miércoles, 31 de agosto de 2011

Candela fue encontrada sin vida



La niña de 11 años que era buscada desde el lunes pasado fue encontrada esta tarde en Villa Tesei, en un descampado que se encuentra a metros de la intersección de la colectora del camino del Buen Ayre con la avenida Vergara.




Las primeras pericias determinaron que la joven fue asesinada hace 72 horas. La Policía investiga ahora los vínculos del padre, quien se encuentra detenido por ser parte de una banda de piratas del asfalto

Mientras la Policía Científica completa las pericias sobre el cuerpo hallado en la intersección entre la colectora del Acceso Oeste y la calle Cellini, a 30 cuadras del lugar donde desapareció Candela Rodríguez el lunes pasado, trascendió que uno de los objetos encontrados junto al cadáver coincidía con las características del anillo que usaba la niña, descripto por su madre, Carola Labrador, quien hace dos días habría recibido un mensaje extorsivo, en el que le aseguraban que "ahora sí que no la van a encontrar". Habría sido asesinada entre 24 o 72 horas atrás.


El cuerpo tenía signos de asfixia y traumatismos varios y fue encontrado dentro de una bolsa de residuos negra, en una esquina en donde también había chatarra y otros desechos.

El fiscal que encabeza la investigación, Marcelo Tavolaro, se encuentra en el lugar para participar del procedimiento, que fue ordenado tras conocerse nuevos datos vinculados con la causa.

El lunes 22, Candela Sol Rodríguez, había sido vista en el partido de Hurlingham en la esquina de Bustamante y Coraceros, donde esperaba a sus amigas para ir a una reunión de scouts en la parroquia San Pablo Apóstol. Entonces, una vecina escuchó una frenada y un grito. Por lo que se supuso que la niña habría sido secuestrada. Una de las pistas que la fiscalía seguía estaba relacionaba con el padre de Candela, que cumple una condena de tres años en el penal de Magdalena por participar de un delito que se conoce como “piratería del asfalto”. “Esto es un vuelto”, le habrían dicho al padre de Candela en la cárcel. Desde entonces, la madre de la niña, Carola Labrador, no tuvo dudas de que a su hija se la habían “robado”.

Los operativos de búsqueda fueron llevados adelante por la Policía Federal y Metropolitana, Interpol, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Migraciones, además de la colaboración de más de 45 organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales como la secretaría de Inteligencia nacional y Secretaría de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Hospitales y clínicas, bomberos voluntarios, Defensa Civil bonaerense y dependencias municipales también colaboraron en la incesante investigación.



Sandra también está desaparecida

El pasado 8 de agosto la joven de 14 años iba camino a la escuela, en Villa Lugano, acompañada por su hermana. Según vieron sus compañeros de clase Sandra fue secuestrada una cuadra antes de llegar. El caso se suma a la desaparición de Candela Rodríguez hace una semana en Hurlingham. Repudiamos el encubrimiento de las instituciones frente a estos hechos.

El caso de Candela Rodríguez no es un caso aislado. Ha sido difundido masivamente en los medios de comunicación y tomo gran repercusión, hasta la lamentable noticia de que la han encontrado muerta.

Sin embargo no es el único episodio ocurrido durante el mes de agosto, aunque silenciado por los grandes medios. Se trata de la desaparición de Sandra Mamani, una joven de muy bajos recursos secuestrada en Villa Lugano el pasado 8 de agosto.

Humberto Mamani es hermano de Sandra. El joven relató lo ocurrido con su hermana de 14 años cuando iba camino a la escuela. "Ese día Sandra iba al colegio acompañada por mi otra hermana Ana que la dejo a una cuadra. Cuando vimos que no volvía a la casa fuimos a buscarla a la escuela y hablamos con la directora y con sus compañeros quienes contaron que vieron que alguien la estaba forcejeando".

En ese momento la familia de la joven se dirigió a la comisaría 52º de Lugano para radicar la denuncia. Luego iniciaron su propia búsqueda en las inmediaciones de la Villa 1-11-14 con una foto de Sandra. Allí les informaron que la habían visto cerca y enviaron esa información a la delegación encargada donde les comunicaron que es la Gendarmería quien está siguiendo el caso.

Hasta el momento no hay mas datos de Sandra Mamani, una joven de clase baja cuyos padres son bolivianos. Su familia vive en un barrio pobre y no es casualidad que los grandes medios de comunicación no se preocupen por difundir que le sucedió.




Fuente: Agencias de noticias

La Comisión por la Memoria volvió a la Unidad 9 de La Plata tras la huelga de hambre


La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) realizó una visita a la Unidad Penal 9 de la ciudad de La Plata para verificar si están cumpliendo las mejoras en las condiciones de detención prometidas por el gobierno de Daniel Scioli.

El co presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel, el secretario Ejecutivo Alejandro Mosquera y los integrantes del Comité contra la Tortura Roberto Cipriano García y Alicia Romero, recorrieron los pabellones evangelistas que habían estado 19 días en huelga de hambre. Peréz Esquivel expresó que “poco a poco vamos avanzando en una situación que hace al tratamiento de los internos, a sus condiciones de vida, a su dignidad como personas”.


La huelga de hambre se levantó hace 10 días luego del compromiso del gobierno bonaerense de implementar medidas para responder a las demandas de las personas privadas de su libertad que habían denunciado pésimas condiciones de detención. La delegación de la Comisión por la Memoria recorrió el penal junto a un grupo de funcionarios encabezados por el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia César Albarracín.

El Premio Nobel de la Paz comentó que “hay avances importantes, por ejemplo de colocar los vidrios que estaban faltando en las celdas, en los pasillos de los pabellones, se les ha colocado policarbonato lo que es mucho más seguro que el vidrio. También se ha restablecido el agua tanto caliente como fría, se van a cambiar unos termotanques porque los que hay son muy viejos y tratamos de ver también los avances en la parte de atención médica”.

Además relató que “quedamos con las autoridades, con Albarracín, en seguir conversando. Se les va a pasar las listas de las necesidades y las cosas que hay que mejorar y las pendientes. Y poco a poco vamos avanzando en una situación que hace al tratamiento de los internos, a sus condiciones de vida, a su dignidad como personas”.

Según infomó la CPM luego del recorrido, entre los puntos pendientes están la atención a los problemas de alimentación de los internos, en especial para los detenidos con HIV, mayores avances en acondicionar las instalaciones eléctricas y las gestiones para garantizar el acceso a la Justicia ya que la mayoría de los internos están procesados sin condena.




Fuente: FARCO

El gobierno porteño quiere prohibir por ley que personas duerman en la calle


El jefe de gobierno porteño, el empresario Mauricio Macri, anunció que impulsará una ley en la legislatura que prohíba que las personas duerman en la calle. La respuesta no se hizo esperar desde la oposición en la ciudad, dado que hubo denuncias de mal estado de los paradores para personas sin techo cuyas condiciones se asemejan a dormir en la calle. “No los podemos poner en galpones o tirarlos a cuartos oscuros fríos. Calculá que estamos todavía con el hospital Borda sin gas”, opinó el diputado nacional y legislador porteño electo Juan Carlos Dante Gullo. “Ni quiero pensar lo que serán estos paradores”, afirmó.


La medida para prohibir que las personas duerman en la calle será enviada por el ejecutivo porteño a la legislatura en las próximas semanas y se anunció que esperan utilizar a la Policía Metropolitana para obligar a las personas a ir a los paradores dispuestos por el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad.

El anuncio se hace cuando hay cuestionamientos por las malas condiciones higiénicas y edilicias en que se encuentran los paradores. Días atrás la Asesoría Tutelar N° 1 expresó en un informe que es difícil suponer que una familia puede estar mejor en el parador de Costanera Sur, cuando las condiciones son casi las mismas de la calle.

Juan Carlos Dante Gullo expresó que “Macri ve este tema como una limpieza, nosotros lo vemos como una reparación social. Todo esto es una repuesta que hay que dar en forma integral. Y nos encontramos ante un gobierno como el del Ingeniero Macri donde la salud pública y la educación pública han sido dardos de su política de achicamiento y además de marginación de amplios sectores de la sociedad”.





Fuente: FARCO

Desde esta noche el GCBA arroja a la calle a 25 niños abandonados


Esta tarde se realizó una denuncia penal y escrache al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas yAdolescentes, especificamente en la Subsecretaria de Promoción Social. A continuación el comunicado de Alameda, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)y Fundacion Che Pibe.



Comunicado

Braian, Carlitos, Jona, son algunos de los niños sin techo ni familia que desde esta noche no podrán dormir en el refugio nocturno ubicado en el CAINA y quedarán a merced de las redes de trata, los transas y los peligros de la calle por la increíble crueldad que está a punto de cometer el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad.

Estos chicos pasan el día pidiendo comida o monedas en el Mc Donalds del Alto Palermo, sufriendo malos tratos del personal de dicha cadena y sin ningún tipo de asistencia. De por sí, esto constituye una situación aberrante y evidencia un nivel de desidia estatal incompatible con el Estado de Derecho.

Como si fuera poco, esta noche, con la excusa de que termina el invierno y se acaba el “Operativo Frío”, en el que se gastaron fondos para la campaña llegando incluso a comprar 5000 limas de uñas con los colores del PRO, el Gobierno de la Ciudad despiden a los operadores del CAINA y cierran las puertas del refugio nocturno ubicado en Paseo Colón 1333 sin derivar a los pibes a un lugar mejor.

