lunes, 14 de noviembre de 2011

Agustin Tosco: A 36 años de su inmortalidad



"Latinoamérica sufre de una violencia institucionalizada que oprime al hombre, lo frustra e impide su realización al mínimo nivel de la dignidad humana. Esta violencia ha engendrado su respuesta, que en muchos casos corresponde a una legítima defensa".




A primera hora de la tarde del 6 de noviembre de 1975, el cordón industrial de Ferreira, provincia de Córdoba, se paraliza. Los trabajadores se concentran en el club Redes Cordobesas. Se agolpan en su interior, mientras afuera se desata una terrible tormenta de lluvia y granizo.

A las 17.30 una multitud parte desde el club hacia el cementerio de San Jerónimo.
El gobierno de Córdoba nombrado por el presidente Perón en 1974, producto de la asonada nazi fascista de Navarro y Lacabanne, manda a la policía a vigilar el cortejo. Un helicóptero sobrevuela la zona.

Desde un Fiat 600 se arrojan dos bombas de estruendo y comienzan a sonar cientos de disparos. La multitud, presa del pánico, comienza a correr en todas direcciones buscando refugio.

Así fue el sepelio de Agustín Tosco, obrero clasista y revolucionario, cuya figura honesta e inclaudicable, y pensamiento socialista adquieren hoy nueva relevancia transformándose en un llamamiento a recuperar la acción, la ética y la conducta en el sindicalismo y la acción gremial y política.

Agustín Tosco había nacido en el año 1930 en Moldes, Provincia de Córdoba. A los 18 años comienza a trabajar en EPEC, la compañía de electricidad cordobesa, un año después es elegido subdelegado y a los 20 ya es delegado de los trabajadores. En 1954 es elegido Secretario General del gremio de Luz y Fuerza de Córdoba, cargo que mantendrá, con las interrupciones impuestas por las intervenciones, hasta el fin de su vida. Integrará las comisiones de lucha en la resistencia posterior al golpe de Estado de 1955, y antes del Cordobazo ya había sufrido varias veces la cárcel y la persecución.

Agustín Tosco fue un dirigente popular de trascendencia internacional y muy respetado por su entrega al sindicalismo reivindicativo y su constante ejemplo ético. Logró construir un sindicato combativo, con gran capacidad de movilización, al integrar una dirección pluralista, integrando a dirigentes y militantes radicales, peronistas, socialistas y comunistas, impulsando no solamente reivindicaciones laborales sino también sociales, políticas y populares de la ciudad de Córdoba.

Fue el principal impulsor de "el Cordobazo", la huelga general popular que tomó las calles de Córdoba y provocó la caída de Onganía en 1969. La represión fue terrible: hubo 34 muertos por la policía y más de 1000 detenidos. Tras el Cordobazo, Agustín Tosco es detenido junto con la dirección del sindicato y se le hace un Consejo de Guerra, donde es condenado a 8 años y 6 meses de cárcel.

Permanece varios meses preso, pero las movilizaciones populares logran su excarcelación, siendo liberado el 6 de diciembre del mismo año. Al llegar a su ciudad grita el histórico: “¡Abajo la dictadura, el pueblo es quien nos ha liberado!”.

En 1970 asiste a la asunción del mando del presidente socialista Salvador Allende en Chile, con quien entabla una amistad duradera.

En marzo de 1971 se produce un nuevo alzamiento popular en Córdoba, conocido popularmente como el Viborazo, la respuesta del movimiento obrero cordobés a la orden de detención de sus principales dirigentes sindicales y políticos ya que el interventor provincial, había afirmado su “deseo de cortar de un solo tajo la cabeza de la serpiente marxista infiltrada entre los cordobeses que perturban la Revolución Argentina”.

Un mes más tarde, es nuevamente encarcelado, esta vez será por 17 meses y está en el penal de Rawson. Ese año se levanta la intervención del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y Agustín Tosco se presenta, ganando las elecciones sindicales desde la cárcel.

