EIDICO quiso su casa, pero Charly no se las vendió. Mientras sigue batallando para defender sus derechos, colabora activamente con la causa de Punta Querandí.
La familia de Carlos Arrambide es una de las que viven en las cercanías del sitio Punta Querandí, en Dique Luján (Tigre), defendido por el Movimiento en Defensa de la Pacha. Pero no es un mero testigo de este conflicto: fue el primero en denunciar la venta ilegal del camino del terraplén por parte del Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE) a dos sociedades anónimas vinculadas a EIDICO (Emprendimientos inmobiliarios de interes comun), tras lograr una copia de los expedientes. Y hoy todavía sigue reclamando, ahora a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para evitar que la venta sea escriturada.
Su lucha empezó en el 2007 apenas notó que la empresa EIDICO, que desarrolla en el área los barrios privados San Marco y San Benito, se estaba adueñando del único acceso vehicular que tenía a su vivienda.
A fines de 2008,apareció un nuevo actor en el paraje Punta Canal: los pueblos originarios. Estos organizaron junto a ambientalistas y vecinos el Movimiento en Defensa de la Pacha para proteger Punta Querandí, un lugar sagrado para los indígenas por contener restos arqueológicos milenarios, ubicado en el kilómetro 4 del terraplén, donde funcionaba la parada intermedia Punta Canal.
Punta Querandí está ubicada entre el arroyo Garín, el Canal Villanueva y la calle Brasil, en Dique Luján, partido de Tigre.
La localidad de Tigre era, hasta hace no mucho tiempo, un ejemplo arquitectónico a nivel mundial por sus emblemáticas casas palafíticas. Construidas para soportar las crecidas del Delta, estas edificaciones parecen condenadas a la extinción, junto con los pobladores históricos del distrito, los humedales y los yacimientos arqueológicos que existen en la zona. La especulación inmobiliaria de las desarrolladoras privadas arrasa con todo para seguir instalando barrios cerrados con nombres de santos.
La empresa de Jorge O’Reilly (EIDICO) se adueñó de dos hectáreas del sitio Punta Canal, en las que se hallaron yacimientos arqueológicos milenarios y, recientemente, restos óseos humanos. O’Reilly quería construir allí su casa, pero luego habría decidido ceder el lote como pista de equitación para la escuela religiosa que funciona en el countrie San Benito.
La empresa aún no cuenta con la escritura de los lotes sino sólo con un boleto de compraventa que tiene una serie de cláusulas que posibilitan volver atrás con la operación. A raíz del descubrimiento, un grupo de vecinos decidió organizarse e instalar un acampe para preservar el lugar del avance de las topadoras. Además rebautizó la zona como “Punta Querandí” (en alusión al pueblo originario que habría transitado por esa zona), y sumó el apoyo de legisladores locales, nacionales y provinciales, de la Defensoría del Pueblo de la Nación y del INADI, quienes están exigiendo explicaciones al municipio de Tigre, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), el Instituto Cultural de la Provincia y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF, ex Onabe), que aún sería el dueño legal de los terrenos.
El Movimiento en Defensa de la Pacha, piden que el sitio sea preservado como espacio público, reforestar el predio con especies nativas y construir en el lugar un museo para albergar las 120.000 piezas encontradas por los arqueólogos en diciembre de 2008, así como los miles de fragmentos que siguen apareciendo. El pedido no sólo involucra el sector antes conocido como Punta Canal, sino también las dos hectáreas en las que aparecen piezas arqueológicas, incluyendo restos humanos, y otras 18 hectáreas aledañas, correspondientes al “camino de las vías muertas”, en la jurisdicción de Ingeniero Maschwitz.
Esta organización denuncia que todo el territorio fue ilícitamente apropiado por Eidico. Las tierras eran del Estado Nacional, ya que por allí corría el tendido del ex ramal Mitre que unía Ingeniero Maschwitz (Escobar) con Dique Luján (Tigre), cerrado hace muchas décadas. Dos sociedades anónimas (Chilespa SA y Desarrolladora San Benito SA) tramitaron ante la Onabe (ahora ADIF) la compraventa de los terrenos en 2007 y luego vendieron a Eidico sus boletos de compraventa, pero nunca concluyeron los trámites de escrituración.
Según la empresa, eso se debe a que “en el proceso intervienen diferentes organismos”, de manera que existen “plazos administrativos que no llegan a cumplirse”.
Hasta el año 2009, estaban vigentes dos medidas cautelares, logradas a partir de un juicio iniciado por el vecino Carlos Arrambide para que la empresa no destruya las tierras, en el que denuncia la ilegalidad de estas ventas por parte del Estado Nacional, pero las presentaciones judiciales no sólo no fueron respetadas por Eidico sino que Arrambide fue intimado judicialmente por la compañía de barrios náuticos y se le prohibió ingresar en la propiedad.
Los vecinos denuncian la irregularidad de la transferencia de tres kilómetros (20 hectáreas) de tierras ferroviarias. La mitad fue demolida para ampliar el Canal Villanueva y la otra mitad fue loteada para integrar el country San Marco. De esta manera se les arrebató a los vecinos un camino que usaban tradicionalmente.
Dicen que, ya en 2000, la empresa cortó la calle Brasil para hacer una extensión del Canal Villanueva y destruyó el yacimiento arqueológico Garín y parte del sitio Punta Canal. Por todo esto, exigen que se anule la compra de los terrenos para que sigan siendo públicos, de manera que toda la sociedad pueda utilizarlos.
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