Argentina viola los derechos de indígenas y campesinos

La noticia pasó casi inadvertida. Mucho más peso tuvo el show mediático alrededor del cáncer de la presidenta de Argentina. Pero lo cierto es que en diciembre el Comité DESC de las Naciones Unidas hizo graves advertencias al Estado argentino por los desmontes, agrotóxicos, soja transgénica, minería a cielo abierto y la violencia contra los indígenas.

Desmontes, agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo abierto. Desalojos, violencia y vulneración de derechos indígenas. Estas son parte de las críticas que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) realizó al Estado argentino en su último informe, donde además hizo especial hincapié en el incumplimiento de la legislación que protege a los pueblos originarios y sus territorios. “El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU.

“El aumento de los desmontes ha forzado a los pueblos indígenas a dejar sus territorios (...). El comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, sostiene el informe y explicita que el modelo agropecuario atenta contra la agricultura indígena. “Es un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible.”

El Comité DESC es el órgano de expertos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Evalúa los informes presentados y comunica recomendaciones para que los estados cumplan el Pacto Internacional. Con el título “Observaciones finales”, el documento de ocho carillas fue presentado el 2 de diciembre en Suiza.

“El comité está preocupado por los casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en la defensa de los DESC, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, denuncia.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) presentaron en noviembre, junto a una decena de organizaciones, un relevamiento de la situación al Comité. "Es muy contundente la clara vinculación que establece entre industrias extractivas y la violencia hacia comunidades”, resaltó Diego Morales, director del área de Derechos Sociales del CELS. “Es importante que Naciones Unidas se haga eco de lo que enfrentan indígenas en Argentina y también hay que destacar que llama a que el Estado tome medidas para revertir la vulneración de derechos”.

El Comité de la ONU denunció que en Argentina se registra la “violación de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT”. Explicitó su “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral) no se aplica “plenamente”. “El Comité insta al Estado a que garantice la aplicación plena y coordinada de la ley”.

Por fuera de la situación rural, el informe rescató como hechos positivos la sanción de las leyes nacionales de Migración, de Educación Nacional, de Glaciares, de Salud Mental y de Matrimonio Igualitario.

“El comité está particularmente preocupado por la explotación de litio en las Salinas Grandes (Salta y Jujuy) y por las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, advierte en el punto IX. En el lugar viven y trabajan 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas mineras.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), evaluó que el Comité DESC “saca a la luz lo que los pueblos indígenas venimos advirtiendo desde hace décadas, las consecuencias irreparables que genera una matriz económica basada en la explotación sin control de la naturaleza”. Nahuel afirmó que “hay declarados enemigos” de los derechos culturales y territoriales indígenas: “Los gobernadores de San Juan, Formosa, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Salta y Santiago del Estero, por citar algunos, son portavoces de las empresas que avasallan nuestros territorios. Debemos avanzar en frentes comunes para la defensa de la madre naturaleza y de nuestra vida”.

“Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente y abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular”

Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), dio la bienvenida al informe DESC pero explicó que la ONU “luego de más de 50 años hablando en códigos mercantiles empieza a aceptar lo que los movimientos le venimos marcando, que si se quiere luchar contra el hambre hay que fortalecer la agricultura campesina, y que la agricultura industrial y el extractivismo no sirven porque, además del aspecto ambiental, jamás serán inclusivas porque su naturaleza es de acumulación y concentración”.

El MNCI mantiene diálogo con sectores críticos al Gobierno y, luego del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, compartió opiniones con espacios oficialistas (Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Frente Transversal, La Cámpora). Emitió un comunicado en línea con el informe DESC, en el que cuestionó que el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos siga cajoneado en el Congreso e interpeló: “Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente y abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular”.

Fuente: Mapuexpress

Policía Federal reprime acampe jujeño en Buenos Aires

La policía Federal intentó desalojar el acampe jujeño instalado en la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires con cascos, escudos, camión hidrante, arrojando agua con toda la fuerza y pegando con la manguera a las mujeres, y gases. Hay varios heridos, varias mujeres una muy anciana, dos internados en el Hospital Argerich, hubo detenidos que ya liberaron, la policia continúa en el lugar amenazando con seguir reprimiendo.

Se han acercado de algunos organismos de derechos, y de organizaciones, y personas solidarias.

