lunes, 31 de octubre de 2011

Argentina: Transnacionales son juzgadas por los pueblos de Latinoamérica


Impulsada por el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, y realizado del 28 al 30 de Octubre, señalaron en su convocatoria: «Esta iniciativa ciudadana pretende concientizar sobre el daño y el saqueo que multinacionales de diversa índole causan a la población. A través de denuncias expuestas por fiscales ante un tribunal de expertos se busca fortalecer el proceso de lucha contra las empresas recolonizadoras.»


Claudia Korol (inteligencia, abrazo, muerte al patriarcado, escritora, anticapitalismo, educadora popular, energía, composición humanista y libertaria en la noche del saqueo, rigor y método, ternura y combate) fue la coordinadora del Juicio Ético Popular a las corporaciones transnacionales que se realizó entre el 28 y 30 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, sede Constitución, y en el establecimiento de Pañuelos en Rebeldía. La iniciativa fue impulsada por el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, junto a una gran cantidad de organizaciones sociales y agrupaciones en lucha de Argentina y América Latina.

En la justificación nuclear del Juicio estuvieron Alcira Daroqui, Directora de la Carrera de Sociología de la UBA; Guillermo Ortega de Base Is de Paraguay; Bernardino Camilo da Silva del Movimiento Sin Tierra de Brasil; Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras; Cristina Castro de la Red Hermandad de Colombia; Oscar González de CACTUS de México; y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

Los movimientos sociales en defensa de los pueblos argentino, brasilero, paraguayo, mexicano, uruguayo, colombiano y hondureño, desde abajo enjuiciaron a las firmas Barrick Gold, Minera La Alumbrera, Agua Rica, Ledesma, REPSOL, Pan American Energy, Monsanto, Proyecto Navidad (Pan American Silver), Proyecto Potasio Río Colorado, Cargill, Alto Paraná, Microsoft, Telefónica y Google, entre otras.

La académica Alcira Daroqui celebró que “el juicio se dé en una universidad pública donde aún tenemos la autonomía para comprometernos con las resistencias y luchas populares, pese a que en el actual marco de correlación de fuerzas, en el gobierno universitario se reproduzcan ciertas alianzas y complicidades con el poder. Sabemos que la universidad pública también es un campo en disputa”.

Daroqui señaló que “hoy las transnacionales son un eslabón clave de las cadenas contemporáneas del neocolonialismo. Son operadoras centrales del extractivismo, del saqueo y destrucción de la naturaleza, y de la vulneración del derecho de las poblaciones. Es decir, significan saqueo y muerte. Sabemos que el capitalismo busca su reproducción permanente. Las investigaciones realizadas involucran a industrias cerealeras, petroleras, mineras, forestales, agropecuarias, de carreteras, energéticas. El resultado de cada informe y juicio habla de que seguimos transitando fuertemente por procesos de profundización de la desigualdad y la injusticia, aspectos constitutivos del capitalismo. La crítica universitaria devenida en política es un hecho que debemos exigir y ejercer. Exigir para que se ejerza y ejercer para ser parte de la lucha. Es cierto que muchos saberes originados en la universidad son ocultados para no tener conexiones con el movimiento social. Ese es un desafío: la articulación entre ambos espacios para que se produzca una potencialidad política que nos permita enfrentar el actual orden de cosas como militantes, como pensadores, como luchadores. Es imposible comprender el quehacer destructivo de las transnacionales sin la complicidad del Estado y los gobiernos.

El representante del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil (1979), Bernardino Camilo da Silva, explicó que “hasta ahora hemos obtenido terrenos para 400 mil familias, mientras 80 mil viven en asentamientos. Nuestra lucha es por la educación, la salud y fundamentalmente contra el modelo agrícola impuesto por gigantes transnacionales productivistas. Y las juzgamos porque están cometiendo un crimen que hemos documentado fundadamente, de manera objetiva y real. Ya han hablado las comunidades dañadas”, y añadió que “para el capitalismo el concepto de crimen es distinto que para el pueblo. Para nosotros un crimen es todo aquello que agrede a la población, y no el robo de comida de un niño hambriento. El crimen es la devastación de los recursos naturales y la sobreexplotación de nuestra gente. Creemos que el saqueo es una estrategia general que el capitalismo usa en toda Nuestra América. De este modo, el capital crea un orden jurídico y político para facilitar la expoliación, el desplazamiento de comunidades, la ruina ambiental”.

Bernardino Camilo aseguró que “como el capital está mundializado, nosotros también debemos globalizar nuestras luchas. Tenemos los mismos enemigos. Por nuestra parte, hemos enfrentado de manera directa los intereses de corporaciones que nos ha costado vidas de militantes. El juicio simbólico a las trasnacionales que hacemos ahora es, entonces, una iniciativa que apunta hacia la unidad y la creación de conciencia”.

La joven colombiana Cristina Castro se refirió a su país, arguyendo que “las transnacionales en Colombia funcionan sobre la militarización y paramilitarización de los territorios, y no sólo mediante la anuencia de la oligarquía ligada al narcotráfico. Las fuerzas armadas hacen el trabajo de ‘limpiar’ el terreno para luego entregarlo a la inversión extranjera, la cual no crea empleos sino que los destruye y multiplica el trabajo precario y subcontratado. Algunos creen que con el cambio del Presidente Álvaro Uribe por Juan Manuel Santos habría alguna modificación política al respecto. Pero las cosas continúan igual. El 50% de los colombianos está bajo la línea de la pobreza. Dos mil personas mueren anualmente por desnutrición y el 13% de la población la sufre. Grandes extensiones territoriales son destacadas para la producción de biocombustibles. El 7,4% de la tierra en Colombia está en manos de un 0,4% de terratenientes, y el 1,7% de la tierra está distribuido en el 51,3% del campesinado”.

Cristina indicó que la actuación del capitalismo en Colombia ha devenido en “el agotamiento de los recursos naturales; la privatización de los servicios públicos; la destrucción del medioambiente y la biodiversidad; y el hambre. Uno de los mecanismos utilizados para el beneficio de las corporaciones es el terrorismo de Estado. Las poblaciones indígenas son duramente golpeadas por los megaproyectos. Las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad están a la orden del día. Más de 4 millones de colombianos han sido desplazados por las transnacionales”.

La delegada colombiana informó que los juicios populares a las corporaciones multinacionales contemplaron “el sector alimentario (Coca-Cola, Nestlé) y minero (Gator, Pan American). El carbón y el oro están en el centro de la explotación y las maldiciones de mi pueblo. Y las empresas, además, compran los servicios de los paramilitares para su protección. Desde el 2010 llevamos adelante la Campaña Nacional e Internacional Contra el Despojo para sensibilizar a la gente sobre sus efectos”.

El paraguayo Guillermo Ortega indicó que “las transnacionales merecen ser juzgadas porque atentan contra la vida, usurpan los territorios, explotan los bienes colectivos, contaminan las fuentes de vida, asesinan a las poblaciones, y acaparan la producción de alimentos. En el mundo existen alrededor de mil 200 millones de hambrientos. El cambio de matriz alimenticia y su homogeneización se basa en el supermercadismo. Aquí vemos la concentración privada y patentización de los conocimientos; la eliminación de las semillas nativas; el socavamiento de las resistencias y bases de la alimentación milenaria”.

Ortega manifestó que “la acumulación del capital precisa de la militarización del continente, es decir, los territorios deben estar libres de campesinos e indígenas para dar rienda suelta al monocultivo en extensas regiones. El exterminio de comunidades en resistencia y luchadores sociales es parte del Plan Colombia que avanza hacia el sur, a Paraguay. Las transnacionales, a través de los medios de comunicación y de la llamada ‘responsabilidad social de la empresa’, ofrecen insignificantes ‘beneficios’ para manipular de mejor manera a las poblaciones. Antes traían espejos. Ahora traen transgénicos”.

La intervención de Óscar González de México reveló la ascendencia política y poética que el modo de expresarse del Subcomandante Marcos tiene en la juventud rebelde de uno de los países más complejos de América Latina. Óscar dijo que su agrupación proviene “de la Mixteca Oaxaqueña, al norte del Estado de Oaxaca, un Estado que está al norte de Chiapas”, y continuó con que “los juicios populares contra las transnacionales tienen sentido por la violencia sistémica con que nos enfrenta. En los últimos 5 años en México esta violencia nos lleva 50 mil muertos. Y desde el dolor con que vivimos el 2010 el asesinato impune de nuestra compañera Bety Cariño recordamos que ella manifestaba que había que hacer este tipo de juicios y enfrentar a esta bola de cabrones porque ellos le siguen apostando a la muerte, mientras nosotros le apostamos a la vida. Ellos le siguen apostando al despojo y nosotros a cuidar nuestros territorios. Ellos le siguen apostando a la represión y nosotros a nuestra digna rabia. Ellos le siguen apostando al asesinato político y nosotros a la reproducción de la vida y a nuestra madre tierra. Ellos le siguen apostando a la ambición y nosotros a nuestra cosmovisión. Ellos le siguen apostando a desaparecernos y nosotros a nuestra ética. Ellos le siguen apostando a militarizarnos y nosotros decimos que si ganamos esta lucha, la ganamos, y si la perdemos, también la ganamos porque ¡vengan a desaparecernos!