Los tiran literalmente a la calle. Se los regalan a la mafia para que los abuse y explote. Son los más excluidos de entre los excluidos, con el agravante de que son pibes y no tienen padres. En muchos casos, se escaparon de sus casas porque se los golpeaba o abusaba.

Advertidos de esta situación por los trabajadores cartoneros que trabajan en la zona, nos acercamos a los chicos que nos pidieron ayuda. Por eso, presentamos mañana un recurso de amparo urgente y marchamos también mañana a las 15 hs a la Secretaría de Promoción Social (México 1661) para exigir que se prorrogue el funcionamiento del albergue hasta encontrar una solución de fondo que restituya los derechos que el Estado le robó a estos pibes.

Sin perjuicio de que vamos a luchar incansablemente para revertir esta decisión perversa, apelamos a los más elementales sentimientos de humanidad por parte de las autoridades y exigimos asistencia para los pibes de la calle. Una vez más, el MTE, la Alameda y la Fundación Che Pibe juntos en la pelea diaria por una sociedad sin esclavos, ni excluídos.

El accionar del Gobierno de la Ciudad constituye sin lugar a duda una violación al Pacto San José de Costa Rica y a la Convención de los Derechos del Niño. Es un CRIMEN y lo tenemos que PARAR.



Fundación Che Pibe
MTE
La Alameda
30 de agosto 2011



Fuente: Prensa Alameda

Siderar: trabajadores denuncian despidos de tercerizados y persecución gremial


Comunicado de prensa:

No a despidos de trabajadores tercerizados y persecución gremial en Siderar!!!!!

La empresa Siderar del Grupo Techint despidió a 17 trabajadores tercerizados encargados de la limpieza industrial de la Planta de Haedo. Si bien la modalidad de los despidos responde a la inestabilidad propia de los tercerizados, el grupo de despedidos no parece ser casual. Se trata de trabajadores que se organizaron sindicalmente y consiguieron mejores salarios y condiciones de trabajo, que resolviendo a partir de asambleas lograron pasar a un mejor convenio colectivo.

La modalidad de los despidos es sencilla: al no renovarle el contrato a la empresa de limpieza Sertec y no exigirle a la nueva licitataria la continuidad laboral de los trabajadores (algunos de ellos con más de 15 años de antigüedad), Techint no se “responsabiliza” de los despidos. A su vez la UOM de Morón, en lugar de impedir los despidos o acompañar la lucha por la reincorporación, se dedicó inmediatamente a reclutar nuevos empleados para la empresa que ganó la licitación, colaborando así con la política de flexibilización laboral de la empresa y la falta de representación en los lugares de trabajo.

Después de los primeros intentos de diálogo a puertas cerradas donde solo participa un directivo de la UOM, las autoridades de Siderar y la nueva empresa de limpieza contratada ofrecieron la reincorporación de 11 trabajadores, bajo peores condiciones contractuales y excluyendo al grupo de activistas y delegados que habían protagonizado la organización y las conquistas laborales. ¡No podemos convalidar este ataque a la organización sindical!

Por todo ello, los trabajadores y trabajadoras metalúrgicos despedidos exigimos la inmediata reincorporación y el pleno reconocimiento de los derechos laborales para todos los trabajadores por igual, y el respeto a las organizaciones de base y a la democracia sindical.

Por esta razón llamamos a todas las organizaciones para que juntos organicemos esta dificil lucha, los convocamos el jueves 1 de septiembre a las 18 hs en el Galpon Ferroviario de Haedo, Vignes 1550 (tunel de haedo lado norte)

Trabajadores tercerizados despedidos de Siderar




Fuente: ANRed

martes, 30 de agosto de 2011

Chaco: La salud pública antes que los intereses comerciales


Por primera vez, la máxima instancia judicial de una provincia se pronuncia respecto de la utilización de agrotóxicos. La sentencia obliga a no fumigar a menos de mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua.


Las fumigaciones llegaron, por primera vez, a un máximo tribunal provincial. Y la sentencia golpea al modelo agropecuario basado en el uso masivo de agroquímicos.

El Superior Tribunal de Justicia de Chaco confirmó una medida cautelar que fija límites inéditos para las fumigaciones: a mil metros de viviendas y escuelas, si son aspersiones terrestres, y a dos mil metros para las aéreas. El máximo tribunal chaqueño protegió, también por primera vez en esta instancia, los cursos de agua. Remarcó la vigencia del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras), priorizó la salud por sobre la rentabilidad, llamó la atención sobre la responsabilidad de los funcionarios y exhortó a los municipios a dar respuesta urgente a la población. La decisión judicial apunta a emprendimientos arroceros que utilizan endosulfán y glifosato, ambos químicos de uso masivo en Argentina.


La Leonesa y Las Palmas son municipios que están a 60 kilómetros de Resistencia. Vecinos del barrio La Ralera denuncian desde hace nueve años el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz que lindan con el barrio. Alertan sobre el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua. Apuntan al glifosato, al endosulfán, al metamidofos, el picloran y el clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja. Señalan a las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga.

En enero de 2010 presentaron un recurso de amparo contra las arroceras, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones y la relocalización de los arrozales. En primera y segunda instancia hubo fallos favorables a los vecinos. Habían fijado un precedente histórico para las fumigaciones: a mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua, si son terrestres; a dos mil metros si son aéreas.

Las arroceras y los municipios apelaron el fallo, en febrero pasado, ante el Superior Tribunal de Justicia de Chaco. Los jueces se expidieron el jueves en dos sentencias.

Las empresas habían solicitado la “inconstitucionalidad e inaplicabilidad” de la ley. Pidieron modificar la medida cautelar para reducir los límites de las fumigaciones y esgrimieron como argumento posibles perjuicios económicos.

Los jueces marcaron un criterio que golpea no sólo al modelo agropecuario sino a todo el modelo extractivo (minería, petróleo y forestales, entre otros). “El mayor mérito del principio de precaución consiste en haber logrado expresar la preocupación, muy difundida en los últimos años, de dar una mayor prioridad a la protección del medio ambiente y de la salud pública por encima de los intereses comerciales”, dice el fallo.

A las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas se les había solicitado que efectuaran un informe detallado en cuanto a las medidas adoptadas en el tratamiento de los residuos contaminantes de las arroceras y que informen acerca del control, clasificación, reutilización o quema de basuras o desechos provenientes de los establecimientos cuestionados. Pero ambas comunas apelaron y el Superior Tribunal se expidió en la sentencia 313, con la firma del presidente de la Sala, Rolando Toledo, y de la jueza María Luisa Lucas.

Laura Mazzitelli fue una de las afectadas por las fumigaciones y estuvo entre las primeras en denunciarlas. Su hijo Iván padeció leucemia a los 2 años. Sufrió ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento en el Hospital Garrahan. Una vez que el chico se recuperó, comenzó a organizarse junto a los vecinos para que ninguna otra familia padezca lo mismo.





Fuente: Pagina 12

Salta: Las turistas francesas que fueron asesinadas, investigaban desviación de fondos para aborígenes del Norte argentino


Se supo en ámbitos académicos a los que pertenecía la profesora Cassandra Bouvier, asesinada junto a Houria Moumni, que se econtraban investigando la malversación de fondos internacionales de ayuda para las poblaciones aborígenes del Norte argentino, por parte de la administración de la provincia de Salta.


El 29 de julio, los cuerpos de las dos mujeres fueron hallados en la zona de El Mirador, en la Quebrada de San Lorenzo, una reserva natural cerca de la capital salteña. Cassandra Bouvier, de 29 años, era profesora en la Facultad de Sociología y Antropología de la Sorbona II, donde compartía clases con Houria Moumni, de 23, ligada a prominentes familias de Fez (Marruecos), varios de cuyos miembros más sobresalientes están ligados a la cúpula de organismos como la Unesco y la organización para la hambruna internacional de Naciones Unidas (la FAO).

Fue en ese ámbito en el que se supo, a pesar de la insistencia por parte de la Justicia salteña en desviar la causa y confundir los hechos, acusando y deteniendo a distintos lugareños como el albañil Daniel Vilte y el jardinero Santos Vera, que además fueron víctimas del abuso policial, que las turistas francesas estaban investigando la desviación y malversación de fondos internacionales destinados a ayuda para las comunidades aborígenes del norte de nuestro país, por parte de la administración de la provincia de Salta.

"En los ámbitos académicos y organizaciones de ayuda aborigenista a las que estaban ligadas las dos investigadoras francesas asesinadas en la localidad de San Lorenzo, se tiene la firme sospecha de que en la provincia de Salta se está llevando a cabo un proceso de exterminio en las poblaciones aborígenes del Chaco salteño, con el objeto de facilitar un amplio y rápido movimiento de apropiación de las tierras que ocupan para aplicarlas a la producción intensiva de la Soja", según informa el portal de noticias local "Salta 21" .




Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

Salta: Se restituyeron más de 19 mil hectáreas al pueblo Kolla


El juzgado federal de Salta ordenó la expropiación al ingenio y refinería San Martín del Tabacal, propiedad de la familia Patrón Costa, por la cual el Gobierno Nacional pagó 16,5 millones de pesos para finalizar la expropiación iniciada en noviembre de 1993.


En el mes de la Pachamama y a partir del fallo favorable que ordena la inscripción a nombre de la comunidad Tinkunaku del Pueblo Kolla de Salta, unificada por los ayllus de San Andrés, Los Naranjos, Río Blanquito y El Angosto, los habitantes vivieron un hecho de reparación histórica.

