y porque siembra un manto de sospecha y persecución sobre las organizaciones sociales. En Chile se ha usado una ley similar para criminalizar las protestas del pueblo Mapuche que luchan por la tierra y contra el saqueo de los recursos naturales.

Por tal motivo, la Alameda y el MTE convocan a todos los luchadores y organizaciones a sumarse a ganar las calles antes que sea tarde. Para ello realizaremos este miércoles 21 de diciembre, a las 20 hs, un acto de repudio al proyecto de ley en las puertas del Ministerio de Justicia (Sarmiento 329), que es el organismo que parió semejante engendro.

La Alameda - Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE)


Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

La Rioja: La lista negra de los ambientalistas

La carpeta con datos de vecinos de Famatina y Chilecito fue descubierta porque el gerente de la empresa se la olvidó en una hostería. El proyecto de la canadiense Osisko Mining Corporation pretende extraer oro de las montañas de esa zona.

La empresa minera canadiense Osisko Mining Corporation admitió que era de su autoría una carpeta con datos precisos sobre pobladores de la ciudad riojana de Famatina que se oponen al proyecto de extracción de oro en la zona. La documentación, que había sido olvidada por un gerente de la firma en una hostería de la que se tuvo que ir en forma precipitada al ser repudiado por los vecinos, fue calificada como “una verdadera ‘lista negra’, como las que se hacían en la época de la dictadura militar”, dijo en un comunicado la Asamblea de Famatina y Chilecito, movilizada en contra del emprendimiento. Una de las dirigentes, Marcela Crabbe, precisó los datos que aparecen en el listado de nombres que figuran en la carpeta, encontrada en forma casual por los vecinos: “Figuran el apellido, el nombre, la profesión, el nivel de participación, es decir si eran ‘cabecillas’, ‘protagonistas’ o si eran personas ‘muy agresivas’”, a la vez que se deja sentado “qué suma de dinero sería suficiente” para darles un “resarcimiento económico” como forma de hacerlos cambiar de posición. Gustavo Zullieger, el gerente olvidadizo, reconoció la carpeta como suya, pero le cambió el color: “No es una ‘lista negra’”, dijo.

Por su parte, el secretario de Minería de La Rioja, Oscar Lhez, criticó las manifestaciones y los cortes de ruta que realizan los militantes antiminería. La queja del funcionario se debe a que el domingo quedó varado ocho horas con su camioneta, en un paraje de Famatina, porque un piquete los retuvo cuando bajaba de la montaña. Lhez, ex presidente de la Cámara de Minería, opinó que los manifestantes “evitan el diálogo generando violencia”. Sobre la “lista negra”, aseguró no tener “ninguna certeza” de quién la confeccionó con tanto esmero y detalle.

El hoy funcionario lamentó el incidente y planteó que “es necesario encontrar el punto de equilibrio y dentro de la tranquilidad y legalidad, sentarnos a dialogar”. Lhez refirió que durante la protesta del domingo, que consistió en un “abrazo” al cerro bajo la consigna “el Famatina no se toca”, fue objeto de “insultos” y advertencias sobre que “no iba a poder transitar más por Chilecito y Famatina”. Respecto de los objetivos del proyecto minero del gobierno riojano, informó que “solamente pedimos la posibilidad de estudiar científicamente la factibilidad del desarrollo a través de la minería como una, no la única actividad productiva”.

Para aventar cualquier duda sobre el origen de la “lista negra”, el gerente de la firma Osisko, Gustavo Zullieger, reconoció que era suya la carpeta olvidada en la hostería de Famatina, pero afirmó que “no era una ‘lista negra’ porque no existe ninguna ‘lista negra’”. Sostuvo que fue un trabajo que se hizo para “conocer a los actores sociales y sus opiniones” con el fin de “dialogar”. Zullieger señaló que la empresa “está en condiciones de firmar un compromiso público de que el Famatina no se va a tocar”. Sobre el tema de la lista, el director de la empresa estatal Energía y Minerales (EMSE), Héctor Durán Sabas, trató de minimizar el episodio diciendo que “la denominada ‘lista negra’ es un artilugio para hacer ver a la sociedad cosas que no son”.

El gerente de Relaciones con la Comunidad de la firma, Martín Carotti, dijo que impulsan “el diálogo con diferentes vecinos y actores sociales del departamento para despejar dudas”. Zullieger insistió en que al cerro Famatina “nadie lo va a tocar, nadie lo va a pisar”, porque “el área de interés se encuentra cinco kilómetros al oeste de los cerros del Nevado del Famatina”. El convenio firmado en agosto en Montreal por La Rioja y Osisko establece que el proyecto “cubre una zona de 40 kilómetros cuadrados” para buscar “oro epitermal”. La estatal EMSE “será responsable de obtener los permisos necesarios durante la vida útil del proyecto”.

En una declaración, los vecinos dijeron que el documento encontrado por ellos contiene “contratos con cifras en dólares, relevamientos con la ubicación de pozos de agua, encuestas sobre la actividad (minera) y folletos varios”. Lo más grave fue la presencia de “hojas manuscritas de una extensa ‘lista negra’, con los nombres de buena parte de los asambleístas de Famatina y de Chilecito, con datos personales como edad, profesión e, incluso, referencia del tenor de ‘cabecilla’, ‘protagonista’ o ‘muy agresiva’”. Consideraron que se trata de “un claro hecho de intimidación”, motivo por el cual las Asambleas Ciudadanas de La Rioja se declararon “en estado de alerta”.

Se recalcó que a 35 años del comienzo de la dictadura militar “hoy vemos con profunda tristeza y dolor que una de las peores prácticas de la época represiva esté de vuelta”. Agregó que “esta ‘lista negra’ ya no es confeccionada por militares genocidas, sino por mercaderes inescrupulosos al servicio de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation, que en la provinicia de La Rioja actúa con la absoluta complicidad y el beneplácito del gobernador, Luis Beder Herrera”. Denunciaron la existencia de “un aparato de inteligencia” que “sigue los pasos” de los vecinos autoconvocados.

La declaración concluyó diciendo que hacen “responsables al gobierno provincial y al gobierno nacional por cualquier hecho de violencia que pudiéramos sufrir quienes aparecemos en esta ‘lista negra’, nuestras familias o nuestro pueblo en general”. En Buenos Aires, diputados del radicalismo pidieron al Congreso una declaración de repudio y que intervenga el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.

Fuente: Página 12

El MOCASE denunció un nuevo ataque y más desmontes

Tras el asesinato del campesino Cristian Ferreyra en Santiago del Estero, dos miembros del movimiento fueron heridos ayer por una patota del empresario tucumano Ricardo Villa, quien intenta despojar de sus tierras a pueblos originarios. “Fueron atacados con disparos y golpes”, detalló la vocera del grupo.

“Ayer como a las 11, los compañeros fueron a decirle a una empresa que pare de alambrar porque un tal Villa se quiere apropiar de unas tierras que pertenecen a comunidades indígenas. Los chicos fueron atacados con disparos y golpes”, explicó hoy Deolinda Carrizo, la vocera del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).

Lo que ella le contó hoy a Radio América no es más que otro capítulo de la violencia que vienen sufriendo desde hace meses los habitantes de la zona rural de Villa Matoque (ciudad ubicada en el departamento santiagueño de Copo).

Según publicó el diario Tiempo Argentino, dos funcionarios municipales de ese pueblo y el hijo de uno de ellos, atacaron a dos miembros del MOCASE Vía Campesina. Néstor Palacios fue herido con un rifle en el pecho y fue trasladado al hospital San Bernardo, de la capital salteña. Su hermano, Ariel, recibió un culatazo y tuvieron que suturarlo en un pueblo cercano, el Quebrachal.

Fuente: Contacto Político

Un espía de alta jerarquía

El almirante fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juez Daniel Rafecas consideró que “omitió desactivar” el aparato de inteligencia ilegal de la Marina.

El jefe de la Armada, Jorge Godoy, fue procesado por el caso del espionaje ilegal a políticos, integrantes de organismos de derechos humanos y dirigentes sociales. Así lo decidió el juez federal Daniel Rafecas, que consideró probado que tanto Godoy como el ex subjefe de la institución, Benito Rótolo, “controlaban el aparato de inteligencia” de la Marina. Para el magistrado estas prácticas, prohibidas por las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional, se hicieron “en forma sistemática y permanente” desde antes de que Godoy y Rótolo asumieran la conducción de la Armada; el juez advirtió que se trata de “prácticas ilegales que, en los hechos, omitieron desactivar”.

Godoy y Rótolo quedaron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo indica que el fallo será el fin de la carrera del almirante, que fue designado al frente de la fuerza por Néstor Kirchner, en junio de 2003.