El mexicano Óscar González aseveró que “en esta confusión que se vive, difícil es encontrar respuestas si no sentimos y compartimos el dolor del otro y de la otra, si no vemos quién está muriendo y por qué está muriendo. ¿Hacia dónde caminar con tanta rabia? Pero mientras el tiempo y el desprecio del arriba avancen, abajo se generan nuevas respuestas gracias a los ecos que se intercambian en cada punto cardinal. El camino es abajo y la rabia y la organización deben estar contra el arriba. Los políticos y su aparato estatal son el rostro público de esta guerra. Su crisis y el desmoronamiento que se vive ahí es síndrome de lo que nos pasa aquí abajo. Nuestras muertas, nuestros muertos han dejado claro que en esta guerra abierta de despojo y control contra la población hay quien gana y quien pierde. Tal vez se podría pensar que ellos ganan al imponer el miedo, pero no es así. Ese miedo se está venciendo. Nuestro ‘ya basta’ crece y nuestros muertos dejan de ser números para volverse rostros de la digna rabia. Los malos gobiernos dicen que buscan la paz, pero ya nadie quiere seguir escuchándolos. Sabemos que ellos son los responsables que profundizan la impunidad y se esconden tras falsos argumentos, administrando nuestros conflictos. Nosotros resistimos el miedo, combatimos la indiferencia, resurgimos de la guerra. Pura narcodictadura televisada y guerra de cuarta generación disfrazada de fortalecimiento de las organizaciones. Juegan las balas a evadir los muros para aniquilarnos, destrozar los gérmenes de resistencias. Sus miras se dirigen al cuerpo organizado. Pero siempre sobrevive la esperanza”.

Honduras es sinónimo de dictaduras de nuevo tipo en el continente respecto de las que inundaron con masacres y ceño militar los años 70 del siglo pasado. Dictadura del capital siempre, que hoy se sostiene sobre formas aparentemente de representación democrática. Dictaduras, al fin y al cabo.

Berta Cáceres, embajadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), también fue miembro del Tribunal contra las transnacionales. Berta comunicó que “en Honduras seguimos siendo testigos de la historia de coloniaje y de violencia contra la vida, contra los pueblos, contra las culturas, los bienes naturales, contra la felicidad, contra el derecho de hablar y pensar, de nuestras autonomías y autodeterminaciones, contra la soberanía y la misma dignificación humana. El sistema hegemónico de muerte ha demostrado que es capaz de todo. Incluso de dar golpes de Estado en pleno siglo XXI. ¡Vaya que nos parecemos en esta historia! Se legalizan los golpes de Estado y su impunidad. En Honduras las transnacionales han intensificado su actividad por medio de Tratados de Libre Comercio con EEUU, Europa, Canadá. Las corporaciones ya habían perdido mucho con la inclusión de mi país al Petrocaribe, al ALBA, como lo explicitaron la Texaco, la Esso, la Shell: hasta las comidas rápidas de McDonald's, Pizza Hut y Burger King, que no soportaban que se les pusiera impuestos y que, en consecuencia, daban la comida a la soldadesca que reprimía al pueblo. Asimismo, estaban enfurecidas las farmacéuticas porque Honduras iba a firmar un acuerdo con Cuba para el comercio de medicamentos genéricos. También la minera canadiense Entremares que financió el transporte para ‘la marcha de los blanquitos’ y la movilización del Ejército. Y tras el golpe estuvieron las hidroeléctricas gringas, alemanas, canadienses, que nos discursean con la mentira de la ‘energía verde’”.

Berta aclaró que los gobiernos colombianos de Álvaro Uribe y José Manuel Santos, “han exportado a Honduras paramilitares y la llegada de su Ejército y de las Autodefensas Unidas de Colombia, que cautelan las grandes extensiones de tierra robadas por compañías como la Standard Fruit Company. Y como en los 80’, Honduras se convierte en un gran portaviones ocupada por Norteamérica, donde se encuentra la Base Aérea ‘José Enrique Soto Cano’ y la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo en Palmerola. Avanza el Plan Mérida, supuestamente creado contra el terrorismo y el narcotráfico. Lo irónico es que donde están las bases estadounidenses se ha incrementado el narcotráfico. Qué hablar de las ‘agencias de seguridad’ privadas, que ya son 5 veces más que el Ejército hondureño, y donde se encuentra hasta la Inteligencia de Israel”, y sumó que “lo más importante es el papel de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que están costeando con millones de dólares todos estos megaproyectos. ¡Cómo se habla de ‘normalización’ y respeto a los derechos humanos en Honduras! Lo único que legitimamos son nuestras luchas, la autodeterminación y autodefensa para la vida. La legitimidad de la rebeldía, de la libertad. ¡Y vamos a seguir estando en las calles porque nos da la gana!, ¡Y nos tienen miedo porque no tenemos miedo!

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, intervino en la fundamentación del juicio a las multinacionales, apuntando que “este fenómeno lo estamos viviendo no sólo en América Latina, sino también en Asia y en África. Sin embargo, nadie se mete en la casa de uno si no se le abre la puerta. Estamos frente a una gran complicidad de los gobiernos aquí. Muchos de nuestros países carecen de soberanía. Pasa en Argentina y en otras naciones. Tenemos que profundizar los derechos de los pueblos, como lo dicta la Declaración realizada en Argel en 1976”.

Pérez Esquivel recordó que hace unos años fue convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas para integrar una comisión internacional de investigación sobre el rol de las transnacionales en Sudáfrica y Namibia por los problemas mineros “en torno a la explotación de oro, diamantes, minerales estratégicos. Ahí se descubrieron las violaciones sistemáticas a las sanciones obligatorias en Sudáfrica y países que dicen defender los derechos humanos. Sabíamos que tres naciones iban a proteger las violaciones en Sudáfrica y Namibia: Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía 464 empresas en Sudáfrica; Gran Bretaña tenía 362; y 142 Alemania. Los ejércitos no violan los derechos humanos porque enloquecen. Tras ellos existen políticas estructuradas para la dominación de los pueblos. Las bases militares norteamericanas en nuestros continentes tienen objetivos muy claros. Y muchas veces a uno le duele que tantas organizaciones sociales piensen que esas cosas terminaron. Cuidado con esto. El caso del monocultivo de la soja no tiene que ver con el control de los agrotóxicos, sino que se trata de quién se queda con el pedazo más grande de la torta. Esa es la realidad. Es preciso hablar de la democracia de la tierra y los territorios. Porque, ¿qué significa la democracia?, ¿poner el voto en una urna cada tanto? La democracia es derechos e igualdad para todos. Mientras, el sistema jurídico criminaliza las protestas sociales. En Honduras, UNASUR se equivocó cuando reconoció la dictadura. ¿Somos coherentes o nos estamos engañando? Por otro lado, las Agencias Privadas de Seguridad se multiplican, son alquiladas por países y corporaciones, se entrenan en Gran Bretaña y Estados Unidos y son más fuertes que los propios ejércitos nacionales. Hace un tiempo, también, publiqué un artículo que se llamó ‘Los Barrios Privados’ de Tucumán. Nunca conocí lugares más privados de agua, de luz, de obras de asfalto. Y estaban llenos de seguridad policial, pero para asegurar que esos pobladores privados de todo no cuestionen a los pocos privilegiados. Es cierto. Hay avance en la conciencia colectiva, hay esperanza. Pero urge un salto cualitativo hacia la construcción social y política. Estamos rodeados de gobernadores que son señores feudales y que hacen lo que quieren, vendiendo el territorio nacional. ¿Cuáles son las alternativas sociales y políticas para enfrentar todo esto? Es un enorme desafío. Existe una gran potencialidad en América Latina de luchadores para construir una nueva sociedad. No creo más en las Naciones Unidas si no se democratiza. Ya hay 32 países en el mundo que no tienen agua. Pero ahora vienen por todo. Las bases militares que existen en América Latina no están para los desfiles. Hoy se encuentran muy entretenidos con Libia, con Irak, con Afganistán y todo el Medio Oriente. ¿Pero dónde están los recursos que las transnacionales requieren? En Latinoamérica. No estoy de acuerdo con políticas coyunturales implementadas sólo para recibir votos. Creo en los cambios estructurales. Y de la pobreza no se sale simplemente con subsidios. Se sale con propuestas de alternativas de trabajo y de lucha del pueblo”.



Fuente: Mapuexpress

Bs As: Segundo escrache al arqueólogo Loponte: 'El faltó el respeto a nuestros ancestros'


Integrantes de pueblos indígenas del área metropolitana intervinieron el martes por la noche en una disertación que realizaba sobre "arqueología sudamericana" en el VI Coloquio Binacional Argentino-Peruano, en Capital Federal. El arqueólogo, investigador del CONICET y miembro del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, es criticado por haber sido funcional con su trabajo al interés de la empresa EIDICO (ligada al Opus Dei) por adueñarse del sitio sagrado de Punta Querandí, en Tigre. Loponte se mantuvo en silencio y fue defendido por una de las organizadoras del evento y también por una mujer mapuche de Rosario que luego reconoció no estar informada sobre el conflicto.


El punto de encuentro fue en Plaza de Mayo, desde allí unas 15 personas integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha, la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO) y del Movimiento Afrocultural, fueron hasta la sede del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, en Venezuela 469. En la entrada hubo un tímido intento por demorar el acceso de los manifestantes al salón, pero fue rápidamente sorteado. Los indígenas arribaron con whipalas y una bandera grande de Punta Querandí; no interrumpieron la presentación de Daniel Loponte, repartieron volantes a las 30 personas que estaban presentes y sólo hablaron cuando se abrió la ronda de preguntas.

La decisión de invitar al arqueólogo Daniel Loponte a este Coloquio causó sorpresa, ya que algunos de sus impulsores han abierto la Cátedra Libre de Pueblos Originarios del Profesorado de Joaquín V. González, y de hecho en el Coloquio de hace 2 años invitaron a integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha a contar del conflicto de Punta Querandi. Sin embargo, la finalidad de los manifestantes no fue atacar a los organizadores del Coloquio sino poner en evidencia el malestar existente por el accionar del arqueólogo Loponte.

