A un año de la muerte de Ezequiel Ferreyra

El 16 de noviembre se cumplirá un año de la muerte por cáncer de Ezequiel Ferreyra, víctima, desde los cuatro años, del trabajo infantil en la empresa avícola Nuestra Huella.

Ezequiel, de 6 años, era explotado entre el guano y la sangre de las gallinas y frecuentemente manipulaba agrotóxicos peligrosos para la salud. A pesar de la trascendencia e indignación que generó la muerte de este niño, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el sobreseimiento a las dueñas de la empresa. Hoy a las 11:00hs, La Alameda convoca a una concentración en las puertas del Juzgado Federal de San Martín “para pedir la revocatoria a los sobreseimientos y las garantías de que se investigará con imparcialidad y habrá juicio y castigo a los culpables”.

A un año de la muerte de Ezequiel Ferreyra, pedimos justicia ante la Cámara Federal de San Martín

El 12 de octubre pasado el Juez Federal de Zarate-Campana, Adrian Charbay, resolvió sobreseer a los dueños de la empresa avícola Nuestra Huella (Leticia Luace, Alejandra López Camelo y Lucia Peressa) por los delitos de trata de personas y contaminación del suelo de un modo peligroso para la salud.

Días antes, el Juez Charbay rechazó la causa 2199/08 que le remitiera el Juzgado de Garantías en lo penal de Campana en la que se acreditaba luego de tres años de investigación, la reducción a la servidumbre, el trabajo infantil y la trata de personas con fines de explotación laboral en Nuestra Huella. El Juzgado provincial se declara incompetente una vez que prueba la trata y remite las actuaciones como corresponde al Juzgado Federal que ya entendía en otra causa sobre trata de personas en la misma empresa. Sin embargo, Charbay rechaza el expediente, desestima lo que otros jueces ya juzgaron y se saca de encima las contundentes pruebas, para luego facilitar el sobreseimiento de los directivos de la empresa.

La Alameda como querellante de las victimas apela el sobreseimiento y también apela el rechazó de Charbay a la causa que le envía el Juzgado penal de Campana. Charbay rechaza la segunda apelación y la Alameda vuelve a presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal de San Martín que ahora concentra en sus manos la resolución de las dos causas que investigan a la empresa.

El 16 de noviembre se cumplirá un año de la muerte del niño de seis años, Ezequiel Ferreyra, víctima del trabajo infantil desde los cuatro años en esa empresa, donde era explotado entre el guano y la sangre de las gallinas y donde frecuentemente manipulaba agrotóxicos peligrosos para la salud. El caso de Ezequiel recorrió el mundo porque, cuando apenas cumplía cuatro años, la Alameda y el MTE lo habían filmado trabajando junto a otros niños en agosto de 2008.

La empresa avícola Nuestra Huella que dirigen Leticia Luace y Alejandra López Camelo posee setenta granjas en la zona norte de Buenos Aires y Córdoba en la que explota a destajo a familias pobres que trae del exterior y del norte de nuestro país con mecanismos de trata y tráfico de personas. La Alameda-MTE han logrado acreditar con testigos y filmaciones desde el 2008 numerosos casos de trabajo esclavo e infantil, incluso en el 2011.

En marzo de 2008, un allanamiento del Juzgado Penal de Campana encontró en una de las granjas a los trabajadores y niños esclavizados, en viviendas precarias, entre el veneno, la sangre y el guano y rodeados de una alambrada electrificada para que no se escapen del lugar. Así comenzó la causa que acreditó la trata y que el Dr Charbay no quiere recibir. En Agosto de 2008, las imágenes de los niños trabajando en varias de esas granjas que hicieron la Alameda y el MTE recorrieron el mundo. Un mes después, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires multó a la empresa en un millón de pesos por detectarle trabajo infantil en 30 granjas.

La evidencia recogida en el 2008, más una investigación propia realizada por la Fiscalía Antitrata Nacional que preside el Dr Colombo, derivó en una denuncia contra la empresa por trata de personas ante el Juzgado Federal de Charbay.

Tiempo después, otra investigación de octubre de 2010 del INADI que fue remitida al Juzgado de Charbay, también acreditó la trata de personas en la empresa.

El 24 de mayo de este año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el informe de la relatora especial sobre trata de personas, Joy Ezeillo, acerca de la Argentina en la que se destacan en varios párrafos la escandalosa impunidad de los directivos de Nuestra Huella ante el cúmulo de pruebas reunidas en su contra.

No es un dato menor que la presidenta de la empresa, Alejandra López Camelo, es la prima del actual Intendente de Pilar, Humberto Zuccaro, Tampoco que su cuñado, es el titular de UATRE local, Jorge Herrera. La complicidad de la intendencia y del sindicato local que tendría que defender a los trabajadores explotados con la empresa esclavista fue demasiado evidente todos estos años. Varias grabaciones donde un dirigente local de UATRE ofrece dinero a las víctimas a cambio de que levanten las denuncias fueron presentadas ante la justicia y los medios por la Alameda. La Intendencia local siempre minimizó las denuncias y el ex intendente de Pilar, Sergio Bivort, patrocinó durante años a los directivos de la firma.

En este marco de complicidad y encubrimiento se inscribe el accionar completamente arbitrario del Juez Federal Charbay que nunca quiso unificar las causas, que rechazó la del penal de Campana cuando este acreditó la trata y que sólo se limitó a hacer “como si” fuera a hacer justicia cuando la muerte de Ezequiel conmocionaba al país, esperando pacientemente que bajara la marea mediática, para dejar a todos los directivos impunes.