El caso fue abierto en el 2006, cuando el cabo Carlos Alegre llevó al Centro de Estudios Legales y Sociales la denuncia de que en la base aeronaval de Trelew le habían pedido hacer tareas de espionaje ilegal.

“Esto se hizo desde siempre”, le dijeron sus superiores cuando él se negó. Como mantuvo la negativa, lo sancionaron y sometieron a situaciones de maltrato.

Con los datos de la denuncia, la Justicia allanó las bases de Trelew y de Puerto Belgrano. En los dos lugares encontraron documentación sobre seguimientos que la Armada había hecho a políticos y militantes; por ejemplo, de las actividades que para reabrir la causa sobre la Masacre de Trelew realizaban los familiares de las víctimas y sus abogados. Al hacer los allanamientos también encontraron una semblanza de la ministra Nilda Garré, que entonces estaba al frente de la cartera de Defensa, y más en general había recopilación de datos sobre organismos de derechos humanos y sociales.

Al año siguiente se presentó a declarar un segundo testigo, el ex cabo Luis Alberto Sánchez, que confirmó la existencia de un sistema de espionaje político que iba más allá de Trelew.

En el 2008, el CELS amplió la denuncia y solicitó a la Justicia que investigara la responsabilidad del jefe de la Armada y el resto de la cúpula, ya que las tareas de inteligencia descubiertas en Trelew habían sido promovidas por la superioridad a través de órdenes específicas. Así se desprendió de la investigación inicial una segunda causa. Por un pedido de Godoy, que planteó que debía ser juzgado en los tribunales de Buenos Aires, el tema pasó al juzgado de Daniel Rafecas, que finalmente ayer lo procesó.

En su fallo, el juez señaló que las pruebas reunidas permiten demostrar que el espionaje fue “una actividad habitual, prolongada y reiterada en el tiempo en la Armada Argentina”.

Rafecas descartó los argumentos dados por Godoy en su indagatoria, en la que el marino sugirió que el espionaje fue obra de ovejas descarriadas. Para el juez, por el contrario, participaron “tanto activa como pasivamente los diversos órganos que conformaban el Sistema de Inteligencia Naval”, lo cual incluyó a sus más altos integrantes, es decir a “la Dirección de Inteligencia Naval (DIIA) y el Comando de Operaciones Navales (COOP)” que en aquel momento dependían del entonces subjefe, Rótolo, y del actual jefe, Godoy.

Aunque las investigaciones probaron que existía una sistema de inteligencia ilegal que alcanzaba a todo el país, el jefe de la Armada había conseguido dilatar el proceso legal. Incluso el juez federal de Rawson Hugo Sastre le dictó una falta de mérito, lo que le permitió seguir al frente de la Armada. Su suerte comenzó a cambiar en junio de 2010, cuando la Cámara Federal porteña rechazó su pedido de sobreseimiento.

Rafecas dispuso, por otra parte, que se investigue penalmente la desaparición de documentos comprometedores que debían encontrarse en una serie de oficinas de la Armada pero que no fueron encontrados cuando se hicieron los allanamientos.

Fuente: Pagina 12

19 y 20/Dic/2001: ¡Que se vayan todos!

La situación se encontraba en un estado crítico y los cacerolazos no se hacían esperar… El 19 y 20 de diciembre de 2001, gente común, gente cansada, gente harta fue a plaza de mayo a luchar por un país mejor, encontrando sólo represión, y una de las mas fuertes y tristes de los últimos tiempos…

La crisis de diciembre de 2001 en Argentina fue una crisis financiera y política generada por la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro denominada Corralito, que causaron la renuncia a la presidencia de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001, y llevaron a una situación de acefalía presidencial. La mayor parte de los participantes de dichas protestas fueron autoconvocados, que no respondían a partidos políticos o movimientos sociales concretos. Su lema popular fue: "¡Que se vayan todos!". En los hechos murieron 39 personas por las fuerzas policiales y de seguridad, incluyendo 9 menores de 18 años.

El gobierno de Fernando de la Rúa había asumido en 1999 en medio de una época de recesión, en parte favorecida por la Ley de Convertibilidad, vigente desde 1991, que fijaba la paridad del peso de Argentina y el dólar estadounidense. Si bien dicha política económica había resultado efectiva durante los primeros años del gobierno de Carlos Menem, a partir de 1997 comenzó a demostrar sus falencias. Para mantenerla saludable, se necesitaba el ingreso de divisas. En un principio, éste fue equilibrado por los ingresos a partir de las privatizaciones de empresas estatales y las pérdidas que estas ocasionaban. No obstante, cuando ya no ingresó el dinero suficiente al país, debido principalmente al bajo precio internacional de los granos, éste debió refinanciar su deuda a intereses más altos para mantener la ley.

De la Rúa había decidido mantener la ley, tal como fue prometido en su campaña electoral, lo que provocó que la situación financiera fuera cada vez más crítica, aplicándose medidas como El blindaje o El Megacanje,1 que consistían en endeudamiento exterior.

La inestabilidad económica se percibía por los constantes cambios en el Ministerio de Economía, pasando por él José Luis Machinea (1999 - marzo de 2001), Ricardo López Murphy (marzo - abril de 2001) y por último Domingo Cavallo, que ya había sido Ministro de Economía entre 1991 y 1996 y que había impulsado la Ley de Convertibilidad. En aquel entonces Cavallo era visto como una gran alternativa, ya que había sacado a Argentina de la hiperinflación de 1989 - 1991.

La crisis llegó a un punto insostenible el 29 de noviembre de 2001, cuando los grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios de los bancos y, en consecuencia, el sistema bancario colapsó por la fuga de capitales y la decisión del FMI de negarse a refinanciar la deuda y conceder un rescate.
Para contrarrestar la fuga de capitales, el 2 de diciembre se emitió un mensaje en Cadena Nacional donde Cavallo anunciaba la nueva política económica, que introdujo restricciones al retiro de depósitos bancarios, denominada popularmente como Corralito. En un principio la medida dictaba que el ahorrista sólo podía retirar 250 pesos cada semana, y que la medida duraría 90 días, sin embargo se podían hacer pagos con cheques.

La reacción popular fue muy negativa, especialmente la de la clase media, (teniendo en cuenta que la cifra de la restricción de retiros de 1.000 dólares mensuales era superior a los ingresos de la mayoría de la población) por lo que la crisis económica también desembocó en una crisis política. Durante todo diciembre hubo protestas, aunque la protesta masiva más importante estallaría los días 19 y 20 de diciembre.

La posición de De la Rúa se tornó inestable. Un intento de mediación entre la oposición y el gobierno a mediados de diciembre por parte de la Iglesia Católica fracasó.

Entre el 16 y el 19 de diciembre se produjeron saqueos a supermercados. El clima de tensión se mezclaba con las altas temperaturas del verano. Algunos comerciantes y vecinos se reunian preocupados mientras los medios de comunicación mostraban como se multiplicaba la desesperación de la gente que ingresaba en busca de alimentos a pequeños y grandes comercios. Eran las 16 hs. cuando los rumores de una maza de gente descontrolada "acercándose" contágia el temor en el microcentro, los negocios bajan las persianas.

Hay enfrentamientos en Córdoba, La Plata y cortan el puente en Corrientes.El conurbano es un nudo de tensión. La gente retira alimentos de supermercados de la Capital Federal. La tarde cae, el país sigue los acontecimientos por la televisión, algunos protestan desde los balcones y en la calle

Hasta que anuncian el estado de sitio. Toda la atención estaba puesta en las palabras de un gobierno que tardó horas en dar la cara. La indignación y la bronca rebalsó todos los límites de tolerancia. Lo último que esperabamos escuchar era "estado de sitio", y sin embargo, el muy cínico lo dijo.

En Rosario las cacerolas salen a hacerse escuchar en la calle. La policía reprime a los vecinos.

En Buenos Aires Adolfo Perez Ezquivel le dirige una carta a De La Rua En medio de esto la idea del Polo Obrero de lo que deberían ser las asambleas populares, la publican con el título: "Bando del PO al pueblo" .

Durante los días y meses posteriores siguieron sucediéndose protestas y cacerolazos.

El movimiento provocó en primer lugar la renuncia de Fernando de la Rúa, lo que no frenó la crisis política. El día 20 se hacía cargo del poder ejecutivo el presidente de la Cámara de Senadores, del partido opositor, Ramón Puerta, quién convocó a una asamblea legislativa para elegir un nuevo presidente.

El día 23 asumía la presidencia Adolfo Rodríguez Saá también del partido opositor. Entre sus medidas estaba la suspensión del pago de la deuda externa, anuncio que fue hecho en el Congreso y acompañado por aplausos por parte de los presentes. Además prometió que sería reintegrado el dinero sustraído a los ahorristas (hecho que nunca sucedió) y la creación de un millón de puestos de trabajo, a través de los denominados planes Trabajar. También prometió un Presupuesto 2002 austero y un plan de trabajo integral.