El objetivo: dejar en claro que este profesional tiene un problema con los pueblos indígenas de la región. No por nada, en septiembre el Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), formado por 14 delegados de comunidades originarias, un espacio reconocido por el Gobierno bonaerense, también salió al cruce de Loponte, a quien acusaron de haber plagiado un proyecto y convertirlo en un principio de acuerdo con la empresa EIDICO. Por su parte, el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, también reconoció la importancia cultural y arqueólogica de Punta Querandí, contradiciendo el informe privado de Loponte.

"Trabaja para las empresas y al mismo tiempo para el Estado, que se decida", planteó Valentín del pueblo quechua y del Movimiento en Defensa de la Pacha, que defiende con un campamento el sitio público y sagrado de Punta Querandí desde febrero de 2010. Previamente el primero en hablar había sido Darío, del pueblo guaraní, quien le pidió a Loponte su opinión sobre el conflicto. El cuestionado arqueólogo sólo atinó decir que ese no era el lugar para discutirlo, y luego se mantuvo en silencio durante la próxima hora.

Los organizadores del evento académico defendieron a Loponte y pidieron discutir sobre el conflicto en otro ámbito. Ana María Rocchietti, del Centro de Investigaciones Precolombinas, dijo que apoyan la causa de los pueblos originarios. Sin embargo también expresó: "Excavo y excavaré sitios arqueológicos por la sencilla razón de que no voy a caer en el oscurantismo medieval de no profundizar en el conocimiento porque hay sensibilidades", aunque aclaró que realiza trabajos en la Capital Federal por lo que según ella "excava restos de los blancos".

Sobre Loponte expresó: "Está acá porque es un invitado nuestro y porque es un arqueólogo que respetamos". "Los desafío a venir a hablar con nosotros en el marco de la Cátedra de los Pueblos Originarios, ustedes también tienen que escuchar nuestras razones. No es justo que vengan por sorpresa, el mejor punto de partida es la amistad. Nosotros no sabíamos que ustedes iban a venir…sino los hubiésemos invitado y puesto acá con el micrófono", dijo la arqueóloga Ana María Rocchietti.

Pero la primera en salir a defender al arqueólogo Loponte no fue un colega, sino una mujer mapuche de Rosario llamada Amanda Colihueque. Fue hasta la mesa de oradores, pidió el micrófono y expresó: "Es muy fácil atacar a Daniel Loponte para después salir en Youtube, yo creo que esa no es la manera de defender los derechos originarios". No fue su única intervención: se cruzó con casi todos los manifestantes que fueron a escrachar a Loponte. "Yo respeto el espacio que él me ha brindado y que me brindan muchos arqueólogos", dijo más tarde.

El primero en responder a la mujer fue Miguel, un aymara que le dijo: "Los arqueólogos faltaron el respeto a nuestros abuelos, si vos sos mapuche lo sabés, ellos se arrogan siempre la autoridad de usar nuestros difuntos". Luego la quechua-aymara Olga, del Movimiento Afrocultural, fue hasta adelante y le pidió a la mapuche que deje el micrófono con el que pretendía imponerse: "venga acá al frente, no se ponga detrás del micrófono". Finalmente no lo hizo: todas sus intervenciones fueron con el micrófono e increpó varias veces a los manifestantes.

Olga también explicó: "Pedimos que se respete todo lo que dejaron nuestros abuelos. Noviembre es el mes de los espíritus. Los hermanos que están enterrados eran sabios, están enterrados con una ceremonia, el cuerpo descansa pero el espíritu vive. Las casas que están arriba nunca van a poder vivir en paz".

Ya eran más de las 20.30 y la intención era que los manifestantes se retiren del salón para poder terminar con la jornada, pero la protesta se prolongó hasta que los organizadores tuvieron que entregar el lugar. Antes, el rector del Profesorado tomó el micrófono y formalizó la invitación para un encuentro dentro de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios.

Ante la insistencia en dejar la discusión para otro ámbito, el militante kolla Enrique Mamani (ORCOPO), respondió: "Todos los sitios tienen que ser un espacio para discutir. Resulta que nosotros no podemos hablar ni discutir en ningún lugar sobre nuestra problemática: la educación, el Estado, la antropología, la arqueología… desconocen nuestra realidad".

Valentín agregó: "En el conurbano bonaerense se avasalla el territorio para los emprendimientos inmobiliarios y hay arqueólogos que son cómplices de ese accionar, en el caso de Punta Querandí diciendo que tal vez ya no tiene objeto de estudio para su ciencia". Por su parte, Sandra del pueblo quechua-aymara expresó: "Esto va a seguir sucediendo mientras no haya un plano de respeto, se siguen invadiendo los territorios y hay algunos colegas que trabajan en función de intereses políticos y económicos de privados que son los opresores".

Miguel aclaró nuevamente: "Le pido disculpas a la gente que haya venido acá, pero nosotros estamos en desacuerdo con él (Loponte), porque faltó el respeto a nuestros abuelos. No estamos contra los historiadores, ni los universitarios, sabemos que nos acompañan, que están en la lucha…. Pero a este señor no lo podemos ver, él nos faltó el respeto".

Amanda Colihueque se destacó no sólo por su defensa a Loponte sino también por cruzarse con dos hermanos wichí de El Sauzalito, del Impenetrable Chaqueño, que participaron del escrache. Luego de contar el accionar de un arqueólogo cordobés que se benefició a costa de la comunidad, Simón dijo unas palabras en wichí. Amanda intentó descalificarlo: "Porqué hablás en qom y no en wichí?". "¡Yo soy wichí! ¡Ese es mi idioma! No tiene ni idea de lo que es qom", respondió indignado Ariel, otro wichí. La mujer mapuche insistió una y otra vez: según ella, los wichí hablaban en qom.

Por el contrario, el aymara Daniel Apaza, cercano a los organizadores del Coloquio y uno de los que trabajó en la Cátedra de Pueblos Originarios del Joaquín V. González, dio su apoyo al escrache. Luego de que concluyera abruptamente la jornada, le explicó a un arqueólogo indígena peruano de la universidad co-organizadora del Coloquio: "Lo que están haciendo ellos tiene mucha razón, porque lo que hemos construido con la arqueología esta clase de tipos lo están echando para atrás. No solo rompe, sino también enfrenta a los mismos pueblos originarios. Amanda es buena hermana, pero no sabe todo el tema y Loponte la usa. Antes ya usó a otra hermana toba para enfrentar a los hermanos. Es bueno conocer para anticipar los conflictos y para identificar a las personas que están haciendo daño".

En abril pasado, el arqueólogo Loponte fue escrachado por primera vez en un Congreso Internacional de Arqueología. Ese día también expresó que ese no era el lugar para discutir. Luego envió cartas documento a integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha, amenazándolos con un juicio por calumnias e injurias. ¿Volverá a recurrir a la intimidación?



Fuente: Indymedia Argentina

jueves, 27 de octubre de 2011

Causa ESMA: Cadena perpetua para Astiz, Acosta y Cavallo


Luego de dos años, el Tribunal Oral Federal 5º (TOF) de Comodoro Py sentenció a cadena perpetua al “Ángel de la muerte”, junto a él también deberán pasar el resto de sus días en la cárcel el “Tigre” Acosta y a “Sérpico” Cavallo. Otros 13 represores fueron condenados a 18 y 25 años de prisión.


Pasaron 35 años de dolor e impunidad, de ausencias y huellas en el pecho, de bronca e impotencia, para que los familiares de los detenidos-desaparecidos torturados en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), vieran con sus ojos nublados por el llanto, una porción de justicia que le pelearon a la historia. Pasadas las 20.15hs, Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta y Ricardo Cavallo fueron condenados a cadena perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos en el edificio de la Av. Libertador, junto a otros 13 represores.

Después de unos interminables dos años, los testimonios de centenares de testigos que fueron convocados a lo largo y ancho del mundo, la necesidad de memoria de un país que sufrió el intento del punto final y la obediencia debida y los rostros de los centenares de personas que esperaban la sentencia en la puerta del TOF 5, se fundieron en el mismo río de lagrimas que lloraba Rodolfo Walsh al ver las injusticias contra su pueblo cuatro decádas atrás. Esta vez se lloró de alegría, memoria y justicia.

Pensé que jamas iba a vivir este momento, este día, un día historico, es algo que nunca vamos a olvidar las madres” le dijo a Marcha, Taty Almeyda, una de las Madres de plaza de mayo – Linea Fundadora, mientras entre gritos de felicidad, abrazos y crisis de llantos, se festejaba la sentencia de los 86 crimenes que se juzgaron en esta primera etapa de la megacausa ESMA.

Durante la lectura de las distintas condenas, Alfredo Astiz (una de las caras más simbolicas de la dictadura), esbozó sonrisas y gestos varios al escuchar una a una las penas que iban desde los 18 y 25 años al confinamiento perpetuo de sus amigos sentados al banquillo. Llegado su turno y ante el abucheo generalizado de los asistentes que poblaban el tribunal, se tocó una escarapela argentina que llevaba en la solapa de su traje, una mueca que no empañó el clima de algarabía generalizada por la perpetuidad de sus años a la sombra.

Hoy es un día de felicidad, es un día de festejo y justicia” gritaba afonicamente uno de los miembros de H.I.J.O.S. Mientras, el sol caia y el frío de la tarde se trenzaba en lucha contra el calor que proponían los canticos de los movimientos sociales y de derechos humanos, éstos observaban a traves de una pantalla gigante montada sobre un escenario, el juicio donde se juzgaba, entre otros, los secuestros y desapariciones del periodista y escritor Rodolfo Walsh, de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, de sus compañeras María Bianco y Esther de Careaga, y de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.

