Argentina viola los derechos de indígenas y campesinos

La noticia pasó casi inadvertida. Mucho más peso tuvo el show mediático alrededor del cáncer de la presidenta de Argentina. Pero lo cierto es que en diciembre el Comité DESC de las Naciones Unidas hizo graves advertencias al Estado argentino por los desmontes, agrotóxicos, soja transgénica, minería a cielo abierto y la violencia contra los indígenas.

Desmontes, agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo abierto. Desalojos, violencia y vulneración de derechos indígenas. Estas son parte de las críticas que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) realizó al Estado argentino en su último informe, donde además hizo especial hincapié en el incumplimiento de la legislación que protege a los pueblos originarios y sus territorios. “El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU.

“El aumento de los desmontes ha forzado a los pueblos indígenas a dejar sus territorios (...). El comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, sostiene el informe y explicita que el modelo agropecuario atenta contra la agricultura indígena. “Es un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible.”

El Comité DESC es el órgano de expertos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Evalúa los informes presentados y comunica recomendaciones para que los estados cumplan el Pacto Internacional. Con el título “Observaciones finales”, el documento de ocho carillas fue presentado el 2 de diciembre en Suiza.

“El comité está preocupado por los casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en la defensa de los DESC, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, denuncia.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) presentaron en noviembre, junto a una decena de organizaciones, un relevamiento de la situación al Comité. "Es muy contundente la clara vinculación que establece entre industrias extractivas y la violencia hacia comunidades”, resaltó Diego Morales, director del área de Derechos Sociales del CELS. “Es importante que Naciones Unidas se haga eco de lo que enfrentan indígenas en Argentina y también hay que destacar que llama a que el Estado tome medidas para revertir la vulneración de derechos”.

El Comité de la ONU denunció que en Argentina se registra la “violación de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT”. Explicitó su “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral) no se aplica “plenamente”. “El Comité insta al Estado a que garantice la aplicación plena y coordinada de la ley”.

Por fuera de la situación rural, el informe rescató como hechos positivos la sanción de las leyes nacionales de Migración, de Educación Nacional, de Glaciares, de Salud Mental y de Matrimonio Igualitario.

“El comité está particularmente preocupado por la explotación de litio en las Salinas Grandes (Salta y Jujuy) y por las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, advierte en el punto IX. En el lugar viven y trabajan 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas mineras.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), evaluó que el Comité DESC “saca a la luz lo que los pueblos indígenas venimos advirtiendo desde hace décadas, las consecuencias irreparables que genera una matriz económica basada en la explotación sin control de la naturaleza”. Nahuel afirmó que “hay declarados enemigos” de los derechos culturales y territoriales indígenas: “Los gobernadores de San Juan, Formosa, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Salta y Santiago del Estero, por citar algunos, son portavoces de las empresas que avasallan nuestros territorios. Debemos avanzar en frentes comunes para la defensa de la madre naturaleza y de nuestra vida”.

“Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente y abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular”

Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), dio la bienvenida al informe DESC pero explicó que la ONU “luego de más de 50 años hablando en códigos mercantiles empieza a aceptar lo que los movimientos le venimos marcando, que si se quiere luchar contra el hambre hay que fortalecer la agricultura campesina, y que la agricultura industrial y el extractivismo no sirven porque, además del aspecto ambiental, jamás serán inclusivas porque su naturaleza es de acumulación y concentración”.

El MNCI mantiene diálogo con sectores críticos al Gobierno y, luego del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, compartió opiniones con espacios oficialistas (Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Frente Transversal, La Cámpora). Emitió un comunicado en línea con el informe DESC, en el que cuestionó que el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos siga cajoneado en el Congreso e interpeló: “Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente y abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular”.

Fuente: Mapuexpress

Misiones: Nueva víctima fatal de los agrotóxicos y el modelo forestal

Celso Aníbal Fernández, trabajador rural de 52 años oriundo de Puerto Piray, provincia de Misiones, falleció el jueves 1 de diciembre en el hospital Samic de Eldorado, donde permanecía internado desde hacía una semana, como consecuencia de un tumor maligno detectado tras doce años de fumigación manual con agrotóxicos para la transnacional chilena Alto Paraná S.A.

Desde 1998 hasta mediados de 2010, el hombre se desempeñó como peón tercerizado de Alto Paraná S.A, corporación forestal asentada en la zona Norte de Misiones. "Todo el tiempo trabajaba con los herbicidas, para un contratista de la empresa. Hacíamos trabajo manual en reforestación en las plantaciones de pino, también hacíamos plantaciones y preparábamos el terreno", había expresado Celso a fines de septiembre.

Repentinamente, en julio de este año el hombre comenzó a padecer un fuerte dolor en el lado izquierdo de la garganta, que apareció acompañado de una parálisis local y un tumor, que fue creciendo con el correr de los días.

