El sábado 28 de enero, alrededor de las 10 de la mañana, Patricio Barros Cisneros de 25 años, fue brutalmente asesinado a golpes frente a su mujer y varios testigos por los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense en la Unidad 46 de José León Suárez donde se hallaba detenido.
El comunicado oficial 17/12 y la versión que el servicio dio al fiscal que investiga el hecho cuenta como el interno “se autolesionó golpeandose la cabeza contra la reja hasta morir”. Durante el 2011 hubo 5 muertes por causas violentas en el penal y un recluso quedo permanentemente discapacitado.
Durante la visita de su mujer Gisela, embarazada de 4 meses del hijo de ambos, Patricio se acercó a un guardia a pedirle una pieza donde poder tener intimidad. Al oír gritos de dolor, ella se acerco y vio a su marido en el piso, esposado y rodeado por unos diez guardias del servicio que lo golpeaban brutalmente. Desde el piso le pedía ayuda desesperadamente. Antes de que la obligaran a salir pudo ver espuma que salía de su boca. Una vez afuera le comunicaron que había muerto y que desconocían la causa.
Inmediatamente acudió la familia acudió, pasó todo el día afuera del penal preguntando que había sucedido con Patricio. El subdirector salió pero no les informó nada, o casi nada: no sabían la causa de la muerte. Su madre y su hermana querían ver el cuerpo de su hijo y hermano pero tampoco se les permitió si no hasta las 6 de la tarde del domingo.
Juan Manuel Casolati, Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín, recibió noticias y testimonios de lo ocurrido y quiso aportarlos a la investigación. Carlos Insaurralde, el fiscal a cargo en la Unidad, rodeado de guardias penitenciarios, lo invitó a que lo hiciera. Ante el pedido de privacidad argumentando que la denuncia involucraba al personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Insaurralde optó por no tomarle la declaración. Finalmente esta fue admitida telefónicamente por la Fiscalía de la Cámara, junto con la denuncia que realizó Casolati contra la actuación del fiscal.
Insaurralde contaba con la insólita versión del SBP: el preso se habría autolesionado golpeándose contra la reja hasta morir. Su actuación es coherente con la impunidad que agobia cuando se trata de causas seguidas a agentes del S.P.B. El Ministerio Público no investiga, la justicia no procesa y, mucho menos condena. Cada funcionario cuida su ascenso en un sistema perverso que pica carne y derrama corrupción.
Según un relevamiento realizado por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires respecto de 12 departamentos judiciales (sobre un total de 18), de 3.013 causas caratuladas como torturas y/o apremios ilegales, el 35% (1062) estaba aun en la etapa de investigación preliminar, en el 64% (1.921) los representantes de la justicia estimaron que no había mérito para acusar y sólo en el 1% de las causas se decretó la elevación a juicio. No hay un sólo condenado del S.P.B. por torturas o apremios ilegales.
Este caso aún conserva alguna esperanza de vencer la impunidad. Son tantos los testigos y los testimonios de la golpiza que Ricardo Casal, Ministro de Justicia y Seguridad y por lo tanto responsable del accionar del Servicio Penitenciario Bonaerense, recibirá a los familiares de Patricio. Decididos a buscar justicia, estos se movilizarán el próximo sábado por la mañana al penal.
El complejo de José León Suarez, construído sobre un basural, no cuenta con agua potable, los presos beben agua contaminada y las condiciones de detención son infrahumanas.
Fuente: Marcha
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