Este es el primer juicio oral llevado a cabo contra los vejamenes cometidos en la ESMA, el mayor centro clandestino de tortura que ha tenido la Argentina. Se espera que el año que viene comience el denominado ESMA 2, en el que se juzgarán otros casos de privación ilegitima de la libertad y desaparición forzada, y siguiendo a este el de los “vuelos de la muerte”. Se estima que hay alrededor de 3000 represores sueltos, sin causas abiertas, ni investigaciones en curso.



Fuente: Albatv

Mendoza: Familiares de chicos con discapacidad reclaman que se adhiera a la ley nacional


La organización de Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad vuelvieron a manifestarse ayer en la legislatura provincial para reclamar que la provincia adhiera a la ley nacional que les garantiza el acceso a la cobertura de salud.

Laura Triviño, integrante de la organización, aseguró que la respuesta que reciben “es que no hay presupuesto para atender la discapacidad en Mendoza” y que a mediados de septiembre les prometieron que “en no más de 15 días iban a estar tratando la adhesión” en la Cámara de Diputados provincial, algo que aún no se cumplió.
El 14 de septiembre quedaron todos de acuerdo en la Legislatura que en no más de 15 días iban a estar tratando la adhesión en el recinto, esto en la Cámara de Diputados. Resulta que pasaron los 15 días, nosotros seguimos estando ahí presentes todos los miércoles. Pero ¿qué es lo que pasó? Estos dos últimos miércoles nos cerraron las puertas”, expresó Triviño

Hace unas semanas varios padres se encadenaron frente a la legislatura y allí pasaron toda la noche reclamando el acceso a la salud de calidad para sus hijos. Esto no está garantizado en la provincia porque Mendoza todavía no adhirió a la ley nacional de discapacidad que garantiza cobertura para todas las prestaciones, medicamentos, tratamientos y prótesis necesarias.




Fuente:FARCO

Misiones: Las silenciadas víctimas del genocidio forestal


En lo que va del año, más de cien familias de pequeños productores recibieron intimaciones y órdenes judiciales para desalojar sus chacras. El modelo forestal avalado por el gobierno de Misiones, por medio de poderosos privados subsidiados por el Estado, sigue enviando poblaciones rurales a las villas para liberar miles de hectáreas y seguir impregnando las colonias de monocultivo. La complicidad de jueces y funcionarios confronta con la resistencia de los campesinos de 25 de Mayo, Mártires y Libertad.


En la recordada pelea entre el gobierno nacional y los agroexportadores de soja, una de las palabras que más se instaló en el debate fue "monocultivo". Se escucharon fuertes y fundamentados pronunciamientos oficiales en contra de los monocultivos. Se sabe: las grandes extensiones de un solo tipo de cultivo atentan contra la diversificación productiva pero también: expulsan poblaciones enteras de las chacras y campos, impregnan de agrotóxicos los suelos y propician la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes.

La provincia cuenta hoy con 400 mil hectáreas forestadas, lo que equivale al 13% de la superficie total de la provincia, y una proyección de incrementar en al menos otras 200 mil hectáreas esa superficie de monocultivo a mediano plazo.

Mientras, en lo que va de 2010 ya se conocieron casi cien casos de familias que en distintos parajes rurales de la provincia fueron intimadas para desalojar sus chacras e "invitadas" a correr el destino que sufrieron otras miles de familias exiliadas a la fuerza en pos del crecimiento forestal: dejar la producción de alimentos para terminar en villas y asentamientos urbanos como mano de obra barata, vaya paradoja, de las empresas forestales.

El Paraje Maybau se encuentra sobre la ruta 14 en el municipio de 25 de Mayo. Allí, 20 familias campesinas recibieron en abril de este año órdenes de desalojo libradas por Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 1 de Oberá. Son colonos que producen maíz, mandioca, hortalizas, leche, y en menor medida tabaco ("para tener la obra social"). Familias numerosas que viven y producen allí desde hace entre 10 y 20 años. El dueño de las 20 chacras que se pretenden desalojar, es según los registros catastrales el ciudadano Jorge Ribeiro, ex habitante del paraje. Las órdenes judiciales fueron libradas por el actualmente cuestionado juez Ricardo Cassoni.

"Ya se fueron del paraje tres familias, que se asustaron al recibir las órdenes. Les dieron un terreno en una villa del otro lado de la ruta. Eso quieren hacer con nosotros, sacarnos de acá para plantar pino y que nos vayamos a las villas, eso están haciendo en toda la provincia: sacar al productor para llenar de pino. Nosotros estamos dispuestos a resistir porque no sabemos vivir de otra cosa, no queremos ir a una villa donde no podemos plantar nada ni tener animales, queremos futuro para nuestros hijos" le dijo a Superficie el colono Eloir Porfidio Piñeiro, uno de los que recibió la orden.

Mientras, en Mártires, sobre la ruta 103, 15 familias productoras y toda la comunidad aborigen Yatemy están siendo intimidadas por la policía local para ir desalojando sus chacras. En este caso, denuncian los productores, las intimaciones llegan con anuencia del intendente del municipio, Jorge Goncalves, quien mantiene un probado vínculo con quien se autoproclama dueño de esas chacras: Alberto Urrutia, un conocido terrateniente de la Zona Centro. "Varias veces vimos a Urrutia entrando a la oficina del intendente. Y este año comenzaron a enviarnos citaciones para acudir a la comisaría. Allí, a los que fueron les dijeron que se vayan, porque eran tierras privadas. Pero en la Dirección General de Catastro consta que son tierras fiscales. Nos quieren mandar a las villas" indicó uno de los colonos afectados, Orlando Vallejos. Estos vecinos de Mártires, también ya se plantaron en pie de guerra contra las intimidaciones, y vienen realizando asambleas y sumando adhesiones.

Y en el norte provincial, más precisamente en los parajes Tirica y Nueva Libertad (ambas del municipio de Puerto Libertad), medio centenar de familias se ve envuelta a diario en la lucha contra las topadoras, la Gendarmería y la Policía que la empresa chilena Alto Paraná les envía para expandir sus propiedades y seguir plantando pino en un pueblo que les pertenece catastralmente a los chilenos en un 85%. "Esta lucha tiene diez años ya. Mucha gente tuvo que irse en ese tiempo.

Productores que nunca más vuelven a producir. Familias que se destruyen. No queremos eso para nuestros hijos y por eso resistimos. El monocultivo y el modelo forestal están arruinando a los pequeños productores, generando pobreza y desocupación en toda la provincia para que unos pocos ganen más dinero" dijeron desde el Movimiento Sin Tierra de Libertad.


Si existiera voluntad política, se acabarían las villas miseria en Posadas y Garupá

En Posadas, aproximadamente 6.500 familias residen en los 35 asentamientos levantados en la periferia de la ciudad, según estiman desde la organización de trabajadores desocupados Corriente Clasista y Combativa (CCC). Mientras que en Garupá, de acuerdo con datos oficiales, unas 5 mil familias se encuentran en situación de tenencia irregular de la tierra, la mayoría viviendo en casas precarias.En total, suman 11.500 familias.

Según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, difundidos recientemente, en la zona Capital existen 13.229 viviendas deshabitadas.

Como salida al déficit habitacional, las poblaciones marginales solicitan al Estado provinciual la compra o expropiación de tierras y/o viviendas deshabitadas, para la posterior redistribución entre las familias empobrecidas.

De esa manera, sostienen, desaparecerían las villas miseria de la zona Capital de Misiones. Desde el gobierno, sin embargo, jamás se dieron señales en esa dirección.

La emergencia habitacional en la zona Sur de Misiones obedece principalmente a tres factores.

Primero, la permanencia de los grandes latifundios en manos de pocas familias, que data de épocas fundacionales del territorio misionero.

Segundo, el modelo foresto industrial centrado en el monocultivo del pino, que acarrea la desaparición de pequeñas chacras en la zona Norte y expulsión de familias campesinas hacia los cordones de pobreza de las grandes ciudades.

Finalmente, la afectación social derivada de la expulsión y relocalización forzada de miles de familias afectadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Y la no contemplación en el plan de relocalización de cientos de grupos familiares a los que el organismo binacional no había censado.

En Garupá, sólo las familias Gottschalk, Barreyro y Núñez son o fueron titulares registrales de casi todas las tierras del Municipio, según el secretario de Gobierno municipal, José Peralta.

En las antípodas de esa realidad, casi cinco mil familias (la mitad de la población) sólo posee documentaciones precarias, permisos provisorios o no cuenta con ningún tipo de papel para acceder a la tenencia regular de la tierra que ocupa. Esto lo reconoce el alcalde local, Raúl Ripoll.

En algunos casos, estas familias terratenientes "que son las grandes titulares del municipio no registran antecedentes de que paguen o hayan pagado tasas municipales, lo que representa un lucro cesante para el municipio, porque con muchas décadas de titularidad no tributan. Sí pagan cuando hay algún tipo de innovación, como pueden ser las obras de tratamiento costero, la travesía urbana, que puede implicar algún lucro o beneficio personal, ahí si empiezan a reclamar sus derechos", expresó Peralta en una entrevista realizada en el programa matutino de radio LT4, de Posadas.

Las familias obtuvieron grandes extensiones "por las vías legales", por lo que estarían inscriptas como titulares ante el Registro de la Propiedad Inmueble. "Adquirieron las propiedades cuando se vendían grandes extensiones y parcelas antes de que exista el municipio como tal", contó el funcionario comunal.




Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

miércoles, 26 de octubre de 2011

Santa Fe: Un trabajador murió intoxicado por trabajar con agrotóxicos


Un trabajador rural de la localidad de Vera, en el norte de Santa Fe, murió la semana pasada por una intoxicación producto de manipular agrotóxicos. Néstor Vargas, de 27 años falleció tras una semana de sentir dolores intensos después de manipular este veneno para las plantaciones agrícolas en el trabajo que hacía cotidianamente. Además de la conmoción por la muerte, los familiares hicieron públicas sus denuncias por negligencia contra los dueños del campo que le negaron el traslado para la atención médica y contra el hospital de Vera donde en dos oportunidades lo diagnosticaron equivocadamente.

La esposa del joven fallecido relató que Néstor “tuvo que bajar unos venenos. Trabajó todo el día como corresponde y a la tarde cuando él termina vino muy cansado, muy dolorido del cuerpo y se acostó. Y le digo ‘vamos a tomar unos mates’ y se levantó, se tomó dos o tres mates y empezó que le dolía mucho la cabeza, que sentía fiebre. Estaba muy dolorido. Se acostó y volaba de fiebre”. Consultado acerca de la atención médica que recibió la mujer aseguró que “no queda internado, lo medicó para la tos y él le había dicho que no era todo lo que él tenía. Que él se había intoxicado con veneno”.

Por su parte el hermano del joven. Juan Vargas, apunto a la necesidad de tomar medidas para prevenir estas intoxicaciones principalmente en los trabajadores rurales que se encuentran más expuestos a los agrotóxicos: “Buscamos los medios para poder hacer ver estas cosas y que esto pueda llegar a un buen fin, tanto la parte laboral o los empleadores puedan tomar precaución estos agroquímicos, que es un tema que se viene tratando hace mucho tiempo, no es ahora. Y que se tomen medidas. Medidas no solamente ahora en el caso de mi hermano, sino en todos los casos, en toda la gente rural que trabaja sin protección y a veces en una forma inhumana”, afirmó.

La intoxicación se detecta cuando la familia acude a un médico privado y eso determina el traslado a la ciudad de Santa Fe. Para entonces ya tenía un cuadro de intoxicación agravado y no tenía expectativas de vida. Néstor falleció el miércoles 19 de octubre a la madrugada. Se abrieron dos causas en norte de esta muerte, una para investigar la responsabilidad de los dueños del campo y otra sobre la responsabilidad del hospital de Vera.

Ante esta nueva muerte la Campaña Paren de Fumigarnos de la provincia de Santa Fe, responsabiliza, en primer lugar, a los dirigentes nacionales y provinciales encargados de generar las medidas de protección acordes a la magnitud de la catástrofe, enfática y reiteradamente reclamadas, y a los organismos oficiales encargados de hacer cumplir las escasas normas vigentes.

La laxitud y falta de respuesta ante los pedidos de recategorización de agrotóxicos, limitaciones en el uso de los mismos y la reforma a la ley de fitosanitarios generan situaciones como las mencionadas, obviándose, inclusive, los dictámenes judiciales que ya se produjeron e implementaron en las provincias de Santa Fe y Chaco.

Pero, además, les cabe la responsabilidad en forma directa a los agentes de salud encargados del correspondiente diagnóstico y tratamiento, que observan continuamente cómo se incrementan los casos y no actúan al efecto. En ese sentido, la aplicación de los registros y la elaboración de datos epidemiológicos reclamados por más de 70 poblaciones y organizaciones de la provincia serviría para poner en alerta rojo a nuestros efectores y poder contar con la capacitación y conocimiento necesario para evitar estas tragedias.

El tiempo, la historia y los jueces darán su veredicto, tarde o temprano, sobre este experimento que se está realizando a cielo abierto sobre nuestras poblaciones: experimento que las corporaciones y sus agentes vernáculos exhiben con gran cobertura mediática como el ascensor a la modernidad y una mejor calidad de vida que el macabro conteo de víctimas, como la de Vargas, se empeña en desmentir.

El creciente deterioro de las condiciones sanitarias de nuestra población, producto de sobreponer la renta por sobre los derechos a la salud, con consecuencias irreversibles en muchos casos, como el del trabajador rural de Vera que deja una viuda y cinco huérfanos, es un hecho que no debe caer en el olvido de la impunidad y el silencio oficial.



Fuente: Agncia de noticias

Mendoza: Una victoria para Giramundo


El canal mendocino Giramundo TV logró que cese la interferencia provocada por un empresario. La televisora, con apoyo de la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (CoordDeCCAP) y la Red Nacional de Medios Alternativos, había realizado distintas acciones ante la AFSCA para que resolviera el conflicto.


Por la presión ejercida desde GiraMundo TV y la Red Nacional de Medios Alternativos el día viernes 30 de Setiembre, el empresario Omar Álvarez apagó su transmisor después de quince días de interferencia y se comprometió, frente al Dr. Cingolani en la delegación de AFSCA Buenos Aires a entregar un documento en el que garantizara el cese de la interferencia.

El lunes 3 de Octubre se realizó la concentración y radio abierta en la puerta de AFSCA Mendoza junto a organizaciones sindicales, estudiantiles, políticas y socioambientales, con la finalidad de buscar dicha promesa.

La CoorDeCCAP informa que, luego de la presión ejercida por diversos sectores sociales y políticos, se logró que cese la interferencia sobre el canal comunitario de Mendoza "GiraMundo TV".

Durante 15 días el empresario Omar Álvarez sacó del aire, por segunda vez en dos años, la señal de este canal comunitario.

Movilizaciones ante el AFSCA provincial y en el organismo nacional, en la Ciudad de Buenos Aires fueron definitorias para lograr que cese la interferencia.

Acompañamos a continuación el COMUNICADO DE PRENSA dado a conocer por Giramundo TV

Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular
(integrada por más de 60 organizaciones sociales, políticas, de trabajadores/as, estudiantiles y universitarias, de derechos humanos y medios comunitarios, alternativos y populares)




Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

Punta Querandí: Jueza ordenó suspender las obras de EIDICO en 60 hectáreas


La disputa por el sitio público, arqueológico y sagrado de Punta Querandí, de menos de 1 hectárea, comienza a generar repercusiones en territorios más amplios. La magistrada Delma Cabrera, del Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro, dio lugar a la medida cautelar solicitada por la Fundación Pro-Tigre, que alega que la desarrolladora inmobiliaria EIDICO no efectuó los estudios de impacto ambiental y arqueológico en terrenos donde se edifican los barrios privados San Benito y San Rafael, en las inmediaciones de Punta Querandi. Las obras de la empresa continúan ya que será notificada formalmente en estos días. Pro-Tigre dejó abierta la posibilidad de hacer extensiva la medida cautelar a otros emprendimientos.


Hace pocas semanas en una jornada realizada en la ciudad de Buenos Aires, el cacique de la comunidad diaguita de Amaicha del Valle (Tucumán), el abogado indígena Eduardo Nieva, señaló que uno los principales aliados de los pueblos indígenas son los movimientos ambientalistas. Se refería a las luchas territoriales en las provincias, pero esta lectura se ajusta perfecto a lo vivivo en el proceso del conflicto de Punta Querandí, en la localidad bonaerense de Tigre.

Pro-Tigre, una fundación ambientalista de amplia trayectoria en el distrito, tomó las denuncias públicas realizadas por el Movimiento en Defensa de la Pacha y en mayo de este año pidió una medida cautelar contra la desarrolladora inmobiliaria EIDICO en el Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro. El 7 de septiembre, la jueza Delma Cabrera decretó la suspensión de toda obra (rellenos, endicamientos, movimientos de suelo, apertura de canales, calles, lagunas, estaqueadas) "susceptible de degradar el ambiente, sus recursos y los sitios arqueológicos".

La resolución de la magistrada enumera los argumentos planteados por Pro-Tigre: "La actora (...) expresa que se estarían afectando sitios arqueológicos de altísimo valor cultural y espiritual, y una amplia zona de humedales reconocidos internacionalmente por sus beneficios ambientales, sociales, culturales y económicos que brindan a la comunidad".

El Movimiento en Defensa de la Pacha, formado por indígenas de diversos distritos y pobladores del paraje rural Punta Canal, defiende un sitio público, arqueológico y sagrado ubicado entre el arroyo Garín y el Canal Villanueva, de sólo 130 metros de extensión. Pero sus reclamos visibilizaron la problemática ambiental y social generada por la construcción indiscriminada de barrios privados sobre humedales, que se realiza violando las leyes desde la década de los 90’. Ya en noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a los municipios de la zona norte (Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando) a no habilitar más emprendimientos privados sobre los humedales.

La decisión judicial involucra los terrenos donde se construye el barrio privado San Rafael, de 55 hectáreas, ubicado entre el Canal García y el Canal Villanueva, en la otra orilla de Punta Querandí. También tres lotes privados aledaños a este predio en conflicto, en jurisdicción del partido tigrense.

Pro-Tigre además solicitó la suspensión de obras en un kilómetro y medio de terrenos de origen ferroviario que fueron transferidos mediante boleto de compra-venta por el ONABE (Ministerio de Planificación Federal). Concretamente, desde el KM2,5 hasta KM4 del ex Ramal 56 del Ferrocarril Mitre, hoy convertidos en un canal privado para el barrio privado San Benito y donde la empresa realiza una estacada de cemento, en jurisdicción del partido de Escobar.

La magistrada concluyó que está probada la existencia de las obras denunciadas por Pro-Tigre, y afirmó: "hay indicios que permiten la verosimilitud del derecho invocado". En ese sentido, se refirió a la "constatación realizada con un experto en arqueología" y "la solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación en varias oportunidades", entre otros elementos.

