Marcha Nacional contra la Ley AntiTerrorista

NO A LA REPRESIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LAS LUCHAS SOCIALES Y POPULARES;
EXIJAMOS LA DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA.

Antecedentes

En el año 2007 el Congreso Nacional sancionó la ley 26.268 que incorporó al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater, que tipificaban como delito la “asociación ilícita terrorista” y el “financiamiento del terrorismo”. Ya en esa oportunidad se trataba de una ley con poca precisión y definición específica, que dejaba un camino sin obstáculos a la libre interpretación de los jueces y al establecimiento de penas que podrían ir desde los 5 a los 20 años de prisión. Esta ley, vigente en la actualidad, faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de “terrorista” a cualquiera, sin que sea requisito que se comentan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún momento ha sido al menos un eje para la definición de actos terroristas). A partir de la vigencia de esta ley, cualquier organización social, política, estudiantil, sindical, etc. que simplemente intente reclamar ante el Estado o algún organismo internacional puede ser acusada de terrorista y ser sancionada con penas altísimas.

¿Qué incorpora la nueva legislación?

El nuevo proyecto de ley aprobado finalmente por el Congreso de la Nación en diciembre del 2011, denominado “Sobre prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista” modificó el código penal estableciendo una legislación que, bajo el manto de la pretendida lucha "antiterrorista", tiene mayores alcances que la sancionada en el 2007, y fundamentalmente, convierte directamente en un crimen pasible de sanción penal cualquier tipo de protesta social, facilitando al poder judicial la aplicación de penas durísimas a cualquier organización o individuo que cuestione determinadas medidas del gobierno o se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales.

En la nueva legislación se califica como “terrorista” cualquier “delito” que tenga “la finalidad de generar terror en la población”, duplicando los mínimos y los máximos de las escalas penales y no sólo será aplicable a las acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización (por ejemplo: vecinos que cortan una calle en reclamo por falta de luz o una inundación, los jubilados que exigen aumentos, los estudiantes que reclaman una mejor educación).

Además de convertir en un criminal a cualquier ciudadano que protesta y exige sus derechos, la ley agrega que cualquier tipo de colaboración económica con cualquier organización o persona que haya cometido “delitos terroristas” dentro o fuera del país, será penado bajo la figura de “financiación terrorista”. Algunos ejemplos de ello pueden ser la realización del fondo de huelga a los trabajadores de Kraft o la Caravana solidaria que se realizó en apoyo a los docentes de ADOSAC, o algo tan simple como donar 5 pesos a Greenpeace, organización que exige el fin de la megaminería. De hecho, esta ley ya se está aplicando a los vecinos que en Catamarca y La Rioja son perseguidos y detenidos por defender su derecho a un medio ambiente sano, derecho establecido no sólo de nuestra Constitución Nacional sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

Si bien frente a los reclamos de varios organismos de DDHH y de personalidades de la cultura y la educación, se ha hecho un agregado en el proyecto de ley que aclara que estas medidas no se aplicarán sobre la protesta social en los casos en los que se “esté haciendo ejercicio de un derecho legítimo”, dicha especificación continúa siendo ambigua ya que deja a libre interpretación de los jueces de turno qué protestas se exceptuarán. Es decir, los mismos jueces que, entre otros hechos escandalosos, amparan a los grandes criminales que hacen millones con la trata de mujeres y absuelven a los policías que asesinan jóvenes con el "gatillo fácil", mientras encarcelan a los pobres y mantienen procesados a miles de luchadores sociales, serán quienes decidan qué derechos vamos a poder defender legítimamente y cuáles no.

¿Una ley al servicio de quién?

Al igual que la Doctrina de Seguridad Nacional que, elaborada por los Estados Unidos en la década de 1960, fue usada por las dictaduras latinoamericanas para luchar contra "el enemgio interno", considerando terrorista a cualquiera que discrepara con los valores "occidentales y cristianos" de la dictadura de Onganía por ejemplo; esta ley fue promovida por el Departamento de Estado norteamericano a través del GAFI (Grupo de Acción Financiera).

Ante las protestas sociales que crecen a nivel mundial de la mano de la crisis económica, y que tienen como epicentro a la propia Europa y EEUU, el gendarme mundial busca garantizar su hegemonía política, económica y militar y promueve un "orden" que permita recuperar las ganancias empresarias.

¿Qué orden se busca garantizar en nuestro país? ¿Qué expresiones habría de "terrorismo"?

Esta reforma penal que legitima la criminalización de la protesta no constituye un hecho aislado.