En agosto de 1972, estando Tosco preso en la prisión de Rawson, se produce el intento de fuga y posterior masacre de un grupo de detenidos políticos en la base naval de Trelew y él es el único orador desde la cárcel, que rinde los homenaje. Debido nuevamente a la presión popular, Tosco recupera la libertad a fines de ese año y continúa desarrollando su actividad sindical alcanzando un amplio protagonismo a nivel nacional.

Tras la muerte del presidente Perón su sucesora interviene nuevamente el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Esta intervención provoca que Agustín Tosco, constantemente amenazado, se viera obligado a vivir en la clandestinidad. Apoyado por los trabajadores de Luz y Fuerza, que aportan plata y lo esconden en diversas casas de militantes, no dejó de dirigir la actividad política del sindicato.

En estas terribles condiciones, se enfermó gravemente a causa de una infección, y a pesar de los esfuerzos de sus compañeros y que fue trasladado a Buenos Aires, la infección se había extendido y muere de septicemia. Tenía 45 años.

Agustín Tosco luchó por la unidad de clase de los trabajadores y por eso no vaciló en abandonar la CGT oficialista, contribuyendo a crear la CGT de los Argentinos y posteriormente "Movimiento Sindical Combativo de Córdoba" y luego, ya en la clandestinidad, la "Mesa de Enlace de Fábricas en Lucha".

Consideraba que había dos tipos de sindicalismo: el "participacionista", que pactaba con las patronales y el gobierno para entregar las luchas, y el "sindicalismo de liberación", de contenido clasista y proyección política, basado en el rol independiente de los trabajadores para luchar contra el modelo y el sistema, por la sociedad socialista.

Influyó notablemente en el movimiento estudiantil, retomando las banderas de la Reforma del 18 e instándolo a convertirse en una fuerza social dinámica que uniera su destino al movimiento popular en lucha fuera de los muros de la Universidad.

La actualidad del pensamiento de Agustín Tosco es evidente ya que se centra en la lucha contra la dependencia y en la necesidad de articular un espacio político para enfrentarla y derrotarla, y en su definición de que no puede haber democracia política si no se democratiza la economía.


Colectivo Minka

Bs As: Un día con las escuelas vacías


El Frente Gremial Docente realiza una huelga de 24 horas para reclamar una negociación paritaria en la Comisión Técnica Salarial. En Educación bonaerense se consideró “extrema” la medida.


Los docentes de la provincia de Buenos Aires realizarán hoy un paro de 24 horas. Reclaman que se convoque a la Comisión Técnica Salarial, una de las instancias de las paritarias, para acordar un cronograma de blanqueo de sus ingresos y que todos los maestros accedan a la asignación familiar.

El dirigente del sindicado docente Suteba, Roberto Baradel, aseguró que la adhesión a la huelga será masiva. “No se trata de un pedido de aumento, esa discusión es en febrero. Sólo estamos pidiendo que se reabra el diálogo para establecer un cronograma de blanqueo”, dijo Baradel. Desde la Dirección de Cultura y Educación bonaerense se consideró “extrema” la medida de fuerza, aunque se adelantó que recién hoy se dará a conocer una posición formal ante el conflicto.


“De los 2400 pesos que cobramos de bolsillo, 1332 corresponden al básico. Estamos pidiendo que aumenten esa suma”, explicó Baradel, consultado acerca de cuál es la suma que los docentes bonaerenses cobran “en negro”. En cuanto a las asignaciones familiares, el dirigente sindical comentó que, como existe un tope salarial de 5200 pesos para cobrarlas, la mitad de los docentes no las percibe. “Son 72 mil maestros en la provincia de Buenos Aires que tienen hijos menores de 18 años, de los que sólo 36 mil cobra la asignación familiar. Están dejando afuera a todos los que trabajan doble turno”, aclaró Baradel. La discusión de estos dos puntos se da en el ámbito de la Comisión Técnica Salarial paritaria. Si bien Educación bonaerense se había mostrado proclive a la negociación, Trabajo pidió postergar esa instancia.

