Córdoba: Una madre contra el glifosato.

En el juicio a dos ruralistas y un piloto por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó, de Córdoba, la madre que inició los reclamos en 2001 contó su lucha contra los agrotóxicos. Su bebé nació sin riñones. Y tiene otra hija afectada.

Sofía Gatica dio a luz un niño con una malformación que le causó la muerte en pocos minutos. Era 2001 y había poco conocimiento sobre la toxicidad de los agroquímicos, pero la cantidad de mujeres rapadas por la quimioterapia y los niños con leucemia cubiertos con barbijos aumentaba por las calles de la capital cordobesa donde vivía la mujer. Incansable, realizó encuestas por el pequeño poblado de cinco mil habitantes, descubrió que el número de patologías era superior a lo normal, sentó denuncias y conformó el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo. Ayer, declaró como querellante en la segunda jornada del primer juicio oral y público penal de Argentina por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud en zonas urbanas. El tribunal escuchó además otros tres testimonios.

Tras la exposición de la situación sanitaria realizada ayer, la segunda jornada de audiencias tuvo como protagonistas a los pobladores de Ituzaingó Anexo, unas 30 manzanas ubicadas en la periferia de Córdoba Capital que limitan con áreas rurales al norte, este y sur. El juicio unifica dos demandas de 2004 y 2008 por contaminación producto de fumigaciones aéreas y terrestres de agroquímicos en detrimento de la salud de las 1200 familias que tiene aproximadamente el barrio. Los imputados por el delito de “contaminación dolosa” –cuya pena prevista es de tres a diez años de cárcel– son dos productores, Francisco Parra y Jorge Alberto Gabrielli, y el propietario y piloto del avión fumigador, Edgardo Jorge Pancelli. En caso de comprobarse la vinculación entre fumigaciones y muerte, la figura por la que se los acusa, podría ser agravada con penas de 10 a 25 años de prisión.

Gatica fue la primera testigo de la tarde. El 24 de febrero de 2004 denunció que en el “campo de Parra”, al este del barrio, aplicaban agroquímicos con un equipo terrestre, “mosquito”. En aquella ocasión, el allanamiento realizado por orden de la fiscalía local logró identificar los restos de los productos utilizados, pero la investigación quedó cajoneada. Su pelea, no obstante, había comenzado en 2001, cuando tuvo un hijo que murió a los minutos del parto por una malformación: nació sin riñones. Conmovida por la cantidad de casos de cáncer que había en el barrio y por la muerte de su bebé, hizo la primera encuesta sanitaria del barrio. Relevó dos manzanas, con la ayuda de quienes luego conformarían el espacio Madres de Ituzaingó.

“Desde entonces hasta 2010 encontramos 193 casos de cáncer entre los vecinos, además de otras malformaciones como púrpura o labio leporino”, explicó Gatica, galardonada este año con el premio Goldman por su defensa del medio ambiente. La mujer tuvo que mudarse hace más de un año para resguardar su salud y la de su hija de 17 años, que está en pleno tratamiento de desintoxicación, luego de que detectaran que su sangre convive con dos plaguicidas. Las madres denunciaron casos de alergias respiratorias y en la piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones y cánceres. “En el 2003 lograron una ordenanza que estableció la distancia mínima de fumigación de 200 metros, pero los sojeros preferían pagar las multas, lo hacían de noche o en feriados. Ellas siempre estaban ahí tratando de pararlos”, contó a Página/12 Medardo Avila Vázquez, el otro querellante.

La audiencia había comenzado a la mañana con la declaración de Marcela Ferreyra. La vecina tuvo en 2004 un chico que murió en el primer día de vida también por una malformación. “Había quedado embarazada a principios de octubre, en coincidencia con la época del año en que se fumiga intensamente en los campos. Al menos dos veces por semana, el embrión recibía directamente el veneno que era rociado vía aérea”, detalló Avila Vázquez, que es médico y fue subsecretario municipal de Salud. La mujer contó al tribunal de la Cámara 1ª del Crimen que la fumigación se hacía de noche y que el cielo quedaba tapado bajo una “nube blanca”. “El olor se sentía en el aire a la mañana siguiente”, dijo. Luego, declararon Pablo Vargas, un vecino que fotografió la fumigación del 11 de febrero de 2001, y Norma Herrera.

