La disputa por el sitio público, arqueológico y sagrado de Punta Querandí, de menos de 1 hectárea, comienza a generar repercusiones en territorios más amplios. La magistrada Delma Cabrera, del Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro, dio lugar a la medida cautelar solicitada por la Fundación Pro-Tigre, que alega que la desarrolladora inmobiliaria EIDICO no efectuó los estudios de impacto ambiental y arqueológico en terrenos donde se edifican los barrios privados San Benito y San Rafael, en las inmediaciones de Punta Querandi. Las obras de la empresa continúan ya que será notificada formalmente en estos días. Pro-Tigre dejó abierta la posibilidad de hacer extensiva la medida cautelar a otros emprendimientos.
Hace pocas semanas en una jornada realizada en la ciudad de Buenos Aires, el cacique de la comunidad diaguita de Amaicha del Valle (Tucumán), el abogado indígena Eduardo Nieva, señaló que uno los principales aliados de los pueblos indígenas son los movimientos ambientalistas. Se refería a las luchas territoriales en las provincias, pero esta lectura se ajusta perfecto a lo vivivo en el proceso del conflicto de Punta Querandí, en la localidad bonaerense de Tigre.
Pro-Tigre, una fundación ambientalista de amplia trayectoria en el distrito, tomó las denuncias públicas realizadas por el Movimiento en Defensa de la Pacha y en mayo de este año pidió una medida cautelar contra la desarrolladora inmobiliaria EIDICO en el Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro. El 7 de septiembre, la jueza Delma Cabrera decretó la suspensión de toda obra (rellenos, endicamientos, movimientos de suelo, apertura de canales, calles, lagunas, estaqueadas) "susceptible de degradar el ambiente, sus recursos y los sitios arqueológicos".
La resolución de la magistrada enumera los argumentos planteados por Pro-Tigre: "La actora (...) expresa que se estarían afectando sitios arqueológicos de altísimo valor cultural y espiritual, y una amplia zona de humedales reconocidos internacionalmente por sus beneficios ambientales, sociales, culturales y económicos que brindan a la comunidad".
El Movimiento en Defensa de la Pacha, formado por indígenas de diversos distritos y pobladores del paraje rural Punta Canal, defiende un sitio público, arqueológico y sagrado ubicado entre el arroyo Garín y el Canal Villanueva, de sólo 130 metros de extensión. Pero sus reclamos visibilizaron la problemática ambiental y social generada por la construcción indiscriminada de barrios privados sobre humedales, que se realiza violando las leyes desde la década de los 90’. Ya en noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a los municipios de la zona norte (Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando) a no habilitar más emprendimientos privados sobre los humedales.
La decisión judicial involucra los terrenos donde se construye el barrio privado San Rafael, de 55 hectáreas, ubicado entre el Canal García y el Canal Villanueva, en la otra orilla de Punta Querandí. También tres lotes privados aledaños a este predio en conflicto, en jurisdicción del partido tigrense.
Pro-Tigre además solicitó la suspensión de obras en un kilómetro y medio de terrenos de origen ferroviario que fueron transferidos mediante boleto de compra-venta por el ONABE (Ministerio de Planificación Federal). Concretamente, desde el KM2,5 hasta KM4 del ex Ramal 56 del Ferrocarril Mitre, hoy convertidos en un canal privado para el barrio privado San Benito y donde la empresa realiza una estacada de cemento, en jurisdicción del partido de Escobar.
La magistrada concluyó que está probada la existencia de las obras denunciadas por Pro-Tigre, y afirmó: "hay indicios que permiten la verosimilitud del derecho invocado". En ese sentido, se refirió a la "constatación realizada con un experto en arqueología" y "la solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación en varias oportunidades", entre otros elementos.
El despacho agrega que Pro-Tigre "denuncia la realización y asentamiento de complejos urbanos, algunos ya finalizados y otros en construcción, sin que se hubiera dado cumplimiento previo al procedimiento de estudio de impacto ambiental determinado por las leyes de la materia. Asimismo manifiesta que dichos asentamientos urbanos se localizan sobre humedales en los cuales no deberían haber permitido su asentamiento. Por otra parte se ha elevado la cota del suelo, lo que origina diversas consecuencias negativas que detalla".
Por último, la magistrada destaca que según esta fundación ambientalista "algunas de las obras ya realizadas han tapado o destruido sitios arqueológicos de gran valor histórico, cultural y religioso; en tanto que otras obras en ejecución hoy día están poniendo en peligro otros patrimonios arqueológicos que aún pueden preservarse". Pro-Tigre citó como antecedente de la destrucción el enterratorio indígena del sitio arqueológico Garín, hoy debajo del barrio privado Santa Catalina.
Los terrenos señalados por Pro-Tigre son, primero, las parcelas 321D, 321E y 321F, que EIDICO adquirió en las inmediaciones de Punta Querandí, sobre la calle Brasil en frente del barrio privado San Benito."Lindero a estas parcelas se encuentran dos casas de familias que se podrían ver seriamente afectadas, si las obras de rellenos que se están llevando a cabo en la zona denunciada continúan su avance", afirma la demanda de Pro-Tigre.
En segundo lugar, las parcelas 251A, 251B, 252A, donde está emplazado al menos un sitio arqueológico llamado "Rancho Largo". En este sector, ubicado entre el Canal Villanueva y el Canal García, se construye el country San Rafael, de 55 hectáreas.
En tercer lugar, un kilómetro y medio de terrenos de origen ferroviario que fueron transferidos mediante boleto de compra-venta por la ONABE (Ministerio de Planificación Federal) a dos sociedades anónimas, que luego cedieron sus derechos a San Benito S.A. y San Marco S.A. (EIDICO).
En este punto la jueza entendió que por ser un bien de titularidad del Estado Nacional, habría que demandarlo a éste. Pero Pro-Tigre insistió con lograr la cautelar sobre esta área también, porque si bien la demandada aun no ha podido lograr su escrituración, ha realizado las modificaciones en los suelos.
EIDICO se mantuvo intransigente durante el conflicto de Punta Querandí, a pesar de que el espacio reclamado está afuera de los límites de los barrios privados del Complejo Villa Nueva. Sin resolución política a las demandas vecinales e indígenas, la exposición pública del conflicto motivó que otros actores intervengan en el escenario, como la Defensoría del Pueblo de la Nación en el 2010 y la Fundación Pro-Tigre este año. En ambos casos sus acciones derivaron en resoluciones que pueden afectar los intereses inmobiliarios en territorios más amplios.
Fuente: ANRed
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