La represión desatada el 26 de junio de 2002, lamada "Masacre de Avellaneda", una de las más brutales sufrida por el pueblo argentino bajo un gobierno constitucional, que cobró las vidas de los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala, cumple un año mas.
Esta masacre fue planificada y ejecutada por el gobierno de Eduardo Duhalde respondiendo a los reclamos de mano dura del imperialismo, los gobernadores justicialistas y radicales y las cámaras empresarias AEA, UIA, SRA, ADEBA, coordinándolo con el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.
Para ello montaron un operativo conjunto de 5 fuerzas de represión del Estado: Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado de grupos policiales con carta blanca para matar.
Buscaban desencadenar una ofensiva represiva sobre el pueblo, que seis meses después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre seguía llenando las calles, las plazas, las rutas y los puentes de piquetes, empresas recuperadas y asambleas populares.
Durante meses maduraron la provocación que pretendía inculpar a las organizaciones en lucha, encarcelar a sus dirigentes y desarticular a las organizaciones para sacar a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados de la calle, para frenar las luchas y recomponer la gobernabilidad del Estado, que no significava otra cosa que garantizar que las empresas siguieran haciendo fabulosos negocios a costa de la miseria del pueblo.
El gobierno nacional de Duhalde y el provincial de Solá no atendían nuestras demandas e incumplían compromisos arrancados en la lucha. Al mismo tiempo, crecían sobre los movimientos y organizaciones sociales las amenazas, secuestros, simulacros de fusilamiento y el accionar de patotas. En ese contexto, asesinan a Javier Barrionuevo en Esteban Echeverría el 6 de febrero y unos meses después balean a Juan Arredondo en Lanús.
Duhalde buscaba sacarnos de la calle a cualquier precio. Por eso llevó adelante la decisión política de no permitir que se bloqueen los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los cortes de puentes iban a ser considerados una acción bélica. Los medios de comunicación se encargaron de demonizar al movimiento piquetero encubriendo luego los hechos de la masacre. La provocación se completaba al día siguiente a la masacre del Puente Pueyrredón acusando de sedición a las organizaciones que protagonizaron la jornada de lucha.
El repudio popular a la masacre terminó provocando la salida anticipada del gobierno de Duhalde y el fracaso de su estrategia represiva. Las plazas del poder político del país fueron ganadas durante el mismo 26, al día siguiente y durante la gran jornada de unidad y lucha popular del 3 julio que, con una movilización multitudinaria, hizo rugir el repudio en una histórica marcha desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo.
Duhalde debería estar hoy en la cárcel, por los asesinatos de Kosteki y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, el caso Cabezas, la AMIA y el gatillo fácil, en lugar de estar en campaña electoral disertando sobre gobernabilidad y democracia. Mientras se postula a candidato a presidente afirma que pretende gobernar para los que defienden a Videla. El pueblo argentino tiene en claro su culpabilidad como responsable político principal de los asesinatos de nuestros compañeros Maxi y Dario.
El Gobierno intentó cooptar y engañar a los compañeros, compañeras y familiares de Darío y Maxi con la promesa de “investigar hasta las últimas consecuencias, sin importar quien caiga”. La comisión investigadora que dijo que iba a conformar nunca existió, ya que tenía como condición que abandonáramos la movilización. El rechazo a la conciliación y la continuidad de la lucha nos permitió encarcelar a Fanchiotti y Acosta.
La complicidad del Gobierno con Duhalde llegó al punto de no abrir los archivos de la SIDE y permitir que Duhalde no se presente ante la justicia. Política de impunidad que continúa hasta el día de hoy.
La causa federal iniciada en el 2002 que investiga las principales responsabilidades políticas de la Masacre se encuentra literalmente cajoneada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo.
Este nuevo aniversario nos encuentra denunciando la movilización de un enorme dispositivo represivo, a instancias del Gobernador Daniel Peralta, contra la huelga docente y los petroleros de Santa Cruz.
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