“Sabemos que los imputados son el eslabón más débil de este modelo de agricultura tóxica que se aplica en más del 50 por ciento del país”, apuntó Avila Vázquez. “Aquí intervienen grupos económicos, como Monsanto, y grandes productores. Sin embargo, los acusados sabían lo que hacían, actuaban a conciencia y por dinero. No tienen perdón.” Las audiencias continuarán hasta al menos el martes, cuando está prevista la declaración del investigador del Conicet Andrés Carrasco, que estudió el efecto letal del glifosato en embriones.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-196270-2012-06-13.html

Formosa: Daño de agroquímicos

Un nuevo caso de contaminación derivado de aplicación de agroquímicos tuvo lugar en la localidad del centro-Este de la provincia de Formosa. Como un suceso inevitable, los agricultores familiares de las colonias esperan con resignación las consecuencias dejadas por el paso de la modernidad agrícola, sin encontrar instituciones que se hagan eco de sus derechos. Ya se cuentan ocho de estos casos desde el año 2006 ininterrumpidamente en los que a las familias perjudicadas no se les han reconocido el daño y los responsables tampoco vieron sanciones que tiendan a modificar su conducta.

"Mirá, así esta todo con pata de rana, esto no se recupera mas" dice Germán Báez con una ligera mueca en la cara. El agricultor de colonia Sarmiento, señala en las plantas de zapallo, la consecuencia más elocuente que se hace visible en los cultivos luego que sufran un involuntario baño de herbicidas proveniente de aplicaciones en parcelas vecinas. Él ha aprendido por su propia experiencia a reconocer los daños por contaminación con 2,4 D, luego de haber sufrido las mismas consecuencias el año pasado en una parcela de 1,5 ha de algodón.

Germán hace trece años que esta instalado en su parcela del kilómetro 1500 de la ruta nacional nº 86, a 13 km de Villa Gral. Güemes, siempre viviendo de la siembra de algodón y cultivos de autoconsumo. "Este año probé con la siembra de 2 hectáreas de zapallo con riego por goteo gracias a la represa que tengo y aparte de eso tengo que no es con goteo, de eso aproximadamente mas o menos habrá quedado el 10 o el 15%".

La preocupación del agricultor no esta sólo en las perdidas del cultivo, sino también en los riesgos que acarrea en los reservorios de agua que son para consumo familiar, para riego y para los animales además del peligro para la salud de su familia.

La contaminación tiene su origen en aplicaciones, realizadas a fines de octubre, en campos vecinos que están alquilados a empresas a quien sólo al encargado, René Caballero, se le conoce la cara y su actividad productiva más relevante es la siembra de soja.

El 2,4 D es un herbicida que se aplica en barbechos químicos previos a la siembra directa, con destino al exterminio de malezas de hoja ancha, pero que sin embargo en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Tucumán se encuentra totalmente prohibidas las aplicaciones aéreas y restringidas las aplicaciones terrestres, prohibiéndose su uso entre principios de agosto y fines de marzo.
Las causas que llevaron a estas prohibiciones radican en las consabidas consecuencias que genera este químico dada su alta volatilidad, que le permite, llegar a producir daños a varios kilómetros de distancia de su aplicación.

"El año pasado entregamos una carta al consejo deliberante de Güemes y otra al ministerio de la producción provincial, para que reconozcan la existencia del problema y sepan que aquí los perjudicados somos los campesinos y nadie ampara nuestros intereses. ¡Ya ves la bola que nos dieron!" dice don Robustiano Rojas, un vecino de Germán.

Esta localidad del centro formoseño, que en otros tiempos viera florecer su prosperidad económica de la mano del cultivo de algodón, es hoy una de las tantas localidades de esta región boscosa por naturaleza del gran chaco sudamericano, que se convierten en testigos del avance de esta forma de producción agropecuaria surgida de la convertibilidad menemista.

"Esta colonia era una romería de gente que trabajaba y producía, hoy quedamos muy pocos, se han ido porque el algodón no valía mas, porque el pueblo promete otras comodidades y ahora porque nos bañan con pesticidas y arruinan nuestro humilde trabajo. ¿Es justo esto para los que nos queremos quedar?" se pregunta el ardoroso Robustiano.

La nota de color, oscuro, con que se imprime este caso, es que el señalado como responsable del daño es artífice del 80% de los casos registrados desde el 2006, sin que con eso cayera sobre si alguna sanción de ningún tipo, ni la reincidencia afectara su modo de trabajo.

