lunes, 18 de octubre de 2010

Jefes policiales, pero con prontuario

Cuando era jefe de la Metropolitana, el ahora preso Jorge “ Fino” Palacios pidió que ocho oficiales fueran incorporados por fuera de las normas legales a la fuerza que impulsó Mauricio Macri. Tres de ellos terminaron echados: a uno le encontraron drogas y armas en su casa y los otros dos arrastraban causas penales.

Con el avance del trabajo de la comisión investigadora de la Legislatura (CIE) empieza a develarse cómo armó Palacios la nueva policía que impulsó Mauricio Macri.

El equipo de Eduardo Epszteyn empezó a analizar el contenido de la PC de Palacios que fue secuestrada como parte de la investigación judicial. Allí hallaron una serie de notas y memorandos de Palacios.

En el memorándum del 18 de agosto de 2009, Palacios solicitaba al ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, que les diera estado policial a ocho oficiales sin que pasaran por el curso de integración y nivelación que planteaba la ley. El ex comisario remarcaba que eran todas personas con un alto grado de experiencia y que venían trabajando en el armado de la Metropolitana “con bastante anterioridad a sus respectivos nombramientos”. En la lista estaban:

- Comisionado mayor Rodrigo Simón. Ex comisario de la Federal retirado en 2001. Provenía del área de comunicaciones, por lo que fue asignado en la Metropolitana al departamento de Telemática. Según su foja de servicios, entre 1975 y 1977 había formado parte de la Sección Capacitación Técnica y de 1978 a 1982 estuvo en la Sección Central Técnica de Sistemas. Los últimos dos años de la dictadura los pasó en el Cuerpo de Adiestramiento de Policía Especial. Fue gerente de Operaciones de la empresa de seguridad Organización Independencia S.A.

A Simón lo detuvo la Policía Bonaerense en un operativo contra el narcotráfico. En su casa encontraron dos pistolas, dos granadas antitanques, dos granadas lacrimógenas, dinero, balanzas de precisión, dos kilos y medio de cocaína, nueve kilos de cannabis, 396 pastillas de éxtasis, cinco kilos de marihuana y treinta píldoras de anfetaminas. El jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, lo puso en disponibilidad preventiva y sigue en esa situación hasta que se resuelva la causa judicial. En la gestión PRO le echan la culpa al hijastro de Simón, aunque el oficial quedó acusado de tenencia de armas de guerra y explosivos.

- Comisionados Oscar Romero y Ricardo Lozano. Los dos fueron echados de la Metropolitana en abril de este año, por una resolución en la que se separó a diez altos oficiales con causas pendientes. En esa purga fue dado de baja Fausto Colombo, procesado por el presunto encubrimiento y protección de prostíbulos en sus épocas en la Federal. En la resolución no se especifican los motivos por los que los echaron, sino que remiten a dos notas que le envió Burzaco a Montenegro. Página/12 intentó acceder a esos documentos, pero en la gestión PRO sostuvieron que “no se trata de información pública”. Los voceros del ministro debieron admitir que las notas no tienen carácter de secreto. También se negaron a entregar sus fojas a la comisión legislativa que evalúa los legajos de la Metropolitana, cuando las solicitó la legisladora kirchnerista Gabriela Alegre. Tanto Romero como Lozano estarían imputados en causas que provienen de su época en la Federal.

- Comisionado general Juan José Ríos. Ex comisario inspector de la Policía Federal. Se retiró en forma voluntaria en julio de 2009. Entre 1976 y 1978 estaba destinado a la comisaría 10. Entre 1978 y 1979, al Cuerpo de Patrulla de Seguridad. Hasta 1980 formó parte del Departamento Aviación como subinspector. A partir de 1981, a Sanidad Policial y, en 1983, a la División Playas y Grúas. Forma parte de la Dirección de Operaciones Metropolitanas de la Superintendencia de Seguridad en la policía porteña.

- Comisionado Alfredo Omar Córdoba. Ex subcomisario de la Federal: en 2004 le abrieron un sumario en Entre Ríos por no verificar los adicionales y fue pasado a retiro en junio de 2005. Está en el área de Vigilancia Preventiva, que forma parte de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Metropolitana.

- Comisionado Bernardino Leyes. Se retiró de la Federal en febrero de 2001. Es especialista en informática y está en la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la policía porteña.

- Comisionados José Luis Masculin y Julio Víctor Martínez Cartier. Los dos vienen de Prefectura Naval y también son especialistas en informática. Están en la misma superintendencia.

Antes de la creación por ley de la Metropolitana en octubre de 2008, la gestión PRO organizó una protoMetropolitana con estos oficiales. Para esto, el gobierno de Macri hizo una triangulación de contratos a través de la Universidad de Tres de Febrero. En la última sesión de la CIE, el rector Aníbal Jozami reconoció que “el Ministerio de Justicia propuso el ciento por ciento del personal” que contrataba esa universidad como asesores del Ministerio de Justicia. Para los investigadores, el reclutador era, en realidad, Palacios. “El verdadero ministro no era Montenegro, sino Palacios: con él trajo una banda de policías, exceptuando los requisitos legales”, consideró Epszteyn.

Según una investigación del legislador de Proyecto Sur Rafael Gentili, fueron contratados como asesores de Montenegro a través de la Universidad de Tres de Febrero Pascual Mazzeo, quien tenía la mayor jerarquía en inteligencia de la Federal, y Carlos Misurelli, que fue separado en la purga de la Federal de 2004 y actualmente se ocupa del área de Control de Desempeño Profesional de la Metropolitana. Los dos ingresaron en marzo de 2008, cuando se empezaron a firmar convenios millonarios.

También a través de esa casa de estudios contrataron al comisario Carlos Adalberto Ontivero y al comisario Ricardo Raúl Ferrón, a quien el legislador del MST Marcelo Parrilli acusa de haber formado parte del operativo que en la dictadura detuvo a la conducción del CELS. Por medio de la misma universidad, contrataron a los comisarios Guillermo Gadalme y Carlos Kevorkian, que fue citado por el juez Norberto Oyarbide a declarar en la causa de espionaje ilegal. La mayoría es hoy parte de la cúpula de la Metropolitana.


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