Son semanas de muchas actividades en Punta Querandí, pero muchos amigos y hermanos que acompañan y apoyan nuestra lucha nos preguntan en qué situación está el reclamo ante las autoridades políticas. Aquí les contamos.
Una cuestión delicada. La empresa EIDICO (vinculada al Opus Dei) busca garantizar su "propiedad privada" negociando un acuerdo con sectores ajenos a la lucha por Punta Querandí, utilizando a una delegada del Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires (dependiente del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas), quien no participa del reclamo e incluso se manifestó en contra en declaraciones periodísticas en noviembre pasado. Esta persona nos acompañó en una ceremonia, pero lamentablemente se pasó al lado de los que intentan justificar la dudosa propiedad de la empresa para evitar que quede liberado para todas las comunidades de pueblos originarios, vecinos, ambientalistas, estudiantes, docentes, entre otros.
El nexo entre la delegada y EIDICO está dado por Daniel Loponte, el arqueólogo contratado por la empresa del megaempresario Jorge O’Reilly. Es que Loponte, luego de un tiempo de estallado el conflicto de Punta Querandí, y ante las diversas críticas a su no-apoyo al reclamo, se acercó a esta delegada hasta el punto de ser hoy "padrino" de un espacio cultural recientemente abierto a 100 kilómetros de Punta Querandí. En concreto, el acuerdo con EIDICO consistiría en un camino de sirga (un limitado acceso al lugar, ya contemplado en el Código Civil) para realizar determinadas ceremonias, y que la empresa mantenga la propiedad.
Ante esta situación, desde el Movimiento en Defensa de la Pacha planteamos que nuestro reclamo fue siempre que el espacio de Punta Querandí, entre la calle Brasil, el Canal Villanueva y el arroyo Garín, sea propiedad pública y de total libre acceso para toda la población.
Nosotros lo reivindicamos como un lugar sagrado, por contener los restos de nuestros ancestros, y estar ubicado en una zona de enterratorios indígenas, como el que quedó debajo del country Santa Catalina, justo enfrente del campamento. Además es utilizado por toda la comunidad local, por vecinos del paraje, pescadores de distintas localidades, escuelas de la región que hacen visitas educativas, entre otras actividades comunitarias.
No tenemos nada que negociar con la empresa, sólo pedimos a las autoridades que mantengan el lugar como espacio público, en el marco de una pequeña reparación a las civilizaciones ancestrales del territorio que hoy ocupa el Gran Buenos Aires, y en defensa de los intereses colectivos por sobre los intereses privados.
Además es curioso que en este último tiempo, cuando la empresa comenzó a mostrarse como "dialoguista", fue cuando más veces nos mandaron a la policía denunciando "intrusión a la propiedad privada" por realizar ceremonias en Punta Querandí.
Por otro lado, sectores cercanos a quienes impulsan este acuerdo, como el arqueólogo Daniel Loponte, nos ha amenazado con un juicio por calumnias e injurias desconociendo nuestro reclamo.
La empresa EIDICO tiene un boleto de compra-venta emitido en el 2007 por el Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE), del Ministerio de Planificación Federal. Es una transferencia que involucró los 130 metros de largo de Punta Querandí (donde se asentaba la ex parada intermedia Punta Canal) y otro kilómetro y medio de tierras ferroviarias. No compró EIDICO, sino una sociedad anónima, Chilespa, a la que previamente la empresa inmobiliaria le había comprado sus tierras.
El boleto lo firmó el directivo de Chilespa, Daniel Mauro Burdman, un ex funcionario de la gestión de María Julia Alsogaray en la Secretaría de Medioambiente (Ver boletín oficial de 1994). Lo hizo como propietario lindero, requisito obligatorio para lograr la transferencia, pero: 1) ya había dejado de ser propietario lindero porque años atrás ya le había vendido a EIDICO; 2) del área delimitada por Punta Querandí nunca fue propietario lindero, su límite era la calle Brasil.
¿Entonces la única manera de mantener como públicas las tierras de Punta Querandí es anulando por irregular este boleto de compra-venta? Ni siquiera eso. Existe una cláusula de este boleto, donde dice que si por disposiciones locales un área de la tierra vendida tiene que ser utilizada como calle, plaza u otro destino de interés público, el lugar se puede desafectar de la transferencia. (Leer boleto de compra-venta).
Lo que le pedimos a los gobiernos de Tigre, al de la provincia de Buenos Aires o al que tenga jurisdicción en el asunto, es que pidan como espacio público las tierras de Punta Querandí, que corresponden sólo al 7.7% del total de la transferencia.
Pero que lo hagan rápido: la cláusula se puede utilizar mientras la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF - Planificación Federal) no le escriture las tierras a EIDICO. Y la empresa le está realizando un juicio desde hace meses por la demora en esta escrituración. Todavía se está a tiempo, si es que no se cae en las trampas tendidas por EIDICO para dilatar el conflicto.
El Gobierno de Tigre, finalmente, no tomó posesión municipal de las tierras, a pesar de la resolución votada por unanimidad en el Concejo Deliberante, el 10 de mayo pasado. La idea era que la medida descomprima la situación en el lugar, pero eso tampoco pasó. Recordemos que los abogados de EIDICO (defensores de militares presos por delitos de lesa humanidad) habían advertido al presidente del Concejo Deliberante, Dr. Julio Zamora, que iniciarían acciones legales si el Municipio cumplía con lo aprobado (Informe sobre abogados de EIDICO)
La resolución aprobada en el Concejo Deliberante, incluyó la consulta sobre la valoración cultural de Punta Querandí a dos organismos. Del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas - INAI (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) se espera con expectativa su definición, ya que en febrero funcionarios del organismo aseguraron a los manifestantes de Punta Querandí que respaldan la propuesta de resguardo del lugar. Además, el presidente del INAI, Daniel Fernández, cuando recién asumía en el 2009, aseguró que una de las líneas de su gestión era "visibilizar la presencia querandí en el Gran Buenos Aires". (Leer declaraciones).
Con respecto al Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires), fuimos allí a reunirnos con los funcionarios a cargo, para darle detalles de nuestro reclamo y nos plantearon que una delegada del Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de su área, tenía una "propuesta" para el lugar y que había que consensuar con ella.
Como ya dijimos antes, nuestro reclamo es claro y coherente desde un comienzo. No somos quienes para consensuar con alguien, sólo pedimos a las autoridades que actúen con sentido de Justicia.
Volviendo al Gobierno de Tigre, tal vez tengamos que realizar una nueva movilización al Municipio para recordarle y pedirle que cumpla con su promesa de rescatar el predio, dentro de los conceptos manifestados por el propio oficialismo y luego apoyados por todos los bloques políticos en el Concejo Deliberante.
Fuente: ANRed
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