Baluartes de la defensa de la nobleza del campo y de la producción ante el conflicto de las retenciones, estos ya no nuevos sujetos agrarios, no hacen mas que destruir la biodiversidad y el ecosistema forestal de múltiples beneficios, inclusive económicos, implantar extensos sembrados uniformes que no generan empleo ni riqueza en las localidades y disputar territorios en forma violenta con muertes y contaminaciones que quedan siempre impunes.

Desde algunos sectores de la agricultura familiar se reconocen, es más, las debilidades en el protagonismo económico del sector, pero aún así, ¿no hay otra forma de avanzar hacia un campo con agricultores y con prosperidad que entregar a estos mercenarios nuestro patrimonio? ¿Es acaso ésta la única forma de emprender este camino?

Fuente: Agencia Rodolfo Walsh

Cordoba: Madres contra el modelo sojero

Gracias a las exportaciones de soja, Argentina experimentó ocho años de crecimiento económico. Un colectivo de madres del barrio de la ciudad de Córdoba consiguió mostrar al país las nefastas consecuencias que traía aparejado ese modelo.

Sofía Gática comenzó a darse cuenta de que algo iba mal en Ituzaingó Anexo, un barrio obrero de la ciudad de Córdoba, rodeado de plantaciones de soja y fábricas contaminantes. Pañuelos blancos en la cabeza de las mujeres, niños con mascarillas, bebés con malformaciones… Algo les estaba enfermando. Su propia hija había muerto al nacer por una rara malformación en el riñón.

Como ninguna autoridad iba a hacerlo, Sofía comenzó en 2001 a investigar el origen del problema. “Empece a llamar casa por casa y las madres me contaban su situación. Nos conocimos así, llamando puerta por puerta. Poco a poco se fueron sumando”. No necesitaban ser médicas para saber lo que estaba pasando. “Era el saber común”, dice Corina Barbosa. “Yo empecé por defender a mi hijo, que estuvo internado. Ahora todavía tiene cuatro agroquímicos en la sangre”. Pero entonces no sabían qué estaba provocando esa epidemia.

La encuesta reveló 60 casos de cáncer, bebés con malformaciones de riñón, de intestinos, sin maxilares, 14 casos de leucemias, enfermedades respiratorias y dermatológicas, entre una larga lista de afecciones, cuenta Sofía. Tiempo después, cuando se elaboró una cartografía completa del barrio, los casos de cáncer entre una población de 5.000 habitantes ascendían a 200.

A principios de 2002, con un mapa del barrio donde se detallaban los nombres y las enfermedades de cada vecino, las Madres de Ituzaingó, llamadas así en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, consiguieron que el municipio realizara una serie de análisis ambientales para encontrar el origen de la contaminación. Los resultados revelaron la causa: los agroquímicos que los productores sojeros fumigaban por tierra y aire a escasos metros del barrio.

“Nosotros vivimos enfrente del campo”, cuenta Corina Barbosa, “pasaban las avionetas y bañaban con agroquímicos a nuestros chicos”. El enemigo al que se enfrentaban no podía ser más poderoso: un modelo económico basado en la producción de soja transgénica.

En 1996 el Gobierno aprobó la introducción de la soja transgénica, diseñada para resistir la acción de herbicidas como el glifosato o plaguicidas como el endosulfán. Desde entonces, se ha convertido en el principal cultivo del país.

Según un informe del Grupo de Reflexión Rural (GRR), 22 millones de héctareas están sembradas con soja, el 50% de las tierras cultivadas. En la provincia de Córdoba, la principal productora de Argentina, estos cultivos transgénicos destinados a la exportación ocupan entre el 80% y el 85% de la superficie agrícola.

Cuando las Madres empezaron a denunciar los efectos secundarios de las fumigaciones, no existían en Argentina estudios médicos ni ningún tipo de desarrollo jurídico ni control sobre agrotóxicos. Eran pioneras en terreno desconocido. “Al principio nos llamaban las locas”, recuerda Sofía Gática. Actualmente cada vez son más los informes de científicos, médicos y genetistas, tanto en Argentina como en el resto del mundo, que confirman la relación entre agroquímicos, cánceres, leucemias, enfermedades respiratorias, malformaciones y daños en el material genético. En agosto de 2010 se produjo el Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, con representación de todas las provincias afectadas. Multitud de profesionales de la salud confirmaron sobre el terreno y con análisis médicos el “saber común” de las Madres. “El Gobierno sabe lo que está pasando, pero no le interesa, únicamente se preocupa por sus negocios”, denuncia María Godoy.