Los trabajadores denunciantes, junto a la Alameda y el MTE, no sólo han apelado los últimos fallos de Charbay, sino que además se movilizarán mañana miércoles, a un año de la muerte de Ezequiel, ante la Cámara Federal de San Martín para pedir la revocatoria a los sobreseimientos dispuestos por el Juez Federal y las garantías de que se investigará con imparcialidad y habrá juicio y castigo a los culpables.

Los esperamos hoy 16 a las 11 hs en las puertas del Juzgado Federal de San Martin, ubicado de Guemes 3053.

Fuente: ANRed

Chaco: La salud pública antes que los intereses comerciales

Por primera vez, la máxima instancia judicial de una provincia se pronuncia respecto de la utilización de agrotóxicos. La sentencia obliga a no fumigar a menos de mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua.

Las fumigaciones llegaron, por primera vez, a un máximo tribunal provincial. Y la sentencia golpea al modelo agropecuario basado en el uso masivo de agroquímicos.

El Superior Tribunal de Justicia de Chaco confirmó una medida cautelar que fija límites inéditos para las fumigaciones: a mil metros de viviendas y escuelas, si son aspersiones terrestres, y a dos mil metros para las aéreas. El máximo tribunal chaqueño protegió, también por primera vez en esta instancia, los cursos de agua. Remarcó la vigencia del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras), priorizó la salud por sobre la rentabilidad, llamó la atención sobre la responsabilidad de los funcionarios y exhortó a los municipios a dar respuesta urgente a la población. La decisión judicial apunta a emprendimientos arroceros que utilizan endosulfán y glifosato, ambos químicos de uso masivo en Argentina.

La Leonesa y Las Palmas son municipios que están a 60 kilómetros de Resistencia. Vecinos del barrio La Ralera denuncian desde hace nueve años el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz que lindan con el barrio. Alertan sobre el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua. Apuntan al glifosato, al endosulfán, al metamidofos, el picloran y el clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja. Señalan a las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga.

En enero de 2010 presentaron un recurso de amparo contra las arroceras, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones y la relocalización de los arrozales. En primera y segunda instancia hubo fallos favorables a los vecinos. Habían fijado un precedente histórico para las fumigaciones: a mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua, si son terrestres; a dos mil metros si son aéreas.

Las arroceras y los municipios apelaron el fallo, en febrero pasado, ante el Superior Tribunal de Justicia de Chaco. Los jueces se expidieron el jueves en dos sentencias.

Las empresas habían solicitado la “inconstitucionalidad e inaplicabilidad” de la ley. Pidieron modificar la medida cautelar para reducir los límites de las fumigaciones y esgrimieron como argumento posibles perjuicios económicos.

Los jueces marcaron un criterio que golpea no sólo al modelo agropecuario sino a todo el modelo extractivo (minería, petróleo y forestales, entre otros). “El mayor mérito del principio de precaución consiste en haber logrado expresar la preocupación, muy difundida en los últimos años, de dar una mayor prioridad a la protección del medio ambiente y de la salud pública por encima de los intereses comerciales”, dice el fallo.

A las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas se les había solicitado que efectuaran un informe detallado en cuanto a las medidas adoptadas en el tratamiento de los residuos contaminantes de las arroceras y que informen acerca del control, clasificación, reutilización o quema de basuras o desechos provenientes de los establecimientos cuestionados. Pero ambas comunas apelaron y el Superior Tribunal se expidió en la sentencia 313, con la firma del presidente de la Sala, Rolando Toledo, y de la jueza María Luisa Lucas.

Laura Mazzitelli fue una de las afectadas por las fumigaciones y estuvo entre las primeras en denunciarlas. Su hijo Iván padeció leucemia a los 2 años. Sufrió ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento en el Hospital Garrahan. Una vez que el chico se recuperó, comenzó a organizarse junto a los vecinos para que ninguna otra familia padezca lo mismo.

Fuente: Pagina 12

12 millones de personas afectadas por fumigaciones

Millones de personas volverán a ser fumigadas con pesticidas y agroquímicos en la nueva campaña de soja transgénica, ante el silencio del estado y el defensor del pueblo frente al reclamo hecho hace mas de un año en una presentación con miles de adhesiones.


Los daños a la salud de la población afectada asociados a la pulverización de pesticidas está documentada por numerosos estudios de instituciones oficiales y no oficiales que son independientes de las empresas que producen, comercializan, patentan o inducen el uso de estos productos.

Los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren 22 millones de hectáreas pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, La Pampa y Corrientes. En esta enorme extensión del país, en los pueblos, rodeados de campos, viven por lo menos 12 millones de habitantes, según lo calculado por geógrafos de la UNC, sin contar la población de las grandes ciudades en cada provincia.

Estos doce millones de argentinos son fumigados directamente, es decir que, reciben una parte suficiente de esos 300 millones de litros de agrotóxicos sobre sus casas, escuelas, parques, fuentes de agua, predios deportivos, lugares de trabajo: sobre sus vidas. Esta población es la población a cargo de los médicos de los pueblos fumigados, en la que observamos incrementos alarmantes de grandes y significativas cantidades de cánceres, malformaciones y trastornos reproductivos, hoy ya inocultables.

La situación es aún más gravosa dado que es en este el período del año, en noviembre, cuando se inicia la siembra de la soja en las 20 millones de hectáreas, con la aplicación, en números redondos, de 200 millones de litros de formulados del glifosato, el principal pesticida utilizado en la agricultura de monocultivo con agroquímicos en nuestro país, que afectará la salud y la calidad de vida de unos 12 millones de personas que tienen sus viviendas a distancias cercanas a los campos donde los pesticidas son rociados por aire con aviones y por tierra con los denominados mosquitos.