La Cámara de Diputados de Mendoza rechazó por unanimidad la declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge. De este modo el emprendimiento de la compañía canadiense Coro Mining Corp que era rechazado por organizaciones de vecinos de toda la provincia no se llevará a cabo.
El Profesor y Licenciado en Geografía Marcelo Giraud, integrante de la Asamblea Popular por el Agua Pura, expresó su “alegría por haber logrado, a partir de la lucha de muchos miles de mendocinos, el resultado que estábamos exigiendo”.
El emprendimiento de extracción de oro y cobre a instalarse en Uspallata tenía el aval del gobierno de Celso Jaque. Sólo faltaba que la legislatura provincial le diera el visto bueno para que se pusiera en marcha. En las últimas semanas vecinos de Uspallata y de otras zonas de la provincia se venían movilizando para pedir que la legislatura tratara y rechazara el proyecto antes de las elecciones. El temor era que se demorara el tratamiento hasta después del 23 de octubre. Sin embargo ayer la Declaración de Impacto Ambiental fue rechazada por unanimidad y el proyecto pasó al archivo.
Según informó oficialmente la Cámara de Diputados de Mendoza el rechazo se produjo “por tener más de 140 observaciones; la necesidad de mantener las reservas de agua de Mendoza para consumo humano y uso agrícola; y el pequeño porcentaje de regalías que obtiene la provincia en materia de explotación minera, entre otros puntos”.
El geógrafo Marcelo Giraud sostuvo que más allá de que la decisión de los legisladores “esté inmersa en medio de esta campaña electoral que se está librando en Mendoza, creo que indudablemente el gran actor, que desde hace tres años cuando se presentó el proyecto y que jamás en ningún momento dejó de luchar frente a este proyecto minero San Jorge, ha sido el pueblo mendocino”. Además aseguró que “las empresas consultoras habían presentado un informe de impacto ambiental realmente bochornoso” y que la Coro Mining Corp no “ha tenido la capacidad de lobby económico, de financiación que hubiera podido tener otra empresa, como lo hizo Barrick respecto a la ley de glaciares”, que está frenada en San Juan por la justicia federal a pedido de esa compañía canadiense.
Fuente: FARCO
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