A mediados de 2002, entre cortes de ruta, marchas al centro de la ciudad y plantes frente a las máquinas mosquito que fumigaban cerca de las viviendas, la lucha de las Madres comenzó a dar sus primeros frutos. “Éramos pocas, pero hacíamos mucho ruido. Llamaba la atención que mujeres comunes salieran a la calle a hacer tanto barullo”, recuerda Corina Barbosa. Hasta la CNN retrasmitió alguna de sus marchas.

Después de que se encontrara en el agua restos de endosulfán, las Madres lograron que Ituzaingó Anexo fuera conectado con la red de agua corriente. Poco después las autoridades declaraban el barrio en emergencia sanitaria ante la “altísima tasa de casos de leucemia” y prohibían con una ordenanza la fumigación aérea a una distancia de 2.500 metros de Ituzaingó Anexo mientras durara la emergencia. Otra ordenanza establecía la prohibición de fumigar en toda el área urbana de la ciudad de Córdoba.

Y los frutos seguían cayendo. Entre querellas, cortes y petitorios, las Madres consiguieron que en la provincia de Córdoba se debatiera y aprobara a mediados de 2004 la Ley de Agroquímicos, que establece la frontera de las fumigaciones en 500 metros para las terrestres y 1.500 para las aéras. Unas distancias, sin embargo, muy inferiores a las solicitadas por las Madres.

Pero las fumigaciones continuaban. Y los vecinos seguían enfermando. Ese mismo año las Madres comenzaron un interminable recorrido por las instituciones del Gobierno nacional, sin obtener respuesta. “Pareciera que los derechos humanos son sólo los de la dictadura militar”, denuncia María Godoy.

La lucha de las Madres visibilizó un conflicto silenciado que afectaba a miles de localidades de la Argentina sojera. “Diez años después podemos hablar de múltiples focos de resistencia y de colectivos de pueblos fumigados”, señala Berger. Como coordinadoras en Córdoba de la campaña Paren de Fumigar, las Madres comenzaron a recorrer en 2006 los pueblos fumigados de la provincia. Al igual que Ituzaingó Anexo, ante la falta de controles de la administración, multitud de pueblos fumigados y movimientos campesinos comenzaban a realizar sus propios “relevamientos”, sus propias encuestas epidemiológicas. Decenas de pueblos conseguían después de prolongados conflictos declarar sus municipios libres de agrotóxicos o adherirse a la ley de agrotóxicos de 2004 ante la oposición de los alcaldes. “Muchos intendentes son productores sojeros o trabajan directamente para los productores sojeros”, afirma Berger. La lucha de los pueblos fumigados no se limitó a Córdoba, sino que se propagó a otras provincias sojeras como Santa Fe, Buenos Aires o Entre Ríos, y a provincias con gran presencia de cultivos transgénicos de arroz, como el Chaco.

En febrero de 2008, la ley de agroquímicos de la provincia de Córdoba volvió a dar de que hablar. Tras ser avistado un avión fumigando sobre las viviendas de Ituzaingó Anexo, la Secretaría de Salud de la municipalidad de Córdoba denunció por envenenamiento a dos productores de soja y a un fumigador. Los tres acusados fueron detenidos y procesados. En marzo de 2011 deben comparecer en un juicio oral y público, el primero en Argentina por fumigaciones ilegales.

“Lo importante es que esto sea el principio”, dice Corina Barbosa, “que al menos uno sea juzgado y condenado por evenenar a la gente”. Para María Godoy las responsabilidades no se limitan a los sojeros. “Los que tendrían que ir también presos son los funcionarios que permitieron que esto pase y los que implementaron la soja en el país”, denuncia.

“Ahora todos dicen lo bueno que era Kirchner y resulta que nos dejó Argentina llena de soja y un montón de gente peleando y defendiéndose como puede”, dice Sofía Gática. Las Madres de Ituzaingó, al igual que las Madres de Plaza de Mayo, hablan de genocidio, de un “genocidio silencioso”. Ellas no han conseguido frenarlo, pero han sido las primeras en darle un nombre, el primer paso para lograrlo.

Fuente: Albatv