El despacho agrega que Pro-Tigre "denuncia la realización y asentamiento de complejos urbanos, algunos ya finalizados y otros en construcción, sin que se hubiera dado cumplimiento previo al procedimiento de estudio de impacto ambiental determinado por las leyes de la materia. Asimismo manifiesta que dichos asentamientos urbanos se localizan sobre humedales en los cuales no deberían haber permitido su asentamiento. Por otra parte se ha elevado la cota del suelo, lo que origina diversas consecuencias negativas que detalla".

Por último, la magistrada destaca que según esta fundación ambientalista "algunas de las obras ya realizadas han tapado o destruido sitios arqueológicos de gran valor histórico, cultural y religioso; en tanto que otras obras en ejecución hoy día están poniendo en peligro otros patrimonios arqueológicos que aún pueden preservarse". Pro-Tigre citó como antecedente de la destrucción el enterratorio indígena del sitio arqueológico Garín, hoy debajo del barrio privado Santa Catalina.

Los terrenos señalados por Pro-Tigre son, primero, las parcelas 321D, 321E y 321F, que EIDICO adquirió en las inmediaciones de Punta Querandí, sobre la calle Brasil en frente del barrio privado San Benito."Lindero a estas parcelas se encuentran dos casas de familias que se podrían ver seriamente afectadas, si las obras de rellenos que se están llevando a cabo en la zona denunciada continúan su avance", afirma la demanda de Pro-Tigre.

En segundo lugar, las parcelas 251A, 251B, 252A, donde está emplazado al menos un sitio arqueológico llamado "Rancho Largo". En este sector, ubicado entre el Canal Villanueva y el Canal García, se construye el country San Rafael, de 55 hectáreas.

En tercer lugar, un kilómetro y medio de terrenos de origen ferroviario que fueron transferidos mediante boleto de compra-venta por la ONABE (Ministerio de Planificación Federal) a dos sociedades anónimas, que luego cedieron sus derechos a San Benito S.A. y San Marco S.A. (EIDICO).

En este punto la jueza entendió que por ser un bien de titularidad del Estado Nacional, habría que demandarlo a éste. Pero Pro-Tigre insistió con lograr la cautelar sobre esta área también, porque si bien la demandada aun no ha podido lograr su escrituración, ha realizado las modificaciones en los suelos.

EIDICO se mantuvo intransigente durante el conflicto de Punta Querandí, a pesar de que el espacio reclamado está afuera de los límites de los barrios privados del Complejo Villa Nueva. Sin resolución política a las demandas vecinales e indígenas, la exposición pública del conflicto motivó que otros actores intervengan en el escenario, como la Defensoría del Pueblo de la Nación en el 2010 y la Fundación Pro-Tigre este año. En ambos casos sus acciones derivaron en resoluciones que pueden afectar los intereses inmobiliarios en territorios más amplios.



Fuente: ANRed

martes, 25 de octubre de 2011

Gobierno Kirchnerista reimpulsará la Megamineria en Territorio Mapuche


Posicionamientos encontrados suscitó el anuncio del gobernador kirchnerista electo, Carlos Soria (Frente para la Victoria), de impulsar la explotación minera en la Línea Sur, aún aquella como la del oro a cielo abierto y con cianuro, que en la actualidad se encuentra prohibida por las normativas vigentes.

Referentes ambientalistas y representantes de comunidades Mapuche cuestionaron la pretensión del futuro mandatario reiterando la necesidad de preservar el ambiente frente al impacto que significaría ese tipo de actividad.


De la misma manera, la legisladora Magdalena Odarda, quien oportunamente presentó un proyecto de ley prohibiendo esa producción y que luego fue tomado por el gobernador Miguel Saiz, generando una norma que se aprobó en la Legislatura rionegrina, rechazó la posición de Soria al respecto.

En cambio, el ingeniero agrónomo y especialista en estudios de impacto ambiental, Sergio Plunkett, dijo que es necesario poner el tema nuevamente en debate, donde puedan darse argumentos técnicos y políticos, además de considerar factible la explotación de la minería.

Por su parte, el director general de Minería de Río Negro, Sebastián Sánchez, destacó que la provincia tiene "un potencial minero impresionante y por eso comparto lo que dice el gobernador electo Carlos Soria de promover el desarrollo de estas actividades".

Afirmó que "realmente creo que la minería hay que explotarla", subrayando que "debe ser un proyecto de desarrollo humano sustentable, pero los recursos mineros están y hay que explotarlos".

Reveló que a pesar de la vigencia de la ley que prohíbe la explotación minera con cianuro, la provincia mantiene relaciones con la empresa Pan American Silver, propietaria de los derechos mineros del proyecto Calcatreu, que precisamente quedó congelado por aquella norma. Dijo que la empresa quiere realizar esa explotación y de hecho sigue radicada en Jacobacci y mantiene los expedientes actualizados.

El director de Minería de la Provincia explicó que "Pan American Silver desde hace tiempo está trabajando fuertemente en Ingeniero Jacobacci; no hay otra cosa que hacer que consultar a la misma comunidad de Jacobacci, donde en estos momentos con el grave fenómeno de la ceniza la empresa se ha puesto al frente de un montón de actividades, está colaborando permanente con la comunidad y todavía no tiene un horizonte claro de lo que va a pasar con este proyecto".

Al recordársele que una propia ley provincial congeló ese proyecto (la ley anticianuro), expresó que "se congeló la actividad de la empresa en ese momento, pero hemos mantenido reuniones permanentemente con empresas que están en la primera categoría, incluida Pan American".

El referente del Consejo Asesor Indígena zona Atlántica e integrante de la Coordinadora del Pueblo Mapuche, Hugo Aranea, manifestó su preocupación por las declaraciones de Carlos Soria a favor de la explotación minera.

Aranea dijo que "esto nos preocupa porque anteriormente ya habían planteado este tema algunos referentes del nuevo gobierno. No sólo lo dijo Soria sino también Pichetto. Allí decían que podían marchar hacia la explotación minera y el oro".

Para el referente, los proyectos mineros no solucionan los problemas sociales, sino que más bien los agrava junto con el medio ambiente. "Vincular la solución del hambre de la gente con la explotación minera es un error. En Bolivia, por ejemplo, lejos de mejorar la situación de las poblaciones las ha empobrecido y contaminó", afirmó.





Fuente: Mapuexpress

Tinogasta: Contaminan el agua con molibdeno líquido y agreden a vecina ambientalista


El pasado viernes 21 de octubre
en el ingreso de la localidad de Tinogasta, se accidentó un camión de la empresa Messina (contratado por Minera Alumbrera LTD), que se dirigía hacia Chile transportando concentrado de molibdeno (metal pesado cancerígeno). Parte del concentrado cayó en un canal, que abastece con agua de riego a otra localidad cercana.

Parte del concentrado cayó en un canal, que abastece con agua de riego a otra localidad cercana. El hecho fue advertido por una vecina que fue agredida brutalmente por el camionero
cuando intentaba sacar muestras del material esparcido.

"Cuando caminaba por la ruta con mis manos manchadas por la sustancia desparramada fui agredida cobardemente por uno de los choferes, proporcionándome contusiones y hematomas productos de la gran presión que ejerció en mis brazos", comento la vecina.

Continuo diciendo: "Los efectivos policiales presentes en el lugar como siempre custodiando la preciosa carga del camión, por mis desesperados pedidos de auxilio, se acercaron a tratar de que me soltara, pero este individuo ciego de furia no acató las órdenes de la Policía. Ante esto debieron intervenir los demás, llamados ambientalistas, presentes a socorrerme".

"Una cobarde agresión, una salvaje defensa del saqueo, un repugnante hecho que sigue mostrando la impunidad con la que actúan los miserables, seguros de que pueden saquearnos, destruirnos, contaminarnos y los que deberian garantizarnos los derechos, miran hacia otro lado", finalizo.













Fuente: Agencia Rodolfo Walsh/Radio Minka

Bs As: Agresión y amenazas en toma de tierras en Moreno


Integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) fueron agredidas y amenazadas esta mañana en el barrio Bon Giovanni de Moreno por empleados de la maderera de Piero Dato, quien es testaferro de José María Dagnino Pastore y no tiene razones legales para desalojar la toma. Hace semanas que los y las militantes del FOL pusieron un merendero y sufren amenazas e intimidaciones.


Alrededor de las once de la mañana seis matones amenazaron y golpearon a varias compañeras del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Los patoteros son en realidad empleados de la maderera de Piero Dato, quien es testaferro de José Dagnino Pastore (quien fue ministro de Economía de dos dictaduras militares). Estos sujetos tratan de desalojar a los pobladores del barrio, dicen ser dueños de todo pero no han mostrado un título. Llegaron incluso a alambrar varios lotes con casas dentro.

En Bon Giovanni las amenazas a los integrantes de la toma venían en aumento hace semanas, como Piero Dato no tiene razones legales para desalojar la toma y recurre a la violencia. Actualmente otros empleados suyos están merodeando con actitud intimidatoria.

Reproducimos la nota Tensión y amenazas en toma en Moreno

La demanda de tierra para vivir es un problema urgente en Argentina. Y el conurbano no es la excepción. En Bon Giovanni, un barrio humilde de Moreno, vecinos ocuparon siete hectáreas ociosas y construyeron allí sus viviendas hace casi una década. Pero ahora José Pastore, quien dice ser el dueño, ha vuelto a la carga para desalojarlos y poder llevar a cabo un negocio inmobiliario. Es inminente construcción de una autopista que valorizará los terrenos linderos.
Frente a esta situación un grupo de vecinos organizados en el FOL intervino hace dos meses armando una casilla en un lote para tener un espacio de reunión con los vecinos para buscar soluciones colectivas para el problema de la vivienda y para hacer un merendero para los chicos del barrio. José Pastore reaccionó enviando a Piero Dato, repudiado en Bon Giovanni por patotear y amenazar a los vecinos. La policía bonaerense se dedica también a cuidar los intereses de Pastore, dos patrulleros de la comisaría de Catonas llegaron a la toma exigiendo que se levante la casilla porque había una orden de desalojo. Los vecinos se negaron y la policía nunca mostró orden. Se retiraron del lugar a las pocas horas.

