Pacto Federal Minero: La infamia institucionalizada
Como verdaderos hombres de negocios, los gobernadores de Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, ministros nacionales, dirigentes gremiales y cámaras del sector, firmaron alborozados el Plan Federal Minero. Porque de eso se trata este plan, de un gran negocio que solo beneficiará a las transnacionales de la megaminería, el saqueo y la contaminación, y a estos socios locales, verdaderos representantes de las corporaciones.
Este plan representa la concreción de las políticas kirchneristas para el sector, basadas en la continuidad de las leyes menemistas de los 90, sostenidas por el gobierno nacional y ratificadas personalmente por la presidenta y gobernadores ante las corporaciones de la megaminería internacional el año pasado, y por nuestra provincia con la visita del subsecretario de minería y energía de Mendoza, Walter Vázquez, y el diputado Dante González a Canadá, en el mismo momento en que miles de personas le decían no a la megaminería en el Carrusel Vendimial.
En todo momento, desde la Asamblea Popular por el Agua hemos manifestado que entendemos a la minería como una actividad económica que contribuye al desarrollo de la comunidad, pero es nuestro deber denunciar a la actividad megaminera como promotora del saqueo de nuestro Bienes Comunes y Sociales y contaminadora no sólo de nuestro ambiente, sino de nuestras instituciones y nuestra comunidad. Esto es lo que los firmantes del pacto esconden a nuestro pueblo, detrás de la fachada de la minería “responsable y sustentable”.
La actividad de la megaminería metalífera y no-metalífera que viene siendo desplazada de los grandes centros del poder mundial, hoy se despliega por América Latina gracias a las leyes permisivas que permiten su ingreso, y a los gobernantes que bajo su apoyo van ocupando puestos de decisión en los Estados. Sus métodos, prohibidos por leyes en el llamado primer mundo, pretenden ahora ser aplicados en nuestros países con la complicidad de gobiernos e instituciones.
Tal es el caso de la única actividad megaminera que hay actualmente en nuestra provincia, el proyecto Potasio Río Colorado, que pretende utilizar para su desarrollo "gas no convencional". Este gas, promovido por la presidenta de la Nación y por nuestro gobernador, también llamado shale gas o tight gas, está prohibido por ley en Europa y rechazado en varios Estados de los Estados Unidos por el enorme potencial de contaminación en los acuíferos subterráneos que genera la "Técnica de Fractura Hidráulica", como se denomina al método de extracción.
Esta es la política económica nacional y provincial que denunciamos y a la que opondremos la fuerza y la voluntad del pueblo organizado. Y si las corporaciones y sus representantes en el gobierno nacional y provincial celebran la concreción de este pacto, nosotros recordamos que también nos organizamos y estamos dando batalla en nuestros territorios. El pueblo y las asambleas de Cuyo, el NOA y el resto del país resisten, se movilizan, y se defenderán frente a cualquier embate de las megamineras y sus socios. No se trata de un “grupo de ambientalistas”, sino de la legítima lucha de pueblos enteros. Los gobiernos conocen de sobra esta realidad, y debido a ello se preocupan por “hacer escuela” en provincias donde la comunidad es plenamente consciente de que la megaminería no es sinónimo de progreso, sino de colonialismo y atropello a nuestra dignidad.
Convencidos y comprometidos con el Cambio Social que permita a todos los seres vivir en armonía con nuestra naturaleza, es que decimos a nuestro pueblo que lucharemos hasta las últimas consecuencias, hasta que no quede una sola de estas empresas megamineras en Argentina ni en América Latina, y hasta que hayamos derrotado a estos gobernantes, verdaderos personeros del poder económico, que solo se guían por el dinero y no por el bienestar de los pueblos.
Este plan representa la concreción de las políticas kirchneristas para el sector, basadas en la continuidad de las leyes menemistas de los 90, sostenidas por el gobierno nacional y ratificadas personalmente por la presidenta y gobernadores ante las corporaciones de la megaminería internacional el año pasado, y por nuestra provincia con la visita del subsecretario de minería y energía de Mendoza, Walter Vázquez, y el diputado Dante González a Canadá, en el mismo momento en que miles de personas le decían no a la megaminería en el Carrusel Vendimial.
En todo momento, desde la Asamblea Popular por el Agua hemos manifestado que entendemos a la minería como una actividad económica que contribuye al desarrollo de la comunidad, pero es nuestro deber denunciar a la actividad megaminera como promotora del saqueo de nuestro Bienes Comunes y Sociales y contaminadora no sólo de nuestro ambiente, sino de nuestras instituciones y nuestra comunidad. Esto es lo que los firmantes del pacto esconden a nuestro pueblo, detrás de la fachada de la minería “responsable y sustentable”.
La actividad de la megaminería metalífera y no-metalífera que viene siendo desplazada de los grandes centros del poder mundial, hoy se despliega por América Latina gracias a las leyes permisivas que permiten su ingreso, y a los gobernantes que bajo su apoyo van ocupando puestos de decisión en los Estados. Sus métodos, prohibidos por leyes en el llamado primer mundo, pretenden ahora ser aplicados en nuestros países con la complicidad de gobiernos e instituciones.
Tal es el caso de la única actividad megaminera que hay actualmente en nuestra provincia, el proyecto Potasio Río Colorado, que pretende utilizar para su desarrollo "gas no convencional". Este gas, promovido por la presidenta de la Nación y por nuestro gobernador, también llamado shale gas o tight gas, está prohibido por ley en Europa y rechazado en varios Estados de los Estados Unidos por el enorme potencial de contaminación en los acuíferos subterráneos que genera la "Técnica de Fractura Hidráulica", como se denomina al método de extracción.
Esta es la política económica nacional y provincial que denunciamos y a la que opondremos la fuerza y la voluntad del pueblo organizado. Y si las corporaciones y sus representantes en el gobierno nacional y provincial celebran la concreción de este pacto, nosotros recordamos que también nos organizamos y estamos dando batalla en nuestros territorios. El pueblo y las asambleas de Cuyo, el NOA y el resto del país resisten, se movilizan, y se defenderán frente a cualquier embate de las megamineras y sus socios. No se trata de un “grupo de ambientalistas”, sino de la legítima lucha de pueblos enteros. Los gobiernos conocen de sobra esta realidad, y debido a ello se preocupan por “hacer escuela” en provincias donde la comunidad es plenamente consciente de que la megaminería no es sinónimo de progreso, sino de colonialismo y atropello a nuestra dignidad.
Convencidos y comprometidos con el Cambio Social que permita a todos los seres vivir en armonía con nuestra naturaleza, es que decimos a nuestro pueblo que lucharemos hasta las últimas consecuencias, hasta que no quede una sola de estas empresas megamineras en Argentina ni en América Latina, y hasta que hayamos derrotado a estos gobernantes, verdaderos personeros del poder económico, que solo se guían por el dinero y no por el bienestar de los pueblos.
MENDOZA, LA RIOJA, CATAMARCA Y TODAS LAS PROVINCIAS CORDILLERANAS YA ESTAMOS INFORMADAS: CON ARGUMENTOS DECIMOS NO A LA MEGAMINERÍA
¡NO PASARÁN! ¡FUERA LAS MEGAMINERAS DE MENDOZA, DE ARGENTINA Y DE AMÉRICA LATINA!
¡NO PASARÁN! ¡FUERA LAS MEGAMINERAS DE MENDOZA, DE ARGENTINA Y DE AMÉRICA LATINA!
Asamblea Popular por el Agua
CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN
CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN
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