En los últimos ocho años la criminalización de la protesta ha aumentado exponencialmente. La cantidad de compañeros y compañeras asesinados durante jornadas de protesta entre 2003 y 2011 no queda muy atrás de la ocurrida en los gobiernos de Menem y de Duhalde. Actualmente hay más de 5.000 causas judiciales en Argentina contra luchadores populares, cuyo delito ha sido reclamar condiciones dignas de trabajo, vivienda, salud, educación, un medio ambiente sano... Todos derechos fundamentales de los seres humanos. Además, en los últimos años, a las fuerzas armadas del estado se han sumado distintos grupos parapoliciales o patotas que ejercen la represión directa allí donde el pueblo reclama y se organiza para luchar: Mariano Ferreyra, los trabajadores de Kraft, la comunidad Qom en Formosa, los vecinos del Indoamericano, los docentes de ADOSAC, las familias pobres de Jujuy que fueron baleadas por tomar tierras, los jóvenes de Lugano que son golpeados por la Gendarmería que dice garantizar la "seguridad", los pueblos de Catamarca y Tucumán que luchan contra la megaminerías, son solo algunos ejemplos de cómo el pueblo trabajador es atacado por un sistema político y judicial que garantiza los privilegios de unos pocos frente a las necesidades de la mayoría.

En síntesis, esta nueva ley, cuyo objetivo es paralizar la lucha social a través del miedo a ser encarcelado, del "terror" a ser perseguido (con el Código Penal en la mano como dijo Aníbal Fernández) que busca impedir que nos organicemos y salgamos a las calles a luchar por nuestros derechos, promueve la criminalización de la protesta y avanza en la militarización para “combatir la inseguridad”, en función de sus intereses de clase. Por ello, debemos unir todas nuestras fuerzas para decir NO a la Ley Antiterrorista. Porque seguiremos luchando por nuestros derechos y por construir un mundo realmente justo, afirmamos una vez más que las luchas que - todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, universitarias, etc.- día a día intentamos llevar adelante por mejores condiciones de vida, no son actos terroristas.

. DEROGACIÓN DE LA LEY "ANTITERRORISTA".
. UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SINDICALES, DE DERECHOS HUMANOS, ESTUDIANTILES Y SOCIALES.
. Ningún acto ni lucha popular es un acto terrorista
. NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA.
. LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR.
. DESPROCESAMIENTO DE LOS LUCHADORES POPULARES.

Marcha Nacional contra la Ley AntiTerrorista

La Unión de Asambleas Ciudadanos convoca a concentrarnos el miércoles 15 de febrero a las 17hs, en 9 de Julio y Avenida de Mayo, para marchar junto a otras organizaciones sociales exigiendo la derogación de la Ley Antiterrorista.

En un marco en que los compañeros y compañeras de las asambleas contra la megaminería se encuentran reclamando contra el intento de los gobiernos provinciales y nacional de continuar con la política de instalación y fomento del modelo extractivo de nuestros bienes comunes, que vienen llevando adelante las empresas transnacionales, y sabiendo que estas luchas han sido brutalmente reprimidas y criminalizadas en estas últimas semanas, pedimos la derogación de esta ley que sólo intenta consolidar en un marco legal, una política de Estado que intenta amedrentar a los luchadores sociales, acallar las voces disidentes y apagar cualquier foco de protesta.

La ley antiterrorista cristaliza un proceso de militarización que se viene dando en toda América Latina desde la década de los ‘90 y que, respondiendo a las presiones de organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), se hace eco en el Estado argentino a partir de la judicialización de hombres y mujeres que luchan en cada uno de los rincones de nuestro país.

Esta ley define como acto terrorista todo plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; organizado en redes operativas internacionales; y en el que se disponga de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio que ponga en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas.

Frente a los hechos de represión y criminalización de la protesta ocurridos en los últimos meses, en las asambleas de Belén, Andalgalá, Tinogasta y Amaicha, nos preguntamos:

¿No es acaso un acto terrorista la constitución de las listas negras que las empresas Megamineras han intentado establecer en las asambleas de Famatina y Chilecito en un verdadero acto persecutorio?

¿No es un acto terrorista la presencia de infiltrados de las empresas en las asambleas, la consolidación de patotas generadas por La Alumbrera, que han generado un completo estado de sitio en Andalgalá, o el uso de sicarios que asesinan a nuestros luchadores sociales?

¿No es un acto de terrorismo el uso de las fuerzas represivas del Estado para reprimir y encarcelar a nuestros compañeros que se encuentra peleando en contra de las empresas que saquean y destruyen nuestros bienes comunes, contaminando nuestros territorios?

¿No es un acto terrorista todos y cada uno de los actos de gobierno que ratifican y justifican la violencia ejercida por las fuerzas públicas, o la acción del poder judicial que, en connivencia con los intereses de estas empresas extractivas, ordenan represión de la lucha social, criminalizan e inventan causas?

¿No es un acto terrorista contaminarnos, robar nuestros recursos y saquear nuestros territorios?

Frente a todo esto la conclusión es que son estas empresas y sus socios políticos locales, provinciales y nacionales los que propagan el odio y, usando redes operativas internacionales, ponen en peligro la vida e integridad de todos nosotros a los fines de implementar el modelo extractivo y productivo de esta etapa del capitalismo global, criminalizando, reprimiendo, militarizando y matando a quienes se oponen a entregar los territorios y las formas tradicionales de habitarlos, a la mercantilización de la naturaleza y de toda expresión de vida.

¡Derogación de la Ley Antiterrorista YA!

¡No a la criminalización de la protesta!

¡No a la criminalización de la pobreza!

¡¡¡Paren de reprimir!!!

Unión de Asambleas Ciudadanas

Fuente: Agencias de noticias