El 30 de diciembre renunciaba Rodríguez Saá, alegando falta de apoyo político,6 lo que desencadenó una nueva ola de inestabilidad. Ante la negativa de Puerta, el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño asumía el poder ejecutivo y también convocaba a una Asamblea Legislativa para nombrar un nuevo presidente.

El 2 de enero de 2002 asumía Eduardo Duhalde, el candidato a presidente del partido de la oposición que había perdido ante De la Rua en 1999, como presidente interino, anunciando que serían devueltos los montos sustraídos a la población en la misma cantidad en que habían sido depositados, con la frase: "el que depositó dólares, recibirá dólares", en la misma moneda en que éstos habían sido efectuados, así garantizaba la paz social y el fin de la controvertida Convertibilidad.

Colectivo Minka

La Rioja: Otro pastor evangélico violador

El hecho habría ocurrido a 200 kilómetros al oeste de la ciudad de La Rioja, donde funcionan varios templos de iglesias evangelistas.

Un pastor evangélico de la localidad riojana de Nonogasta fue detenido por la Policía provincial acusado de haber abusado de una adolescente de 14 años en el interior del templo.

El hecho habría ocurrido a 200 kilómetros al oeste de la ciudad de La Rioja, donde funcionan varios templos de iglesias evangelistas.

El comisario Daniel González, de la comisaría de Nonogasta, informó que el viernes por la tarde la madre de la adolescente denunció al pastor, un hombre de unos 50 años de nacionalidad boliviana.

El ataque sexual habría sido perpetrado el jueves en el interior del templo al que la familia, también de origen boliviano, concurría habitualmente. Allí, indicaron fuentes policiales, el pastor llevó a la menor de edad con la excusa de enseñarle algunos documentos relacionados con ese credo, para luego abusar de ella.

El Policía dijo a la prensa local que el hombre "no tiene antecedentes policiales ni penales y que es la primera vez que queda detenido".

El caso está ahora en manos de la jueza de instrucción Adriana Rivero, quien ordenó la detención y el cierre del templo para que se realicen las pericias correspondientes en el lugar del hecho. La menor de edad fue examinada por un médico forense y su informe se mantiene en reserva.


Pervertido abusó de sus hijos

Conmoción en Catamarca. Una mujer denunció que dos de sus sobrinos habrían sido abusados por su padre, después de que la madre de las criaturas los abandonara. El sujeto está prófugo y es buscado intensamente por la policía.
La Unidad Fiscal de Delitos Criminales investiga al padre de dos nenes de 3 y 5 años, quien habría abusado sexualmente de los menores, según revelaron fuentes judiciales locales.

El jueves último la tía de lo chicos radicó la denuncia en la Fiscalía General en lo Penal, luego de haber recibido asesoramiento de la defensoría civil.

La mujer -cuyos datos se mantienen en reserva- se hizo cargo de cinco sobrinos cuando fueron dejados a su cuidado por la madre y el padre de los chicos.

Dos de ellos le habrían confesado que fueron abusados sexualmente por su progenitor, por lo que la mujer decidió radicar la denuncia penal.

La Unidad Fiscal de Delitos Criminales ordenó la realización de exámenes médicos a los niños con el fin de determinar si existió abuso sexual.

Fuente: Periodico Lea

Tucumán: Yo vi a Bussi y a otros oficiales fusilarlos

Desde Tucumán, detrás del hallazgo, esta semana, de los restos humanos enterrados durante la dictadura en una fosa común del predio militar de Arsenal Miguel de Azcuénaga, en Tucumán, está la historia del hombre que lo posibilitó con su denuncia, hace 15 años. El hallazgo: esqueletos de al menos 15 individuos parcialmente quemados. El hombre: Omar Eduardo Torres (61), el ex gendarme que presenció varios de esos fusilamientos y fue una pieza fundamental para que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) excavara en el lugar exacto. Hoy el ex gendarme Torres se siente satisfecho, no sólo porque la verdad salió a la luz, sino también porque pudo demostrar ante la sociedad tucumana que el horror que él había presenciado y contado varias veces era verdad.

“Yo me enteré de que los datos que había aportado eran correctos en abril de este año, cuando se encontró la primera fosa, pero antes tuve que soportar que muchos cuestionaran mi testimonio, entre ellos el ex juez federal Mario Racedo, que mientras estuvo a cargo mandaba a excavar en los lugares que yo no le había dicho, para dejarme mal. La situación se revirtió cuando se hizo cargo el doctor Daniel Bejas”, revela Torres y vuelve a recordar el pasado para contarlo.

—Hoy, 36 años después, ¿qué recuerda de aquella época?

—El olor a carne quemada que contaminaba el aire fresco después de los fusilamientos, era irrespirable, durante mucho tiempo lo tuve impregnado en mis fosas nasales. Recuerdo que yo no podía comer del hedor que había.

—¿En qué circunstancias se producían esos fusilamientos?

—Cada 15 o 20 días se hacía presente en el arsenal Antonio Domingo Bussi. A veces venía acompañado por el entonces jefe de la policía, Zimerman, y varios oficiales más. Llegaban alrededor de la medianoche en una caravana de autos. Bussi siempre vestía de combate. Se hacía un pozo de cuatro a cinco metros de ancho y dos de profundidad. Los detenidos se arrodillaban con los ojos vendados o encapuchados a la orilla del pozo y allí Bussi y otros oficiales les disparaban un tiro en la nuca. Yo vi a Bussi fusilarlos.

—Durante esas ejecuciones, ¿había presos que se rebelaban con el último aliento?

—No, porque cuando llegaban al pozo estaban bastante machucados para decir nada. Se les pegaba por cualquier cosa, no tenían derecho a rebelarse por nada. Si se quejaban por la comida los castigaban o se los privaba de las siguientes comidas y siempre estaban amenazados de que los iban a fusilar.

Fuente: Periodico Lea

La Rioja: Impidieron el paso a Oscar Lehz a 5 KM de Santa Florentina

Durante la jornada de este domingo, ciudadanos que se oponen a la explotación mega minera llevaron a cabo un abrazo simbólico al Famatina. Alrededor de las 6 de la tarde, en cercanías al Puesto de Villalba, Vallecito, a 5 kilómetros de Santa Florentina, los ciudadanos vieron una camioneta que se acercaba al lugar, descendiendo por el mismo camino. El conductor de la camioneta era el Secretario de Minería de la Provincia, Oscar Lehz.

Por su parte, ciudadanos de las Asambleas de Chilecito y Famatina manifestaron a Diario Chilecito que “esto es una provocación, este señor sabía muy bien que estábamos acá y para reírse en nuestra cara decidió venir y provocarnos, por eso decidimos no dejarlo pasar mientras estemos nosotros con esta jornada de festejo, abrazando al Famatina”, manifestó un vecino que se encontraba en el corte.

“Le dijimos que se vuelva y regrese por Guanchín, porque hasta las 12 de la noche que teníamos prevista nuestra jornada, el camino quedaba cerrado, y nos contestó que el no se iba a volver, que iba a pasar por este camino, por esa razón nos quedamos acá y de acá no nos movemos”. En el lugar también se encontraba Julio Martínez y la concejal Patricia Hidalgo.

Mientras se realizaba el corte en Vallecito, paradójicamente, vecinos se auto-convocaron en la “Plaza de los Mineros” de Santa Florentina, 5 kilómetros abajo del corte donde permanecía Oscar Lehz. Cuando llegaron al lugar, la policía tenía el camino cortado, bajo el argumento de tener una orden verbal de la Jueza de Instrucción Adriana Rivero, “para evitar aglutinamiento de gente en un lugar que puede ser peligroso para las personas. El camino es muy pequeño y tenemos orden de no dejar subir a nadie”, explicó el Comisario Machuca, a cargo del operativo en Santa Florentina, mientras explicaba que “arriba esta el Comisario tratando de persuadir a los ciudadanos de permitir la pasada al Sr. Oscar Lehz y terminar con esto que no le hace bien a nadie”.

A las 10 de la noche, la temperatura había descendido a 19 grados y los ciudadanos estaban sin comida ni abrigo.

Tras el accionar de la policía, acerca de no permitir que ningún ciudadano suba por la cuesta de Las Talas hacia el corte en Vallecito, ciudadanos auto-convocados por mensajes de texto, decidieron no permitir que nadie baje de la misma. “Si no nos dejan subir, nosotros no permitiremos que nadie baje. No puede ser el atropello que estamos viviendo, la policía corta el camino sin ninguna orden escrita , por esa razón no permitiremos que nadie baje”, explicó una ciudadana que se encontraba en el corte de Santa Florentina.