“La paciencia de los docentes llegó a su límite. No podemos tolerar que los tiempos los disponga el gobierno a su antojo obviando las necesidades de un docente hoy”, indicó la dirigente de la FEB Mirta Petrocini. “Todas estas situaciones de descontento derivarán en una paralización total de las escuelas, porque los docentes perciben que se trata de reclamos justos y que los gremios actuaron con responsabilidad.”

El paro fue anunciado y convocado el viernes por el Frente Gremial Docente Bonaerense, que agrupa cinco sindicatos de maestros públicos y privados de la provincia, entre los que se encuentran Suteba, Sadop y FEB. Ayer, desde el entorno del titular de Educación bonaerense, Mario Oporto, informaron que hoy a la tarde hablará el funcionario. Aunque el subsecretario de esa cartera, Daniel Belinche, consideró “extrema” la medida de fuerza.



Fuente: Pagina 12

jueves, 10 de noviembre de 2011

Mendoza: Pasó la escoba por la Cámara


Se fue después de haber sido procesado. Estaba acusado de favorecer a jueces y represores. Todavía resta definir si le aceptan la renuncia o se mantiene el proceso de juicio político. Es el tercer juez mendocino que deja su cargo por el mismo motivo.


Julio Demetrio Petra, integrante de la Cámara Federal de Mendoza, prefirió renunciar antes de que lo echen. Fue después de que le notificaran su procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario y prevaricato al haber intentado favorecer a su colega fugitivo Otilio Romano en una causa en la que se le imputa un centenar de crímenes de lesa humanidad. Petra ya tenía denuncias en el Consejo de la Magistratura por beneficiar a represores. Es el tercer juez de la Cámara provincial que queda en la cuerda floja, al aparecer comprometido en una red de complicidades con el terrorismo de Estado. El primero, Luis Miret, fue destituido el año pasado. El segundo, Romano, se fugó a Chile en busca de asilo un día antes de que lo suspendieran en el cargo y su juicio político empieza el lunes, en ausencia.

Petra presentó ayer la renuncia ante el Poder Ejecutivo, aunque en ella no hace ninguna alusión a su situación en la Justicia ni en el Consejo. Alega, en cambio, que obtuvo la jubilación y problemas de salud que le traen “significativas limitaciones” para “cumplir adecuadamente” con la “función de juez”. La presidenta Cristina Fernández no aceptó la renuncia de Miret ni la de Romano en su momento, pero no necesariamente ocurre lo mismo en todos los casos.

Hace unos años, los organismos de derechos humanos de Mendoza (con especial impulso del Movimiento Ecuménico (MEDH)) trataban de entender por qué las causas por los crímenes de la dictadura no avanzaban allí. Le dieron vueltas y vueltas al tema, hasta que notaron que la barrera estaba casi siempre en el mismo lugar: la Cámara Federal. El asunto era mucho más complejo de lo que pensaban. Estaban los jueces que habían trabajado en la Justicia en dictadura y que seguían en funciones, y estaban los que, en democracia, habrían tendido diversas maniobras para resguardar no sólo a represores sino a sus propios colegas, sobre quienes se iban descubriendo conductas colaboracionistas con el régimen dictatorial. En el primer grupo entrarían Miret y Romano. Petra, en el segundo.

Petra fue denunciado penalmente por los organismos de derechos humanos después de que firmara un fallo que ordenaba el apartamiento del juez federal Walter Bento, quien había citado a indagatoria a Romano y a Miret por su posible participación (o al menos no investigar aunque estaban al tanto) en secuestros, torturas y desapariciones ya desde 1975. Señalaban la amistad entre los jueces, a punto tal que después del desplazamiento de Bento fueron fotografiados en un restaurante céntrico cenando con champagne. Esta semana, el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas lo procesó por incumplimiento y por prevaricato (fallar deliberadamente contra derecho). Tuvo especialmente en cuenta la orden de un tribunal superior que Petra habría desacatado, que le impedía intervenir en causas de derechos humanos. El hecho de no haberse inhibido, razonó el juez, más las denuncias que acumulaba en el Consejo de la Magistratura, sumaban elementos “razonables para generar dudas sobre su imparcialidad”.