Mientras que el presidente del INAI, Daniel Fernández, resaltó el fuerte compromiso que tomó el Tinkunaku y el Instituto para llegar a esta instancia de reconocimiento. “Las autoridades de las comunidades que vienen luchando fuertemente por fortalecer su organización y por impedir que los intereses económicos fracturen a la comunidad hoy nos sentimos con la obligación de estar presentes. El Gobierno Nacional está empeñado en reparar muchas deudas históricas en nuestro país, se está trabajando en eso. Se va acercando cada vez más también la reivindicación plena del despojo, de la exclusión de los pueblos originarios argentinos”, manifestó Fernández.

También reconoció la lucha histórica que vienen sosteniendo frente a los intereses económicos imperantes en defensa de las tierras. “Sabemos que el tema de la tierra es vital para los pueblos, y sabemos también que es parte de una larga lucha por recuperar lo perdido, lo que fue arrebatado. Por las que han tenido que luchar contra el símbolo de uno de los poderes económicos más poderosos de la Argentina, que reinaron en la década del conservadurismo, del fraude, de la entrega de la Nación Argentina, el conocido Robustiano Patrón Costas, dueño de los ingenios y adueñado de los territorios que pertenecían a los pueblos originarios. Se han logrado que 19.000 hectáreas, que no completa la totalidad de lo reclamado, pero que se va acercando cada vez más al territorio ancestral, sean devueltos a sus legítimos dueños”, manifestó el presidente del Instituto.




Fuente: Periodico Lea

Bs As: Los crímenes cometidos en El Chalet


El proceso reconstruirá los casos de 21 víctimas, seis desaparecidas. Son acusados Bignone y los dos únicos sobrevivientes de una patota parapolicial.


La mayor parte de los responsables de la cadena de mandos de los crímenes cometidos en el Hospital Posadas murió sin condena. Es el caso del coronel médico Julio Esteves o de Juan Máximo Coptelesa, hombre de Inteligencia y de la patota parapolicial, emblemático por su sadismo, que murió en julio pasado.

La lista suma además al primer interventor del hospital, el coronel Abatino di Benedetto, que está eximido por insania. En esas condiciones, de todos modos, comenzará el primer tramo del juicio oral por los delitos de lesa humanidad perpetrados en el Posadas durante la dictadura.

Un juicio que para los familiares y sobrevivientes es histórico, porque esperan reconstruir su funcionamiento y el del centro clandestino. El juicio volverá a sentar en el banco de los acusados al dictador Reynaldo Bignone. “Nos hubiese encantado y teníamos todo para que se los juzgara antes”, dice Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, una de las víctimas. “A diferencia de otros procesos, tuvimos establecida la cadena de represión desde el ’84, pero esta estafa de la Justicia que tantas veces retrasó el juicio hizo que muchos de ellos murieran sin condenas.


Quizá ésa sea una de las características del juicio que, después de ser postergado una vez, tiene fecha de inicio el 21 de septiembre: como la patota actuó a cara descubierta desde el hospital, la mayoría de los autores directos de los crímenes pudo ser identificada. Con Bignone, serán juzgados Hipólito Rafael Mariani, Luis Muiña y Argentino Ríos, los únicos dos sobrevivientes de la patota parapolicial que se organizó bajo el nombre de Swat, integrada por unas diez personas, la mayor parte policías exonerados de la fuerza. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado hasta ahora por Jorge Alberto Tassara, María Garrigos de Rébori y Pablo Bertuzzi. Hay previstos unos 70 testigos en un debate que se calcula durará tres meses.

El Posadas, que estuvo bajo jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército y en junio de 1976 quedó en la órbita de la Fuerza Aérea, cobijó un centro clandestino. El Chalet funcionó en la antigua casa del director del hospital. La causa judicial articula responsabilidades no sólo del Ejército y la Fuerza Aérea, también de la Marina.

Las imputaciones incluyen privación ilegal de la libertad y tormentos, pero no hay imputaciones por homicidios.


La historia represiva del Posadas está dividida en dos. La primera etapa comenzó el 28 de marzo de 1976 con la intervención de Di Benedetto, más tarde trasladado a la dirección del Hospital Militar de Campo de Mayo. La segunda etapa comenzó con Esteves, fue la más cruda de la represión y se profundizó en noviembre de 1976, cuando se supone que empezó a funcionar El Chalet como centro clandestino.

En el primer momento no hubo desaparecidos. Los detenidos eran trabajadores del hospital que pasaron por Coordinación Federal y entraron en el proceso de blanqueo en las cárceles de Olmos y Devoto. Ese período también tuvo dos momentos. El primero abarca los días 28 y 29 de marzo cuando Bignone interviene el Posadas como delegado de la Junta del Ministerio de Bienestar Social, un cargo que la Marina asume días después. Dentro del segundo momento, el período más oscuro se abrió cuando Esteves empieza a reclutar a la patota para organizar grupos armados que acelera las persecuciones en noviembre. “Esteves organiza la custodia con un grupo armado para defender el hospital de posibles actos subversivos”, dice Zulema. “Secuestran a ocho trabajadores en el hospital y a otros tres que detuvieron en sus casas o en otras instituciones.” La selección de mano de obra la hizo Esteves desde el hospital, dice en este caso Silva. “Reincorpora despedidos y suma a Argentino Ríos, que hasta ese momento trabajaba en seguridad desde la portería.” El grupo Swat existió hasta enero del 1977, cuando dejó de actuar aparentemente por un enfrentamiento con la Fuerza Aérea. Los integrantes quedaron detenidos en la Base Aérea de El Palomar. Esteves los rescata y luego renuncia. Según los testimonios que se escucharán durante el juicio, actuaron en coordinación con la Fuerza Aérea e integraron las patotas que secuestraron a las víctimas.

Jacobo Chester era técnico en estadísticas y secretario administrativo de la Guardia del Posadas cada fin de semana. Lo secuestraron el 27 de noviembre de 1976. No tenía militancia orgánica, pero a partir del golpe de Estado se sumó a quienes empezaron a organizarse. “No estaban agremiados –dice Zulema–, pero se dieron una organización espontánea para acercarse a las casas de las familias, intentaban armar alguna colecta para llevarles dinero. Todos reconocimos que en los secuestros participó gente que trabajaba en el hospital.” Esa comisión hacía reclamos, denunció malos tratos del grupo parapolicial a pacientes y profesionales. Hubo cruces y enfrentamientos directos entre algunas de las víctimas y miembros de la patota, lo que habilita ahora la hipótesis de que muchas de esas desapariciones corrieron por cuenta de Esteves y su grupo, que con cierta autonomía buscaban venganza.

Jacobo al parecer estuvo secuestrado en El Chalet. Su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata el 2 de diciembre, cinco días después del secuestro. La familia no lo supo hasta 1977, cuando recibió un certificado de defunción. Primero como NN y luego una autopsia ordenada por el ex juez de la dictadura Lucio Somoza estableció su identidad. “Certificó que el cuerpo era de mi papá, pero nunca nos dieron el cuerpo. Nos dieron el número de una tumba en Chacarita donde había varios cuerpos, una especie de fosa común, pero nunca nos permitieron abrirla ni recuperarlo. Cuando en democracia fuimos a rescatar algo al osario común, no había ya dónde hacerlo.

La misma noche de la caída de Jacobo, cayó otra empleada del hospital y luego se produjeron las otras desapariciones hasta enero. Como el cuerpo de Jacobo no apareció, la causa llegó sin la imputación por su homicidio. La fiscalía recurrirá ahora a los certificados y a la autopsia y a los testigos para poder incorporarla. Lo mismo sucederá en el caso de Roitman, de cuyo asesinato dan cuenta otros testigos.



Fuente: Pagina 12

lunes, 29 de agosto de 2011

Formosa: Felix Díaz será imputado por instigación a cometer delito


Según informó el diario "Noticias Formosa" el referente de la comunidad qom "Navogoh", Félix Diaz será notificado en las próximas horas sobre la imputación que pesa sobre su persona por "instigación a cometer delito".

La acusación deriva de la causa que se tramita en el juzgado a cargo del juez Santos Garzón en la ciudad de Clorinda que investiga los hechos ocurridos el pasado 23 de noviembre cuando la comunidad fue violentamente reprimida por las fuerzas de "seguridad", el hermano qom Roberto López fue asesinado, decenas de personas fueron heridas y sus viviendas destrozadas. En dicha jornada también resultó muerto el policía Eber Falcón.


El abogado de la policía y de la familia Falcón explicó que pretende incriminar al líder Félix Díaz como instigador del corte de la ruta nacional Nº 86 e instigador del asesinato del Oficial Falcón.

Con su presentación y de prosperar lo requerido se estaría confirmando lo que siempre quiso negar la policía, Gendarmería y el gobierno de provincia, que "el corte fue el origen del problema" y que actuaron ilegalmente sobre una ruta donde no tenían jurisdicción y donde gendarmería tenía la obligación de custodiar y proteger a los originarios.

De este modo Tomasella deja en claro con su histérica pretensión punitiva de unos pobres aborígenes que reclamaban -con resguardo de una medida de no innovar de la justicia federal- por sus tierras ancestrales de los que se los quería despojar, que en todo momento el gobierno provincial utilizo como la "excusa perfecta" la supuesta ocupación de un campito que reclaman los Celias y, que solo tenían como objetivo la represión de los aborígenes que protestaban cortando la ruta, para amedrentar e infundir temor en la población.

