La Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires expidió a primera hora del sábado 30 de abril una orden para liberar el corte en la avenida 9 de Julio.
En un hecho con pocos antecedentes, el Ministerio de Seguridad de la Nación de inmediato dio luz verde para que la Policía Federal se haga presente en el lugar. Más de cien efectivos se apostaron para liberar el tránsito, frente a indígenas que comenzaban su sexto día de huelga de hambre.
No hubo acuerdo ni se levantó el reclamo ni la huelga de hambre. Sólo primó el sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión. "Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene", explicó Félix Díaz.
La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores que "no hay orden (de Presidencia) para negociar" con los Qom. "Si no liberan la 9 de Julio, serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones", afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisión instó al Gobierno a que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" de los qom "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales".
Cuatro días después, el Gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio.
El corte de la 9 de Julio fue decidido por la comunidad luego cuatro meses de ser ignorado por el Gobierno Nacional o, en el mejor de los casos, ser recibido por funcionarios de segunda línea que incumplieron los acuerdos pactados.
Eduardo Galeano visitó ayer el acampe Qom. “(Los indígenas) tienen voz, pero son los no escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder”.
No hubo acuerdo ni se levantó el reclamo ni la huelga de hambre. Sólo primó el sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión. "Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene", explicó Félix Díaz.
La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores que "no hay orden (de Presidencia) para negociar" con los Qom. "Si no liberan la 9 de Julio, serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones", afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisión instó al Gobierno a que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" de los qom "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales".
Cuatro días después, el Gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio.
El corte de la 9 de Julio fue decidido por la comunidad luego cuatro meses de ser ignorado por el Gobierno Nacional o, en el mejor de los casos, ser recibido por funcionarios de segunda línea que incumplieron los acuerdos pactados.
Eduardo Galeano visitó ayer el acampe Qom. “(Los indígenas) tienen voz, pero son los no escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder”.
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