La Comisión Interpoderes de Argentina denunció "injustificadas demoras" en la ejecución de los procesos judiciales contra altos funcionarios y militares vinculados a crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983).
Representantes de la Comisión para la Agilización de las causas por delitos de lesa humanidad (Comisión Interpoderes) consideraron que algunos jueces son responsables de que los procesos no "concluyan en un tiempo razonable".
La Comisión, integrada por representantes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo; se refirió a dos casos puntuales, que consideran han sufrido dilaciones: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario (centro-este argentino).
En el primer caso, se estima la muerte de miles de disidentes de la dictadura, y se registraron cientos de casos de desaparición de niños nacidos en cautiverio, que luego eran entregados a familias adoptivas.
El segundo ejemplo corresponde a la denominada Causa Feced, que tiene origen en el militar argentino Ramón Genaro Díaz Bessone, quien durante la dictadura participó en el mayor centro de detenciones clandestino de la ciudad de Rosario.
El juicio oral contra 17 "represores de la ESMA" inició a finales de noviembre del 2009 ante el Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires (capital) y, apenas, estima emitir sentencia en octubre próximo. En tanto, la causa Feced inició en julio del 2010 ante el Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad, y aún no se define cuándo podría concluir.
La Comisión argumentó que estos son "megacausas" por la cantidad de imputados y víctimas.
“Con sustento en la Acordada n° 42/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Comisión Interpoderes considera necesario exhortar a los jueces intervinientes en causas por delitos de lesa humanidad a impulsar con la mayor celeridad posible el trámite de dichos juicios”, declaró la instancia.
Exhortaron a los jueces a agilizar las investigaciones de los procesos que se adelantan actualmente, al tiempo que llamaron a iniciar los juicios orales y públicos que no tienen fecha de debate definida, “procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles, a los efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes”, en especial los testigos.
"Tales atrasos desvirtúan lo que los tres poderes han considerado como política de Estado", consideraron.
Fuente: Telesur
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