"Estamos recibiendo las notificaciones sobre la causa que nos abrieron, pero estamos muy tranquilo porque para nosotros que nos persigan, nos intimiden y nos creen causas no es novedad, son cosas que muchas veces hacen para justificar y poder seguir como amenazando nuestra vida y nuestra libertad molestándonos con cosas muy graves sobre las que vamos a responder cuando nos citen, yo creo que tengo que declarar el 7 y todavía no presente eximición de prisión porque no es seria la acusación", manifestó Félix Díaz.

"De las nuevas imputaciones nos notificamos en mi casa a través de la doctora Alvarenga que es la responsable menor cuantía acá en Laguna Blanca. Somos varios hermanos que están imputados. Hoy fue a declara como imputada mi señora Amanda y su hermana Alicia que se presentaron a dar testimonio" afirmó Félix Díaz.

"Nosotros queremos empezar a declarar porque hay mucha presión de las autoridades policiales y de la familia del policía fallecido. Sabemos que en el expediente hay muchas mentiras, mentiras terribles de la policía, de la familia Celias que es cómplice del comisario Cáceres, y donde ahora juegan intereses políticos del gobierno provincial", concluyó.




Fuente: Agencia Rodolfo walsh

Delegados de los trabajadores de TN Y Canal 13 denuncian persecución del grupo Clarín


Dos delegados de los trabajadores de Canal 13 y TN junto a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) iban a ser recibidos este mediodía por el Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, frente a las denuncias de persecución de parte de esos medios del grupo Clarín.

Los delegados Hugo Molini y Brian Psenne, editores del área de noticias de los canales de Clarín, denunciaron que la empresa les redujo el salario, horarios de trabajo y amenazó con despedirlos.


Ya hay antecedentes de presiones a los delegados de trabajadores dentro del grupo Clarín, como el caso de los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR). En el caso de Canal 13 y TN todavía no se cumplió con la reincorporación de otros dos delegados anteriormente despedidos, Ricardo Junghanns y Marcelo Moreira que fue ordenada por la justicia.

La reunión entre el gremio, los delegados y autoridades de Trabajo estaba prevista inicialmente para la semana pasada con la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, pero finalmente hoy esperaban que el propio Tomada los recibiera.

Psenne aseguró que “nosotros lo que le vamos a plantear (al Ministro) es la libertad sindical, el poder expresarnos libremente en un medio de comunicación y que sean escuchadas las inquietudes de los trabajadores, en este caso periodistas. Porque hace 3 años que fue electa la Comisión Directiva y nunca pudimos sentarnos con el Jefe de Personal, ni con ninguna persona de Personal de la empresa a dialogar, ni siquiera en un ámbito como el Ministerio de Trabajo de poder hablar realmente de derechos laborales y de condiciones laborales”.


El delegado de los trabajadores de Canal 13 y TN también se quejó frente a la falta de libertad dentro de un medio en el cual su consigna es “periodismo independiente”: “Es una libertad a medias porque en un lugar donde no se respetan ciertas leyes que existen y derechos laborales que fueron adquiridos durante mucho tiempo por los trabajadores, se puede hablar de una libertad a medias, no se puede hablar de una libertad de trabajo. Y siendo periodistas, por informar de lo que está pasando, me parece bastante poco claro dentro de un medio donde nosotros estamos hablando todo el tiempo de libertad de periodismo y periodismo independiente”.



Fuente: FARCO

Bs As: Escrache a la Galería Rustique


El viernes pasado a las 18:30 hs. frente al edificio de la Galería Rustique, Av. Santa Fé 1126, esquina Cerrito, la Alameda y el MTE realizaron un escrache a la red de proxenetismo con 33 prostíbulos que funcionan en un mismo edificio con la protección de la comisaría 15 y funcionarios judiciales y municipales. Dos inmobiliarias regentean el negocio y además en algunas unidades hay tráfico de estupefacientes, menores y migrantes explotadas. Se realizó de la denuncia penal en Comodoro Py.


A continuacion un comunicado de la Fundacion Alameda, publicado el pasado viernes 26 de agosto.


La Fundación Alameda radicará esta mañana una denuncia penal y por la tarde un escrache en pleno microcentro porteño por un edificio que fue copado por la mafia proxeneta. Un total de 33 prostíbulos se instalaron en departamentos bajo el formato de "privados" y funcionan hoy en el edificio ubicado dentro de la galería Rustique, sita en avenida Santa Fé 1126/42 casi Cerrito, en pleno Barrio Norte.

La Galería Rustique es tristemente conocida porque en el año 1997 fue allanada por existir un prostíbulo en su subsuelo conocido como "Partenaire", propiedad del señor Carlos Perciavalle, compadre del juez federal porteño Norberto Oyarbide, quien formaba parte de una red de trata y prostitución que había traído mujeres de origen dominicano a la República Argentina generando una causa penal que implicó al magistrado, en ese entonces suspendido en el cargo, y a agentes de los servicios de inteligencia, como Raúl Martins, y altos jefes de la Policía Federal en ese momento de la llamada División Seguridad Personal.


La Fundación Alameda recibió el testimonio de los vecinos y el consorcio del edificio de la Galería Rustique que denuncian la existencia de esta basta red de trata y explotación sexual con presencia de menores y venta de drogas, que contarían con la protección de funcionarios de la Policía Federal.

A su vez los vecinos y el consorcio aseguran que reapareció en escena Carlos Perciavalle con la propuesta de reinstalar el prostíbulo en el subsuelo concentrando toda la explotación sexual dispersa hoy en 33 departamentos de todo el edificio.

En una investigación propia fue comprobado in situ el proxenetismo, la explotación sexual de argentinas y extrajeras, algunas que se presume menores de edad, y ello fue ratificado por las publicidades mediante volantes callejeros, páginas webs prostibularias y a su vez con llamados telefónicos a los "privados" que fueron grabados para ser entregados como prueba a la justicia.

A su vez adjuntamos a la justicia la última liquidación de expensas comunes del edificio donde constan los nombres de los propietarios de los inmuebles denunciados.


Gran parte de la red prostibularia cuenta con el beneplácito para instalarse de dos inmobiliarias,llamadas Erica Meurer ubicada dentro de la propia Galería Rustique, más precisamente en el piso 6 Of. 110, y la Inmobiliaria Carlos Rivera sita en Esmeralda 629, Piso 9°, Depto. "J". Estas inmobiliarias son acusadas de cobrar excesivos precios, hasta cuatro veces más, a los "privados".

La instalación de prostíbulos trae aparejado además de la explotación y sometimiento sexual, los escándalos con hechos de violencia constante ya que en algunos departamentos "vale todo", ya que se ofrecen varones (sean taxi boys o sean travestidos), mujeres mayores o menores, hasta drogas, dejando a los pasillos del edificio en virtuales cuadriláteros sobre todo por las noches y los fines de semana.

Ante ello es que la denuncia penal radicada este viernes 26 por la mañana en los tribunales federales porteños de la avenida Comodoro Py se resalta la particularidad inoperancia de la Comisaría N° 15 de la Policía Federal Argentina.

Buenos Aires, 26 de agoso de 2011 (La Alameda).





Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

viernes, 26 de agosto de 2011

Mar del Plata: Nuevo juicio contra represores de la dictadura en Argentina


La causa "Base Naval 2" juzgará a 14 represores por 69 víctimas que pasaron por los centros clandestinos en la Base Naval, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y la sede de la Prefectura.


Se realiza en paralelo al juicio iniciado en julio conocido como Megacausa "La cueva".

En este juicio son parte de la querella las"Abuelas de Plaza de Mayo", porque 5 de las detenidas eran mujeres embarazadas de las que se investiga el destino de sus hijos.

Leda Barreiro, integrante de la Comisión por los Juicios, resaltó la importancia de descubrir el funcionamiento de la Marina durante la represión en la Costa Atlántica argentina.

Barreiro, también integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, señaló que se busca conocer el destino de 5 mujeres embarazadas y de sus hijos.

También estuvo presente en el comienzo del juicio Víctor Basterra, sobreviviente del centro clandestino de detención conocido como ESMA. Durante su detención entre 1978 y 1983 fue obligado a trabajar para los captores. Gracias a ello pudo rescatar las fotos de los represores y de otros detenidos desaparecidos que sirven como prueba en estos juicios.

Durante 2010 se desarrolló el Juicio Base Naval 1. Allí se condenó a prisión perpetua a Justo Ignacio Ortiz, Roberto Luis Pertusio y a Alfredo Manuel Arrillaga. En aquel momento los jueces definieron no unificar las causas. Por eso esta semana comienza la segunda parte de esta causa.




Fuente: Agencia Púlsar

Prohibido filmar interiores


El ministro de Seguridad tiene diez días para instruir a las empresas contratistas para que las cámaras estén fuera de las escuelas y “no se afecte la intimidad” de los chicos. Lo resolvió una jueza, tras una audiencia entre las partes.


La Justicia porteña intimó al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, a instruir a las empresas contratadas para instalar videocámaras de seguridad para que no coloquen esos equipos en el interior de las escuelas.

Ante los reclamos de padres y docentes, el gobierno ya había anunciado que las cámaras estarían afuera de los edificios escolares. Pero como ese compromiso no estaba por escrito ni expresado en los contratos, la jueza Elena Liberatori exigió que quede registrado en un “acto administrativo”, por escrito.


Liberatori adoptó la decisión al finalizar la audiencia pública a la que convocó en la causa iniciada a partir del reclamo de padres de alumnos ante la inminente instalación de cámaras de seguridad en escuelas porteñas.