Piero Dato explota un aserradero en la zona hace varias decádas, cuando comenzó la toma cercó los terrenos que reclama como propios... ¡Dejando adentro a varias familias! A la usanza feudal esas personas ahora trabajan para la empresa y deben “agradecer” que no los expulse de ahí.

José Pastore tiene un pesado pasado. Fue dos veces ministro de economía de sanguinarias dictaduras militares: entre 1969 y 1970, con Onganía y, en 1982, con Bignone. Fue uno de los artífices de la millonaria estafa perpetrada con Domingo Cavallo: nacionalizaron la deuda privada, el Estado se hizo cargo de la deuda de las empresas. En 2001 fue directivo del Banco Sudameris que estafó a sus ahorristas y clientes con el corralito. En 2005 debió renunciar a su cargo en la Facultad de Derecho luego de ser denunciado por usurpación de cargo público y por “carecer de idoneidad moral”.

Las organizaciones del campo popular nos levantamos frente a la injusticia y existimos una solución habitacional para los vecinos, el cese de la persecución y los aprietes a vecinos e integrantes del FOL a manos de un exponente de lo peor de la clase dirigente que llevó al país a la miseria.

Por Prensa FOL



Fuente: ANRed

lunes, 24 de octubre de 2011

Cristina Fernández fue reelecta como presidenta en Argentina


La actual Mandataria seguirá en el cargo por 4 años más. Obtuvo más del 53 por ciento de los votos. En segundo lugar quedó el candidato del Partido Socialista, Hermes Binner.


Con el 98,25 por ciento de las mesas escrutadas, Cristina Fernández tenía 53,96 por ciento de los votos.

Detrás quedaba el actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Binner, con el 16,87 por ciento.

El tercer lugar fue para Ricardo Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, con el 11,69 por ciento de los sufragios.

Luego de confirmar la victoria, Cristina Fernández agradeció los llamados de sus colegas latinoamericanos Dilma Rousseff, Hugo Chávez, José Mujica, Juan Manuel Santos, Sebastián Piñera y Fernando Lugo.

El porcentaje de participación en los comicios fue del 78 por ciento.




Fuente: Agencia Pùlsar

Territorios de los Pueblos en manos Intrusas y extranjeras


A escasas semanas de anunciado el proyecto del Gobierno que apunta a regular la compra de tierras por parte de extranjeros, los alcances de las inversiones y el posicionamiento estratégico de empresarios y empresas del exterior a lo largo de la geografía argentina comienza, poco a poco, a salir a la luz.


Con el dominio de superficies productivas que, aseguran desde entidades como Federación Agraria Argentina (FAA) se acercan a las 30 millones de hectáreas, el capital foráneo dice presente en 23 provincias del país.

Campos fértiles, zonas selváticas y espacios de naturaleza casi virgen, áreas de glaciares, acuíferos, costas, y hasta buena parte del subsuelo local, son espacios que hoy se destacan por contar con algún tipo de injerencia o estar, directamente, bajo control extranjero.

iProfesional.com ha venido dando cuenta de este fenómeno, que incluye casos emblemáticos como el de la familia Benetton, que ostenta casi 1 millón de hectáreas en Santa Cruz, Río Negro, Chubut, y Neuquén.

También el de Douglas Tompkins, poseedor de unas 350.000 hectáreas en distintas jurisdicciones.

Pero estos son sólo algunos ejemplos de una larga lista que incluye, por ejemplo, al magnate estadounidense Ward Lay, vinculado con la firma Pepsico y con las famosas papas fritas "Lay's", que controla 80.000 hectáreas en Neuquén.

En este marco, el reciente anuncio de la presidenta Cristina Kirchner de enviar al Congreso un proyecto para limitar el avance foráneo, hizo que comiencen a aflorar casos paradigmáticos, a los que tuvo acceso este medio.

Por lo pronto, los primeros relevamientos efectuados por las distintas jurisdicciones dan cuenta de datos sorprendentes:

• Entre Ríos actualmente posee unas 800.000 hectáreas en manos de inversores de Estados Unidos, Holanda, España y Hungría.

• Mendoza, unas 500.000, cuyos titulares son franceses, chilenos, italianos, holandeses, españoles, ingleses, estadounidenses y hasta malayos. ¿Su interés? Básicamente la vitivinicultura.

• En Chubut, los primeros reportes dan cuenta de una cifra similar (500.000 hectáreas).

Otro ejemplo emblemático del poder económico extranjero lo ofrece la incursión del británico Joe Lewis en Río Negro, que tiene bajo su órbita unas 18.000 hectáreas, el control de todos los accesos que conducen al lago Escondido y, además, el emplazamiento de una pista aérea similar a la del aeropuerto de Bariloche.

Trasladado a un mapa, el dominio de tierras argentinas por parte del capital foráneo presenta el siguiente detalle:


Radiografía, provincia por provincia

"Agua dulce, alimentos, minería, hidrocarburos y la riqueza turística del país explican este gran interés", afirmó a iProfesional.com Pablo Orsolini, diputado nacional de la UCR por el Chaco y ex vicepresidente de Federación Agraria.

"En la Argentina, en este momento, se están ofreciendo a la venta otras 13 millones de hectáreas. Todas al mejor postor que, por lo general, es gente de afuera. Hay que evitar que este proceso se lleve a cabo", agregó.

Las palabras de Orsolini ganan contundencia si se las traslada al terreno geográfico.

En territorio bonaerense, el grupo italiano Paoletti acumula 13.000 hectáreas. La corporación también es conocida por haberse quedado con la concesión del Hotel Provincial, en Sierra de la Ventana.

"En La Pampa tenemos inversiones extranjeras. En particular, conozco varios casos de españoles", apuntó el gobernador Oscar Mario Jorge.

¿Qué sucede por el lado de Santa Fe? Si bien puede resultar llamativo, una de las provincias que alberga el grueso de las tierras más prósperas de la Argentina carece de un registro de compraventa de campos.

Como bien lo detallan medios santafesinos, "la Dirección de Catastro no cuenta con información sobre qué predios pertenecen a extranjeros. Tampoco el Registro de la Propiedad o el Ministerio de la Producción (provincial)".

Más allá de este vacío, desde Federación Agraria afirmaron a este medio que capitales italianos controlan vastas extensiones de terreno incluyendo, en su haber, unas 30.000 hectáreas operadas por el establecimiento Los Algodonales.

Por el lado de la provincia de Corrientes, en cambio, Tompkins aparece como el mayor propietario de tierras en los Esteros del Iberá, con alrededor de 140.000 hectáreas bajo su poder.

La zona es considerada clave para las próximas décadas no sólo por su biodiversidad, sino también por albergar una de las principales reservas de agua del planeta: el acuífero Guaraní.

En Misiones, la explotación de la madera impulsa el interés comercial de la chilena Alto Paraná, que ya tiene bajo su órbita algo así como el 6% del territorio total de la provincia.



Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Formosa

En cuanto a Córdoba, tampoco cuenta con información precisa y actualizada respecto a la incidencia de los extranjeros.

El caso más resonante en esa zona es, sin dudas, la adquisición de hasta 30.000 hectáreas en cercanías de Río Cuarto por parte de allegados al ex presidente estadounidense George W. Bush.

Al parecer, entre los socios de los Bush se cuentan los empresarios Ronald Krongold, el multimillonario George Soros y los cubanos Fanjul, dueños del imperio azucarero Santo Domingo.

La adquisición de estas tierras respondería al interés de la familia del ex mandatario por exportar agua mineral "Premium".

Córdoba ha sido la provincia elegida por la canadiense Bolland, que ha venido concretando avances en la zona norte, en búsqueda de reservas de "tierras raras", una combinación de minerales vital para el desarrollo de nuevas tecnologías.

En Santiago del Estero, es fuerte la presencia de capitales estadounidenses que dominan grandes superficies dedicadas a la producción agrícola y ganadera.

En Formosa y Chaco, empresas australianas tienen bajo su poder un total de 1,4 millones de hectáreas.


Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca

Hablar de dominio foráneo en Salta es sinónimo de AIG.

Sucede que la firma estadounidense controla el 7% de la superficie de la provincia.

Otra norteamericana, la canadiense Artha Risources, anunció hace poco tiempo que se había hecho del control de unas 55.000 hectáreas en la zona de Cachi.

También en esa zona, una firma australiana posee la titularidad de unas 70.000 hectáreas.

Por el lado de Tucumán, los grandes capitales estadounidenses vuelven a estampar su sello como titulares de las mejores tierras de la provincia.

Ya en Jujuy, se encuentran varias compañías canadienses que, instaladas en zonas de salares, controlan diversas áreas ricas en litio, un mineral sumamente preciado en el mundo, dado que es requerido para la fabricación de baterías para autos, celulares y equipos tecnológicos.

En Catamarca, GCN Combustibles apunta al dominio del oro y uranio. Para ello, controla desde hace varios años unas 700.000 hectáreas en Fiambalá.


La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis

En Mendoza, diversas fuentes periodísticas locales vienen dando cuenta de unas 500.000 hectáreas en manos de inversionistas del exterior.

De esa porción, la mitad pertenece a inversores malayos. La otra, principalmente, es propiedad de empresarios italianos, franceses, españoles e ingleses.