Minutos más tarde se vivieron momentos de mucha tensión, cuando un vehículo intentó subir hacia Vallecito para acercar “abrigo, agua y comida a nuestros compañeros que están arriba desde hace 6 horas sin provisiones. En ese momento unos policías que tenían escudos y palos comenzaron a forcejear con nosotros y no tuvieron ningún problema en pegarnos. Nosotros no queremos violencia, la evitamos en todo momento, sólo queremos que se respeten nuestros derechos”.

Diario Chilecito pudo llegar al corte de Vallecito, a unos 5 kilómetros arriba de Santa Florentina, cuando llegamos al lugar, había una veintena de ciudadanos que impedían el paso al Secretario de Minería Oscar Lehz, cuando intentamos obtener su palabra, se mostró molesto por la situación que estaba viviendo y no quiso expresarse, argumentando querer descansar, “tengo que levantarme a las 6 de la mañana para trabajar, por favor dejame dormir” fueron sus palabras desde adentro de la camioneta en la que se encontraban el Secretario de Minería y 2 personas más que no pudimos identificar.

Aproximadamente a la 1 y media de la madrugada de este lunes, un centenar de ciudadanos aun permanecían en ambos cortes y la policía, tras no poder sostener la orden verbal de la Jueza de Instrucción, liberó el paso a los ciudadanos. “Tenemos orden de abandonar el lugar y liberar la circulación, esperamos que esto no se complique ya que está en riesgo la vida de quienes suben y bajan por ese estrecho camino”, fueron las palabras del Comisario Machuca, mientras se retiraba del lugar, junto a una docena de efectivos policiales.

Pocos minutos pasaron hasta que subieron más vehículos a Vallecito, fue en ese preciso instante cuando Oscar Lehz tomó la acertada decisión de volver su camino, y regresar a Chilecito por Guanchín, tras ocho horas de permanecer varado en el corte.

La posición de los ciudadanos es contundente y el mensaje continúa siendo el mismo. Es cada vez más firme la postura de resistencia frente a la decisión oficial de avanzar con la explotación mega minera en Famatina.

La posición del gobierno es igual y la intransigencia respecto a la decisión es firme. Esperamos que este tipo de “pulseadas” no terminen en algo que cause dolor a muchas personas.

Los pueblos se manifestaron en reiteradas oportunidades y la Licencia Social es cada vez más lejana. Cada día que pasa son más las personas que se suman a proteger los recursos de los pueblos de Famatina y Chilecito, esperando que en algún momento termine esta lucha de ideas y acciones que involucran a miles de ciudadanos que viven, respiran y beben de los recursos del Valle.


Pia Silva hablando sobre la lucha y la tension en Chilecito (Duracion: 15:26)

Fuente: Radio Voces La Rioja

Los compas del Proyecto Radio Mochila cumplen 1 año de viaje

Han pasado 365 días, o sea 8.760 horas, es decir 525.600 minutos, entonces 31.536.000 segundos desde que partimos del lugar donde nacimos y vivimos durante estos veinti y tantos años...

El tiempo es mensurable. Si sabemos que partimos un 17 de diciembre de 2010, podemos saber exacto cuanto tiempo llevamos fuera de casa.

Pero son incontables los buses, trenes, camiones, autos en los que hemos viajado.

Incontable la cantidad de diversos paisajes que hemos vistos.

Incontable la variedad de comidas que hemos conocido y probado muy gustosamente.

Incontable la cantidad de mates que hemos compartido y las caras de desconcierto que hemos visto al probar ese sabor amargo extraño para muchos y tan familiar para nosotros. E incontables las veces que tuvimos que explicar que no es ninguna droga ni lo tomamos porque estimula sino que es más bien por tradición cultural.

Incontables las veces que hemos contado quiénes somos, de dónde venimos y qué es Radio Mochila.

Incontables los distintos lugares y sobre las distintas superficies donde hemos dormido.

Incontables las veces que tuvimos que acostumbrarnos a manejar una nueva moneda.

Incontables los mapas que nos hemos aprendido cuasi de memoria.

Incontables las veces que armamos y desarmamos las mochilas. Incontables las veces que las cargamos y las descargamos.

Incontables las fotos que hemos sacado.

Incontables los mails que hemos recibido y enviado.

Incontables las largas charlas compartidas.

Incontables los distintos estudios de radios que hemos conocido. Desde un lugarcito de adobe con una computadora y una consola, hasta una radio con dos estudios doble cabina.

Incontables las experiencias de comunicación comunitaria que hemos visitado o de las que nos han contado.

Pero por sobretodo…incontable la cantidad de personas maravillosas que hemos conocido. Panas, parceros, hermanos…que nos abrieron las puertas de sus radios, de sus casas sin conocernos. Que sea donde sea que vivieran nos regalaban un rinconcito para dormir. Personas con las que a los diez minutos de conocernos ya sentíamos que nos conocíamos de toda la vida. Incontables las veces que nos despedimos con lágrimas en los ojos.

Incontable la cantidad de amigos, que jamás hubiéramos conocido si no hubiéramos partido.

Gracias a todos los que antes de salir, cuando apenas les contábamos nuestra idea, no dudaron en alentarnos, en darnos ánimo, en darnos datos, sugerencias, contactos, en convencernos de que podríamos, en ayudarnos en lo que pudieran.

Gracias a todos a quienes conocimos ya en la ruta, en este camino impredecible. Gracias por demostrarnos y enseñarnos una vez más que la solidaridad y la amistad existen y están más allá de cualquier cosa. Que la era individualista no logró ganar la batalla. Que todavía podemos mirarnos a los ojos y entendernos, seamos del país que seamos. Que como ya dijimos somos más parecido de lo que nos hicieron creer...

Fuente: Proyecto Radio Mochila

Realizan asamblea y movilización campesina indígena

Campesinos, pueblos originarios y delegados provinciales se reunieron el jueves en la provincia argentina de Santiago del Estero. Fue para debatir sobre los temas que preocupan al sector campesino indígena en esa provincia.

Al comenzar el encuentro los dirigentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y del MOCASE-Vía Campesina (MOCASE-VC) analizaron la realidad de los distintos departamentos del territorio santiagueño.

Junto a representantes de pueblos originarios, los dirigentes denunciaron las políticas provinciales que permiten el avance del agronegocio, con la violación de los derechos posesorios del campesinado.

Esto significa el incumplimiento por parte de las autoridades provinciales de la Ley de Bosques y la falta de límites a las fumigaciones, entre otras.

Asimismo, responsabilizaron a los ministros de Justicia, Gobierno y de Producción de la provincia por el avance de la soja transgénica y la ganadería a gran escala.

Según señalaron, estas prácticas perjudican la producción diversificada de alimentos que realizan las familias campesinas indígenas en sus territorios ancestrales.

Los participantes del encuentro también analizaron su relación con el Estado provincial. En ese sentido, debatieron sobre diferentes leyes referidas a territorio, bosques, agrotóxicos, acceso a la justicia y desalojos.

Tras los diferentes debates, los sectores reunidos se movilizaron para exigir la suspensión de proyectos de minería a cielo abierto, el freno definitivo a los desmontes y el respeto por parte del Gobierno a la producción campesina indígena.

La marcha finalizó frente a la Casa de Gobierno provincial. Allí, los manifestantes exigieron la libertad de campesinos presos y el castigo a los responsables del asesinato del miembro del MOCASE-VC, Cristian Ferreyra, ocurrido el pasado noviembre.

Vale decir que estos sectores movilizados continuarán en asamblea permanente por el reclamo de sus derechos de acceso al agua, la tierra, al monte, la salud, la educación, los territorios y por la soberanía alimentaria.

Fuente: Agencia púlsar

Jornada Anticarcelaria

La Coordinadora Anticarcelaria se reunió el sábado 3 de diciembre de 2011 en Casa Caracol, Córdoba capital, para compartir y debatir sobre las experiencias que distintos grupos y organizaciones vienen trabajando, tanto dentro como fuera de las cárceles argentinas, relacionadas con la denuncia de la sistemática violación de los derechos humanos dentro de las prisiones.

También se pusieron en común y problematizaron experiencias relacionadas con la organización para la promoción y efectiva garantía de los derechos al interior de los muros.

A partir de las 17 horas se abrió una feria de producciones gráficas y artísticas donde se pudo compartir libros, folletos, revistas y dibujos que realizaron los compañeros privados de su libertad que participan en el Taller de Dibujo en el penal de San Martín de la ciudad de Córdoba. A las 18 horas se proyectaron cortos de animación del Proyecto Jeckill que integran las compañeras de la cárcel de mujeres de Ezeiza en Buenos Aires.

También se proyectó un documental sobre la Cooperativa Esperanza Sin Muros (ESMU) de Córdoba integrada por personas liberadas. Tuvimos el grato gusto de que dos de sus protagonistas, Karina y Chichi, compartieran su experiencia en las cárceles y su participación en la Cooperativa. Con su práctica dieron el ejemplo de que es posible avanzar en la vida si hay proyectos impulsados con organización, trabajo común y solidaridad.