Son nueve las presentaciones contra Petra en el Consejo, por las que aún podría ser citado. En ellas se basaron días atrás otros colegas suyos para apartarlo de la presidencia de la Cámara. En uno de los expedientes se investiga la liberación en masa de represores de Mendoza, San Luis y San Juan. Otro apunta a una resolución por la cual extendió la falta de mérito del teniente coronel Luis Stuhldreher (intendente de facto en 1976) a 18 desapariciones que no habían llegado a su tribunal. En otra de las presentaciones por las que está bajo la lupa, la jueza de San Juan Margarita Camus lo responsabiliza por dejar en libertad a su torturador a pesar de que ella lo había reconocido. En el caso de su colega Romano, además de firmar el apartamiento del juez que lo investigaba, Petra fue denunciado por jueces subrogantes de la propia Cámara por sustraer (para prolongar sus efectos) la medida cautelar que evitaba que avanzara el juicio político en su contra. La semana pasada también lo denunció la Universidad Nacional de Cuyo por presunta parcialidad en una disputa por terrenos universitarios a favor de un grupo empresario.



Fuente: Pagina 12

Tucuman: La protesta de ATSA hizo imposible el tránsito en el centro capitalino


Los empleados de los sanatorios y las clínicas privadas de Tucumán, nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), cumplieron este martes su segunda jornada de protesta en una semana, cortando calles frente a los diferentes centros asistenciales y provocando un verdadero caos en el tránsito.

Los piquetes de ATSA, que reclama el cumplimiento del convenio salarial sellado en agosto en paritarias con la patronal, comenzaron a las 10 en la esquina de 25 de Mayo y Corrientes, a metros del Sanatorio Modelo. Luego, los manifestantes marcharon hasta 25 de Mayo y Córdoba, a metros del Sanatorio 9 de Julio, y también interrumpieron el tránsito.

Así, sucesivamente, los sindicalistas se fueron trasladando hacia los diferentes sanatorios deudores. Hubo cortes de calle en Santiago y Balcarce, frente al Sanatorio Parque; Marcos Paz y Maipú, frente al Sanatorio del Norte; Monteagudo y Marcos Paz, a metros del Sanatorio San Lucas; San Martín y Monteagudo, frente al Sanatorio Pasquini; y en 9 de Julio y San Lorenzo, a metros de la Clínica Mayo.

El mecanismo de protesta se extendió hasta cerca de las 12, cuando se trasladaron hacia la sede de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, en Catamarca y Córdoba, donde pretendían mantener una reunión con el presidente de la entidad, Carlos Pessa.

Los trabajadores de ATSA acordaron en agosto un incremento salarial del 33%, que debía ser cumplido en forma escalona y cuya primera cuota, de 18%, debía ser abonada en ese mes.

"La semana pasada algunos sanatorios habían expresado su voluntad de pago de esta primera cuota del 18 por ciento, que ya lleva casi tres meses de mora, pero no se cumplió. Por eso y por temor a que tampoco cumplan con el otorgamiento de la segunda parte del aumento escalonado, del 10 por ciento, que tiene que pagarse a partir de diciembre, y del 5 por ciento restante, en de febrero de 2012, se llegó a este paro y movilización", explicó Castro.

El dirigente recordó que tras la protesta concretada el pasado 31 de octubre se habían iniciado negociaciones entre el Gobierno y la ACyST para analizar el planteo de esa última entidad, que condicionó la mejora salarial exigida al otorgamiento de un aumento en el monto de las prestaciones al Subsidio de Salud, aunque no se concretó nada.




Fuente: Periodico Lea

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Comunicado de prensa de la CoorDeCCAP: ¿Qué está concursando el AFSCA?