Las demandas habían sido respaldadas por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) y el Observatorio de Derechos Humanos. Ambas organizaciones expresaron su satisfacción por la medida judicial. “Es un gran avance que los ministros del gobierno de la Ciudad hayan puesto el derecho a la intimidad de los niños por sobre la seguridad de los bienes”, afirmó Eduardo López, secretario general de UTE. Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) destacó que la decisión judicial “pone freno a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo porteño”.


El plan del Ministerio de Seguridad consiste en la instalación de cámaras, alarmas y personal de seguridad en 300 objetivos de la ciudad, entre ellos, 92 escuelas. La gran mayoría de ellas están en la zona sur de la ciudad. De acuerdo con una denuncia de UTE, en 12 de las 17 escuelas secundarias incluidas en la medida se registraron tomas en 2010. Vincula la medida con un intento por controlar la organización del movimiento estudiantil.

Montenegro tiene un plazo de diez días hábiles para presentar el expediente del acto administrativo por el cual instruye a las empresas para que no instalen cámaras dentro de las escuelas.




Fuente: pagina 12

jueves, 25 de agosto de 2011

Escrache a Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma

Este viernes 26, desde las 16:00hs, se realizará una concentración en el Obelisco para escrachar a Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma.

Habrá murgas, radio abierta y exposición de fotografías.

Lesdema lleva 103 años explotando trabajadores y es ícono de la responsabilidad que los civiles tuvieron en la última dictadura militar, al ser cómplices e instigadores del golpe y parte activa en la desaparición de militantes, como lo fue “La Noche del Apagón”.

Además, el pasado 28 de julio, el Ingenio tuvo un papel protagónico en la brutal represión que dejó cuatro víctimas fatales en el desalojo a 700 familias que ocupaban un predio de la empresa.





Fuente: ANRed

Mendoza: La minera San Jorge de la canadiense Coro Mining no se instalará


La Cámara de Diputados de Mendoza rechazó por unanimidad la declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge. De este modo el emprendimiento de la compañía canadiense Coro Mining Corp que era rechazado por organizaciones de vecinos de toda la provincia no se llevará a cabo.

El Profesor y Licenciado en Geografía Marcelo Giraud, integrante de la Asamblea Popular por el Agua Pura, expresó su “alegría por haber logrado, a partir de la lucha de muchos miles de mendocinos, el resultado que estábamos exigiendo”.


El emprendimiento de extracción de oro y cobre a instalarse en Uspallata tenía el aval del gobierno de Celso Jaque. Sólo faltaba que la legislatura provincial le diera el visto bueno para que se pusiera en marcha. En las últimas semanas vecinos de Uspallata y de otras zonas de la provincia se venían movilizando para pedir que la legislatura tratara y rechazara el proyecto antes de las elecciones. El temor era que se demorara el tratamiento hasta después del 23 de octubre. Sin embargo ayer la Declaración de Impacto Ambiental fue rechazada por unanimidad y el proyecto pasó al archivo.

Según informó oficialmente la Cámara de Diputados de Mendoza el rechazo se produjo “por tener más de 140 observaciones; la necesidad de mantener las reservas de agua de Mendoza para consumo humano y uso agrícola; y el pequeño porcentaje de regalías que obtiene la provincia en materia de explotación minera, entre otros puntos”.

El geógrafo Marcelo Giraud sostuvo que más allá de que la decisión de los legisladores “esté inmersa en medio de esta campaña electoral que se está librando en Mendoza, creo que indudablemente el gran actor, que desde hace tres años cuando se presentó el proyecto y que jamás en ningún momento dejó de luchar frente a este proyecto minero San Jorge, ha sido el pueblo mendocino”. Además aseguró que “las empresas consultoras habían presentado un informe de impacto ambiental realmente bochornoso” y que la Coro Mining Corp no “ha tenido la capacidad de lobby económico, de financiación que hubiera podido tener otra empresa, como lo hizo Barrick respecto a la ley de glaciares”, que está frenada en San Juan por la justicia federal a pedido de esa compañía canadiense.




Fuente: FARCO

Escrache al diseñador Benito Fernández por confección de prendas en talleres de costura clandestino


Ayer, costureros, miembros de La Alameda y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) realizaron un escrache al diseñador Benito Fernández, quien festejo 25 años con la moda en un hotel de la zona de Retiro.


La manifestación que duro dos horas, comenzó a las 18:00, frente al Marriot Plaza Hotel (Florida 1005); al tiempo que el diseñador de alta costura Benito Fernández, recibía en un salón de la planta baja a distintas figuras como Ingrid Grudke (modelo), Laura Novoa (actriz), y Andrea Frigerio (Ex modelo).

En la puerta la ruidosa protesta contrastaba con la cara de quienes ingresaban a la fiesta, algunos de estupor otros con una sonrisa cómplice que rápidamente buscaban el ingreso, previo aceptar o no algún volante y traspasar un cordón policial.

A Benito Fernández se los acusa por violación a la ley de Trabajo a Domicilio, al ser solidariamente responsable laboral y penalmente del taller donde terceriza su producción. Se suma la evasión impositiva, ya que no realizó los aportes previsionales a sus empleados y el trabajo forzoso de inmigrantes indocumentados en los talleres clandestino donde se confeccionaban sus vestidos.

La denuncia contra Fernández, comienza a partir de una investigación de La Alameda junto al diario Democracia, el pasado 6 de junio. En la misma se saca a la luz con una cámara oculta de dos costureros que muestran como las costosísimas prendas de los diseñadores fashion en realidad se confeccionan en talleres clandestinos. Uno de estos, en Pitágoras al 1700 de la localidad bonaerense de Avellaneda y otro en Wilde, ambos dirigidos por Lucia y Juana Núñez. Además, se determino que les pagaban entre 6 y 7 pesos por hora a las costureras, muy por debajo del convenio, y jornadas de trabajo que superaban las 12 horas.

La causa es investigada por el juez federal Armella, frente a quien declaro María Laura Migueles, por haber sido encargada en su maison durante 23 años. Mígueles denuncio que trabajo en negro para Benito durante 20 años y que este evadía impuestos coimeando a funcionarios de la DGI e incluso escondía a los empleados ante los eventuales controles del Ministerio de Trabajo.




Fuente: Agencia Rodolfo Wlash

El juez Romano fue suspendido e irá a juicio político por su complicidad con la dictadura


El juez federal de Mendoza Otilio Roque Romano, integrante de la Cámara Federal de esa provincia fue suspendido hoy por unanimidad por el Consejo de la Magistratura y deberá enfrentar un juicio político. Romano está acusado de ser participe de delitos de lesa humanidad cuando era fiscal durante la dictadura. El abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Pablo Salinas expresó que “Romano está procesado por 103 hechos de crímenes contra la humanidad”.


El recorrido que comienza hoy para Romano es el que ya debió enfrentar su colega, el ex juez federal Luis Francisco Miret, que fue primero suspendido y luego destituido por su complicidad con la última dictadura. El abogado Pablo Salinas aclaró que Miret está acusado del "30 por ciento de los hechos que está acusado Romano”.

Salinas explicó que ahora “hay un plazo de 6 meses para que sea destituido” o no y adelantó que si eso ocurriera “podríamos tenerlo en el juicio a los jueces cómplices, en el llamado juicio a los jueces que se viene en la provincia de Mendoza”.

Una de las denuncias contra Romano la realizó la ex detenida desaparecida Luz Faingold quien fue secuestrada y violada por los represores y aseguró que Romano como fiscal federal se negó a recibirle la denuncia de la violación.

Además de estar acusado por encubrir y ser partícipe de gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, Romano es uno de los integrantes de la Cámara Federal de Mendoza que beneficiaba con sus fallos a los represores mendocinos y también es uno de los firmantes del fallo que mantuvo suspendida la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.




Fuente: FARCO

miércoles, 24 de agosto de 2011

Neuquén: Aprobaron el referéndum por la explotación minera en Loncopué


Seiscientos vecinos de la localidad neuquina de Loncopué habían solicitado que se prohibiera la megaminería a cielo abierto. En un acto de agravio y tomada de pelo, los concejales aprobaron una norma que impedía esta práctica sólo en el casco urbano. Los habitantes, indignados, realizaron un Cabildo Abierto y obligaron al Concejo Deliberante a llamar a referéndum.


El Deliberante de Loncopue aprobó el referéndum por la explotación minera, resta que el intendente Wálter Fonseca defina la fecha para realizarlo. Vecinos y vecinas a través de un "cabildo abierto" lograron que se cumpla con la voluntad popular.

Hace unas semanas más de 600 habitantes de Loncopué habían avalado una iniciativa popular para que el Concejo Deliberate prohibiera la megamineria a cielo abierto en el ejido municipal. Obligados por ley, los ediles se reunieron en una sesión extraordinaria pero aprobaron un texto distinto al elevado por la comunidad.

Ante semejante atropello vecinos y vecinas se autoconvocaron el jueves pasado en un "cabildo abierto" frente al Concejo para exigir el referéndum. Según informó Norberto Guerrero, los y las ediles en sesión ordinaria dieron prioridad al tema y avalaron el llamado a referéndum. Ahora la convocatoria depende del intendente, Wálter Fonseca.

"Ellos tenían que tratar la ordenanza que propusieron los vecinos, rechazaron la ordenanza y -de acuerdo al artículo 8 de la ley 53- tenían que llamar sí o sí a un referéndum, cosa que obviaron", explicó Guerrero.




Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

Tucumán: A casi dos años del asesinato, la causa Chocobar se eleva a juicio oral


Según el fallo emitido hoy por la jueza de Instrucción Emma de Nucci hay material suficiente para elevar la causa del asesinato de Chocobar y heridas de bala de otras 2 personas ocurrida en la Comunidad Indígena de Chuschagasta (Trancas, Tucumán) el 12 de octubre de 2009.

Son 3 los imputados en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa: Darío Amín y los ex policías Luis Humberto "el niño" Gómez y José Valdivieso. Fueron dejados en libertad a principios de este año a la espera del juicio, a pesar de que los dos últimos integraban el Comando parapolicial "Atila" a las ordenes del Malevo Ferreyra.


"Su único propósito era acabar con la vida de los indígenas que se interpusieran en el dominio de dichas tierras", dijo el Fiscal a cargo de la investigación Arnoldo Suasnabar en su pedido de elevación a juicio el 20 de mayo del año pasado.

A más de un año de esa solicitud, la justicia tucumana falló hoy a favor de la misma, definiendo que hay pruebas suficientes para elevar a juicio la causa.


La jueza Emma de Nucci hizo propia la acusación del fiscal, y definió que los tres imputados serían partícipes criminales necesarios en el delito, por lo que a todos ellos le cabría la misma condena en caso de ser declarados culpables.

El fallo no hace lugar a los planteos de nulidad, oposición y pedido de sobreseimiento que presentaron desde las defensas de Amín, Gómez y Valdivieso.

Ahora se abren instancias en donde seguramente la defensa de los imputados apelarán la medida, de manera que el inicio del juicio podría dilatarse hacia fines de este año o al que viene.

Desde la defensa de los imputados siempre se alegó que lo que se produjo fue un enfrentamiento ese 12 de octubre de 2009 en la comunidad, lo que fue desestimado por todos los testigos y por el contundente video filmado por el propio Amín.

La Comunidad Indígena de Chuschagasta viene exigiendo justicia y elevación a juicio oral desde que ocurrió el hecho, y denuncian a la familia Amín por reclamar tierras que no le corresponden en terrenos fiscales en los que viven la mayor parte de las familias en El Chorro. Agregan que la delegada de Ancajuli Silvia Chiarello tiene intenciones de abrir un camino por dentro de la Comunidad para vender y quedarse con tierras que actualmente se encuentran como parte de la misma.

La utilización de las fuerzas represivas y la justicia contra los reclamos de los Pueblos Originarios en Tucumán viene constituyéndose en corriente en Tucumán. En este marco el uso de parapolicías con vínculos a actividades delictivas como en el caso Chocobar no puede dejar de ser juzgado y repudiado por toda la sociedad. En la actualidad son fuertes las presiones de terratenientes y empresarios vinculados al gobierno de José Alperovich y se multiplican las causas judiciales y amenazas contra las comunidades que integran la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita y el Pueblo Lule. Un paso necesario para que la justicia deje de mirar para otro lado.



Fuente: Indymedia

La Plata: Los detenidos de la Unidad 9 levantaron la huelga de hambre


Los presos de la Unidad Penitenciaria 9 levantaron la huelga de hambre después de una reunión de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) con el Ministro de Seguridad, Ricardo Casal.

La decisión fue tomada por los detenidos el viernes, cuando algunos jueces empezaron a dar respuesta a causas demoradas. Estuvieron casi 20 días en huelga de hambre reclamando mejores condiciones de detención, pidiendo agua, atención médica y arreglos edilicios.

García explicó que el conflicto no es nuevo: “Este es un conflicto que empezó hace 8 meses porque los detenidos en noviembre del año pasado habían iniciado una huelga reclamando mejores condiciones de detención y la atención médica. En aquella oportunidad se inició un habeas corpus colectivo, intervino una jueza de La Plata y se dispuso y hubo un compromiso expreso del Ministerio que iba a funcionar una unidad sanitaria con un médico todos los días atendiendo en ese lugar, que iban a mejorar las condiciones edilicias. De esto que se comprometió en el expediente judicial no se cumplió nada, además se desobedeció la resolución judicial”.

El referente de la Comisión Provincial por la Memoria aseguró que la reunión con Casal “fue positiva” porque a partir del encuentro con el titular de la Comisión, Adolfo Pérez Esquivel, y otros referentes sociales y políticos comenzaron a resolverse muchos de los reclamos de los detenidos. Sin embargo, Cipriano García dijo que no se está prestando atención al principal problema, que es el hacinamiento en los penales bonaerenses: “Todos los estándares internacionales establecen que tienen que ser 7 metros cuadrados por detenido y en este caso los calabozos tienen un 1 metro 75 por 1 metro 80, es decir, menos de 4 metros cuadrados para dos personas, lo cual es bastante grave. Y es un problema estructural del sistema que el gobierno no reconoce y ésta es justamente la dificultad, porque al no reconocer no está dispuesto a hacer nada para cambiarlo. Es un sistema que tiene 16 mil 800 plazas, esto conforme a un relevamiento que hizo la Defensa Pública el año pasado, y aloja a 29 mil 600 personas. Es decir, el sistema está alojando el doble de detenidos que podría alojar”.




Fuente: FARCO

viernes, 19 de agosto de 2011

Bs As: Continúa la toma en Chacaritas


Cincuenta familias fueron las que iniciaron la ocupación del playón treinta días atrás en Chacarita. Necesitan un pedazo de tierra y una casa para vivir. El juez Oyarbide ordenó el desalojo diciendo que el predio pertenece al ferrocarril. De un momento a otro vallaron el perímetro. Luego de armado el cerco, quedaron treinta familias resistiendo, a la intemperie, sin ningún tipo de protección contra la lluvia y el frío. Hay cinco niños dentro, algunos separados de sus madres. Hay madres dentro, algunas lejos de sus hijos.


Buscando quebrar a las familias prohibieron el ingreso de agua y alimentos. Nadie puede entrar ni salir del predio. Así quieren ahogar las voces y la solidaridad de los vecinos.

Así actúan... vallas de contención a la libertad de expresión.

Ante el hambre y la necesidad de vivienda: rejas, exclusión, palos, golpes. Ante el reclamo por la tierra: desnutrición, Chagas, represión y muerte. Formosa y el Indoamericano, Tucumán, Córdoba y Jujuy...Jujuy y el Impenetrable chaqueño, la Patagonia, rebelde.

Comunidades campesinas y originarias cortan ruta y toman tierras mientras que en las ciudades colapsadas, colectivos y asambleas resisten las constantes amenazas de desalojo a casas y hoteles tomados. Los espacios reapropiados y autogestivos se abren a los barrios a través de la cultura y distintos productivos, transformándose en lugares de construcción, de encuentro y debate, en escuelas o salitas sanitarias... en pequeños caracoles zapatistas, avanzando lento, pero desde adentro; creciendo...también lento, pero desde la Tierra, abajo y a la izquierda.

Este es el modelo de país que los poderosos aplauden, el que busca desalojar, cercar y reprimir toda experiencia de autonomía y poder popular.

Con altos muros, alarmas, perros, rejas y vigilancia se protegen del miedo que tienen de que se haga Justicia.

Y desde ahí miran, tras sus muros nos vigilan, desde sus edificios e instituciones nos parlotean... Vota a este o a aquella si total seguimos con el circo de que ustedes piensan que participan y el pueblo no gobierna si no es a través de sus representantes. Ahora, yo me pregunto: ¿Quien me representa? Nadie. Espejitos de colores y boletas de papel. Minería y soja en el campo y en el monte; negocios inmobiliarios y noches de calle y asfalto en las grandes ciudades.

Nos mienten. Nos mienten con los números, nos mienten con los hechos. Día a día nos prometen y nos mienten, nos distraen y nos mienten.

Pero nos estamos juntando... Nos estamos mirando a los ojos, nos estamos conociendo y reconociendo; los hermanos QOM de Formosa y del Chaco, las asambleas barriales y los espacios culturales, los bachilleratos populares y los proyectos autogestivos, los colectivos y los personajes, las ferias de comercio justo y las huertas urbanas, los que estábamos sueltos, los que nos encontramos. Los intelectuales callejeros y los callejeros intelectuales, los artistas, los periodistas, los guerreros... Nos estamos mirando. Estamos conversando y debatiendo, nos estamos conociendo y aprendiendo...nos estamos uniendo, los del campo y del monte, los de la ciudad y los barrios, las comunidades, los pueblos, el Pueblo.

Estamos recuperando la confianza en la fuerza transformadora que llevamos dentro, la rebeldía.

Las familias que se encuentran ocupando esas tierras tienen una necesidad real y se la plantean al gobierno porteño de Mauricio Macri y al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner: hoy, en el barrio de Chacarita, hay 30 familias que se resisten a ser desalojadas por el juez Oyarbide, la Policía Federal y las mafias del negocio inmobiliario.

Comienza a ponerse en discusión lo que a algunos les sobra y a otros les falta.




Fuente. Agencia Walsh

Bs As: El programa cubano "Yo Sí Puedo" sigue sacando personas del analfabetismo


En José C. Paz provincia de Buenos Aires 5 personas se sumaron a las miles que lograron alfabetizarse gracias a la implementación del método cubano Yo Sí Puedo.

Fue en la Biblioteca Popular Paulo Freire del barrio San Atilio donde esta semana se realizó la prueba final y la entrega de diplomas. La facilitadora Verónica Castro aseguró que los participantes superaron las expectativas y terminaron “sabiendo sumar y restar y leer y escribir”.