En la segunda instancia de la jornada se presentaron los libros "Huye hombre huye" que es el testimonio de Xosé Tarrío González, un anarquista preso en Coruña, España, quien relata en el libro sus cuatro primeros años de encierro y las torturas y humillaciones padecidas; "La Resistencia", una recopilación de la producción anual 2010-2011 de la revista que lleva el nombre del libro, acompañada con el audio de algunos compañeros que contaron la experiencia de quienes la producen en el Centro Universitario Devoto (CUD), en la Capital Federal; y por último, se presentó "Cárceles de mala muerte", un detallado informe anticarcelario que denuncia las torturas y violaciones a los derechos humanos padecidas por las personas presas en las penitenciarías federales y provinciales.

A lo largo de la jornada, las y los participantes debatieron sobre distintas temáticas que dispararon las publicaciones y proyectaron propuestas comunes de coordinación, difusión y organización para combatir las problemáticas que viven los compañeros y compañeras dentro de las cárceles del país. Asimismo, se compartieron las experiencias de trabajo de aquellos grupos que ingresan a los penales en cada región del país. Por último, se planteó la posibilidad de organizar una conformar una corriente de pensamiento y acción que obligue a discutir en la agenda pública el tema cárcel.


Muerto por internas penitenciarias

A pesar de las numerosas denuncias sobre las internas entre los penitenciarios que toman como víctimas a los detenidos nadie hace nada al respecto. Ahora se cobraron la vida: la del interno Luís Molina de tan solo 24 años de edad que habitaba en el pabellón n°3.

Sucedió un lunes a principios de diciembre, aproximadamente a las 20:30 horas momentos en que los penitenciarios realizaban el cierre de los pabellones del sector de mediana seguridad, más precisamente en el pabellón n°3. En ese momento los Jefes de la Unidad ordenaron, encerrar en la misma celda al interno Luis Molina de 24 años y a otro con el cual éste tenía problemas de convivencia. Fue entonces cuando a las 21:00 hs los internos comenzaron a patear las puertas de chapas del pabellón desesperadamente, gritando que el interno Luis Molina se estaba muriendo: a raíz de una pelea con facas que se había realizado dentro de la celda n°2 en la cual Luis recibió una puñalada en el pecho.

Es de vital importancia evocar que el joven falleció a las 21:00 Hs, sin embargo el acta de sanidad figura que el joven falleció a las 22:00 Hs. Está muy claro que los Jefes de la Unidad hicieron dibujar el acta, para cubrirse de la muerte del muchacho, ya que todos los habitantes del pabellón tres pidieron socorro durante una hora, mientras los penitenciarios hacían vista gorda y oído sordo, ante este episodio. Es bueno aclarar que en el pabellón n°3 como en la mayoría de los pabellones, cuando viene el cierre, los muchachos que se encuentran a cargo del mantenimiento (limpieza de pabellón) siempre quedan con las puertas de sus celdas abiertas para que estos puedan atender a los demás que permanecen encerrados. Sin embargo justo ese día los Jefes de la Unidad ordenaron que los encierren a todos, obviamente para poder llevar a cabo su plan macabro, que consiste en picar carne humana.

Cabe destacar que quien suscribe tuvo la oportunidad de entrevistar a varios de los muchachos que viven en ese pabellón y todos dijeron lo mismo. "Que los penitenciarios hicieron eso porque desde hace tiempo que quiere destruir ese pabellón, porque los penitenciarios venden los pabellones. Que los oficiales sabían que los pibes tenían problemas entre sí, y los pusieron juntos para que se peleen. Que los guardias tardaron en venir cuando ellos pedían ayuda porque querían que los pibes se lastimasen entre ellos, y uno mató al otro de una puñalada en el pecho. Que varios de los penitenciarios se acercaron a la celda n°2 y vieron por la mirilla de la puerta, que los dos pibes que participaron de la pelea estaban lastimados. Que luego se retiraron y volvieron aproximadamente 20 minutos después, porque no tenían las llaves, y cuando abrieron la puerta Luís se había desangrado. Que ellos son consientes de que existe una interna entre el Jefe de Penal Antonio Pedrozo y otros Jefes de la Unidad, que estos se disputan el poder del mercado negro dentro de la cárcel".

Podemos ver cómo queda al descubierto que la cárcel no es más que una picadora de carne gigante, un depósito de personas, donde la vida no vale nada. No obstante de todo esto quien suscribe se pudo comunicar con allegados de la victima quienes manifestaron: "Que la abuela de Luis Molina al enterarse que el nieto al que ella cuidó desde chico había muerto, no soportó la terrible noticia y murió de un infarto. Que los restos del joven junto con los de su abuelita fueron velados en un domicilio de la Ciudad de Grand Bourg: lamentaron los allegados". Es terrible que a pesar de tantas denuncias nadie tome una determinación política y seria al respecto, y que hoy estemos lamentando la muerte de nuestro compañero de encierro que participaba de los Talleres extracurriculares del CUSAM- Centro Universitario San Martín. Quien en todo momento mostró un cambio positivo para su socialización, el esfuerzo y la perseverancia para la superación personal de cada día. Los referentes de la Institución Penitenciaria no puede decir que no estaban al tanto de que estas cosas están ocurriendo cotidianamente en la Unidad N°48: porque quien suscribe siempre publica en esta misma Agencia crónicas dejando al descubierto todo lo que ocurre en la cárcel de San Martín. Por ende hoy intentan emplear la censura y responden con una reforma de la Ley 12. 256 que es literalmente represora, que no ayuda a la socialización de las personas que cumplen pena privativa de libertad sino todo lo contrario: es decir intentan tapar todos los delitos que ocurren en las cárceles. El único Diario de tirada Nacional que no hace vista gorda y siempre publica lo que ocurre en las cárceles donde habitan "Personas", es el matutino "Tiempo Argentino". No obstante considero pertinente recordar los derechos que nos otorgan la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las jurisprudencias plasmadas por la Corte Europea de DDHH y otros Tribunales regionales e internacionales, se nos están violando todos nuestros derechos. Queremos que las "Madres y Abuelas de Plaza de Mayo" nos ayuden, que manden órganos que visiten el Centro de Estudiantes Universitarios "Azucena Villaflor" que funciona en la Unidad N°48 y puedan escuchar el sin fin de delitos en contra de las personas que ocurren en este lugar. Pedimos ayuda porque el Gobierno Provincial a cargo del Dr. Daniel Scioli está ejerciendo literalmente "Violencia de Estado", pedimos que la Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner intervenga en el asunto. Porque el responsable de la provincia está ejerciendo practicas represoras en su Gobierno, tal como lo manifestó la Ministra de seguridad de la Nación: Nilda Garré. Que es terrible tener que seguir viviendo esto después del discurso sobre los derechos humanos que la señora Presidente Fernández de Kirchner realizó el 10 de Diciembre cuando asumió nuevamente la presidencia. Que lo está diciendo una persona que se siente identificado en gran manera con este Gobierno, no una persona que habla por despecho. En cuanto a los responsables de la provincia obviamente no les interesa, está muy claro que para este sistema corrupto y perverso somos un número más, pero acá los Jefes Penitenciarios son Autores Intelectuales de horrendos crímenes, sin embargo nadie los investiga.

Seguramente la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense responderá con un cambio de Director; en cuanto en la Unidad queda toda una red de conspiraciones y negocios sucios de los penitenciarios. Ellos saben todo lo que pasa en este lugar tan oscuro, pero no les conviene delatar la mafia penitenciaria, porque en caso de hacerlo no podrían seguir llenándose los bolsillos con el mercado de personas, que es sin duda la cárcel. El argumento de los penitenciarios ante los Jueces siempre es el mismo, "es todo mentira", pero hoy los uniformados ya no pueden decir: los presos mienten.

Los delitos y crímenes de los penitenciarios en perjuicio de los detenidos siguen marcando una gran impunidad; de la cual el Ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal no quiere ni tiene ganas de dar cuenta. Los penitenciarios nunca son investigados, lo mismo pasa con los casos de gatillo fácil de la Policía Bonaerense, es la mafia uniformada. En la vida hay cosas que no se pueden disimular: la falta de coraje es una de ellas.


Otro chico asesinado

Jonathan Retamoso, un pibe de 17 años recluido en el IRAR (Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario) "se habría ahorcado con su sábana" según la versión de los responsables de su muerte, fue encontrado sin vida recientemente. Jonathan había ingresado hace pocos días a esta terrorífica cárcel de niños co-gobernada por penitenciarios y civiles que pelean mancomunadamente para mantener el "orden" a cualquier costo. El gobierno de la provincia de Santa Fe a través de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, abrió investigaciones administrativas que se suman a las judiciales que intentan ocultar lo que muchos sabemos: el gobierno de la provincia de Santa Fe sigue asesinando pibes todos los días.

Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

Carlos Olivera cumplió 2 años en prisión

El compañero Carlos Olivera, dirigente del nuevo sindicato de la construcción, SITRAIC y militante de Convergencia Socialista, cumplió este 15 de diciembre dos años de cárcel, luego de haber sido detenido en la localidad de Lomas de Zamora.

El 15 de diciembre de 2009 Carlos encabezaba una asamblea de obra en esa localidad, cuando fue atacado violentamente por una patota armada de la UOCRA comandada por los dirigentes de la seccional de ese sindicato, quienes actuaban bajo órdenes directas de Gerardo Martínez.

La policía, lejos de detener a los pistoleros, se lo llevó preso, montándole una causa, debido a la cual fue detenido y llevado a la cárcel de Sierra Chica, en primer lugar, y después a la de máxima seguridad de General Alvear. Gracias a la lucha encarada por distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas, se consiguió que fuera trasladado a un penal más cercano a su domicilio, la unidad 45 de Melchor Romero, con un régimen de detención menos duro que el de Alvear y Sierra Chica.

El 21 de diciembre, a las 8 horas, se realizará una audiencia para reclamar su libertad, de manera que afronte lo que falta del proceso fuera de la cárcel, llegando así el juicio, que tendrá lugar en los tribunales de Lomas el 8 de febrero.

Convocamos a todas las organizaciones y personalidades democráticas y combativas a hacerse presentes el día 21 frente a los tribunales de Lomas. Una cita de honor, ya que si logra la liberación de Carlos será un paso adelante en la pelea por la libertad de los demás presos políticos y contra la persecución a los luchadores.

Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

Avanza juicio contra delegadxs de Pepsico

Contra toda lógica, elevaron a juicio oral la causa contra un delegado y una delegada de la Comisión Interna de Pepsico Snacks. La empresa multinacional norteamericana funcionaba fuera de la legalidad laboral al negar el pase a planta permanente de 170 empleados, por ello en forma de protesta los trabajadores/as realizaron un corte de la Panamericana el 17 de Noviembre de 2010. La imputación por realizar el corte puede llevarlos hasta 2 años a la prisión.


Comunicado de la Secretaría de Prensa PTS en el Frente de Izquierda

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado elevó a juicio oral la causa contra Catalina Balaguer y Leonardo Norniella, dirigentes de la Comisión Interna de Pepsico Snacks.

La imputación (que tiene una pena de prisión de 6 meses a 2 años) es por una protesta realizada en la Panamericana en reclamo del pase a planta permanente de 170 compañeras y compañeros contratados que superaban los seis meses de antigüedad y denunciando por "fraude laboral" a la multinacional norteamericana el 17 de noviembre de 2010.

Los abogados Myriam Bregman y Agustín Comas denunciaron el accionar de la Justicia "que se la agarra contra el sindicalismo de izquierda que lucha por los derechos de los trabajadores. No es casual que tengamos decenas de compañeros obreros y militantes del PTS procesados por protestar en la Panamericana, justo cuando empiezan a anunciarse recortes de conquistas incluyendo el despido de contratados y se quiere imponer un techo para las paritarias muy inferior a la inflación real. Buscan amedrentar para que los trabajadores no luchen por sus derechos".

Bregman y Comas destacaron que "el PTS y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos estamos realizando una campaña unitaria con decenas de organizaciones contra la criminalización de los luchadores y por la derogación del artículo 194 del Código Penal cuyo único fin es penalizar a quienes protestan con el ya histórico y legítimo método del corte de ruta".

Fuente: Agencia Rodolsfo Walsh

ATE-Sur: “Esta decisión política es una afrenta contra las libertades democráticas”

Ayer jueves 15 de diciembre, la Comisión Administrativa de la Seccional Gran Buenos Aires Sur - Lomas de Zamora de ATE presentó ante la Dirección General de Cultura y Educación una nota desconociendo al Consejo Escolar zonal, ya que el presidente del mismo, Raúl Magallanes, ha formado parte de la policía bonaerense dirigida por los genocidas Ramón Camps y Miguel Etchecolatz. De este modo afirman que “en tanto Magallanes continúe pretendiendo ejercer la función pública en el Consejo Escolar, ATE desconocerá como autoridad educativa a ese Consejo por considerar ilegítima su composición”.

A continuación reproducimos una nota de la comision




A las autoridades de la Dirección Gral. de Cultura y Educación:

Nos dirigimos a ustedes en nombre y representación de la Comisión Administrativa de la Seccional Gran Buenos Aires Sur - Lomas de Zamora de ATE para comunicar la situación de preocupación y rechazo por parte de los trabajadores de la educación y la comunidad educativa, junto a un amplio abanico de varios centenares de organizaciones, legisladores y personalidades del campo sindical, social, político y de los DDHH, tanto a nivel local como nacional, que produjo la asunción de Raúl Magallanes, como Consejero Escolar de Lomas de Zamora, quien fuera electo al integrar las listas del Frente para la Victoria.

Magallanes, durante toda la última dictadura, ha formado parte de la policía bonaerense dirigida por los genocidas Camps y Etchecolatz, razón más que suficiente, para cualquiera que conoce como ha funcionado el terrorismo de estado y defiende las libertades democráticas, para que no ocupe ningún cargo público.

Esta es la principal razón que motivó el público rechazo a su asunción de organizaciones gremiales del ámbito educativo del distrito como la nuestra, el SUTEBA y AMET, y de personalidades como el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, Graciela Daleo, Patricia Walsh, Víctor De Gennaro, Luis D’Elía, Pino Solanas, Luis Zamora, Horacio Piemonte, Claudio Lozano, Pedro Wasiejko, Ricardo Peidró, solo por señalar algunos de los más reconocidos.

Pero no es esa la única razón. La representatividad y pluralidad de la convocatoria y la seria preocupación por la vigencia efectiva de los DDHH, permitió recabar otros hechos suficientemente graves. Durante la gestión del ex intendente lomense Jorge Rossi, Raúl Magallanes, como jefe de seguridad del municipio, puso en funciones como custodios del Palacio Municipal a por lo menos cuatro policías retirados denunciados ante la ex CONADEP como represores de la dictadura. Ante otros hechos, en los medios de comunicación, ha sido claramente calificado como antidemocrático y represor, por ejemplo por el diputado Fernando Navarro, quien lo acusó de haber liderado una patota que atacó a concejales del Frente para la Victoria lomense. El actual vicegobernador Gabriel Mariotto, textualmente, lo ha comparado nada menos que con López Rega, con Prellezzo y con Patti. Los responsables de aquellas denuncias periodísticas, son insospechables de cualquier intento de afectar a los elencos gobernantes de los estados nacional y provincial, falacia con la que pretende escudarse hoy el Sr. Magallanes. A esto podemos agregarle que en un Documento Público elaborado en 1997 por el CELS y ARGRA sobre el juicio por el crimen de José Luis Cabezas, cuando Magallanes era Comisario en Los Hornos, directamente se lo involucra entre quienes entorpecieron la investigación a través de falsos testimonios. Por otra parte, según importantes medios de comunicación, Magallanes fue investigado con relación a la causa del atentado contra la AMIA, entre 33 oficiales sospechados de ser parte de la red de apoyo a Ribelli, al mismo tiempo que se le imputaban otros presuntos delitos graves como la connivencia con bandas delictivas y la malversación de caudales públicos.

Hemos recurrido a diversas instancias del ámbito estatal, tales como la Intendencia de Lomas de Zamora y las Secretarías de DDHH de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, en amplias comisiones integrada por compañeros de distintas organizaciones. La Comisión Provincial de la Memoria nos ha recibido, ha hecho pública su preocupación y su compromiso de promover una urgente investigación.

Ante la magnitud nacional, que incluso ha comenzado a tener repercusión en algunos ámbitos internacionales, y pese a que todo lo señalado se basa en documentación que tiene estado público, el señor Magallanes ha resuelto atacar a quienes expresamos el mencionado rechazo. Ha cursado cartas documento pretendiendo intimar a dirigentes de nuestra organización bajo amenaza de acciones legales, en las que relata con nombres y apellidos los supuestos dichos de compañeros de nuestra Comisión en una movilización al Consejo Escolar en la que no estaba presente, una muestra más de cómo actúa este señor.

No obstante el 12 de diciembre, el Sr. Viñuales, Jefe del gabinete del Intendente Martín Insaurralde, después de escuchar nuestros planteos, en las que incluso aportaron testimonios familiares de desaparecidos involucrando a Magallanes, nos transmitió que, de todos modos, Magallanes asumiría. Y así lo hizo, siendo luego elegido por la mayoría de sus pares como Presidente del Consejo Escolar.