A dos años de la sanción de la ley, no sólo no se ha desregulado el manejo monopólico de los medios de comunicación privada, sino que se ha avanzado desde el Estado a conformar otro grupo mediático afín o directamente pertenecientes al Gobierno nacional. Mientras tanto, los Medios Comunitarios Alternativos y Populares siguen sin ser reconocidos en su realidad, identidad y prácticas, exigiéndole asimismo requisitos legales, técnicos y económicos que no tienen que ver con las características de los mismos.

Si bien algunos de ellos han logrado cumplir con lo establecido por la autoridad de aplicación (AFSCA), sus derechos siguen siendo vulnerados en beneficio de medios comerciales y/o alineados tanto con el gobierno nacional, como los provinciales.

En este sentido, desde la CoorDeCCAP afirman que seguirán luchando para que se respete el derecho a la COMUNICACIÓN, defendiendo la legitimidad y la práctica de los medios alternativos y comunitarios frente a cualquier exclusión por parte del Estado y los grandes multimedios y acompañando asimismo las luchas de los trabajadores de prensa de los medios comerciales.

A continuacion reproducimos el comunicado de prensa de la CooRDECCAP.


¿QUE ESTÁ CONCURSANDO EL AFSCA?


La Coordinadora en defensa de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (CoorDeCCAP) manifiesta que el Gobierno Nacional, a través del AFSCA, organismo encargado de entregar próximamente licencias de televisión digital a los medios de comunicación, lo está haciendo sin haber realizado el Plan Técnico previsto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (art. 87 y 88) .

La misma fue promulgada a fines del año 2009, y daba un plazo de 180 días para realizar dicho plan, lo que de hacerlo significaría poder distribuir las frecuencias en igualdad de condiciones (art.156).

Afirma que, para el caso de las televisoras, de existir un plan técnico, no sería necesario "concursar" ya que la cantidad de solicitudes de uso por soporte televisivo es menor a las frecuencias disponibles (muchas de ellas ocupadas ilícitamente por las empresas de telefonía y cable para usos privados)

Asimismo denuncia que se están concursando canales en las que sus frecuencias son públicas, entregándolas a los medios privados y a organizaciones “sin fines de lucro”, eufemismo en muchos casos para enmascarar a grandes fundaciones y organizaciones, como ya lo han hecho con el Canal Construir, de la fundación presidida por el titular de la obra social de la UOCRA.

Informó además que entre el 8 y el 16 se cierra el llamado a Concurso Público estatuido mediante la Resolución 686-AFSCA/11, para adjudicar 220 licencias de televisión abierta digital

Reclama la inmediata asignación del 33 % del espectro radioeléctrico para las “sin fines de lucro” y el reconocimiento jurídico como medios comunitarios alternativos y populares (C.A.P)

Por último afirma que seguirá reclamando porque se les dé a los medios comunitarios, alternativos y populares el derecho a la COMUNICACIÓN frente a cualquier exclusión por parte del Estado y los grandes multimedios y acompañando asimismo las luchas de los trabajadores de prensa de los medios comerciales.

Coordinadora en defensa de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular
(integrada por más de 60 organizaciones sociales, políticas, de trabajadores/as, estudiantiles y universitarias,
de derechos humanos y medios comunitarios, alternativos y populares)

Ordenan detención de 15 represores argentinos


El juez federal argentino, Daniel Rafecas, ordenó el lunes la detención de 15 represores. Están acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención durante la última dictadura argentina.


La medida fue tomada en el marco de una megacausa por violaciones a los derechos humanos cometidos contra 120 personas en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército argentino, durante la última dictadura cívico-militar en este país.

De esas 120 personas, 30 permanecen desparecidas o fueron asesinadas en el centro clandestino de detención conocido como "Puente 12" o "Protobanco".

