En lo que va del año, más de cien familias de pequeños productores recibieron intimaciones y órdenes judiciales para desalojar sus chacras. El modelo forestal avalado por el gobierno de Misiones, por medio de poderosos privados subsidiados por el Estado, sigue enviando poblaciones rurales a las villas para liberar miles de hectáreas y seguir impregnando las colonias de monocultivo. La complicidad de jueces y funcionarios confronta con la resistencia de los campesinos de 25 de Mayo, Mártires y Libertad.
En la recordada pelea entre el gobierno nacional y los agroexportadores de soja, una de las palabras que más se instaló en el debate fue "monocultivo". Se escucharon fuertes y fundamentados pronunciamientos oficiales en contra de los monocultivos. Se sabe: las grandes extensiones de un solo tipo de cultivo atentan contra la diversificación productiva pero también: expulsan poblaciones enteras de las chacras y campos, impregnan de agrotóxicos los suelos y propician la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes.
La provincia cuenta hoy con 400 mil hectáreas forestadas, lo que equivale al 13% de la superficie total de la provincia, y una proyección de incrementar en al menos otras 200 mil hectáreas esa superficie de monocultivo a mediano plazo.
Mientras, en lo que va de 2010 ya se conocieron casi cien casos de familias que en distintos parajes rurales de la provincia fueron intimadas para desalojar sus chacras e "invitadas" a correr el destino que sufrieron otras miles de familias exiliadas a la fuerza en pos del crecimiento forestal: dejar la producción de alimentos para terminar en villas y asentamientos urbanos como mano de obra barata, vaya paradoja, de las empresas forestales.
El Paraje Maybau se encuentra sobre la ruta 14 en el municipio de 25 de Mayo. Allí, 20 familias campesinas recibieron en abril de este año órdenes de desalojo libradas por Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 1 de Oberá. Son colonos que producen maíz, mandioca, hortalizas, leche, y en menor medida tabaco ("para tener la obra social"). Familias numerosas que viven y producen allí desde hace entre 10 y 20 años. El dueño de las 20 chacras que se pretenden desalojar, es según los registros catastrales el ciudadano Jorge Ribeiro, ex habitante del paraje. Las órdenes judiciales fueron libradas por el actualmente cuestionado juez Ricardo Cassoni.
"Ya se fueron del paraje tres familias, que se asustaron al recibir las órdenes. Les dieron un terreno en una villa del otro lado de la ruta. Eso quieren hacer con nosotros, sacarnos de acá para plantar pino y que nos vayamos a las villas, eso están haciendo en toda la provincia: sacar al productor para llenar de pino. Nosotros estamos dispuestos a resistir porque no sabemos vivir de otra cosa, no queremos ir a una villa donde no podemos plantar nada ni tener animales, queremos futuro para nuestros hijos" le dijo a Superficie el colono Eloir Porfidio Piñeiro, uno de los que recibió la orden.
Mientras, en Mártires, sobre la ruta 103, 15 familias productoras y toda la comunidad aborigen Yatemy están siendo intimidadas por la policía local para ir desalojando sus chacras. En este caso, denuncian los productores, las intimaciones llegan con anuencia del intendente del municipio, Jorge Goncalves, quien mantiene un probado vínculo con quien se autoproclama dueño de esas chacras: Alberto Urrutia, un conocido terrateniente de la Zona Centro. "Varias veces vimos a Urrutia entrando a la oficina del intendente. Y este año comenzaron a enviarnos citaciones para acudir a la comisaría. Allí, a los que fueron les dijeron que se vayan, porque eran tierras privadas. Pero en la Dirección General de Catastro consta que son tierras fiscales. Nos quieren mandar a las villas" indicó uno de los colonos afectados, Orlando Vallejos. Estos vecinos de Mártires, también ya se plantaron en pie de guerra contra las intimidaciones, y vienen realizando asambleas y sumando adhesiones.
Y en el norte provincial, más precisamente en los parajes Tirica y Nueva Libertad (ambas del municipio de Puerto Libertad), medio centenar de familias se ve envuelta a diario en la lucha contra las topadoras, la Gendarmería y la Policía que la empresa chilena Alto Paraná les envía para expandir sus propiedades y seguir plantando pino en un pueblo que les pertenece catastralmente a los chilenos en un 85%. "Esta lucha tiene diez años ya. Mucha gente tuvo que irse en ese tiempo.
Productores que nunca más vuelven a producir. Familias que se destruyen. No queremos eso para nuestros hijos y por eso resistimos. El monocultivo y el modelo forestal están arruinando a los pequeños productores, generando pobreza y desocupación en toda la provincia para que unos pocos ganen más dinero" dijeron desde el Movimiento Sin Tierra de Libertad.
Si existiera voluntad política, se acabarían las villas miseria en Posadas y Garupá
En Posadas, aproximadamente 6.500 familias residen en los 35 asentamientos levantados en la periferia de la ciudad, según estiman desde la organización de trabajadores desocupados Corriente Clasista y Combativa (CCC). Mientras que en Garupá, de acuerdo con datos oficiales, unas 5 mil familias se encuentran en situación de tenencia irregular de la tierra, la mayoría viviendo en casas precarias.En total, suman 11.500 familias.
Según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, difundidos recientemente, en la zona Capital existen 13.229 viviendas deshabitadas.
Como salida al déficit habitacional, las poblaciones marginales solicitan al Estado provinciual la compra o expropiación de tierras y/o viviendas deshabitadas, para la posterior redistribución entre las familias empobrecidas.
De esa manera, sostienen, desaparecerían las villas miseria de la zona Capital de Misiones. Desde el gobierno, sin embargo, jamás se dieron señales en esa dirección.
La emergencia habitacional en la zona Sur de Misiones obedece principalmente a tres factores.
Primero, la permanencia de los grandes latifundios en manos de pocas familias, que data de épocas fundacionales del territorio misionero.
Segundo, el modelo foresto industrial centrado en el monocultivo del pino, que acarrea la desaparición de pequeñas chacras en la zona Norte y expulsión de familias campesinas hacia los cordones de pobreza de las grandes ciudades.
Finalmente, la afectación social derivada de la expulsión y relocalización forzada de miles de familias afectadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Y la no contemplación en el plan de relocalización de cientos de grupos familiares a los que el organismo binacional no había censado.
En Garupá, sólo las familias Gottschalk, Barreyro y Núñez son o fueron titulares registrales de casi todas las tierras del Municipio, según el secretario de Gobierno municipal, José Peralta.
En las antípodas de esa realidad, casi cinco mil familias (la mitad de la población) sólo posee documentaciones precarias, permisos provisorios o no cuenta con ningún tipo de papel para acceder a la tenencia regular de la tierra que ocupa. Esto lo reconoce el alcalde local, Raúl Ripoll.
En algunos casos, estas familias terratenientes "que son las grandes titulares del municipio no registran antecedentes de que paguen o hayan pagado tasas municipales, lo que representa un lucro cesante para el municipio, porque con muchas décadas de titularidad no tributan. Sí pagan cuando hay algún tipo de innovación, como pueden ser las obras de tratamiento costero, la travesía urbana, que puede implicar algún lucro o beneficio personal, ahí si empiezan a reclamar sus derechos", expresó Peralta en una entrevista realizada en el programa matutino de radio LT4, de Posadas.
Las familias obtuvieron grandes extensiones "por las vías legales", por lo que estarían inscriptas como titulares ante el Registro de la Propiedad Inmueble. "Adquirieron las propiedades cuando se vendían grandes extensiones y parcelas antes de que exista el municipio como tal", contó el funcionario comunal.
Fuente: Agencia Rodolfo Walsh
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