En las consultas médicas, los médicos negaban la relación del mal con la exposición a los agrotóxicos. Al respecto, Celso había manifestado que “tengo mis dudas, porque no me dicen exactamente qué es lo que tengo, no me dan un medicamento, quieren seguir haciendo estudios, estamos mal para conseguir turnos, no tengo con qué ir, capaz que tenga que ir a un sanatorio privado nomás”.

Colonos de Puerto Piray atribuyeron el tumor letal a los agrotóxicos y denunciaron el silencio cómplice de Salud Pública: “El Samic está manejado por el gobierno y por Alto Paraná, tapan todo”, expresó una mujer.

Asimismo, evidenciaron que el hecho es uno más de los muchos casos de intoxicaciones, enfermedades y muertes derivadas del uso indiscriminado e inadecuado de agrotóxicos en las plantaciones de pino, materia prima para la pasta celulósica de Alto Paraná S.A.

El propio Celso lo había advertido: “en la zona Norte está lleno (de casos de enfermedades por agrotóxicos), por eso la empresa está eliminando el trabajo manual y está metiendo máquina”.

Fuente: Albatv

A un año de la muerte de Ezequiel Ferreyra

El 16 de noviembre se cumplirá un año de la muerte por cáncer de Ezequiel Ferreyra, víctima, desde los cuatro años, del trabajo infantil en la empresa avícola Nuestra Huella.

Ezequiel, de 6 años, era explotado entre el guano y la sangre de las gallinas y frecuentemente manipulaba agrotóxicos peligrosos para la salud. A pesar de la trascendencia e indignación que generó la muerte de este niño, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el sobreseimiento a las dueñas de la empresa. Hoy a las 11:00hs, La Alameda convoca a una concentración en las puertas del Juzgado Federal de San Martín “para pedir la revocatoria a los sobreseimientos y las garantías de que se investigará con imparcialidad y habrá juicio y castigo a los culpables”.

A un año de la muerte de Ezequiel Ferreyra, pedimos justicia ante la Cámara Federal de San Martín

El 12 de octubre pasado el Juez Federal de Zarate-Campana, Adrian Charbay, resolvió sobreseer a los dueños de la empresa avícola Nuestra Huella (Leticia Luace, Alejandra López Camelo y Lucia Peressa) por los delitos de trata de personas y contaminación del suelo de un modo peligroso para la salud.

Días antes, el Juez Charbay rechazó la causa 2199/08 que le remitiera el Juzgado de Garantías en lo penal de Campana en la que se acreditaba luego de tres años de investigación, la reducción a la servidumbre, el trabajo infantil y la trata de personas con fines de explotación laboral en Nuestra Huella. El Juzgado provincial se declara incompetente una vez que prueba la trata y remite las actuaciones como corresponde al Juzgado Federal que ya entendía en otra causa sobre trata de personas en la misma empresa. Sin embargo, Charbay rechaza el expediente, desestima lo que otros jueces ya juzgaron y se saca de encima las contundentes pruebas, para luego facilitar el sobreseimiento de los directivos de la empresa.

La Alameda como querellante de las victimas apela el sobreseimiento y también apela el rechazó de Charbay a la causa que le envía el Juzgado penal de Campana. Charbay rechaza la segunda apelación y la Alameda vuelve a presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal de San Martín que ahora concentra en sus manos la resolución de las dos causas que investigan a la empresa.

El 16 de noviembre se cumplirá un año de la muerte del niño de seis años, Ezequiel Ferreyra, víctima del trabajo infantil desde los cuatro años en esa empresa, donde era explotado entre el guano y la sangre de las gallinas y donde frecuentemente manipulaba agrotóxicos peligrosos para la salud. El caso de Ezequiel recorrió el mundo porque, cuando apenas cumplía cuatro años, la Alameda y el MTE lo habían filmado trabajando junto a otros niños en agosto de 2008.

La empresa avícola Nuestra Huella que dirigen Leticia Luace y Alejandra López Camelo posee setenta granjas en la zona norte de Buenos Aires y Córdoba en la que explota a destajo a familias pobres que trae del exterior y del norte de nuestro país con mecanismos de trata y tráfico de personas. La Alameda-MTE han logrado acreditar con testigos y filmaciones desde el 2008 numerosos casos de trabajo esclavo e infantil, incluso en el 2011.

En marzo de 2008, un allanamiento del Juzgado Penal de Campana encontró en una de las granjas a los trabajadores y niños esclavizados, en viviendas precarias, entre el veneno, la sangre y el guano y rodeados de una alambrada electrificada para que no se escapen del lugar. Así comenzó la causa que acreditó la trata y que el Dr Charbay no quiere recibir. En Agosto de 2008, las imágenes de los niños trabajando en varias de esas granjas que hicieron la Alameda y el MTE recorrieron el mundo. Un mes después, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires multó a la empresa en un millón de pesos por detectarle trabajo infantil en 30 granjas.