Hace falta que nos acerquemos todos o ayudemos a difundir. Esta gente solo son voceros de 50 mil familias jujeñas, que reclaman que les den las tierras que ocupan algunos desde hace generaciones, y otros más recientes, y la libre determinación sobre ellas, que se termine la censura en la provincia y el silenciamiento de las persecuciones que padecen, el viernes pasado le quemaron la vivienda a una mujer de los asentamientos, se presume que fuerzas de choque ligadas a organizaciones que responden al gobierno nacional y provincial como la Tupac Amaru.

Llegaron a Buenos Aires para denunciar la represión y terror de Estado que padecen en Jujuy, la exclusión y la negación de derechos, y reclamar que el gobiernador Barrionuevo cumpla lo que prometió luego de la represión y muertes en Ledesma que es generalizada en toda la provincia. Que cesen los hostigamientos y amenazas.

En Jujuy hay cortes de ruta de organizaciones indígenas, en este momento, también por tierras que se mantendrán hasta que sean devueltas.

Fuente: ANRed

Bs As: Desalojo inminente en la toma del Playón de Chacarita

A continuacion reproducimos el comunicado del Movimiento Popular La Dignidad.


Desde el 17 de julio alrededor de 50 familias (hoy alrededor de 30) sostienen la toma de terrenos linderos al "Playón de Chacarita". Llevados por situaciones extremas de tipo habitacional (condiciones de hacinamiento, alquileres imposibles de pagar con los salarios actuales, desalojos en distintas zonas de la capital) los compañeros/as de las tomas no tuvieron otra alternativa que tomar los predios lindantes al ferrocarril. El juez Oyarbide ha dado la orden de no dejar que se instalen baños químicos o se ingrese comida a la Toma lo que muestra a las claras el grado de crueldad de las autoridades.

El gravísimo problema de la vivienda en la Argentina puede verse no sólo en las distintas tomas a lo largo y ancho del país de los más excluidos sino también en los cientos de miles de personas que viven con la soga al cuello por los alquileres cada vez más altos.


En las ciudades más grandes de la Argentina los negocios inmobiliarios son moneda corriente, los distintos gobiernos licitan hasta terrenos públicos legitimando la codicia de los buitres a costa de las necesidades de vivienda de toda una sociedad.

No existe una seria planificación habitacional o medioambiental. Al contrario, gobiernos y empresarios hacen la ley a su medida para seguir explotando nuestros bolsillos. Mientras tanto, los precios de los inmuebles para alquilar o para comprar suben a ritmo estrepitoso y no hay ningún tipo de política que regule el desorden y el caos de este negocio.

La política privatista del "boom inmobiliario" también viene aplastando la cabeza de numerosos espacios vecinales (culturales, barriales, asambleas, etc) que el pueblo con total legitimidad y justicia recuperó desde el 2001. En este momento los compañeros/as del centro cultural Flores Sur resisten frente al intento de desalojo de Macri y la Metropolitana, un espacio del barrio donde los vecinos construyen día a día un espacio de bienestar y cultura para los jóvenes.

El conjunto de los trabajadores/as tenemos que comprender que la lucha en Jujuy, en Tucumán, en Córdoba, en la Provincia de Buenos Aires y en Chacarita (como en tantos otros lugares) representan partes del mismo todo: Un modelo de país que sólo lleva a la exclusión y al caos.

El Movimiento Popular La Dignidad denuncia públicamente a los gobiernos de Kirchner y de Macri por el desalojo de la toma de Chacarita. Por ofrecer subsidios miserables que no alcanzan para un alquiler, por no sensibilizarse por la situación de salud de cientos de hombres, mujeres y niños que viven en condiciones de hacinamiento.

Desde el MPLD, apoyamos a todos los/las compañeros/as que luchan por el derecho humano de poder tener una vivienda digna, condición indispensable para poder vivir sanamente.

Apoyamos todas las luchas por Vivienda y por los espacios colectivos que el mismo pueblo se va dando para su organización.

Apoyamos a todas las organizaciones del pueblo a lo largo y ancho del país que junto al pueblo construyen la lucha por la vivienda y el espacio público.