Además de repudiar este hecho lamentable, consideramos que esa decisión política es una afrenta contra las libertades democráticas, que no solo deslegitima al Consejo Escolar lomense, sino que lesiona a toda la institucionalidad educativa provincial. Por ello entendemos, no puede ni debe haber omisión por parte de las autoridades de la DGCyE, a quienes solicitamos tomen urgente y activa intervención para que este señor sea desafectado no solo de la presidencia del Consejo Escolar y de su cargo de Consejero Escolar, sino de cualquier función en la estructura educativa provincial o local.

Asimismo les hacemos saber que, en tanto Magallanes continúe pretendiendo ejercer la función pública en el Consejo Escolar, ATE desconocerá como autoridad educativa a ese Consejo por considerar ilegítima su composición. Por lo tanto, de ahora en más, ante cada uno de los inconvenientes, reclamos gremiales, actos administrativos locales que involucren a compañeros y compañeras auxiliares y administrativos, nos dirigiremos directamente a las máximas autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación, entendiendo que es la única institución a la que reconoceremos y exigiremos garantizar los derechos laborales de los trabajadores del distrito. Nos vemos obligados también a hacer extensiva desde ahora la responsabilidad a esa Dirección Gral. por cualquier determinación de ese Consejo que pudiera afectar laboralmente a cualquier trabajador de la educación o miembro de la comunidad educativa del distrito partícipe de las denuncias contra Magallanes, e incluso por hechos que atenten contra la actividad sindical o peor aún, contra la seguridad e integridad física de cualquier compañero.

Lomas de Zamora, 15 de diciembre de 2011

Fuente: ANRed

Tucumán: Hallan una fosa común con cuerpos en un centro de detención clandestina

Se trata de un lugar perteneciente al Ejército tucumano y fue el segundo campo de concentración más grande de la Dictadura.

Un nuevo hallazgo desde Tucumán. Luego de que se conociera que fueron identificados los restos del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, desaparecido por la última dictadura, fue encontrada una fosa común con restos de desaparecidos dentro del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga del Ejército.

En ese predio funcionó el mayor centro clandestino de detención de la provincia argentina de Tucumán, durante la última dictadura en aquel país, entre 1976 y 1983.

El descubrimiento fue realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Fue en el marco de las excavaciones que se realizan en la norteña provincia por orden judicial.

Hasta el momento se encontraron "restos óseos correspondientes a un mínimo de 15 (quince) individuos esqueletizados parcialmente quemados", además de "elementos asociados a los restos óseos, tales como proyectiles de armas de fuego, restos de ropa y calzado".

Asimismo, el Centro de Información Judicial (CIJ) notificó que los restos óseos hallados estaban ubicados en diferentes profundidades.

Las pericias para la localización de fosas comunes en ese predio militar comenzaron en 2005. Desde 2011, las investigaciones forman parte de la mega causa "arsenal Miguel de Azcuénaga".

Dichas investigaciones se encuentran actualmente radicadas en el Juzgado Federal a cargo de Raúl Daniel Bejas.

Anteriormente, el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó la identificación de los restos de un ex senador desaparecido en abril de 1976, tras el golpe de Estado.

Se trata de Guillermo Vargas Aignasse. Sus restos fueron hallados en otro centro clandestino de detención conocido como "el Pozo de Vargas".

El recientemente fallecido represor argentino, Domingo Bussi, había sido condenado en 2008 a cadena perpetua por la desaparición de Vargas Aignasse.

Según organismos argentinos de derechos humanos, 30 mil personas fueron detenidas desaparecidas durante la última dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983. Además, 5 mil recién nacidos fueron apropiados ilegalmente.

Fuente: Agencias de noticias

La Plata: Guillermo Salas y sus colegas: violencia y corrupción policial

Este artículo forma parte de la serie de relatos acerca de la vida delictiva de Guillermo Salas y sus colegas. La serie conforma a su vez un capítulo, que es el de aquellos hechos que en algún momento tomaron estado público. Del 2001 a la fecha, Guillermo Salas desempeña funciones en la Comisaría 1° de La Plata como Jefe de Calle. Desde entonces ha pasado a formar parte de toda historia de violencia y corrupción policial contada por jóvenes que trabajan o viven en la calle, o que siquiera se acercan de los barrios periféricos al centro.

Víctor Emanuel Gandia recorrió Latinoamérica al compás que trabajaba haciendo malabares, vendiendo macramé, cuidando y limpiando autos. Sin embargo, sostiene que en ningún lugar recibió el trato que tuvo en La Plata por parte de la Comisaría 1°. Junto a otros chicos que vivían en la calle fue hostigado por Salas, quien buscaba que robaran para la Comisaría. El rechazo a delinquir llevó al joven a sufrir fuertes hostigamientos por parte de la policía. Pocas semanas después, sin avance alguno en la causa, debería irse de la ciudad a raíz de las amenazas.

Cuando Emanuel Gandia, de 23 años, llegó a La Plata a principios de 2010, no esperaba encontrarse con una contradicción tal como estar enamorado de una ciudad donde no podía quedarse. Acostumbrado a vivir del arte callejero, tuvo que improvisar cuando los malabares no dieron resultado y debió empezar a limpiar autos. Durante aquellos días conocería chicos de entre 10 y 15 años que vivían en la calle como él, y con quienes dormiría en la explanada del Teatro Argentino, ubicado exactamente enfrente de la Comisaría 1°.

En la mañana del 27 de junio de 2010, Gandia descansaba en un banco de la Plaza San Martín cuando dos policías se acercaron a él. Uno de ellos se encontraba uniformado y lo reconocería como el jefe de calle de la Comisaría 1°, desconociendo que se llamaba Guillermo Salas, pero realizando una descripción que permitió la rápida identificación: “alto, morrudo, morocho, pelo corto y canoso, con orejas muy marcadas y oscuras”. El otro policía que se acercaba a él, estaba de civil pero reconoció haberlo visto antes con el uniforme y lo describió de la siguiente manera: “estatura media (1,68ms), trigueño, se peina para el costado y tiene aproximadamente 40 o 45 años”.

Según relató el joven, los oficiales lo increparon diciéndole “a ver flaco, que acá no se puede dormir la concha de tu madre”, y continuaron con agresiones verbales amenazándolo con “que se marchara del lugar, que no circulara más por la Plaza San Martín, que la iba a pasar mal”. Gandia llegó a pedirles que lo trataran con respeto antes de que el hombre de civil le pegara una cachetada. El intento de reacción al golpe fue en vano, cuando al ponerse de pie, Salas le dio una piña en la cara que lo tiró al piso. Según consta en la denuncia, fueron alrededor de cinco o diez minutos que estuvo en el suelo recibiendo patadas y puñetazos en la espalda, la cara y el pecho. Al notar que su ojo sangraba se intento proteger acurrucándose hasta que los oficiales se fueran y lo abandonaran ahí.

No era la primera vez que el joven veía a esos oficiales. En marzo, abril y mayo los conocería cuando dormía en el Teatro Argentino. Según relató al momento de realizar la denuncia, estos policías los amenazaban “todas las mañanas cerca de las siete, de forma violenta con que los iban a prender fuego, pegándoles patadas, diciéndoles que si no iban a robar para ellos les iban a ‘armar una causa’ y a meter presos”. Una de las frases que pudo recordar con exactitud interrogaba “¿y, nos consiguieron algo ayer, robaron algo para nosotros?”. Según precisaría luego Gandia, era usual que los oficiales se llevaran detenidos a los chicos o los golpearan allí mismo.

El joven recordó que “otros 5, 6 policías que acompañaban la recorrida mientras tanto observaban, deambulaban por el lugar, pero no tenían la actitud agresiva de estos dos oficiales, que se percibía que ejercían un poder de mando sobre los otros”. Uno de los que ejercía el mando, pudo saber meses después, se llamaba Guillermo Salas.

Tras la agresión de junio, Gandia se dirigió a la casa de una amiga quien al día siguiente lo llevaría al Hospital Rossi. Tras contarle al médico oftalmólogo lo que le había sucedido, este la manifestó que no podía atenderlo ya que su situación no era grave y no tenía insumos, e incluso sugiriéndole que regrese cuando la cara se le haya deshinchado. Un enfermero que se encontraba allí y escuchó el relato, le explicaría luego que “el doctor que lo había atendido, de una u otra forma, trabajaba para y con la policía”. El mismo enfermero se encargaría de atenderlo y brindarle los medicamentos que el joven precisaba. Debería dirigirse al Hospital San Juan de Dios para obtener un certificado donde se constatara los golpes recibidos.