En cuanto a La Rioja, cobró relevancia un hecho del que diera cuenta iProfesional.com: la venta de unas 200.000 hectáreas protegidas, a tan sólo un millón de dólares y vía Internet.

"En esa provincia una firma se quedó con más de 400.000 hectáreas que incluían el pueblo de Jagüe en su interior", había denunciado Orsolini.

Con respecto a San Juan, la presencia foránea se hace visible de la mano de mineras como la canadiense Barrick Gold, que tiene a su cargo los proyectos de oro y plata Veladero y el controvertido Pascua Lama.

Suizos y británicos, a través de Xstrata Copper, explotan cobre y molibdeno a través del proyecto Pachón. La producción, ajustada a una amplia porción de territorio sanjuanino, está destinada a abastecer plantas de refinamiento en Japón, Corea y Taiwán.

En lo que hace a San Luis, la canadiense Wealth Minerals adquirió casi 6.000 hectáreas en cercanías de Rodeo de los Molles, para iniciar la búsqueda de "tierras raras".


Patagonia extranjera

Más allá de los ejemplos enunciados, la Patagonia lidera cualquier nómina respecto del control extranjero de tierras argentinas.

A los casos de Benetton (900.000 hectáreas), Ted Turner (55.000), Tompkins (parte de las 350.000) se suman las del dueño de Pepsico (80.000) que, a través de Alicurá, explota espacios de pesca y cotos de caza.

En Rio Negro hace muy pocos días se conocieron los detalles de la entrega de otras 7.000 hectáreas que el gobierno de Miguel Saiz había otorgado en 2009 a un grupo belga.

Según medios locales, el traspaso se hizo con una particularidad: la zona es de glaciares e incluye en sus márgenes parte del cerro Carreras, desde donde nacen varios de los ríos más importantes de la provincia.

En Chubut, tal como diera cuenta iProfesional.com, la Península de Valdés se ha transformado en el punto de desembarco de inversores ingleses.

"Aunque la avanzada en el lugar la están realizando principalmente inversionistas británicos, también hay incursión de estadounidenses. Es notorio cómo aparecieron en el último tiempo numerosas sociedades anónimas que controlan grandes extensiones de tierras", enfatizó a iProfesional.com Carlos Lorenzo, diputado de la UCR chubutense.

Pero más allá de los nombres, lo que alimenta aún más la preocupación son las 13 millones de hectáreas que hoy se ofrecen a la venta, la mayoría de ellas ubicada en la Patagonia.

Un territorio que, tal como aseguraron a este medio agentes inmobiliarios y legisladores provinciales, alberga un número casi indeterminado de terrenos fiscales.




Fuente: Mapuexpress

Tucuman: Ahora el malestar de los Autoconvocados es por mala liquidación


A causa de lo que, en principio, estiman sería un "error" por parte del Gobierno respecto a la liquidación de haberes, los Autoconvocados de la Salud en Tucumán se declararon en estado de alerta y movilización.


En varios hospitales públicos de la provincia ayer se realizaron asambleas para evaluar posibles medidas de acción, debido a que las categorías más bajas de la sanidad recibieron las boletas de sueldo sin el aumento acordado en la última acta acuerdo firmada con el Poder Ejecutivo, a mediados de año. Julián Nasif, referente del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS) y médico del hospital de Niños, dijo que "no se está cumpliendo lo acordado en agosto" por parte de las autoridades. No obstante, aclaró: "Podríamos ser cautos y decir, por ahora, que son errores".

El galeno aseguró que ya intentaron "resolver el problema por la vía del diálogo, porque estamos convencidos de que es el mecanismo adecuado, pero no obtuvimos respuestas", advirtió. Según Nasif, "ahora deberán ser los ministros que firmaron el acuerdo que no se cumple los que deberán solucionar en problema", en alusión a los titulares de las carteras de Gobierno, Edmundo Jiménez, de Economía, Jorge Jiménez, y de Salud, Pablo Yedlin. Finalmente, indicó que se están realizando asambleas en los hospitales de toda la provincia, y que no está descartada la posibilidad de resolver tomar alguna medida de fuerza, si es que no reciben una respuesta favorable del PE.

En el Marco de Festejos del 61º Aniversario de la Fundación de la Facultad de Medicina fue sede de la XIII Reunión de Investigación en Ciencias de la Salud, organizado por el Departamento de Investigación de la UNT.

El acto de apertura, que se llevó a cabo el pasado jueves fue presidido por el decano de esa facultad, Mateo Martínez. “Es meritorio el esfuerzo del departamento de investigación de la Facultad y de muchos otros docentes que han cooperado para que estas jornadas sean exitosas. Es importante el centenar de trabajos que presentan docentes-investigadores acompañados en la mayoría de los casos por los alumnos sobre distintos aspectos que hacen a la ciencia de la salud”, expresó el Decano.

Por su parte, la coordinadora de las jornadas, Abigail Prechat, explicó que la convocatoria tiene que ver con la presentación de trabajos para el intercambio de ideas y discusión de proyectos a futuro.




Fuente: Periodico Lea

Trelew: Reprimieron a vecinos de Barrio Moreira III y IV

El sábado 22 de octubre, en horas de la madrugada, compañeros/as del Movimiento Territorial "28 de Agosto", del Movimiento Patriótico Revolucionario QUEBRACHO (zonal Trelew) y vecinos y vecinas de la Asamblea Barrial de los barrios Moreira III y IV fueron reprimidos en el corte de la ruta provincial Nº 25. Como consecuencia de la brutal represión los compañeros Pedro Rolín y Fidel Soto fueron detenidos.

Comunicado de prensa de los vecinos y vecinas.

El día 21 de octubre de 2011 los compañeros y compañeras cortamos la ruta pcial. nº 25 a partir de las 14 hs ante el no cumplimiento de las demandas extensamente presentadas al Municipio de nuestra ciudad.

No hubo respuesta satisfactoria durante la jornada de ayer y, llegada la madrugada, un compañero fue atropellado por un auto que paso a toda velocidad, incluso por encima de nuestras gomas quemadas.

Luego de este hecho de provocación tres agentes abrieron fuego sobre nuestros compañeros y compañeras con balas de gomas. Eso solo fue el comienzo.

Cerca de las dos de la madrugada del día 22 de octubre llegó la infantería de la policía del Chubut a desalojarnos del piquete. Llegaron disparando, se les presento firme y decidida resistencia durante mas de una hora hasta atrincherarnos en el barrio, el mismo barrio que nosotros y nosotras estamos construyendo con nuestras manos. La policia de la provincia del Chubut no solo disparo con balas de goma, también utilizaron sus armas reglamentarias, nos reprimieron con disparos de 9mm.

Durante estos hechos caen detenidos dos de nuestros compañeros, Pedro Rolín y Fidel Soto, que aún permanecen en manos de esta justicia para los ricos.

Desde el MPR Quebracho-Trelew, hacemos responsables de estos hechos a los gobernantes del Chubut, al sr. Das Neves y al actual intendente de Trelew y futuro vice gobernador de la provincia, sr Mc Carthy.

Mientras ellos siguen su farsa electoral gobernando no solo de espaldas sino tambien contra el Pueblo, nosotros solo tenemos el camino de la Lucha para dignificar nuestras vidas y liberar nuestra Patria.

No nos sacaran de la calle, no les tememos a esos matones cobardes amparados en la institución policial; la firmeza de nuestras convicciones y la justeza de nuestros reclamos así como el derecho a transformar esta sociedad es mucho mas fuerte que cualquier cuerpo represivo, que sus 9mm, sus balas de goma y sus gases lacrimogenos.

El Pueblo proscripto por las políticas vendepatria, de saqueo y entrega no abandonara ni su lucha ni sus calles.

Hoy continuaremos, concentrando por la libertad de nuestros compañeros Pedro y Fidel. Seguiremos tambien reclamando el derecho a un trabajo digno, a la vivienda, a la tierra y a la habitabilidad digna de nuestro terrenos ganados en la ocupación activa.

No daremos ni un solo paso atras, nuestra lucha es hasta conseguir lo que nos merecemos como hijos e hijas de esta tierra, de este Pueblo, de esta Patria.


Libertad a los compañeros Pedro Rolin y Fidel Soto!!!
Presos por luchar




Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

viernes, 21 de octubre de 2011

Contundente paro y movilización docente


El segundo día del paro docente por 48 hs mostró la misma contudencia que el primero: el grado de aunsentismo fue casi total. Así mismo hoy se realizó una multitudinaria marcha a la legislatura porteña para exigir que se retire el proyecto que modifica en forma inconsulta el estatuto docente y elimina las juntas de calificación. Publicamos el discurso de Manuel Gutierrez, dirigente de Ademys, uno de los muchos oradores que tuvo la jornada.


Los docentes caminaron por la Avenida de Mayo hasta la Plaza de Mayo para ingresar después por Diagonal Sur hasta la Legislatura. Durante algunos tramos del recorrido, los docentes cantaron: "Mire señora, qué desperdicio, haber votado al cheto de Mauricio", y también: "Hoy el macrismo, muy poco serio, no quiere juntas, quiere usar el dedo".

"El proyecto cercena un derecho logrado por la lucha de los docentes, al poner en riesgo el único órgano de gobierno democrático que tiene la ciudad en el sistema educativo", denunció Stella Maldonado, titular de la central gremial docente Ctera.



Los dirigentes coincidieron en que el estatuto no se puede modificar porque la representación docente en el sistema de designación de maestros y profesores es una conquista histórica y, aunque podría corregirse, jamás debería hacerse sin el consenso de los maestros.



Fuente: Agencia Rodolfo Walsh