Hacemos responsable al Gobierno Nacional, a Macri y al Juez Oyarbide de cualquier hecho de violencia de parte de las fuerzas policiales hacia con los compañeros de Chacarita.

¡Vivienda digna para todos y todas!
¡La lucha es de todo el pueblo en los barrios y en las calles!

Campesinos argentinos finalizaron caminata contra los desalojos

La caminata del Frente Nacional Campesino llegó ayer al Congreso argentino y ya tiene previstas para mañana reuniones con legisladores de distintos bloques.

Fue el cierre de un recorrido de mil 700 kilómetros por varias provincias del norte del país. Denunciaron desalojos en el campo y exigieron títulos para campesinos.

Las organizaciones de campesinos e indígenas expresaron que "otro campo es posible". Fue durante la conferencia de prensa que brindaron ayer en Buenos Aires.

Fue en el cierre de una caminata que llevó sus reclamos por ciudades de las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe y Buenos aires.

La principal denuncia es el avance de los desalojos a campesinos en el campo argentino.

Exigieron titulaciones sociales de la tierra para afectados por el modelo agrario.

Las organizaciones señalan que los desalojos se producen porque no cuentan con títulos de propiedad. Sin embargo, se trata de campesinos y comunidades que trabajan los territorios que habitan hace más de 20 años.

El Frente Nacional Campesino elaboró un proyecto de ley para presentar en el Congreso. El texto busca frenar los desalojos a campesinos y regular las formas de tenencia de la tierra.

Los referentes de la marcha campesina estarán alrededor de una semana en Buenos Aires y esperan reunirse con legisladores de todos los bloques políticos para plantear su reclamo y con autoridades del gobierno nacional.

El Frente Campesino lleva tres meses marchando y llega mañana al Congreso

El Frente Nacional Campesino cumple hoy 3 meses de marcha en reclamo del freno a los desalojos y a la extranjerización de la tierra. Se espera que mañana por la tarde 30 referentes campesinos lleguen a la Plaza de los Dos Congresos.

La marcha partió hace 3 meses, el 4 de abril del paraje Fortín Belgrano, en Salta, y se hizo literalmente caminando. Benigno López, del Movimiento Campesino de Formosa, aseguró que “es un sacrificio enorme que hacemos pero esperamos que sirva para poder recuperar las tierras, poder tener la propiedad de las tierras”.

La marcha campesina está ahora en Morón. Esta tarde esperan llegar a Liniers, y mañana partirán de ahí para estar a la tarde frente al Congreso. Son 29 campesinos y una campesina, que están llegando a la ciudad de Buenos Aires. “Mañana vamos a ser 100 representantes del FNC (Frente Nacional Campesino) que vamos a llegar al Congreso. Me parece que es muy sacrificado. Pasamos lluvias, heladas, frío, de todo. El 90 por ciento de donde descansamos, de donde dormimos, fue en el piso. Es muy sacrificado, no es como en la casa, pero mucho más doloroso es perder la tierra propia. Entonces es un sacrificio enorme que hacemos pero esperamos que sirva para poder recuperar las tierras, poder tener la propiedad de las tierras. Entonces eso hace que esto tenga sentido, de lo contrario no tendría sentido”, relató López.

El reclamo que motivó la marcha campesina es la titularización de las tierras para campesinos e indígenas, el pedido de apoyo técnico y económico para la producción y comercialización de productos campesinos, el freno a los desalojos y una ley de propiedad de la tierra para frenar la concentración y extranjerización.

Consultado sobre el proyecto para frenar los desalojos presentado por las organizaciones campesinas, López aseguró que tiene apoyo oficial y de diversos bloques legislativos, sin embargo hace falta más presencia campesina: “Hay una buena predisposición, pero hace falta mayor acompañamiento. Estar muy cerca del Congreso, sin sacar los pies de adentro del Congreso para que esto se agilice. Porque es como un problema lejano para los diputados. Todo el planteo que tienen, los macro temas de las grandes urbes, y es como que el tema campesino se lo ve muy de lejos y de poca importancia. Por lo tanto falta mayor presencia campesina. Es decir, lo que digo es que falta presencia nuestra y que tenemos que estar muy encima de los diputados nacionales para que esto avance, porque nos retiramos un poco y se va a cajonear”, afirmó.

