La justicia de Río Negro dispuso el desalojo policial de la comunidad Mapuche José Manuel Pichún y restablecer a la empresa forestal Emforsa una fracción del territorio ubicada en el paraje Cuesta del Ternero invadida con unaplantación industrial de pinos exóticos.
Miguel Angel Gaimaro Pozzi, juez penal de primera instancia de Bariloche, falló una vez más en total negación de los derechos del Pueblo Mapuche, protegiendo por sobre todos los derechos el de la presunta propiedad privada de la empresa de capitales mixtos Emforsa cuya cabeza visible es el abogado Miguel Angel Martínez Pérez. A través de la familia Valle el pueblo mapuche jamás dejó de ocupar efectivamente la fracción de 264 has. en conflicto, la que según Gaimaro Pozzi, la comunidad Pichún usurpó a Emforsa cuando fue exactamente a la inversa.
La forestal Emforsa fue creada en 1988 por el gobierno provincial para el beneficio y renta de empresarios privados. Con la UCR gobernando en Río Negro desde 1983, la provincia puso a disposición de ese plan de forestación y apropiación de tierras todo el aparato institucional: dirección de Tierras, Catastro, Registro de la Propiedad Inmueble, secretaría general de la Gobernación…para legitimar y legalizar el despojo con títulos “perfectos” que muchos de los jueces de hoy ni siquiera se avienen a revisar.
Fallos como este de Gaimaro Pozzi, en total acuerdo con la posición del Poder Ejecutivo rionegrino de negación sistemática a los derechos de los mapuches como pueblo originario preexistente, los deja sin posibilidad de defensa legal, cerrándoles los caminos institucionales y desdibujando la presunta división de poderes en esa provincia.
Tampoco es ajeno a este conflicto la situación particular de Martínez Pérez, apoderado de Enforsa y funcionario público en su rol de presidente del directorio de una empresa mixta. Martínez Pérez carga con varias denuncias por su intervención como “fiscalero” en la compra-venta dudosa de fracciones de tierra en beneficio del británico Joe Lewis, la belga BURCO y la inmobiliaria van Ditmar, entre otros, según es de conocimiento público.
La forestal Emforsa fue creada en 1988 por el gobierno provincial para el beneficio y renta de empresarios privados. Con la UCR gobernando en Río Negro desde 1983, la provincia puso a disposición de ese plan de forestación y apropiación de tierras todo el aparato institucional: dirección de Tierras, Catastro, Registro de la Propiedad Inmueble, secretaría general de la Gobernación…para legitimar y legalizar el despojo con títulos “perfectos” que muchos de los jueces de hoy ni siquiera se avienen a revisar.
Fallos como este de Gaimaro Pozzi, en total acuerdo con la posición del Poder Ejecutivo rionegrino de negación sistemática a los derechos de los mapuches como pueblo originario preexistente, los deja sin posibilidad de defensa legal, cerrándoles los caminos institucionales y desdibujando la presunta división de poderes en esa provincia.
Tampoco es ajeno a este conflicto la situación particular de Martínez Pérez, apoderado de Enforsa y funcionario público en su rol de presidente del directorio de una empresa mixta. Martínez Pérez carga con varias denuncias por su intervención como “fiscalero” en la compra-venta dudosa de fracciones de tierra en beneficio del británico Joe Lewis, la belga BURCO y la inmobiliaria van Ditmar, entre otros, según es de conocimiento público.
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