La evidencia recogida en el 2008, más una investigación propia realizada por la Fiscalía Antitrata Nacional que preside el Dr Colombo, derivó en una denuncia contra la empresa por trata de personas ante el Juzgado Federal de Charbay.

Tiempo después, otra investigación de octubre de 2010 del INADI que fue remitida al Juzgado de Charbay, también acreditó la trata de personas en la empresa.

El 24 de mayo de este año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el informe de la relatora especial sobre trata de personas, Joy Ezeillo, acerca de la Argentina en la que se destacan en varios párrafos la escandalosa impunidad de los directivos de Nuestra Huella ante el cúmulo de pruebas reunidas en su contra.

No es un dato menor que la presidenta de la empresa, Alejandra López Camelo, es la prima del actual Intendente de Pilar, Humberto Zuccaro, Tampoco que su cuñado, es el titular de UATRE local, Jorge Herrera. La complicidad de la intendencia y del sindicato local que tendría que defender a los trabajadores explotados con la empresa esclavista fue demasiado evidente todos estos años. Varias grabaciones donde un dirigente local de UATRE ofrece dinero a las víctimas a cambio de que levanten las denuncias fueron presentadas ante la justicia y los medios por la Alameda. La Intendencia local siempre minimizó las denuncias y el ex intendente de Pilar, Sergio Bivort, patrocinó durante años a los directivos de la firma.

En este marco de complicidad y encubrimiento se inscribe el accionar completamente arbitrario del Juez Federal Charbay que nunca quiso unificar las causas, que rechazó la del penal de Campana cuando este acreditó la trata y que sólo se limitó a hacer “como si” fuera a hacer justicia cuando la muerte de Ezequiel conmocionaba al país, esperando pacientemente que bajara la marea mediática, para dejar a todos los directivos impunes.

Los trabajadores denunciantes, junto a la Alameda y el MTE, no sólo han apelado los últimos fallos de Charbay, sino que además se movilizarán mañana miércoles, a un año de la muerte de Ezequiel, ante la Cámara Federal de San Martín para pedir la revocatoria a los sobreseimientos dispuestos por el Juez Federal y las garantías de que se investigará con imparcialidad y habrá juicio y castigo a los culpables.

Los esperamos hoy 16 a las 11 hs en las puertas del Juzgado Federal de San Martin, ubicado de Guemes 3053.

Fuente: ANRed

Entre Ríos: Muere víctima de agrotóxicos

Luego de un prolongado padecimiento, el viernes pasado por la noche, falleció Daniel Ortiz, un ex fumigador de San José con serias dolencias de salud quien sufrió intoxicación con agrotóxicos.

Ortiz murió por intoxicación con agrotóxicos aplicados en forestaciones ubicadas en predios propiedad de la empresa Iberpapel Argentina S.A.

Luego de un prolongado padecimiento, sin que Salud Pública de San José, Colón y Concepción del Uruguay pudiera dar respuesta al cuadro clínico presentado, falleció en su humilde vivienda ubicada en el barrio El Brillante.

Misionero de origen, es una víctima anónima más de la explotación irresponsable por el uso desmedido de químicos utilizados en las producciones agropecuarias, en este caso en particular, en la forestación.

Actualmente, la Legislatura provincial se encuentra tratando la modificación a la ley de aplicación de agroquímicos, donde se discuten tecnicismos desconociendo la realidad socioambiental que padecemos los habitantes de esta tierra.

"Este caso es la punta de un iceberg, hay muchos en su situación que están siendo reenviados a Misiones", aseguró la integrante de la Asociación Civil Vida, Liliana Quinodoz. También remarcó que el hombre seguía postrado (hasta su muerte) "porque el agroquímico atravesó la barrera de la piel".

Hace dos años se denunciaba lo siguinte:

Un hombre mayor de edad de Barrio El Brillante padece serios problemas de salud a raíz de haber tenido contacto con herbicidas aplicados sin control en forestaciones del Departamento Colón.

Su salud ha disminuido notoriamente, se encuentra en cama desde abril, no puede levantarse, ha perdido peso, ha disminuido su audición, está anémico, y con graves heridas en su piel como puede verse en la fotografía que ilustra esta noticia.

Los diagnósticos médicos en general no develan las causas que derivaron en este estado, sino más bien apuntan a aminorar los síntomas, parcializando los tratamientos que han sido poco efectivos para este tipo de intoxicaciones.

Hace tres semanas, personas allegadas a este vecino se pusieron en contacto con miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental Colón, acercando su preocupación por la desmejora que el vecino presentaba, aún con el tratamiento médico al que se estaba sometiendo.

Desde la misma ONG se contactaron con profesionales especializados y lograron que reciba un nuevo tratamiento, frente al cual ha demostrado una mejoría considerable.

Aún queda pendiente un tratamiento más profundo de desintoxicación, basado en la administración de medicamentos importados desde Alemania, pues, no se producen en Argentina.

Fuente: Red Latina Sin Fronteras