Fuente: FARCO

El regreso de un juez Represor y corrupto

El sábado 15 de marzo de 2003, mientras casi toda la población de la Comarca Andina se encontraba pendiente del inminente Plebiscito que decidiría la suerte del emprendimiento minero aurífero que impulsaban el Gobierno Provincial de Chubut y el Municipio de Esquel, conjuntamente con la Empresa anglo-canadiense Meridian Gold en el Cordón Esquel, un fuerte destacamento de la policía Provincial, integrado por más de veinticinco efectivos, fuertemente armados y provistos de herramientas, camionetas, caballos y equipos de comunicación se hacía presente en el corazón de la Comunidad Mapuche "Vuelta del Río", en la precordillera de Cushamen, en el asentamiento Mapuche Tehuelche con mayor población de la Provincia.

La sorpresiva presencia policial tenía un objetivo muy claro: desalojar a la familia de Don Mauricio Fermín, expulsarlos del predio comunitario e impedirles su regreso al lugar en forma definitiva. La orden había sido dada con fecha 12 de marzo por el entonces Juez de Instrucción José Colabelli.

Pese al ensañamiento de los efectivos, que siguiendo las órdenes de El Khazen, presente en el operativo, prácticamente destruyeron íntegramente la vivienda, huerta, instalaciones de agua, corrales, plantaciones de álamos, y casi todos los bienes de Don Mauricio Fermín, su esposa, sus hijos y nietos (incluso algunos juguetes de las niñas quedaron entre los escombros), la familia resistió al desalojo y permaneció en el lugar, asistida por el resto de la Comunidad Mapuche y pobladores de diferentes comunidades y localidades vecinas que se acercaron a solidarizarse. Inclusive, la acción arrojada de dos ancianas de la Comunidad, que a caballo cortaron el arreo de los policías, impidió que se llevaran los animales de los Fermín. Cabe señalar que reinaba en el momento una condición climática extrema, con temperaturas muy bajas; los Mapuches tuvieron que enfrentar varias noches acampados sin poder abrigarse ya que no se les permitió utilizar frazadas y otras pertenencias para guarecerse del frío. Finalmente el día lunes 17 de marzo el procedimiento fue suspendido por el juez Correccional Jorge Eyo, ya que el juez de Instrucción Colabelli se había tomado licencia después de ordenar el lanzamiento.

Lo más increíble es que la orden judicial de lanzamiento se había otorgado en el marco de una denuncia penal impulsada por el comerciante de El Maitén José Vicente El Khazen, la que contaba con un doble dictamen del Ministerio Público Fiscal recomendando el sobreseimiento de Fermín y el archivo de las actuaciones. El Juez Colabelli, en vez de seguir el dictamen Fiscal, obligatorio para él por imperio de la normativa Procesal en vigencia, elevó la causa a juicio Oral y Público y ordenó el lanzamiento como Medida Cautelar, a pedido del denunciante, que además estaba constituido en la causa como actor civil.

El violento procedimiento, que fue calificado por diversos sectores como un inaceptable retroceso a la Conquista del Desierto del Siglo XIX, provocó una gran movilización y protesta de los sectores indígenas y también del resto de la sociedad que se solidarizó con los Mapuche. Incluso hubo una ocupación pacífica del edificio de Tribunales de Esquel por más de dos días, hasta que finalmente se descomprimió la situación, al iniciar el Ministerio Público Fiscal una investigación contra el personal policial que había ejecutado la orden de lanzamiento con notorios excesos. Después de siete años, todavía no hay ningún policía condenado por estos hechos.

La Comunidad planteó la revocatoria de la orden de desalojo ante la Cámara de Apelaciones, y denunció el accionar de Colabelli ante el Consejo de la Magistratura, lo que motivó que se iniciara un sumario en su contra.
El 1º de octubre de 2003 la Cámara de Apelaciones confirmó la orden de desalojo emitida por Colabelli, dejando a la Comunidad en una situación extrema: tener que resistir un nuevo desalojo que podría ordenarse en cualquier momento por el mismo juez. Con un criterio totalmente opuesto, el 16 de octubre del mismo año el Consejo de la Magistratura envió el sumario de Colabelli al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, por haberse constatado graves irregularidades en el desempeño del juez. Esta situación de apreciar de manera tan opuesta los mismos hechos por la Cámara y por el Consejo de la Magistratura, fue calificada por diversos sectores tribunalicios como un verdadero escándalo judicial.

