Vecinos, organizaciones sociales y grupos ecologistas reclamaron al gobernador provincial que haga cumplir las leyes ambientales y evite la inundación de 8000 hectáreas de bosques nativos que significará la represa.
La represa Ayuí Grande, es un emprendimiento arrocero encabezado por el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el magnate húngaro George Soros, en la localidad correntina de Mercedes.
La movilización, que partió a las 18 del Parque Mitre y finalizó frente a la Casa de Gobierno, fue convocada por la fundación ecologista Salvemos al Iberá y participaron diferentes organizaciones sociales, partidos políticos y pequeños productores rurales de toda la provincia.
Más temprano los manifestantes le acercaron al Ministro de la Producción, Jorge Vara, un petitorio con 2000 adhesiones, solicitando un cambio urgente en la política ambiental y el cumplimiento de las leyes ambientales vigentes, la clausura de las arroceras ilegales y el fin de las fumigaciones aéreas en la zona.
Emilio Spataro, coordinador de la Campaña Salvemos al Iberá, afirmó que “es inadmisible que un proyecto privado, para beneficiar a sólo dos empresas (Copra y Adecoagro), implique la destrucción de un recurso hídrico público”, en relación con la inundación de 8000 hectáreas de bosques nativos que significará la represa. Y agregó que “con esta movilización queda demostrado que el proyecto Ayuí no cuenta con aval social y sólo tiene el objetivo de entrega de los recursos naturales de la provincia”.
Luego de la investigación del domingo 8 de agosto de este diario, que reveló el interés del vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda y el multimillonario George Soros de apropiarse de un dominio de bien público para lucro personal, comenzaron severos cuestionamientos ambientales y jurídicos al emprendimiento arrocero. El tema se instaló en la agenda pública y llegó hasta la máxima instancia judicial. Ahora la última palabra la tiene la Corte.
Si bien el gobierno provincial anunció que las obras comenzarán en 60 días, los empresarios todavía esperan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la medida cautelar que presentó el Estado Nacional en el mes de septiembre.
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