La educadora expresó que “la verdad que fue un laburo muy gratificante tanto para mí como para Teresa la otra facilitadora”. Los asistentes “eran totalmente analfabetos y se pudo cumplir con el desarrollo de todas las clases y cumplir con la meta que era alfabetizarlos. Eso constaba de que aprendan a leer, a escribir, sumar y restar cantidades hasta 50”.

Por su parte Hernán Nievas, coordinador de la Biblioteca Popular Paulo Freire de José C. Paz, contó que “fue una de esas tardes mágicas” la de la prueba final. Ese último trabajo consistió en que “escriban una carta, que ese fue el punto de máxima emoción en el evento de cierre porque era ver materializado todo lo que ellos habían aprendido y que lo compartían con nosotros”. Nievas adelantó que ahora comenzarán a desarrollar el programa Vos Podés “que es la segunda parte del programa de alfabetización donde ya se trata de analizar textos, de profundizar un poco en la lectura y en la comprensión de los textos”.




Fuente: FARCO

Prisioneros en las carceles federales


Los penitenciarios "se turnaban para darle palazos en la planta del pie, tal es así que le quebraron 3 dedos 2 de un lado del pie y un dedo del otro pie, las piernas golpeadas (quedaron negras), y no conforme con esto apagaron cigarrillos en su cuerpo y le quemaron con encendedores las plantas de los dos pies y el hombro" denunció la madre de un jóven de 20 años que se encuentra preso desde Octubre de 2010.



COMUNICADO


PRISIONEROS EN LAS CARCELES FEDERALES


Los penitenciarios "se turnaban para darle palazos en la planta del pie, tal es así que le quebraron 3 dedos 2 de un lado del pie y un dedo del otro pie, las piernas golpeadas (quedaron negras), y no conforme con esto apagaron cigarrillos en su cuerpo y le quemaron con encendedores las plantas de los dos pies y el hombro" denunció la madre de un jóven de 20 años que se encuentra preso desde Octubre de 2010.

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"El día 17/10/2010 B., nacido el 15/07/1991 fue alojado en la unidad del servicio penitenciario de Ezeiza (Se refiere al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza) Siendo "primario" mi hijo comenzó un calvario infinito de golpizas, las cuales dejaron secuelas psicológicas, morales y físicas."


Luego, la madre relata el modo en que su hijo fue conducido a firmar un juicio abreviado:


"Yo como madre mi dirigí al juzgado donde se encontraba su defensora (...) allí realice la denuncia por las golpizas diarias que recibía mi hijo, estas dejaron secuelas, le reventaron el tímpano del oído izquierdo, cada visita que iba a verlo él tenía hematomas en distintas parte del cuerpo; VIVIA SANCIONADO, en esas sanciones era torturado vilmente. NUNCA falte a las visitas porque temía que me lo entreguen en un cajón (...) soy una persona humilde y me manejo con los defensores del ESTADO. Vivía en el juzgado contándoles las penurias que soportaba mi hijo, JAMAS la defensora se dirigió a hablar con mi hijo. Lo único que hizo la defensora fue llamarlo para HABLAR el asunto del abreviado; él se negaba a ir al juzgado porque estaba engripado y con mucha fiebre, al negarse fue golpeado ferozmente y durante el trayecto hacia el juzgado siguieron golpeándolo y para "diversión" de los penitenciarios fue rociado con gas pimienta; en ese momento mi hijo casi se muere porque estaba congestionado."


Cuando la defensora pide verlo, los penitenciarios se lo niegan, diciéndole que estaba "re drogado":


"Ante esta situación la abogada ordenó que lo traigan porque lo quería ver y sacar sus propias conclusiones, los penitenciarios de negaron al principio. B. fue llevado a la oficina de su defensora y vio que mi hijo no estaba drogado, ella lo encontró perturbado y aturdido, pregunto el motivo por el cual se hallaba en esas condiciones."


La madre de B. relata el modo en que se le habría hecho firmar un juicio abreviado a su hijo, quien no estaba en condiciones como para decidir si era o no favorable para él:


"Le dijeron que tenía que firmar un "ACTA DE PRESENCIA" el no podía leer, se sintió presionado y no pudo firmar, lo que hizo fue "GARABATO" porque sabía que no podía firmar sin antes leer el "ACTA" ante la presión no tubo alternativa. Hubo promesas de la "pulsera" (arresto domiciliario). Antes de retirarse del juzgado le dijeron a mi hijo "NOS VEMOS EN LA PROXIMA PARA FIRMAR EL ABREVIADO, SI ESTAS DE ACUERDO".

Y luego, la madre de B. relata torturas parecidas a las que es posible escuchar por parte de testigos en los juicios contra el terrorismo de estado:

"El 20 de Julio de 2010 fue trasladado junto con otros menores al anexo de la unidad 24 de jóvenes adultos modulo 5 pabellón 8. En este establecimiento se aplican los mismos métodos de tortura que en Ezeiza porque los penitenciarios son los mismos que estaban en Ezeiza; considero que estos métodos están TOTALMENTE PROHIBIDOS y sé que no estoy errada con lo que digo. Todos los chicos del penal pasan por lo mismo lo he visto en visita (chicos con muletas, en sillas de ruedas, ojos morados) las madres quieren hacer las denuncias pero los chicos no quieren porque tienen miedo que les pase algo peor".

En este penal mi hijo cumplió sus 20 años el día 15/7; una semana antes los penitenciarios le dijeron "N. TENEMOS UN LINDO REGALO PARA VOS POR TU CUMPLEAÑOS QUE TE VA A GUSTAR MUCHO". El 16/7 fui a la visita mi hijo se encontraba en perfectas condiciones, ese mismo día a las 18:30 hubo una discusión con el jefe de la visita, casualmente era "el día del penitenciario" y los mismos estaban festejando en "HORARIO DE TRABAJO" comiendo asado y tomando vino. Yo no sé como permiten que trabajen en esas condiciones, de una pequeña discusión casi me lo devuelven en un cajón. El jefe de visita M. junto con 6 penitenciarios mas lo torturaron, "MI HIJO FUE LA DIVERSION DEL DIA DEL PENITENCIARIO" TORTURADO desde las 18:30 hs a 20:30 hs; se turnaban para darle palazos en la planta del pie "el pata pata" tal es así que le quebraron 3 dedos 2 de un lado del pie y un dedo del otro pie, las piernas golpeadas (quedaron negras), y no conforme con esto apagaron cigarrillos en su cuerpo y lo quemaron con encendedores las plantas de los dos pies y el hombro, su oído izquierdo fue aplastado por los borcegos de los penitenciarios, recibió "TROMPADAS" en la cara, boca y ojos también patadas en la cabeza y para terminar el "PAÑOLERO" tuvo INTENCION DE VIOLACION. Durante toda la tortura mi hijo estuvo esposado y atado con ganchos de pies y manos, después de la tortura lo hicieron caminar de rodillas porque no sentía las piernas a la ducha de agua helada, lo arrastraban de la ropa y le pegaban trompadas en la cabeza, B. estuvo una hora bajo el agua helada (en pleno invierno) después de eso le dieron un sedante (pichicata) y lo dejaron tirado en la celda de los locos. Mi hijo estaba shockeado, desorientado y cansado de que lo verdugeen dijo "SI NO ME DEJAN DE VERDUGUEAR EN ESTE MOMENTO ME MUERO PORQUE ME SIENTO MUY MAL NO PUEDO CAMINAR MAS".

Al ingresar una nueva guardia, y observar el estado de B., lo trasladaron al Hospital de la Unidad 24, de Marcos Paz, donde, según relata su madre, volvió a padecer torturas y corrió riesgo su vida:

"A los 20 días de estar en la unidad 24 no sé cómo pero el lugar se incendio, ninguno de los penitenciarios socorrió a los chicos; mi hijo solo y como pudo se paro y saco a tres chicos que estaban con él, cuando vinieron a apagar el fuego había mucho humo por ende B. inhalo mucho monóxido de carbono. Los penitenciarios buscaban a mi hijo entre el humo con linternas, B. vio que venían con palos y utilizó su silla de ruedas como escudo gracias a esto no recibió TANTOS golpes, pero aun así le dieron un palazo en la cabeza que le dejo un tajo de 10 centímetros y esta con puntos, como si fuera poco tiene nuevos golpes y ahora le rompieron el tobillo donde tiene los dos dedos rotos."


Como le sucedería a cualquier madre o padre que viera y escuchara a su hijo en esas condiciones, L. está aterrorizada, y teme por la vida de su hijo:


"Quiero decir que estoy atemorizada porque esto parece un campo de concentración nazista y me recuerda a la época de los militares. Yo como madre les pido a ustedes que son madres por favor ayúdenme S.O.S estoy desesperada porque mi hijo corre peligro. Estoy enterada que los vidrios del "hospitalito" están todos pintados lo cual quiere decir que pude volver a haber un incendio o una muerte y nadie sabe nada. Estoy segura de que le hicieron esto a mi hijo por las denuncias que realice por las torturas que recibió en el complejo penitenciario de Marcos Paz modulo 8 pabellón 5 (Anexo 5 de la unidad 24). Yo quiero saber hasta dónde vamos a llegar con todas las aboliciones que hacen en contra de los derechos humanos (...)"

Finalmente, hace un llamado, que es una súplica desesperada:


"POR FAVOR les pido que realicen una intervención inmediata. Y les pido a las madres de los penales que no se callen la boca, cuantos más seamos menos chicos van a sufrir y de a poco vamos a ponerle fin a las torturas inhumanas."