A los pocos días el joven se comunicó con el Comité Contra la Tortura (CCT ) de la Comisión Provincial por la Memoria, que el 1 de julio radicó la denuncia por “Torturas y malos tratos y/o instigación a cometer delitos”. Al día siguiente, la noticia se difundió a través de los medios locales, produciendo la inmediata reacción de la Comisaría 1°. Desde un primer momento, el Comisario Marcelo Tidoni, titular de la dependencia, intentó adjudicar la investigación de los hechos a sus propios hombres, iniciando una causa paralela bajo la carátula de “averiguación de ilícito”. “Procurar establecer la identidad de la persona que se refiere los matutinos como víctima de las agresiones físicas a fin de recibirle debida declaración” fue la diligencia encomendada. Al mismo tiempo, pretendía tomar declaración a los oficiales que se encontraban abocados a la zona de la Plaza San Martín aquel 27 de junio, y enviaba al Subcomisario Marcelo Cifuentes a recorrer la sede judicial con el fin de averiguar si había una causa en curso.

La Auditoría General de Asuntos Internos solicitó a la Fiscalía, al día siguiente de radicada la denuncia, una copia de la misma. Ese mismo día, exigiría a la Comisaría 1° fotocopias del libro de guardia correspondiente a los días 26,27 y 28 e información acerca del personal afectado a la zona de la Plaza San Martín. La respuesta de la policía fue que, en el momento de la golpiza, únicamente se hallaban en esa cuadrícula Marcos Formigo y Juan Vendito en el patrullero 38250. Sin embargo, aquel día, Guillermo Salas se encontraba de servicio. Lo que no resultaba coherente con el relato del comisario, era que según el libro de guardia el móvil 38250 llega a la Comisaría a las dos y media de la noche, registrándose la próxima salida recién a las cuatro de la tarde.

La Comisaría 1° siguió llevando a cabo actuaciones, y la fiscalía dejo que así sea. La policía fue quien solicitó al Hospital Rossi y al Hospital San Juan de Dios que informe si allí había sido atendido Gandia. Sin embargo, la diligencia fue mal realizada, pidiendo informes por Candia en vez de Gandia y entre las fechas 9 o 10 de junio, en vez de 27 de junio a 3 de julio. Esto produjo que la respuesta se demorase más de 3 meses en el caso del Hospital San Juan de Dios, quien negó que el joven haya sido atendido allí, a pesar de que el CCT, al momento de radicar la denuncia, presentó el informe médico realizado en la guardia del Hospital San Juan de Dios con fecha 2 de julio. El Hospital Rossi nunca respondió al informe solicitado con el adecuado apellido y las fechas correspondientes.

Mientras Asuntos Internos solicitaba las copias del libro de guardia y la Comisaría 1° pedía informes a los hospitales, la actividad de la Fiscalía N° 5 a cargo de Leyla Aguilar se redujo a citar a declarar a Gandia a las dos semanas de realizada la denuncia. Al no tener conocimiento de que el nombre del oficial en cuestión era Guillermo Salas, el CCT aportó fotos donde el joven había reconocido al jefe de calle. Sin embargo, la fiscalía no tomó ninguna medida que buscara esclarecer la identidad de los agresores. No era la primera vez que la fiscal Leyla Aguilar actuaba de este modo al momento de investigar a los uniformados. En 2008 fue apartada de la causa que investigaba la muerte de Daniel Mignone en la Comisaría 9°. La decisión fue tomada por la justicia luego de tres años de dilataciones, en los que llegó a decirle a los familiares " Nunca voy a llegar a los autores materiales "

En su nueva declaración, el joven indicó que personal de la comisaría lo seguía, por lo cual se encontraba refugiado en casas de amigos. Dijo que por aquellos días había sido demorado por oficiales, quienes le pidieron documentos y le preguntaron por qué estaba lastimado y si había estado robando. A esto les respondió que él no robaba y que las heridas se la habían hecho sus colegas, en referencia a la policía, ante lo cual los efectivos se retiraron. El indiscriminado hostigamiento dirigido al joven golpeó a sus amistades cuando oficiales de la Comisaría 1° detuvieron a un amigo suyo que trabajaba en la calle. Según relató Gandia, lo interceptaron “preguntándole si era el pibe que había hecho la denuncia y al responder que no le muestran un gamulán y le inventan una causa por robo y quedó detenido en la primera”. A los días de salir en libertad, le acercaría un mensaje de la comisaría a Gandia: los oficiales le dijeron que si veían a su amigo lo iban a hacer “historia”.

Luego de las amenazas, la fiscalía no sólo no dictó medidas de resguardo para el joven, sino que llegó a ponerlo en una situación de mayor riesgo cuando realizó el llamado a declarar bajo amenaza de utilizar la fuerza pública en caso de que no se presente, es decir, brindándole a la Policía la potestad de detenerlo en plena calle. La causa continuaría durante los siguientes meses agregando fojas donde se citaba una vez más el joven a declarar pero sin búsqueda de los agresores. Ante el desamparo judicial y la persecución policial, a Gandia no le quedó más alternativa que abandonar el territorio del sheriff platense.

Fuente: Indymedia Argentina

Tucumán: Fuga de Juan Carlos Benedicto: "el único lugar para los genocidas es la cárcel"

Organismos de DDHH de Tucumán manifestaron su repudio ante la fuga de Juan Carlos Benedicto, quien fuera el primer civil imputado por pertenecer a las patotas que cometieron crímenes de lesa humanidad en Tucumán. "Exigimos al juez Bejas explicaciones sobre cómo fue posible que el imputado bajo custodia policial se diera a la fuga, repudiamos las concesiones a los genocidas que hacen posible situaciones como estas y exigimos su urgente relocalización". Convocan con estas consignas para el viernes 16 de diciembre a las 11:30hs en la puerta del Juzgado Federal, Las Piedras esquina Congreso. Reproducimos comunicado.



Los Organismos de Derechos Humanos de Tucumán queremos manifestar nuestro más enérgico repudio ante la fuga de Juan Carlos Benedicto, quien fuera el primer civil imputado por pertenecer a las patotas que cometieron crímenes de lesa humanidad en el Centro Clandestino de Detención "El Arsenal" Miguel de Azcuénaga. Exigimos al juez Bejas explicaciones sobre cómo fue posible que el imputado bajo custodia policial se diera a la fuga, repudiamos las concesiones a los genocidas que hacen posible situaciones como estas y exigimos su urgente relocalización. Al mismo tiempo responsabilizamos al juez por la integridad de testigos, víctimas, sobrevivientes, familiares y abogados querellantes, frente a la realidad de un genocida más prófugo en nuestra provincia.

Exigimos al juez Bejas explicaciones sobre cómo Benedicto estaba alojado en un neurosiquiatrico sin estar sedado luego de su "presunto" intento de suicidio y sobre cómo en esas condiciones pudo burlar la custodia asignada. Exigimos las sanciones correspondientes para quienes fueron responsables de esta escandalosa fuga, desde la fiscalía hasta la policía federal. Queda demostrado que las instituciones privadas como es el caso del nueropsiquiatrico "Dr. Corbalán" no garantizan la custodia necesaria, sino tan sólo las comodidades que los represores pretenden. En este sentido repudiamos las concesiones que el juez Bejas está dando a los genocidas, que van desde permitir traslados a domiciliarias a quienes ya habían violado dicha modalidad como es el caso de Benedicto, hasta otorgarle computadoras a los represores.

Exigimos al juzgado a cargo del Dr. Bejas que notifique en tiempo y forma a las querellas del estado de todos los imputados por crímenes de lesa humanidad, es inadmisible que éstas tengan que enterarse por el diario que se profugó un genocida.

La fuga de Benedicto viene a incrementar la lista de prófugos imputados en crímenes de lesa humanidad, desde el inicio de las causas en 2003. El ex Teniente coronel Antonio Arrechea, quien fuera uno de los mayores carniceros del genocidio, está prófugo y aun teniendo pedido de captura internacional se desconoce su paradero desde hace 8 largos años. Debemos sumar a Héctor Mario Schwab, que a pesar de no presentarse en su primera indagatoria la justicia difundió en los medios cuando volvería a ser llamado a declarar, de más está decir que nunca se presentó y se desconoce su paradero desde septiembre del 2008.

Hacemos absolutamente responsable al juez Bejas de la integridad de testigos, víctimas, sobrevivientes, familiares y abogados querellantes, ante lo que pudiera sucederles con estos genocidas sueltos, y continuamos manifestando que el único lugar para un genocida es la CÁRCEL.

Por todo esto, y por los más de 30 años que esperamos justicia, es que exigimos la aceleración de todos los procesos por crímenes de lesa humanidad que aún duermen en la fiscalía y la INMEDIATA elevación a juicio oral y público de la Causa Arsenales.

Por lo que invitamos a todos y a todas a acompañarnos en esta exigencia este viernes 16 a las 11:30hs en la puerta del Juzgado Federal, Las Piedras esquina Congreso.

NI OLVIDO NI PERDÓN, JUICIO Y CASTIGO YA!

Fuente: Contrapunto