El testigo de una violación ocurrida en una seccional de Trelew fue asesinado ayer, a pesar de que estaba al cuidado del Programa de protección de testigos. Una clara muestra de que, por lo menos, hubo negligencia y que, muy probablemente, estemos ante un nuevo crimen policial.
El 26 de marzo de 2012, por la tarde asesinaron al testigo clave del caso Almonacid (el joven que fue violado y torturado por la policía provincial en la seccional segunda de la ciudad de Trelew). Este testigo había sido sacado de la provincia supuestamente para protegerlo ante un intento de asesinato a los pocos días que había declarado acerca de la violación cometida por la policía. Su nombre era Bruno Rodríguez Monsalve, un joven de apenas 24 años.
Regresó de incógnito, y en el supuesto marco de un programa de protección a testigos, para realizar trámites personales. Sólo se iba a quedar un día en Trelew. Y en ese día fue asesinado a puñaladas en un barrio de la ciudad.
No creemos que haga falta ser muy inteligente, ni tener ninguna postura política muy definida, para observar la obvia y terrible conexión de este asesinato con el criminal fallo de la justicia provincial en el caso Antillanca. Como Movimiento de Izquierda Revolucionaria hemos denunciado que el fallo de Ana Laura Servent, Alejandro de Franco e Ivana González absolviendo a los policías asesinos de Julián Antillanca había dado a la policía provincial licencia para matar.
La policía, entonces, salió a matar.
La situación es realmente terrible. Toda la población de Chubut y de Argentina debe reaccionar ante estos dramáticos hechos que ponen en peligro a toda la población.
Ya no podemos esperar más. Debemos salir a luchar contra la impunidad. No pueden seguir matándonos. No puede seguir reinando la injusticia y la muerte mientras el gobierno provincial y los jueces garantizan la impunidad.
Es evidente que tampoco el gobierno nacional hace nada muy diferente, y así lo muestra la grave situación que hoy sufren los testigos del caso de espionaje en la Base Almirante Zar.
Exigimos al gobierno la inmediata separación de las autoridades de la policía provincial, la inhabilitación de todos los policías implicados en casos de violaciones a los derechos humanos, el juicio político a los jueces que liberaron a los asesinos de Julián, la reapertura del Juicio y el castigo a los responsables de la violación a Almonacid y el asesinato de Monsalve.
Hasta que eso no suceda seguiremos señalando que los culpables políticos de todas estas muertes son los gobernantes de la provincia, tanto los actuales como los de la pasada y funesta gestión.
Fuente: http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=8233&Itemid=63
No hay comentarios:
Publicar un comentario