Entre los represores detenidos se encuentran ex Comisarios y suboficiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El Juez responsabilizó a los ex policías por llevar a cabo un operativo ilegal en el que fue asesinada una mujer y fueron "brutalmente secuestradas" otras 6 personas.

También dispuso la detención e indagatoria de otros represores anteriormente condenados en el marco de la misma megacausa.

Vale decir que el centro clandestino de detención "Puente 12" funcionó desde 1974 hasta febrero de 1977. Allí se sometió a las víctimas a condiciones infrahumanas.

El pasado 26 de octubre, la Justicia argentina condenó a 12 represores a cadena perpetua. Fue por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como ESMA.

Según organismos argentinos de derechos humanos, 30 mil personas fueron detenidas desaparecidas durante la última dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983. Además, 5 mil recién nacidos fueron apropiados ilegalmente.



Fuente: Agencia Púlsar

Chubut: El próximo lunes se conocerá la sentencia del juicio al jefe del GEOP


El próximo lunes 14 de noviembre se conocerá la sentencia del juicio que se le sigue a Miguel Gómez ex Jefe del Grupo GEOP de Chubut, quien en marzo de 2009 llevó adelante un operativo en la localidad de Corcovado en el que, con la excusa de buscar un prófugo, se tomó el pueblo durante una semana y se allanaron decenas de viviendas, se secuestró, se torturó, se violó y se desapareció personas impunemente.


Seis hechos de abuso de autoridad, cinco hechos de vejaciones y uno de privación ilegal de la libertad, fueron acusados por la Fiscalía y la Querella en sus alegatos. En tanto que el defensor hizo su descargo sosteniendo que toda la actuación del Grupo Especial de la Policía del Chubut en marzo de 2009 en Corcovado, respondió a los protocolos de intervención que siempre se aplican y pidió que Miguel Gómez sea absuelto. El lunes 14 a las 9:00 hs. Se conocerá la decisión del Tribunal.

Martín Zacchino arrancó su alegato sosteniendo que este es un caso que obliga al análisis, particularmente lo es para la Fiscalía porque debió investigar a "compañeros de trabajo". La perspectiva que guió al primero de los alegatos fue la del artículo 48 de la Constitución provincial que sanciona cualquier acto de violencia física o psíquica que afecten al individuo, o violen de cualquier modo el respeto por la dignidad humana.

Uno a uno fueron reconstruidos los hechos, siguiendo la prueba aportada por cada uno de los testimonios, tanto por Zacchino, como por Omar López, a cargo de la Querella. Relataron el modo en que se produjeron las irrupciones en los domicilios, y también la forma de reducir a cada uno de sus ocupantes. Los acusadores consideraron que en estos procedimientos faltó un plus de profesionalismo que se evidencia en daños y lesiones proferidos de modo innecesario, cuando ya había dominio del lugar, cuando ya los ocupantes estaban reducidos.

Zacchino se refirió a la declaración del entonces Jefe de la Policía de la Provincia, Juan Luis Ale, y de otros funcionarios policiales, indicando que se trató de un alegato a favor de la policía, y fundamentalmente del accionar del GEOP.

Ale había dicho que si el GEOP hubiera sido convocado para la realización del primer allanamiento, el que se realiza la mañana del 8 de marzo en la casa de los padres de "Mai" Bustos y que finalizara de modo fatal con dos muertes y heridos, ese resultado se hubiera evitado. Zacchino diferenció ese allanamiento de los siguientes, señalando que entonces no se buscaba a un asesino de policías, sino a un prófugo de la justicia (como tantos otros que hay en la circunscripción) que había sido condenado por un crimen horrendo, el de su hijo de tan solo 9 meses, pero que no se presentaba él, ni sus hermanos, como delincuentes peligrosos. Esos sucesos fueron sorpresivos, hubo errores tácticos, pero desde esta perspectiva fueron los mismos errores que luego cometió el GEOP en tres de los allanamientos: haber dejado ingresar al domicilio que se iba a allanar a un tercero, a alguien que no estaba dentro.

