“Canal 13 ocupa un predio estatal sin pagar un solo peso y Macri lo protege”

La escrituración del predio donde funcionan los estudios centrales de Canal 13, en la zona de Constitución “que se dio como resolución, a favor del Estado Nacional, fue demorado en la Procuración porteña".

En diciembre, el ex delegado del personal de Canal 13, José Carbonelli, había denunciado ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) la "apropiación irregular" de la emisora por parte de Clarín y "la posterior violación de pliegos licitatorios" por parte del grupo, encabezado por Ernestina Herrera de Noble.

La escrituración del predio donde funcionan los estudios centrales de Canal 13, en la zona de Constitución -cuyos terrenos pertenecen a la Nación- es demorada en distintas dependencias del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

El ex delegado presentó ante la AFSCA una serie de pruebas que harían constar que "bajo el amparo del paraguas de los funcionarios corruptos" ARTEAR S.A. "seguía usufructuando gratuitamente el edificio por más de 5 años, beneficiándose en más de 1 millón de dólares, además de no pagar deudas por gravámenes de $ 1.500.000, multas del COMFER, por $ 2.500.000, tasas municipales por $ 300.000".

Una multitud reclamó a los jueces la plena aplicación de la Ley de Medios

No es contra nada. Es una marcha para pedir el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, resaltó el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gabriel Mariotto, antes del acto en el que unas 50 mil personas reclamaron a la justicia la plena aplicación de la Ley de Medios de la Democracia.

Esta vez, el pedido fue que los ministros del máximo tribunal fallen en torno al artículo 161 que establece el plazo de un año para que las empresas se adecuen a las nuevas reglas de juego. “Si la Corte no escucha, va a pasar a la historia por ser funcional a los monopolios”, advirtió el dirigente judicial de la CGT Julio Piumato, antes de aclarar que la manifestación no fue una “extorsión” a la justicia. “La extorsión la hacen los monopolios”, agregó.

Esta fue la segunda concentración frente al Palacio de Tribunales desde la sanción de la nueva norma para criticar las medidas cautelares concedidas a los grupos multimedios para frenar la nueva norma. Esta vez, el pedido fue que los ministros del máximo tribunal fallen en torno al artículo 161 que establece el plazo de un año para que las empresas se adecuen a las nuevas reglas de juego. “Si la Corte no escucha, va a pasar a la historia por ser funcional a los monopolios”,
advirtió el dirigente judicial de la CGT Julio Piumato, antes de aclarar que la manifestación no fue una “extorsión” a la justicia. “La extorsión la hacen los monopolios”, agregó.

Tres recursos de amparo frenan la plena aplicación de la Ley de Medios. Por un lado, Clarín y el Grupo Uno de Mendoza solicitaron una excepción al “plazo de adecuación” para desprenderse de las licencias que exceden al nuevo marco regulatorio.