Desde la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales y del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, hemos hecho llegar estas fotos y este relato a la Secretaría de Justicia, al Director del Servicio Penitenciario Federal y a la Secretaría de Derechos Humanos. La madre de B., además, hizo la correspondiente denuncia judicial, el 29 de julio de 2011, ante el Juzgado Federal 2 de Morón, Secretaría 6. La vida y la integridad física de B.O.N. está en manos de todas esas autoridades.

La difusión de esta denuncia tiene por objeto, no solo proteger la vida de B. y acompañar a su madre; sino también reclamar, una vez más, por la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, para que las organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajamos en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad podamos controlar lo que sucede dentro de las instituciones de encierro, evitando así la aplicación de torturas y tratos inhumanos y degradantes como los descritos por la madre de B., que no son de ningún modo un hecho aislado, sino un ejemplo de una práctica cotidiana, habitual, tolerada y, en la mayoría de los casos, impune.


Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACiFAD)

Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)




Fuente: Agencia Walsh

jueves, 18 de agosto de 2011

Mendoza: Desoyendo a la Justicia empresarios coreanos vuelven a arremeter para apropiarse de territorio campesino


A continuación publicamos un comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena.

Hoy 18 de agosto de 2011 arremetieron nuevamente contra el campo comunitario conocido como LA VERDE en el departamento de San Martín provincia de Mendoza.

Hace alrededor de dos años los empresarios de origen coreano comenzaron los atropellos contra la comunidad, desmontando y matando animales e intentando alambrar.

Ante esta realidad en el mes de julio de 2010 la comunidad organizada en La Unión de Trabajadores rurales Sin Tierra, ( Movimiento Nacional Campesino Indígena) logró detener las topadoras y expulsar a los empresarios usurpadores del lugar.

En primer instancia la justicia intentó criminalizar a los campesinos, sin embargo debido a la lucha y a la gran cantidad de pruebas a favor de los campesinos la causa fue derivada a la justicia civil, y el fiscal penal de turno ordenó a los empresarios no realizar nuevos movimientos en el campo hasta tanto se resuelva la misma.

El 31 de julio, desoyendo la orden judicial y desconociendo la indiscutible posesión de las familias campesinas sobre el campo los empresarios comenzaron a alambrar nuevamente el campo.

Ante esto compañeras y compañeros de la comunidad y de otras comunidades del MNCI en Mendoza logramos sacar reiteradamente a los empresarios del campo.

Hace una semana el fiscal a cargo de la fiscalía de Palmira ordenó el pase a la justicia civil intimando a los empresarios a no realizar nuevos trabajos.

Los empresarios han hecho oídos sordos y ante la resistencia de la comunidad han arremetido con mayor violencia embistiendo con sus camionetas 4 x 4 a los puesteros en dos ocasiones. El conflicto se ha tornado violento y si la justicia no intercede las cosas se van a agravar aun mas. La comunidad no permitirá que le arrebaten sus tierras y el movimiento acompaña esa decisión.



¡No más atropellos contra nuestras comunidades campesinas!

Somos Tierra para Alimentar a Los pueblos!



Movimiento Nacional Campesino Indígena





Formosa: Amenaza de desalojo a campesinos e indígenas sin vivienda de Ing. Juárez


Unas 150 familias campesinas e indígenas wichí que ocuparon viviendas el sábado en los barrios San Martín y San Cayetano en la localidad de Ingeniero Juárez, podrían ser desalojadas en las próximas horas.

Anoche miércoles 17 de agosto, un grupo de alrededor de veinte policías intentaron sacarlos por la fuerza, hubo incidentes, pero el desalojo no se concretó por la superioridad numérica de las familias. El abogado Daniel Cabrera, del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas (SERVIJUPI) advirtió que “esto puede ser una nueva Primavera, porque la gente no está dispuesta a dejar sus viviendas y la violencia de las amenazas de anoche nos hace temer un desalojo violento”.


Las viviendas que estas familias tomaron fueron construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda de Formosa y estaban desocupadas y sin habitar hace más de 18 años. Varias de estas viviendas están ocupadas por funcionarios policiales, por algunos médicos, que no son los destinatarios de estas viviendas y sin embargo en todo este tiempo nunca se los conminó a desalojarlas. Sin embargo a las familias, que están desde el sábado, sí y con violencia.

Desde la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) informaron que “esta mañana se registró movimiento de policía antimotines, por lo que las familias temen que se realice un desalojo en las próximas horas”. Según informó esa organización, el abogado del SERVIJUPI, Daniel Cabrera explicó que “son 60 viviendas en San Cayetano y cerca de 50 en San Martín, que nunca fueron entregadas a la gente que las necesitaba”. Además alertó que “ya sabemos como actúa la policía de Formosa, y la situación es preocupante porque las familias no están dispuestas a dejar el lugar. Necesitamos que esto se haga público porque esa es la única forma de evitar que haya más violencia y más muerte”.




Fuente: FARCO

Bs As: La Justicia le dijo No a las cámaras de Macri en las escuelas


La jueza Elena Liberatori, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, suspendió parcialmente la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica adjudicado por Decreto Nº 216/11, únicamente en lo que respecta a la instalación de cámaras de filmación (circuito cerrado de televisión) u otros dispositivos similares en los establecimientos educativos a los que acuden las hijas de la parte aquí actora.

La jueza tomó la decisión ante el amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) y padres de las escuelas involucradas.

El secretario General de UTE-Ctera, Eduardo López, explicó que "el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, ha decidido instalar cámaras de audio y video en 17 jardines de infantes, 17 escuelas secundarias y 56 escuelas primarias porteñas, según él, con el fin de cuidar el patrimonio de la Ciudad".

López, destacó que la instalación de las cámaras “genera inseguridad, máxime en un gobierno que tiene el antecedente la designación de Ciro James, espía en el Ministerio de Educación, el pedido de listas identificatorias para presentar a la comisaría de los estudiantes que reclaman por los edificios escolares y el tráfico de imágenes del centro de monitoreo del gobierno de la ciudad lo vendió al canal TN, de imágenes públicas. O sea que respecto al derecho a la intimidad no tiene buenos antecedentes el gobierno. Me preocupa. Aparte son 900 establecimientos, quieren ponerlo solamente en 90, en un 10 por ciento, esos 90 establecimientos u objetivos como le dicen ellos, son las escuelas más movilizadas”.

"Justamente las escuelas en las que quieren poner cámaras son escuelas en las que se reclamó más presupuesto educativo, reformas edilicias y escuelas muy movilizadas por gremios docentes y alumnos", agregó.

"No vamos a permitir que pongan cámaras que violen las libertades públicas de nuestros alumnos porque entendemos que no son objetos de observación de nadie, sino que son sujetos de derecho y por eso fuimos a la justicia que nos dio la razón", señaló.

Las posturas del Gobierno de la Ciudad resultan contradictorias. En este sentido, desde el Ministerio de Educación informaron (en el expedient) que los servicios de vigilancia deben ser prestados las 24 horas y que se establecerán en la periferia. Pero al mismo tiempo indican que las cámaras sólo funcionarán "fuera del horario escolar" y que serán ubicadas puertas afuera. En la misma senda, el Ministro de Educación, Esteban Bullrich promete que las cámaras no serán puestas dentro de los establecimientos educativos, pero el Ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, confiesa que sí serán instaladas al interior de los mismos.

Sin embargo, la sentencia de la jueza advierte que la delimitación de todos los aspectos que resguardarán el derecho a la intimidad de los niños "debió haber sido materia de una circular hacia los oferentes en la oportunidad pertinente", es decir, al momento de hacer la licitación. Al no existir restricciones de ningún tipo, las cámaras pueden ser instaladas dentro de los establecimientos y sus imágenes pueden incluso ser derivadas a diversos medios de divulgación masiva, además de ser monitoreadas por personal de empresas de seguridad privada y por la propia Policía Metropolitana.

El Gobierno de la Ciudad nunca indicó, en la licitación correspondiente, las limitaciones señaladas, posibilitando la vulneración del derecho a la intimidad de los chicos, hecho que genera los siguientes interrogantes:

¿Por qué no especificaron en la norma que el monitoreo se haría puertas afuera? ¿Qué harán con el material filmado a niños y niñas? ¿Dónde se almacenará? ¿Por qué no establecieron la limitación a otorgar las imágenes a medios de comunicación masiva? Y por otra parte ¿Quiénes integran las empresas de seguridad privada que estarán a cargo del monitoreo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los agentes de la Policía Metropolitana que observarán a los niños y niñas? ¿Serán los altos mandos de la misma, de los cuales el 70% son ex integrantes de la Policía Federal que actuaron durante la Dictadura Militar?

Por otra parte, el fallo también hace hincapié en la falta de criterio para la distribución de las cámaras. Resulta "sugestivo", señala la Jueza. Coincidimos con la Jueza, ya que se dispone el monitoreo en 17 Escuelas Medias, de las cuales 12 han tenido participación de alumnos, docentes e integrantes de la comunidad educativa participando en los reclamos conocidos como "tomas" peticionando por becas, mejoras en infraestructura, o en contra de la implementación de listas negras.

¿Porque se eligieron esas 17, dentro de los cientos que existen en la ciudad y que no participaron de tomas? ¿Cuál fue el criterio?

Por último, resaltamos que este Observatorio de Derechos Humanos (ODH) se pronuncia a favor de todas aquéllas medidas que impliquen el cumplimiento del derecho a la seguridad de los habitantes de la Ciudad. Eso sí, no vamos a consentir que ello implique medidas desproporcionadas o irrazonables que avasallen derechos tan sensibles como la intimidad de los niños.



Fuente: Agencias de noticias