El ex Jefe policial, hizo hincapié en la presencia y acompañamiento del entonces Fiscal Jefe, Eduardo Falco. Zacchino señaló que Falco estuvo ahí para agilizar los pedidos de allanamiento, para dar algunas indicaciones, pero de ninguna manera puede decirse que es responsable de lo que sucedió de puertas adentro de los domicilios, allí la única autoridad responsable era el Coordinador de la Fuerza Especial que los llevó a cabo. Falco había comenzado a recibir a las víctimas que querían denunciar lo que les estaba sucediendo, y dio intervención a una funcionaria de la Fiscalía para que asista a esa localidad a formalizar las denuncias para poder concretar las investigaciones.

Del calor del debate, surgieron cuestionamientos a la verosimilitud de algunas declaraciones y tanto el fiscal como el defensor pidieron que se remitan audios a la Fiscalía para iniciar investigaciones. Zacchino se refirió al testimonio del policía actuante en un allanamiento hecho con posterioridad, en busca del arma utilizada para ultimar al policía Roberts. A criterio del fiscal este incurrió en el delito de falso testimonio. El policía sostuvo en su declaración que no vio a ningún lesionado, en tanto que los demás testigos dan cuenta del golpe de puño que produjo una herida sangrante en los labios de uno de los jóvenes que se encontraba en la vivienda.

Por su parte Daniel Sandoval, pidió que se remitan audios y videos, para que se investigue el delito de falsa denuncia de una de las personas que se presentaron como víctima, y por falsedad ideológica a la médica que extendió un certificado médico constatando la lesión denunciada. El defensor sostiene que esa lesión se corresponde con otro hecho, de más antigua data, que ya fue juzgado en estos tribunales. En su réplica el fiscal indicó que nada hizo el defensor para probar en el debate esta interpretación, ni tampoco se dio una situación de flagrancia que avale lo que pide. Zacchino rechazó la remisión que solicitó la defensa.

La fiscalía imputó los delitos de abuso de autoridad en seis hechos, vejaciones en cinco hechos y privación de la libertad. La querella acusó por abuso de autoridad en cinco hechos, vejaciones agravadas por haber sido cometidas con violencia y amenazas, diez hechos y privación de la libertad.

Por su parte el defensor solicitó la libre absolución de Gómez con costas a cargo de la Querella.

Al finalizar los alegatos Miguel Gómez pidió hacer uso de la palabra, reconoció que esta es la situación más estresante que le tocó vivir, pese a que en su trabajo vivió muchas situaciones de estrés. También aclaró algunos aspectos de la estrategia defensista, reiteró que no fue a Corcovado por iniciativa propia sino porque fue convocado, por razones lícitas. Explicó que se le ordenaron una serie de allanamientos en los que notó que tenían cierta particularidad. "Nunca me comprometí emocionalmente con lo que tenía enfrente, no venía a tomar revancha", expuso en referencia al hecho que detonó esta intervención, en el que perdiera la vida el policía Tito Roberts. Gómez sostuvo que la cantidad de allanamientos que se hicieron en un radio de apenas tres cuadras, es lo que inevitablemente produjo la sensación que denunciaron los pobladores. También sostuvo que a lo largo de la investigación tuvo que escuchar mentiras, sobre cuestiones que luego no prosperaron.

El imputado explicó también que había gran cantidad de policías por aquellos días en Corcovado, y que el personal del GEOP no era el único que tenía su rostro cubierto, sino que había otros encapuchados. "Para una persona que ve irrumpir a un encapuchado en su casa, la reducen en el piso, todo sucede con tal celeridad que si ingresa otro policía encapuchado, en esa situación inesperada, en el estado que se encuentra va a pensar que sigue siendo el mismo".

Luego de casi seis horas de alegatos el Juez Jorge Criado, a cargo de la presidencia del tribunal, fijó fecha para la lectura de sentencia. La misma tendrá lugar el lunes 14 a las 9:00 hs.



Fuente: Agencia Rodolfo Walsh