El juez Alejandro Catania secuestró siete cajas con documentación. El magistrado también encabeza la causa por espionaje en la firma.
Esto es parte de un expediente iniciado en diciembre de 2009 por una denuncia del integrante del Consejo de Vigilancia de la empresa, Alberto González Arzac, por irregularidades en la convocatoria a la reunión que debía aprobar los documentos financieros de la fábrica de papel para diarios, en la que Clarín y La Nación son socios mayoritarios y están sospechados de utilizar a la firma para controlar el mercado del periodismo gráfico en la Argentina.
“Durante 32 años con un mismo auditor, hay ciertas presunciones y documentación que dan cuenta de que los balances presentados durante toda la historia de Papel Prensa son falsos”, afirmó el titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Daniel Reposo.
Por su parte, Clarín y La Nación calificaron al operativo de “exagerado” e intentaron explicar que Catania “podría haber solicitado la información mediante un oficio a la compañía”. Y agregaron que Papel Prensa “nunca se negó a entregar ningún dato requerido por la justicia o incluso podría haberla requerido al Juzgado Comercial” a cargo de Eduardo Malde, quien mantiene parcialmente intervenida la empresa por las reiteradas denuncias de irregularidades.
Los tribunales son uno de los escenarios de la disputa entre Clarín y La Nación y el Estado por el control de la compañía. Luego de cada discusión, los oficios judiciales cruzados contra los funcionarios públicos y los socios privados profundizan las diferencias. La orden presidencial es garantizar a todos los medios del país el acceso en las mismas condiciones y al mismo precio a la producción.
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