La jueza Elena Liberatori, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, suspendió parcialmente la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica adjudicado por Decreto Nº 216/11, únicamente en lo que respecta a la instalación de cámaras de filmación (circuito cerrado de televisión) u otros dispositivos similares en los establecimientos educativos a los que acuden las hijas de la parte aquí actora.
La jueza tomó la decisión ante el amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) y padres de las escuelas involucradas.
El secretario General de UTE-Ctera, Eduardo López, explicó que "el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, ha decidido instalar cámaras de audio y video en 17 jardines de infantes, 17 escuelas secundarias y 56 escuelas primarias porteñas, según él, con el fin de cuidar el patrimonio de la Ciudad".
López, destacó que la instalación de las cámaras “genera inseguridad, máxime en un gobierno que tiene el antecedente la designación de Ciro James, espía en el Ministerio de Educación, el pedido de listas identificatorias para presentar a la comisaría de los estudiantes que reclaman por los edificios escolares y el tráfico de imágenes del centro de monitoreo del gobierno de la ciudad lo vendió al canal TN, de imágenes públicas. O sea que respecto al derecho a la intimidad no tiene buenos antecedentes el gobierno. Me preocupa. Aparte son 900 establecimientos, quieren ponerlo solamente en 90, en un 10 por ciento, esos 90 establecimientos u objetivos como le dicen ellos, son las escuelas más movilizadas”.
"Justamente las escuelas en las que quieren poner cámaras son escuelas en las que se reclamó más presupuesto educativo, reformas edilicias y escuelas muy movilizadas por gremios docentes y alumnos", agregó.
"No vamos a permitir que pongan cámaras que violen las libertades públicas de nuestros alumnos porque entendemos que no son objetos de observación de nadie, sino que son sujetos de derecho y por eso fuimos a la justicia que nos dio la razón", señaló.
Sin embargo, la sentencia de la jueza advierte que la delimitación de todos los aspectos que resguardarán el derecho a la intimidad de los niños "debió haber sido materia de una circular hacia los oferentes en la oportunidad pertinente", es decir, al momento de hacer la licitación. Al no existir restricciones de ningún tipo, las cámaras pueden ser instaladas dentro de los establecimientos y sus imágenes pueden incluso ser derivadas a diversos medios de divulgación masiva, además de ser monitoreadas por personal de empresas de seguridad privada y por la propia Policía Metropolitana.
El Gobierno de la Ciudad nunca indicó, en la licitación correspondiente, las limitaciones señaladas, posibilitando la vulneración del derecho a la intimidad de los chicos, hecho que genera los siguientes interrogantes:
¿Por qué no especificaron en la norma que el monitoreo se haría puertas afuera? ¿Qué harán con el material filmado a niños y niñas? ¿Dónde se almacenará? ¿Por qué no establecieron la limitación a otorgar las imágenes a medios de comunicación masiva? Y por otra parte ¿Quiénes integran las empresas de seguridad privada que estarán a cargo del monitoreo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los agentes de la Policía Metropolitana que observarán a los niños y niñas? ¿Serán los altos mandos de la misma, de los cuales el 70% son ex integrantes de la Policía Federal que actuaron durante la Dictadura Militar?
Por otra parte, el fallo también hace hincapié en la falta de criterio para la distribución de las cámaras. Resulta "sugestivo", señala la Jueza. Coincidimos con la Jueza, ya que se dispone el monitoreo en 17 Escuelas Medias, de las cuales 12 han tenido participación de alumnos, docentes e integrantes de la comunidad educativa participando en los reclamos conocidos como "tomas" peticionando por becas, mejoras en infraestructura, o en contra de la implementación de listas negras.
¿Porque se eligieron esas 17, dentro de los cientos que existen en la ciudad y que no participaron de tomas? ¿Cuál fue el criterio?
Por último, resaltamos que este Observatorio de Derechos Humanos (ODH) se pronuncia a favor de todas aquéllas medidas que impliquen el cumplimiento del derecho a la seguridad de los habitantes de la Ciudad. Eso sí, no vamos a consentir que ello implique medidas desproporcionadas o irrazonables que avasallen derechos tan sensibles como la intimidad de los niños.
Fuente: Agencias de noticias
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