El 17 de diciembre de 2003 el Tribunal de Enjuiciamiento suspendió a Colabelli en su función de Juez de Instrucción, y después de una persistente movilización de diversos sectores de la sociedad, especialmente de las Comunidades y Organizaciones Mapuche-Tehuelches, incluyendo movilizaciones, juntadas de firmas y pintadas, el 4 de mayo de 2004, en un juicio Oral y Público, el juez fue destituido por mal desempeño en su cargo y desconocimiento inexcusable del derecho en un fallo unánime. El Ministerio Fiscal y la Querella, ejercida por la Comunidad Vuelta del Río habían reunido innumerables pruebas documentales y testimonios que no pudieron ser rebatidos por la defensa de Colabelli, ejercida por el abogado Alejandro Korn. La audiencia duró un día entero y tuvo gran presencia de público; la decisión causó un gran impacto en toda la sociedad chubutense. A todo esto, es oportuno recordar que el juez destituido se había hecho muy conocido en toda la región como un hombre de mano dura, y los principales afectados por sus polémicas decisiones eran justamente las Comunidades Indígenas y las poblaciones más desprotegidas y vulnerables.

No obstante, a través de un recurso de Queja presentado ante la Corte Suprema, la defensa de Colabelli consiguió que el fallo destitutorio sea revisado por el Superior Tribunal de Rawson, quien en noviembre del año 2010 anuló todo lo actuado por el Tribunal de Enjuiciamiento en 2004, teniendo en cuenta que uno de los jueces que conformaron ese Tribunal no contaba con la antigüedad suficiente (12 años) en la profesión de abogado para integrarlo. Cabe señalar que en vez de disponer la conformación de un nuevo Tribunal, para poder evaluar los graves cargos que existen en contra del magistrado (los que nunca fueron desmentidos), el STJ de Chubut ordenó la incorporación de Colabelli al cargo de Juez Penal, como parte integrante del Colegio de Jueces Penales de la jurisdicción de Esquel, ya que el cargo original de juez de instrucción ya no existe.

Pese a que la querella ejercida por la Comunidad Mapuche presentó un Recurso Extraordinario para que esta sorprendente decisión sea revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mismo fue declarado inadmisible por el STJ de Chubut, quien ordenó la inmediata incorporación de Colabelli, la que se llevó adelante el 27 de diciembre de 2010, pese a la persistente protesta de las Comunidades Mapuches quienes manifestaron su repudio frente al Edificio de Tribunales de Esquel, y a través de diferentes comunicados en los medios de difusión.

Lo cierto es que el cargo de juez Penal que ocupa hoy Colabelli sólo es accesible mediante un concurso público ante el Consejo de la Magistratura; de hecho el cuestionado magistrado no concursó, ahora ni antes, ya que su cargo original de juez de instrucción lo había alcanzado sin concurso, por ser anterior a la creación del Consejo de la Magistratura. Es de destacar que el proceso que llevó a la destitución de Colabelli en 2004 costó un enorme esfuerzo de las Comunidades Mapuche - Tehuelches, sin contar el incontable gasto jurisdiccional que significó el proceso, incluyendo viajes de testigos, traslados de funcionarios, audiograbación, y demás producción de pruebas generadas.

También es oportuno señalar que según lo ordenado por la justicia provincial, el juez deberá percibir todos los salarios que no cobró durante los siete años que estuvo alejado de la función, los que, indudablemente, saldrán del bolsillo de toda la comunidad que sostiene el gasto público provincial con sus impuestos. Pero lo más grave es el deterioro para la imagen de la justicia que significa el regreso de un funcionario tan cuestionado. En una provincia donde se encuentra tan desdibujada la división republicana de los poderes públicos, es imposible desvincular tan lamentable decisión de la justicia con la Administración Provincial, ya que el principal Ministro de Das Neves, Pablo Korn, es hijo del abogado Alejandro Korn, defensor de Colabelli.

(Artículo del Dr. Gustavo Macayo de Esquel. En él se refiere al irregular retorno del juez José Colabelli, amigo de Das Neves y mentor de numerosos desalojos ilegales contra mapuches y sectores desprotegidos)